El 4 de Marzo, la Oficina de la FAO en El Salvador y su contraparte CONASAN (Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de El Salvador), han organizado un Foro nacional sobre el derecho a la alimentación que dio la oportunidad a El Salvador de poder reunir, con una mirada interinstitucional y con visión de Estado, a diversas instituciones que han ido aportando este derecho humano y que también ven la necesidad de coordinar para su avance.

Al Foro participaron 175 personas, representantes de sociedad civil, instituciones de Estado (Ministerio de Agricultura, Defensoría del Consumidor, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Ministerio de Economía, CONASAN, y la Superintendencia de Competencia), Secretaría de Inclusión Social, Secretaría Técnica de la Presidencia, y Empresa Privada. El Foro ofreció la ocasión para lanzar el informe intitulado "Avances y retos en la implementación de las Directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional – El caso de El Salvador" que sistematiza y comunica consistentemente los avances y desafíos del Estado salvadoreño relativos a la aplicación sustantiva de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación en el marco del proceso de revisión retrospectiva con motivo de su décimo aniversario y a propósito de la sesión 41 del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria (CSA) [véase la sección relacionada aquí].

A lo largo de la historia política, económica y social de El Salvador, se han ido dando pasos que denotan no solo voluntad política en el tema sino además medidas concretas de cambio que muestran la decisión del Estado salvadoreño de aplicar un enfoque de derechos humanos. En ese tránsito, el país ha fortalecido sus procesos políticos en la toma de decisiones de largo alcance en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

El caso de El Salvador demuestra que, aún en países con recursos y capacidades limitadas, cuando el liderazgo y consenso políticos se traducen en decisiones estratégicas y acciones concretas para revertir inercias históricas, programáticas e institucionales, no sólo es posible renovar la agenda de políticas públicas y sus componentes de intervención, sino que también se puede contribuir a crear las capacidades sociales de largo plazo para la erradicación progresiva –y eventualmente definitiva– del hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria.

Esta publicación fue posible gracias a la valiosa colaboración del proyecto GCP/GLO/324/NOR “Fortalecimiento de la capacidad técnica y sensibilización sobre el derecho a la alimentación adecuada”, financiado por el Gobierno de Noruega, y a los valiosos aportes de la “Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025”, GCP/RLA/193/BRA “Apoyo a las Estrategias Nacionales y Subregionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de superación de la Pobreza”, y TCP/ELS/3501 "Fortalecimiento de la SAN y la Agricultura Familiar con enfoque de derecho”.