Derecho a la alimentación

La política alimentaria urbana en España se somete a revisión

News - 28.02.2020

Roma, 19 de febrero de 2020- Actualmente, el 55% de la población mundial vive en núcleos urbanos, y las perspectivas indican que esta cifra alcanzará casi el 70% de cara al 2050, lo que obliga a repensar el modelo de alimentación a fin de cumplir con la Agenda 2030.

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la organización no gubernamental (ONG) Prosalus han firmado un acuerdo para monitorear la implementación en España del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP, por sus siglas en inglés).

“Las ciudades tienen la capacidad de liderar el camino hacia la erradicación del hambre y la malnutrición”, señaló Antonio Correa Do Prado, director de la División de Políticas Sociales e Instituciones Rurales de la FAO. “Nos alegra que los municipios españoles se movilicen y sitúen en el centro de sus agendas políticas esta visión”, agregó.

Se espera que el estudio ayude a generar medidas y procesos en favor del Pacto de Milán, así como marcos de evaluación de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Además, recogerá casos procedentes tanto del ámbito público, como del sector privado y de la sociedad civil.

“Nos gustaría sensibilizar acerca de la importancia de las urbes en las políticas alimentarias sostenibles. También ampliar la difusión pública del Pacto, de manera que más ciudades españolas den el paso para trabajar en ello”, indicó José María Media, director de Prosalus.

La investigación, que se desarrollará a lo largo de 2020, se centrará en Valencia y Valladolid, municipios que destacan por su buen desempeño en el último tiempo. El Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (ODA-E) se encargará de llevarla a cabo, en coordinación con Prosalus y en colaboración con la Red de Ciudades por la Agroecología.

Una iniciativa innovadora en la política de alimentación

El Pacto de Milán, aprobado en 2015, pretende garantizar alimentos saludables para todos, promover la sostenibilidad en el sistema alimentario y reducir el desperdicio alimentario. Todo ello, a través de un enfoque basado en los derechos humanos, en el que prime la igualdad económica y social, y la participación de múltiples actores.

Hasta la fecha, más de 200 ciudades de todo el mundo son signatarias del Pacto, de las que cerca de treinta se encuentran en España, la mayoría de las cuales está integrada en de la Red de Ciudades por la Agroecología.

La FAO, un aliado en la transformación de los sistemas de alimentación urbanos

Para la Organización es prioritario que las ciudades contribuyan a un mundo sostenible. En particular, el equipo de Derecho a la Alimentación promueve la generación de conocimiento y el intercambio de experiencias para fortalecer los mecanismos de toma de decisiones y la rendición de cuentas en los niveles subnacionales. También, fortalece las capacidades de los gobiernos locales, el sector académico y la sociedad civil, y fomenta vínculos entre ellos. 

Una parte relevante de su labor consiste en ayudar a las autoridades a implementar las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, una herramienta política voluntaria que guía a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sobre Prosalus

Prosalus tiene una larga trayectoria de trabajo en derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo el derecho a una alimentación adecuada. La ONG es miembro del ODA-E. A su vez, ha colaborado con la FAO en varias ocasiones, como en la elaboración de los Cuadernos de trabajo sobre el derecho a la alimentación.

Sobre el ODA-E

El ODA-E es una red de académicos que realiza iniciativas de investigación multidisciplinar con el fin de incidir en las políticas públicas y garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Se creó en 2018, y actualmente está formado por diez universidades, diez entidades sociales y cerca de 40 investigadores a título individual.

La Agenda 2030 llama a la participación de múltiples actores. El sector académico tiene una responsabilidad fundamental en la transmisión de valores basados en los derechos humanos, la producción de conocimiento, la divulgación de datos precisos y el desarrollo de capacidades analíticas.

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