15 de marzo de 2011 – Bali, Indonesia

Conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos:  una cuestión de gobernanza mundial de la seguridad alimentaria

¿Cuál es su importancia para la realización del derecho a la alimentación?

Hoy en día, se cultivan 150 especies en el mundo pero sólo 12 de ellas proporcionan el 80 por ciento de nuestras necesidades alimentarias. Hemos demostrado una gran capacidad para impulsar la producción alimentaria y distribuirla en los mercados mundiales pero, mientras ésta ha aumentado, la diversidad de los cultivos ha disminuido significativamente. Las mejoras en la tecnología e investigación para incrementar la producción alimentaria carecen de sentido si los gobiernos no desarrollan políticas, leyes y marcos institucionales adecuados que garanticen el acceso y uso sostenible de estos recursos. Ocuparse de los recursos genéticos es de hecho un asunto de gobernanza mundial de la seguridad alimentaria. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) adoptado en 2001 es una respuesta mundial para fomentar la conservación de los recursos genéticos, proteger los derechos de acceso de los agricultores y repartir de forma justa y equitativa los beneficios derivados de su utilización. De hecho, el Tratado establece un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios que proporciona un fondo mundial de recursos genéticos disponible de forma gratuita para todos los usuarios potenciales de los países que ratificaron el acuerdo. Hay dos aspectos del Tratado que son esenciales para la realización del derecho a la alimentación: el reconocimiento de la importancia de los conocimientos tradicionales para proteger la biodiversidad y la necesidad de aumentar la participación de los agricultores en los procesos de toma de decisiones relacionados con la utilización de estos recursos. El Artículo 9 del Tratado establece que:

El uso sostenible de los recursos fitogenéticos es fundamental para una realización progresiva del derecho a la alimentación. Este derecho humano se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en comunidad con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla. De modo más amplio, es el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, ya sea directamente o mediante la compra con dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.[1]

Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación,[2] adoptadas por la FAO en 2004, subrayan la importancia de asegurar el acceso de la población a los recursos fitogenéticos. La directriz 8.12 recomienda a los Estados miembros proteger la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales mediante la creación de instituciones y mecanismos que incluyan la participación de la sociedad civil y el sector privado en los procesos de toma de decisiones. El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA 2010-11) de la FAO puso de manifiesto la tremenda brecha existente en el acceso de las mujeres a los recursos para la producción alimentaria. Eliminando esta diferencia, se contribuiría de forma significativa a la reducción del número de personas que pasan hambre en el mundo. Debido a ello, la participación de las mujeres y los grupos vulnerables como las comunidades indígenas y los campesinos sin tierras es crucial para formular políticas eficaces e inclusivas.

Las instituciones que coordinan todos los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición deberían incluir el trabajo relacionado con la conservación de los recursos fitogenéticos. Éste último es uno de los más valiosos activos que se necesitan para garantizar los medios de vida de los agricultores. El acceso a la tierra, el crédito, la tecnología y la educación son otros elementos que tendrían que ser facilitados por políticas, leyes y marcos institucionales coherentes. Por ejemplo, los programas de distribución de semillas deberían formar parte de una estrategia integral para la seguridad alimentaria y nutricional. Los programas que tienen como objetivo aumentar la producción alimentaria deberían considerarse conjuntamente con aquéllos que pretenden mejorar el acceso a los alimentos. Las contradicciones en la formulación de políticas pueden dar lugar a situaciones extrañas en las que un país que produzca grandes cantidades de cultivos alimentarios nutritivos se vea afectado por una elevada tasa de malnutrición, precisamente en la zona con mayor producción alimentaria de este tipo. Los agricultores locales pueden producir grandes cantidades de cultivos alimentarios nutritivos – derivados de los recursos fitogenéticos locales –  pero éstos se exportan a mercados mundiales en los que los precios y beneficios económicos son mayores. En estos casos puede suceder que la población local no se beneficie de sus propios recursos al no poder permitirse la compra de estos productos en los mercados locales. En estos casos, el derecho a la alimentación de de la población local se ve gravemente afectado por una falta de acceso económico a los productos derivados de dichos recursos.

La disponibilidad y el acceso a los alimentos no son los únicos aspectos afectados por la falta de conservación de los recursos. Esto también afecta la dimensión cultural del derecho a la alimentación cuyo objetivo es proteger las tradiciones de la población en relación al consumo de alimentos. En cuanto a los conocimientos tradicionales, éstos constituyen el vehículo principal para la conservación de la biodiversidad. La evidencia empírica demuestra la extinción prolongada de los cultivos. La FAO estima que se perdió el 75 por ciento de la diversidad de los cultivos entre 1900 y 2000. Esto equivale a la pérdida de más de las tres cuartas partes de los cultivos alimentarios durante el pasado siglo. El último Estado de los recursos fitogenéticos mundiales para la Alimentación y la Agricultura de 2010 prevé que hasta un 22 por ciento de los parientes silvestres de importantes cultivos alimentarios como el cacahuete, la papa y los fríjoles desaparecerá en 2055 debido al cambio climático. La protección de la biodiversidad y su accesibilidad son esenciales para evitar una situación de dependencia respecto a un número reducido de recursos y cultivos. Ya sea desde una perspectiva económica o teniendo en cuenta argumentos relativos a la salud, es muy probable que tal dependencia afecte en mayor grado a las poblaciones vulnerables. Actualmente, en algunas regiones del mundo los derechos de propiedad intelectual de aquellos recursos reivindicados por las compañías privadas están afectando de forma dramática los derechos de las comunidades locales. Más allá del perjuicio económico, esta situación genera una gran dependencia en desarrollar capacidades y conocimientos técnicos que requieren gastos adicionales para los países en desarrollo.

Aumentar el número de bancos de genes en el mundo es una buena señal para la conservación pero no asegura un acceso equitativo por parte de todos los países y poblaciones del mundo. Teniendo en cuenta que sólo 12 países conservan el 45 por ciento de todos los recursos almacenados en los bancos, la creciente concentración de la diversidad genética acumulada y conservada en menos países y centros de investigación subraya la importancia de mecanismos que garanticen el acceso.  

A nivel nacional, las políticas y los marcos jurídicos deberían proteger el acceso sostenible a los recursos fitogenéticos estableciendo mecanismos para supervisar sus resultados. Mediante el establecimiento de indicadores y referencias claras para evaluar los efectos sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, estas políticas aplicarían un enfoque basado en los derechos humanos para reducir el hambre y la malnutrición. Por otra parte, los mecanismos de recurso y el acceso a la justicia son elementos clave para asegurar las responsabilidad de los actores privados y de las instituciones públicas implicadas en la conservación y utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

[1] Para una interpretación completa del derecho a la alimentación, consulte la Observación General número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la definición habitualmente utilizada por el Relator Especial para el derecho a la alimentación en www.srfood.org

[2] Directrices Voluntarias de la FAO en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

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