28 de octubre de 2020, Roma- En Angola, Honduras y Perú, el pescado está incorporado en los programas nacionales de alimentación escolar, a través de políticas y estrategias nacionales de compras públicas, que permiten a los pescadores en pequeña escala contribuir al desarrollo socioeconómico de su comunidad.

Esto demuestra cómo los países ponen en práctica principios y estándares que reconocen la importancia de la pesca para la seguridad alimentaria y la nutrición. Pero este reconocimiento no debe darse por sentado. Más bien, es en gran parte el resultado de negociaciones políticas que tienen como objetivo implementar el derecho a una alimentación adecuada y apoyar la pesca en pequeña escala. Las Directrices sobre el derecho a la alimentación y las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (Directrices PPE) son dos importantes instrumentos de política internacional para promover los derechos de los grupos más vulnerables en contextos nacionales de seguridad alimentaria.

Según una nueva publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estas Directrices se negociaron con el mismo objetivo: contribuir al avance progresivo del derecho a la alimentación, en vistas al cumplimiento de otros derechos humanos fundamentales. Las similitudes van más allá. Se enfocan explícitamente en los más vulnerables, incluidos pueblos indígenas y mujeres, además de orientar en materia de política a todos los niveles (grupos de base locales, gobiernos u organizaciones internacionales).

Derecho a la alimentación y pesca en pequeña escala, Mano a mano

¿Por qué estas dos Directrices comparten principios y objetivos básicos? Por la seguridad alimentaria y la nutrición. Más del 90 por ciento de los pescadores en pequeña escala viven en países pobres, donde el sector representa más de la mitad de las capturas mundiales, proporciona una valiosa fuente de micronutrientes y proteínas y genera ingresos para las familias y las comunidades. En definitiva, los pescadores en pequeña escala son fundamentales para la realización progresiva del derecho humano a una alimentación adecuada para millones de personas en todo el mundo.

Por otro lado, el cambio climático y el acceso inseguro a los recursos naturales y los mercados ponen en riesgo el sector de la pesca en pequeña escala. Las comunidades pesqueras se ubican a menudo en áreas rurales remotas donde hay dificultades en el transporte, el comercio y el acceso a servicios de salud. Esto impide que las comunidades no tengan una dieta diversificada.  

Estos retos están reconocidos en las Directrices 4 y 8 de las Directrices sobre el derecho a la alimentación, que se amplían en el capítulo 7 de las Directrices PPE.

Los pescadores podrán disfrutar más y mejor de su derecho a la alimentación si los parlamentarios, sociedad civil, organizaciones internacionales, investigadores y sector privado, mediante el diálogo sobre políticas y el acuerdo con los gobiernos nacionales, adoptan las recomendaciones de estas dos Directrices. También, si las aplican de manera coherente a través de creación de conocimientos y sensibilización.

Las Directrices sobre el derecho a la alimentación y Pesca en pequeña escala

Las Directrices sobre el derecho a la alimentación fueron aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y adoptadas por el Consejo de la FAO en 2004. Fue la primera vez que la comunidad internacional trató de interpretar un derecho económico, social y cultural.

Diez años después, las Directrices PPE fueron aprobadas en el 31º período de sesiones del Comité de Pesca de la FAO (COFI).

Las Directrices PPE, junto con otras herramientas políticas como las Directrices voluntarias sobre tenencia de la tierra (VGGT), los Principios para la inversión responsable en la agricultura (CSA-RAI) o las próximas Directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios y nutrición, se basan en las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Todas ellas contribuyen al mandato de la FAO de erradicar el hambre y la desnutrición, y alientan a todas las partes interesadas a tomar medidas inmediatas y cambiar para siempre la forma en que se diseñan, implementan y monitorean las políticas en seguridad alimentaria y la nutrición.