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Alianzas parlamentarias

Mientras que gran parte del mundo todavía se enfrenta a dificultades significativas para disponer de alimentos, todavía son mayores los desafíos que encontramos para acceder a dietas saludables. Los parlamentarios deben jugar un papel decisivo para asegurar que la seguridad alimentaria y la nutrición sigan ocupando un lugar destacado en las agendas políticas y legislativas.

Alianzas parlamentarias para erradicar el hambre y la malnutrición.

La colaboración entre parlamentarios puede reforzar la voluntad política e incrementar el impacto. La FAO presta apoyo a los parlamentarios en la formulación de leyes marco específicas de ámbito nacional y regional, el acceso a información técnica y estadísticas y el intercambio de buenas prácticas, marcos jurídicos, políticas públicas y experiencias.

Partiendo de los resultados de la primera Cumbre Parlamentaria Mundial (Madrid 2018) y su llamamiento a la acción, la FAO organizó en 2021 una serie de diálogos parlamentarios virtuales: seguridad alimentaria y nutrición en tiempos de COVID-19, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Principales mensajes de políticas

  • Todas las personas tienen derecho a una alimentación adecuada, inocua, suficiente y nutritiva, y a no sufrir hambre. Las pruebas demuestran que allí donde una voluntad política fuerte se traduce en políticas y programas públicos que están fijados en la legislación, los indicadores de la seguridad alimentaria y la nutrición mejoran significativamente.

  • Los parlamentarios deben desempeñar una función importante en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como de iniciativas regionales (p. ej., la Declaración de Malabo para una África libre del hambre), para erradicar la pobreza y el hambre. Las alianzas parlamentarias constituyen un importante mecanismo de colaboración para alcanzar estos objetivos.
  • Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, parlamentarios de todo el mundo han tomado medidas para mitigar los efectos negativos de la pandemia en los sistemas alimentarios. En Guatemala, por ejemplo, gracias a una ley en favor de los almuerzos escolares, los niños en edad escolar siguieron recibiendo alimentos nutritivos incluso en plena pandemia. En Costa Rica, está en proceso de aprobación una ley para asegurar el acceso a productos alimenticios básicos durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. Se han adoptado medidas similares en El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay, y varios órganos parlamentarios han emitido declaraciones, incluidos PARLATINO, PARLACEN y el Frente Parlamentario contra el Hambre.
  • Erradicar el hambre no es solo una cuestión agrícola, sino también un esfuerzo intersectorial que implica a parlamentarios de múltiples sectores (p. ej., economía, planificación, educación, salud, género, infraestructura, industria y comercio, protección social y medio ambiente). La colaboración no partidista a nivel nacional también puede ayudar a fomentar la confianza política entre partidos. En Chile, los parlamentarios trabajaron con la comunidad científica para introducir una ley de etiquetado de alimentos.
  • Estos son algunos ejemplos de colaboraciones en marcha con parlamentarios: el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe, la Liga Parlamentaria de Amistad con la FAO en Japón (foto), el Grupo de asesoramiento legislativo de la FAO-Filipinas, la Alianza Parlamentaria para la lucha contra el Hambre del Parlamento Europeo, la Alianza parlamentaria panafricana para la seguridad alimentaria y la nutrición, la Red de parlamentarios de la CEDEAO y la Red Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria en África y el Mundo Árabe.
  • La FAO ha adoptado recientemente un nuevo Marco Estratégico que aspira a impulsar los esfuerzos de la Organización por transformar los sistemas agroalimentarios y luchar contra el hambre, la pobreza y las desigualdades durante la próxima década. También promueve una mayor implicación con alianzas parlamentarias y redes regionales/locales como una de las partes interesadas clave para la transformación de los sistemas agroalimentarios mediante un efecto positivo en las agendas legislativas nacionales. 

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