Foto: Rubí Lopez/FAO

Ciudad de Guatemala de 2016. El Congreso de la República aprobó en tercera lectura hoy, con 89 votos a favor, la iniciativa de Ley 4944 que contempla la Ley de Alimentación Escolar. Este importante paso dado por el país beneficiará cerca de 2.2 millones de estudiantes que asisten a centros educativos del sector público. 

“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) felicita al Estado de Guatemala, y en específico al Ministerio de Educación, por esta aprobación  de la iniciativa de ley que tiene como objetivo primordial contribuir a garantizar  ese importante  derecho humano que es el derecho a una alimentación adecuada, diaria y balanceada, así como promover hábitos saludables de alimentación”, indicó Diego Recalde, Representante de FAO en Guatemala. 

“También quisiera felicitar a las distintas comisiones del Congreso de la República de Guatemala (de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de Educación, de Salud y de Agricultura)  y al  Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) – capítulo Guatemala  por este gran logro en beneficio de la población escolar” indicó Recalde. Agregó que “esto además de ser una oportunidad para el mejoramiento de la alimentación de los niños y las niñas  en las escuelas, es una oportunidad para fortalecer la economía local, ya que el modelo incluye la compra de los alimentos a la agricultura familiar”. 

Entre algunos de los elementos que contempla la iniciativa de ley aprobada en tercer debate están la inclusión de alimentos locales producidos por la agricultura familiar; los menús más nutritivos con pertinencia cultural; el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de cocinas y comedores de los centros educativos del país; así como la formación de hábitos alimentarios y desarrollo de componentes pedagógicos necesarios (tiendas saludables, etc.). Este modelo fue desarrollado en Brasil hace más de 60 años, donde 43 millones de niños y niñas se benefician de alimentación escolar todos los días. 

“Guatemala se sumaría a Bolivia, Brasil Honduras y Paraguay en el grupo de países de América Latina que ya cuentan con  leyes específicas sobre alimentación escolar”, señaló Recalde. 

Apoyo técnico y piloto

La FAO desde la Representación en Guatemala, ha acompañado técnicamente al Ministerio de Educación, así como a las distintas comisiones del Congreso involucradas en el proceso de la ley de alimentación escolar desde el año 2013. Entre algunas de las unidades de apoyo involucradas se puede mencionar a la Oficina Legal de FAO (LEG),  entre otras. 

Asimismo, para probar el modelo que plantea la ley, desde el año 2014,  se ha ejecutado la iniciativa de Escuelas Saludable Sostenibles en cinco escuelas en Huehuetenango y cinco en San Marcos, que ha  beneficiado más de 1.200 niños y niñas de nivel primario. Esto con el  objetivo de establecer un marco de referencia para la  implementación de programas de alimentación escolar sostenibles. Esta experiencia es llevada a cabo bajo el Programa de Cooperación Internacional con el apoyo del Gobierno de Brasil, para el fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en la región. La FAO también brinda apoyo a la agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural sostenible, bajo la  Iniciativa Regional 2 de la FAO. 

“Es muy importante que los países garanticen por medio de marcos legales el derecho a la alimentación saludable y adecuada a los estudiantes. La iniciativa de ley de Guatemala aprobada hoy en su tercera lectura se suma a los esfuerzos regionales a favor de una alimentación saludable en las escuelas”, resaltó Najla Veloso, coordinadora regional del proyecto de fortalecimiento de los programas de alimentación escolar de América Latina y El Caribe. 

Ley integradora de sectores y actores

La iniciativa de ley contempla el aumento del monto designado por estudiante para la compra de la alimentación escolar de la siguiente manera: en municipios priorizados Q4.00, mientras que en municipios no priorizados del área rural el monto es de Q2.37 y en el área urbana Q1.66. Anterior a la aprobación, los montos eran de Q2.08, Q1.58 y Q1.11 por estudiante. Este aumento se constituye en una oportunidad para mejorar la calidad de la alimentación escolar entregada diariamente en las escuelas oficiales. Para  su financiamiento,  con el  apoyo del Ministerio de Fianzas se ha readecuado el presupuesto actual del Ministerio de Educación (MINEDUC), por lo tanto ya cuenta con fondos para su ejecución a partir del próximo ciclo escolar y no existe un aumento al presupuesto general de la nación 2017. 

Sobre la vinculación de la producción local, la  iniciativa de ley estipula que para la adquisición de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), cada centro educativo debe destinar un mínimo de 35% para compras de productos que provengan de la agricultura familiar. 

El trabajo intersectorial también es considerado en este marco legal por lo que vincula a distintos ministerios para que manera articulada optimicen los recursos por el bienestar de la población infantil y también involucra toda la comunidad educativa (docentes, padres y madres de familia y estudiantes). 

La iniciativa de Ley 4944, ingresó al congreso el 19 de febrero de 2015 y fue presentada y firmada por diputados  de las varias comisiones implicadas y pertenecientes al Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo Guatemala. 

Según el procedimiento de aprobación, esta iniciativa está muy próxima a ser ley y se espera que entre en vigor en 2017. 

Alimentación escolar y en Plan SAN CELAC

El Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de CELAC, que en su capítulo primero trata de la Seguridad Alimentaria y Nutricional así como de la Erradicación del Hambre y la Pobreza, dedica en su tercer pilar una línea de acción específica a la Alimentación Escolar.

Según el Plan de SAN de CELAC, los programas de Alimentación Escolar tienen una larga trayectoria en la región y en la actualidad pueden vincularse con diversos objetivos, como la creación de hábitos saludables, la continuidad del ciclo nutricional y el fortalecimiento del acceso a mercados públicos de abastecimiento institucional de alimentos por parte de la agricultura familiar, entre otros.