Roma, 25 de noviembre de 2019 -Legisladores de todo el mundo, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cierran el año con una visión común a favor de garantizar que todas las personas disfruten del derecho humano a una alimentación adecuada. En el último trimestre de 2019, la Red Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria en África y el Mundo Árabe, una iniciativa de la Asociación del Senado, Shoora y consejos equivalentes en África y el mundo árabe (ASSECCA), se reunió por primera vez con ocasión de un seminario internacional sobre redes parlamentarias y desafíos de seguridad alimentaria. En la misma, se creó el Foro Parlamentario Afro Latinoamericano (AFROLAC), una alianza parlamentaria transregional y Sur-Sur que fomentará la cooperación entre parlamentarios en África y el mundo árabe y América Latina y el Caribe.

En línea con estos avances, se estableció la Red de alianzas parlamentarias en África Central para la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas. La Comunidad Económica de los Estados de África Central (ECCAS) cuenta actualmente con dos alianzas parlamentarias para la seguridad alimentaria y nutricional, una en Camerún y otra en Gabón, creada en octubre pasado. Recientemente, Santo Tomé y Príncipe ha anunciado la composición de su Alianza Parlamentaria, mientras que Camerún y la República Democrática del Congo han organizado sesiones de sensibilización para que los parlamentarios establezcan sus alianzas.

El Parlamento Panafricano (PAP) lanzó en 2016 la Alianza Parlamentaria Panafricana para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. Otras iniciativas similares en África Oriental y en África Occidental, así como a nivel nacional, también han tomado forma en el continente.

Al otro lado del océano, el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Desnutrición en Chile presentó una propuesta para reformar la Constitución en farvor del derecho a una alimentación adecuada. En América Latina y el Caribe, donde el derecho a la alimentación ya está reconocido constitucionalmente en 16 países, ya sea para todos o para grupos específicos de personas, como niños, mujeres embarazadas o ancianos, entre otros. Como Manuela Cuvi, Oficial Legal de la FAO, señaló: "el valor añadido de que la alimentación se considere un derecho, es que las personas pueden exigirle al Estado que lo respete y haga efectivo a través de su legislación, políticas públicas y programas".