31 de enero de 2022, Roma- Los Estados tienen la responsabilidad principal de prevenir y abordar los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas, incluidos aquellos contra las comunidades que viven de la pesca en pequeña escala, subrayó el Equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO en la Consulta sobre Empresas y Derechos Humanos del pasado 10 de diciembre.

En su intervención durante el evento de alto nivel organizado en Djerba (Túnez), Marie-Lara Hubert-Chartier, especialista en derecho a la alimentación de la FAO, explicó que el estado debe adoptar medidas legislativas, institucionales, presupuestarias, administrativas y de otro tipo para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, en la medida de sus recursos disponibles.

Sin embargo, si bien el Estado es el principal garante de obligaciones, las empresas también tienen la responsabilidad de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, agregó Hubert-Chartier. Todos los actores de los sistemas alimentarios son esenciales para contribuir al disfrute sostenible de este derecho, como el sector privado, las organizaciones de consumidores, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas y los investigadores.

La seguridad alimentaria y la nutrición de los pescadores en pequeña escala y sus comunidades está en peligro. Todos los días enfrentan muchas amenazas, como los derechos de tenencia de las áreas costeras y frente al mar, la sobreexplotación de los recursos, el acceso deficiente a la salud, la educación y otros servicios sociales al vivir en áreas remotas y aisladas, y los efectos del cambio climático y la competencia asimétrica que conduce a desplazamientos forzados.

Es necesarioimplementar soluciones políticas basadas en los derechos humanos, a través de estrategias, programas y planes transparentes e instituciones responsables. Esto significa identificar a los más vulnerables y marginados, como las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas, analizando no solo los riesgos que enfrentan sino también el riesgo de no tomar medidas para abordarlos adecuadamente. Para ello, hay que comprender los desafíos específicos de su contexto, así como garantizar que estén protegidos socialmente y que puedan participar en la toma de decisiones.

Las Directrices sobre el derecho a la alimentación y las Directrices sobre la pesca en pequeña escala, dos herramientas políticas adoptadas por la FAO, guían a los Estados para apoyar el logro de la Agenda 2030. A través de un enfoque basado en los derechos humanos, las comunidades pesqueras en pequeña escala pueden recibir una mejor asistencia y ser incluidos en los procesos de política relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando estas Directrices se implementan juntas, potencian la realización de los derechos humanos y ayudan a abordar los problemas críticos de la pobreza, como lo indica un manual de la FAO lanzado recientemente.

El sector de la pesca en pequeña escala es una fuente muy importante de nutrición, empleo y medios de subsistencia para millones de personas en todo el mundo. El Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022 tiene como objetivo empoderar a estos grupos y reconoce su relevancia para la realización del derecho a una alimentación adecuada.

Celebrada del 10 al 12 de diciembre de 2021 y organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la consulta sobre empresas y derechos humanos reunió a una amplia gama de partes interesadas. “Fue clave para fortalecer el compromiso hacia la implementación efectiva e integral de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU”, dijo Corrado Quinto, asesor técnico jefe del PNUD sobre justicia y derechos humanos. “La consulta proporcionó el escenario para crear sinergias en la implementación del marco 'Proteger-Respetar-Remediar' y lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en aras a explorar formas de fortalecer los mecanismos judiciales y no judiciales que brinden soluciones efectivas a las personas afectadas” , subrayó.

Túnez garantiza implícitamente el derecho a una alimentación adecuada en su Constitución a través de derechos humanos más amplios, y ratificó en 1969 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el instrumento a través del cual el derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano jurídicamente vinculante en el derecho internacional.

El Equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO participó en esta consulta en el marco del Mecanismo Flexible de Socios Múltiples (FMM), subprograma “Aprovechamiento de instrumentos globales y productos de conocimiento”.