Derecho a la alimentación

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial se compromete a renovar su compromiso con el derecho a la alimentación

News - 09.02.2021

9 de febrero de 2021, Roma-  Garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada es fundamental para construir sistemas alimentarios menos vulnerables, más inclusivos y sostenibles. Este fue el mensaje principal transmitido hoy en un evento paralelo durante la 47ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA).

Hans Hoogeveen, Embajador de los Países Bajos, y Gabriel Ferrero, Director General de Políticas de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de España, hicieron un llamado en las palabras de apertura a tomar medidas urgentes e implementar el derecho a la alimentación como la “brújula” para abordar los efectos de la pandemia y más allá de ella, y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los ponentes coincidieron en que el COVID-19 ha conllevado una emergencia sanitaria que está poniendo en riesgo el derecho a la alimentación y subrayaron la importancia de aplicar enfoques multisectoriales y de múltiples partes interesadas, como el basado en los derechos humanos y Una Salud.

“Los gobiernos son tan fuertes como su gente y la gente es tan fuerte como la biosfera”, dijo Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación.

Sania Nishtar, asistente especial del primer ministro para la Protección Social y el Alivio de la Pobreza del Pakistán, explicó cómo una variedad de ámbitos y niveles políticos se han unido para garantizar que las personas sigan siendo el centro de las soluciones a la crisis. Pakistán ha puesto en práctica medidas de protección social innovadoras para llegar a 15 millones de beneficiarios a través de un plan de transferencia monetaria basado en teléfonos móviles. Consiste en que las personas envían por mensaje de texto al gobierno su número de documento de identidad; seguidamente, el gobierno analiza los datos y escribe de vuelta para informar si les ha sido garantizada la ayuda; finalmente, se lleva a cabo el pago usando sistemas de pago biométrico de los bancos comerciales.

El cambio climático y la sanidad vegetal generan un gran impacto en la capacidad de las personas para alimentarse con dignidad, especialmente en los pequeños estados insulares. Elsa Simões, representante permanente adjunta ante la FAO, el FIDA y el PMA de Cabo Verde, señaló que las herramientas de política del CSA como las Directrices sobre el derecho a la alimentación y las normas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria pueden ayudar a los países a lograr la seguridad alimentaria, así como detectar y erradicar especias exóticas invasivas que reduzcan su productividad.

Las políticas y la tecnología deben servir a las personas, destacó Hem Mulders, Jefe Global de Estrategia y Posicionamiento de Alimentos y Agricultura en Rabobank, durante su intervención. Mulders compartió buenas prácticas para que las empresas tomen en consideración las necesidades de los pequeños agricultores y les ofrezcan la tecnología adecuada, y actúen de acuerdo con los intereses de los consumidores. “El sector privado puede, debe y contribuirá, pero no puede hacerlo por sí solo”.

Como ocurre con muchas crisis, los más vulnerables son siempre los más afectados. Pero al mismo tiempo, los movimientos sociales han sido muy activos en implementar acciones que garanticen el acceso a suficientes alimentos nutritivos, seguros y asequibles para todos, a través de iniciativas como los bancos de alimentos y las compras locales. Junto a los gobiernos locales, han estado a la vanguardia en la respuesta a la pandemia, manifestó Elisabetta Recine, profesora de la Universidad de Brasilia.

Este evento paralelo contó con el apoyo del Reino de los Países Bajos y el Reino de España. Ambos representan el grupo informal de Amigos del Derecho a la Alimentación de los Países Miembros en Roma (formado por Noruega, Suiza, Sudáfrica, República Checa, Alemania, Brasil, Francia, Cuba, Italia, Hungría, Portugal, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, España, Tailandia, México, Holanda, Indonesia y Burkina Faso). Asimismo, la FAO y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) ayudaron en su organización.

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