Fortalecimiento institucional de los sistemas nacionales de SAN
06 Los PESA han sido en algunos casos “las manos y los pies” de las políticas públicas, al haber desarrollado instrumentos que permiten que las políticas y programas sean útiles al gobierno y lleguen a la población (ver HSSH nº 3), en un contexto de limitaciones institucionales públicas.
07 Estos instrumentos se relacionan con el apoyo al rol de rectoría que tienen los sistemas nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (sensibilización de actores, mesas de diálogo, planificación con enfoque integral, etc.), con la información útil y pertinente para la toma de decisiones (sistemas de información y alerta, análisis en profundidad y diagnósticos, etc.) o con la incidencia para mejorar las asignaciones presupuestarias y el gasto público a nivel nacional y local.
08 También, y sobre todo, los instrumentos de gestión de políticas públicas identificados en estos años se relacionan con elementos institucionales cercanos a las poblaciones rurales: los sistemas de extensión agropecuaria (consolidación institucional, capacitación en SAN y en metodologías de aprender haciendo, etc. Ver HSSH nº 4) y los municipios (apoyo a la formación de Comisiones locales para la SAN, el apoyo en la formulación de planes de desarrollo con énfasis en SAN.
09 Los nuevos marcos institucionales no están mejorando, todavía, las cifras de subalimentación y desnutrición. Existe la percepción de que una de las principales causas de esta situación de estancamiento es que la inversión pública en Seguridad Alimentaria y Nutricional no ha tenido el impulso necesario, y la parte financiera no ha acompañado las declaraciones políticas y la construcción de nueva institucionalidad. Por ello, diversos departamentos y programas de FAO (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Centroamérica, Programa de apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, Programa de Gobernabilidad del Derecho a la Alimentación); y la Oficina Subregional de FAO en Panamá han puesto en marcha un estudio, junto con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), que brinde elementos del gasto público en SAN en cuatro países prioritarios de Centroamérica (ver HSSH nº 5) que permita prever futuras acciones a este respecto.