Histórico reconocimiento del derecho a la alimentación adecuada en la Constitución de Colombia
La República de Colombia expande la protección del derecho a la alimentación adecuada a todas las personas por medio de una modificación a su Constitución.
El pasado 6 de febrero el Congreso de Colombia, a través del Acto Legislativo N.º 1 de 2025, modificó el artículo 65 de la Constitución Política, para reconocer de manera expresa el derecho humano a la alimentación adecuada de todas las personas. Hasta ese momento, la Constitución reconocía el derecho a la alimentación de mujeres embarazadas (artículo 43), niños (artículo 44) y adultos mayores en situación de indigencia (artículo 46).
El artículo 65 modificado establece que “el Estado garantizará el derecho humano a la alimentación adecuada, de manera progresiva, con un enfoque intercultural y territorial, y a estar protegido contra el hambre y las distintas formas de malnutrición”. También establece deberes para el Estado en términos de promoción de la soberanía y seguridad alimentaria y reducción de la pérdida de alimentos. Además, otorga la especial protección del Estado a la producción y acceso a alimentos para lo cual prioriza el desarrollo sostenible e integral de las actividades agroalimentarias. De igual manera, establece el deber del Estado de promover la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología para incrementar la productividad y disponibilidad de alimentos en el país.
Este acto legislativo es un logro del trabajo insistente y pluripartidista de los congresistas del Frente Parlamentario contra el Hambre de Colombia desde 2019. Su compromiso con el Hambre Cero los llevó a presentar el proyecto de acto legislativo en siete ocasiones, superando obstáculos hasta asegurar su aprobación por mayoría absoluta en ocho debates. Esta victoria no solo demuestra la fuerza de la articulación y el trabajo en red, sino también la importancia de la asistencia técnica legislativa y el compromiso conjunto para alcanzar el Hambre Cero. El Servicio de Derecho para el Desarrollo (LEGN) contribuyó, como parte del equipo de la FAO en los espacios de diálogo y fortalecimiento de capacidades promovidos por FAO Colombia en el asesoramiento técnico-jurídico del proceso legislativo que permitió alcanzar este histórico reconocimiento.
El Frente, que agrupa a más de 400 legisladores en América Latina y El Caribe, desempeñó un papel clave en la tramitación legislativa del proyecto, impulsando activamente su avance tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, en articulación con actores institucionales y sociales para garantizar su viabilidad política y técnica. Esta labor contó con el acompañamiento permanente de la FAO en Colombia, desde el área programática Alimentación y Lucha contra la Malnutrición, y el apoyo estratégico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en el marco de los proyectos "Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre" y "Mesoamérica sin Hambre", respectivamente.
Con esta modificación, Colombia se convierte en el décimo país de la región de América Latina y el Caribe en consagrar explícitamente en su Constitución el derecho a la alimentación adecuada para todas las personas. Se suma así a Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guyana, Haití, México, Nicaragua y Surinam.
La relevancia de este reconocimiento radica en su perdurabilidad, facilitando la protección del derecho a la alimentación adecuada a largo plazo, y en su universalidad, al reconocerse el derecho a todas las personas y no sólo a grupos específicos de la población. Para más información sobre reconocimientos constitucionales véase FAO, Colección de notas de orientación jurídica para erradicar el hambre en América Latina y el Caribe del año, 2024.
La implementación efectiva de este derecho constitucional requiere de un proceso continuo que incluya el diseño de políticas públicas, leyes y mecanismos institucionales efectivos para garantizar su cumplimiento. En ese sentido, la FAO se mantiene a disposición del Estado colombiano para ofrecer asistencia técnica en la elaboración de la ley estatutaria que desarrolle y ponga en práctica este derecho.