Prólogo

En septiembre de 2019, en el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, se señaló que el mundo no estaba en vías de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto secundó la principal conclusión de la primera edición de este informe, publicada en julio de 2019, de que el mundo no alcanzaría la mayoría de las metas de los ODS relacionadas con la alimentación y la agricultura para 2030.

La situación no ha cambiado significativamente este año, que marca la cuenta atrás de 10 años hasta la fecha límite de la Agenda 2030. Según los últimos datos incluidos en el presente informe, recopilados antes de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), los progresos siguen siendo insuficientes en el ámbito de la alimentación y la agricultura, y el mundo no se encuentra en vías de alcanzar las metas pertinentes para 2030.

Actualmente, debido a la COVID-19, una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes está amenazando vidas y medios de subsistencia, haciendo incluso más difícil el logro de estas metas.

Las estimaciones de 2019 más recientes muestran que, antes de la pandemia, cerca de 690 millones de personas padecían hambre, es decir, el 8,9 % de la población mundial, lo cual supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en cinco años. A nivel mundial, la inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó entre 2015 y 2019 y actualmente se estima que afecta a un 25,9 % de la población mundial (alrededor de 2 000 millones de personas). De estas personas, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de padecer inseguridad alimentaria moderada o grave.

De media, la productividad y los ingresos de los pequeños productores son sistemáticamente más bajos que los de los productores de alimentos a mayor escala. Durante el último decenio, el gasto público en agricultura ha permanecido prácticamente igual en comparación con el porcentaje que representa la agricultura en el producto interno bruto (PIB) mundial, situado en niveles notablemente más bajos a principios de los años 2000.

El porcentaje de países con una volatilidad de los precios de los alimentos general elevada descendió en 2017-18, pero más de un cuarto siguieron viéndose afectados por ella.

Solo una parte (el 1,3 %) de las 7 600 razas de ganado, aproximadamente, que existen en el mundo cuenta con material suficiente almacenado para permitir su restauración en caso de extinción, lo cual resulta insuficiente dado que el 73 % del ganado local evaluado está en riesgo de extinción.

A pesar del incremento notificado en las existencias mundiales de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA), de 4,21 millones en 2005 a 5,43 millones en 2019, los esfuerzos por garantizar la diversidad de cultivos siguen siendo insuficientes, especialmente en lo que respecta a las especies silvestres afines a las plantas cultivadas y a las especies de cultivos infrautilizadas.

Las desigualdades de género en los derechos sobre la tierra son generalizadas: en nueve de cada 10 países evaluados, el número de mujeres con derechos de propiedad o control sobre los terrenos agrícolas es relativamente inferior al número de hombres con este tipo de derechos. El grado de garantía de la igualdad de derechos de las mujeres sobre la tierra en los marcos jurídicos oscila entre muy bajo y medio en más del 60 % de los países evaluados.

Aunque el estrés por falta de agua se mantiene en un valor seguro del 17 % a nivel mundial, existen regiones como Asia central y meridional y África septentrional que registran niveles muy elevados de estrés por falta de agua, situados por encima del 70 %.

Aunque todavía no es posible estimar el porcentaje de desperdicio de alimentos en la fase de la venta minorista y el consumo, el porcentaje de alimentos perdidos tras la cosecha en la explotación y en las etapas de transporte, almacenamiento y elaboración se sitúa en un 13,8 % a nivel mundial, es decir, más de 400 000 millones de USD al año.

La mayoría de los países han realizado progresos generales considerables en la aplicación de instrumentos internacionales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y respaldar la pesca artesanal. Sin embargo, la proporción de poblaciones de peces que se encuentran dentro de los límites de la sostenibilidad biológica ha seguido disminuyendo, pasando del 90 % registrado en 1974 al 65,8 % notificado en 2017, es decir, 1,1 puntos porcentuales menos que en 2015.

La superficie forestal mundial sigue disminuyendo, aunque a un ritmo ligeramente más lento que el registrado en decenios anteriores. La proporción de superficie forestal disminuyó del 31,9 % de la superficie total en el año 2000 al 31,2 % en el año 2020, una pérdida neta de casi 100 millones de hectáreas de bosques a nivel mundial.

A pesar de la pérdida general de bosques, el mundo ha realizado algunos progresos en relación con la gestión forestal sostenible. La biomasa forestal por encima del suelo por hectárea, la proporción de superficie forestal en áreas protegidas y sometida a planes de gestión a largo plazo, así como la superficie forestal certificada aumentaron o permanecieron estables a nivel mundial y en la mayoría de las regiones del mundo.

Repercusiones de la COVID-19 en las estadísticas sobre alimentación y agricultura

La pandemia de la COVID-19 está agravando los problemas de escasez de datos en un momento en que la información oportuna y fiable se ha convertido en algo todavía más esencial para dar respuestas normativas inmediatas y realizar un seguimiento de las agendas de desarrollo a nivel nacional e internacional. Muchas actividades de recolección de datos dependen de entrevistas directas o en persona y estas se han aplazado o suspendido debido al confinamiento de los países.

Al mismo tiempo, se están poniendo en marcha planes de mitigación y contingencia en numerosos países. Los encargados de producir datos han revisado sus estrategias, principalmente cambiando a medios de recolección de datos alternativos y utilizando nuevos métodos estadísticos para reducir al mínimo las deficiencias de datos y la repercusión en la calidad de los mismos.

Los instrumentos y métodos disponibles no han resultado plenamente satisfactorios a la hora de seguir el ritmo a esta situación rápidamente cambiante.

La FAO se encarga de recopilar, validar y difundir a nivel mundial datos e información relacionados con la alimentación y la agricultura, en particular sobre los 21 indicadores de los ODS de los que es responsable la Organización. La FAO recopila información estadística nacional pertinente con regularidad y, actualmente, está enviando cuestionarios conforme a su calendario acordado.

La FAO también coordina encuestas y censos agropecuarios nacionales, cuya planificación y realización se ha visto afectada por la pandemia, y presta apoyo a la realización de los mismos. El grado de repercusión varía en función de la fase (por ejemplo, la planificación, el trabajo de campo o el procesamiento o análisis de los datos) en la que estuvieran dichas encuestas y censos cuando se decretaron los confinamientos.

Repercusiones en las actividades del censo agropecuario

La FAO coordina el Programa Mundial del Censo Agropecuario (CAM) 2020 (FAO, 2015), que presta apoyo para los censos agropecuarios nacionales realizados entre 2016 y 2025 aproximadamente. Los países programan cuidadosamente las actividades del censo agropecuario para garantizar que los datos sobre los cultivos y el ganado se recopilen en el momento adecuado del año agrícola. Un retraso en las actividades del censo agropecuario puede provocar un aplazamiento de un año completo de la enumeración censal si se pierde la temporada agrícola.

A medida que la pandemia ha seguido avanzando, el distanciamiento físico, las restricciones a los movimientos y otras medidas correctivas adoptadas por los países han repercutido en las actividades del censo agropecuario (FAO, 2020a). La FAO está realizando un seguimiento de estas repercusiones a fin de proporcionar apoyo oportuno a los países.

Una rápida evaluación y consultas informales(CCSA, 2020 y FAO, 2020b) con las autoridades encargadas del censo agropecuario nacional de 150 países han mostrado que, a fecha de julio de 2020, las actividades del censo agropecuario:

• se han retrasado en el 27 % de los países;

• se han aplazado en el 22 % de los países;

• se han suspendido en el 4 % de los países.

Un 9 % adicional de los países que presentan informes habían completado sus censos agropecuarios y no se habían visto afectados (sin contar los países que habían completado sus censos al principio de la ronda, pero planeaban realizar otro más tarde). Otro 38 % de los países notificaron que sus actividades relativas al censo agropecuario todavía no se habían visto afectadas. Dos tercios de estos países se encuentran en una fase de planificación inicial.

La pandemia sigue provocando incertidumbres para las actividades relacionadas con el censo agropecuario, lo cual causa preocupaciones adicionales sobre la financiación de los censos agropecuarios, los períodos de referencia de los censos, la calidad de los datos y el muestreo para encuestas agropecuarias futuras. Los retrasos en el censo de población también podrían aplazar los planes relativos al censo agropecuario en países que utilizan el censo de población para establecer el marco del censo agropecuario.¹.

Para ayudar a abordar esta situación, la FAO proporciona apoyo técnico remoto a los países que están realizando sus censos agropecuarios. Cada vez son más los países que han pasado de recopilar datos puerta a puerta a usar métodos basados en tecnologías de la información. Las actividades de los censos han continuado mediante el trabajo a distancia y los cursos de aprendizaje en línea para formadores, supervisores y censistas, mientras que las actividades de recolección de datos se realizan a través de entrevistas web asistidas por computadora y entrevistas telefónicas asistidas por computadora, apoyadas mediante el uso de registros administrativos.

La evaluación de las enseñanzas adquiridas durante la crisis pone de relieve algunas medidas de mitigación que concuerdan con las recomendaciones presentadas en las directrices del CAM 2020 (FAO 2015, 2018).

¹ Para obtener una visión general de las repercusiones de la COVID-19 en los censos nacionales para la agricultira: national censuses of agriculture: http://www.fao.org/3/ca8984en/CA8984EN.pdf

Repercusión en las actividades de las encuestas agropecuarias

El paro parcial o total en los sistemas nacionales de estadística han limitado las actividades relacionadas con las encuestas agropecuarias (FAO, 2020). Según una encuesta web mundial reciente llevada a cabo por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Grupo sobre datos de desarrollo del Banco Mundial (DAES y Banco Mundial, 2020), las encuestas agropecuarias se han aplazado o suspendido en alrededor del 25 % de los países que participaban en la evaluación (122 países en total) (Figura B.1).

Puesto que el objetivo de la encuesta consiste en realizar un seguimiento de las repercusiones de la COVID-19 en las actividades de los organismos estadísticos nacionales en general, esta abarca otras fuentes de datos clave pertinentes para los indicadores de los ODS de los que es responsable la FAO (por ejemplo, la encuesta sobre el presupuesto del hogar o la encuesta sobre los ingresos y los gastos, y la encuesta sobre población activa). Los resultados muestran que casi todos los medios de recolección de datos principales se han visto afectados negativamente. Esto plantea un desafío importante y persistente sobre la disponibilidad de datos para la recopilación de información acerca de los indicadores de los ODS, que dependen ampliamente de estas fuentes de datos.

Teniendo en cuenta las dificultades operacionales, las limitaciones de financiación y las necesidades de nuevos datos como resultado de la pandemia, la prestación de asistencia técnica y recursos financieros a las oficinas nacionales de estadística resulta vital, especialmente para apoyar a los países de ingresos bajos y medianos bajos.

Cómo está apoyando la FAO a los países durante la pandemia de la COVID-19

Para combatir las repercusiones de la pandemia tanto en las actividades de recopilación de datos como en los medios de vida de las personas, en términos de inseguridad alimentaria y perturbaciones de los sistemas alimentarios, la FAO está proporcionando a los países asistencia técnica y apoyo en materia de capacidad en una serie de ámbitos.

Para realizar un seguimiento de las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19, la FAO ha adaptado su módulo de encuesta de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria para abordar el desafío urgente de cuantificar y seguir la inseguridad alimentaria en el contexto de la pandemia de la COVID-19, así como evaluar detenidamente sus efectos. La escala de experiencia de inseguridad alimentaria adaptada se ha desarrollado para responder a la necesidad de información oportuna y fiable sobre seguridad alimentaria.

Asimismo, la FAO está explotando fuentes de datos alternativas para ayudar a los países a evaluar en tiempo real la repercusión de la pandemia en los sistemas alimentarios y, al mismo tiempo, superar las limitaciones actuales en materia de recolección de datos sobre el terreno. Se están utilizando datos de series cronológicas procedentes de satélites para determinar riesgos de perturbaciones en la producción de cultivos y las cadenas de valor derivados de la pandemia de la COVID-19, así como realizar un seguimiento de los mismos.

Una vez analizados los datos satelitales para, en primer lugar, determinar los tipos de cultivos y, después, evaluar su fase de crecimiento, se calibran modelos de aprendizaje automático para clasificar cultivos del año actual y de años anteriores. A continuación, la información espacial y los datos conexos (mapas de tipos de cultivos, superficie cultivada y rendimiento de los cultivos) se superponen con la información geográfica desglosada relacionada con la COVID-19 (por ejemplo, el número de medidas restrictivas gubernamentales, el número de casos de COVID-19, etc.) para fundamentar una toma de decisiones basada en datos objetivos.

Entre las principales iniciativas de la FAO orientadas a seguir las repercusiones de la COVID-19 en la alimentación y la agricultura, se encuentran las siguientes:

1. La herramienta de Big Data “Data Lab” recopila, organiza y analiza información en tiempo real sobre cadenas de valor alimentarias, precios de los alimentos, seguridad alimentaria y medidas adoptadas.

   • Visión general de la importancia cada vez mayor de la COVID-19 en los tuits de la prensa escrita

   • Seguimiento de los precios diarios de los alimentos

2. La herramienta de seguimiento y análisis de los precios de los alimentos de la FAO contiene la información y análisis más recientes sobre precios internos de los alimentos básicos principalmente en los países en desarrollo, complementando así el análisis de la FAO sobre los mercados internacionales. Asimismo, proporciona alerta temprana sobre precios elevados de alimentos a nivel nacional que pueden afectar negativamente a la seguridad alimentaria.

3. 3. El Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA) es una plataforma interinstitucional destinada a mejorar la transparencia del mercado de alimentos y la respuesta normativa en el ámbito de la seguridad alimentaria. Evalúa el suministro alimentario mundial (centrándose en el trigo, el arroz y la soja) y proporciona una plataforma para coordinar las medidas sobre políticas en tiempos de incertidumbre del mercado.

Referencias:

• FAO 2015. Programa Mundial del Censo Agropecuario 2020. Volumen 1: Programa, definiciones y conceptos. FAO. Roma. Disponible en: www.fao.org/3/a-i4913e.pdf

• FAO, 2018. Programa Mundial del Censo Agropecuario 2020. Volumen 2: Directrices operativas. FAO. Roma. Disponible en: www.fao.org/3/a-i4913e.pdf

• FAO, 2020a. Impact of COVID-19 on national censuses of agriculture (Status overview). Nota de orientación de la FAO, Roma. Disponible en: www.fao.org/3/ca8984en/CA8984EN.pdf

• FAO, 2020b. La COVID-19 y las operaciones relacionadas con los censos agropecuarios nacionales. Nota de orientación de la FAO, Roma. Disponible en: www.fao.org/3/ca8605en/CA8605EN.pdf

• FAO, 2020c. El coronavirus y la potencial suspensión de las estadísticas nacionales. Reorganizar los sistemas nacionales de estadística en el contexto de la COVID-19. Disponible en: http://www.fao.org/3/ca8614en/CA8614EN.pdf

• DAES y Banco Mundial. 2020. Monitoring the state of statistical operations under the COVID -19 Pandemic. Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/covid19-response/covid19-nso-survey-report.pdf

• Castano, J. (2020). Impact on censuses of agriculture and some mitigation measures. In: Committee for the Coordination of Statistical Activities (CCSA). 2020. How COVID-19 is changing the world: a statistical perspective Volume II: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol2.pdf

La erradicación del hambre, el logro de la seguridad alimentaria y la promoción de la agricultura sostenible siguen constituyendo un desafío, más aún en el contexto de la crisis de la COVID-19. En todo el mundo, el hambre y la inseguridad alimentaria han aumentado ligeramente desde 2015, y la malnutrición todavía afecta a millones de niños. Es probable que la situación que empeore debido a la desaceleración económica y las perturbaciones causadas por la recesión derivada de la pandemia.

Los países necesitan redoblar los esfuerzos destinados a apoyar a los productores de alimentos en pequeña escala, conservar los recursos genéticos vegetales y animales para la alimentación y la agricultura, adoptar medidas para contrarrestar la volatilidad de los precios de los alimentos, y asignar un mayor porcentaje de fondos públicos a la agricultura, en consonancia con la contribución de esta al PIB.

El número de personas afectadas por el hambre a nivel mundial ha aumentado lentamente desde 2014. Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas padecen hambre, es decir, el 8,9 % de la población mundial (un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en cinco años).

Los últimos datos sobre consumo de alimentos en numerosos países han hecho posible estimar la prevalencia de la subalimentación con mayor precisión este año. En particular, los datos a los que se ha tenido acceso recientemente han permitido revisar la serie completa de estimaciones anuales de la subalimentación correspondientes a China desde el año 2000, lo cual ha dado lugar a una importante variación a la baja de la serie relativa al número de personas subalimentadas en el mundo.

No obstante, la revisión confirma que:

• el número de personas afectadas por el hambre en el mundo ha aumentado de manera moderada desde 2014;

• según las estimaciones, casi 690 millones de personas en el mundo (un 8,9 % de la población mundial) estaban subalimentadas en 2019;

• actualmente hay cerca de 60 millones de personas subalimentadas más que en 2014, cuando la prevalencia era del 8,6 %, y 10 millones de personas más que en 2018;

• el mundo no está en vías de alcanzar la meta 2.1 de los ODS (poner fin al hambre) para 2030.

Desde una perspectiva regional, se estima que la prevalencia de la subalimentación en el África subsahariana se situó en el 22,0 % de la población en 2019, lo cual corresponde a unos 235 millones de personas subalimentadas, un aumento en comparación con el 21,2 % registrado en 2015. Esto es más del doble de la registrada en Asia occidental y África septentrional (9,0 %, una cifra que se aproxima a la media mundial) y constituye la cifra más elevada de todas las regiones. Sin embargo, Asia occidental y África septentrional han experimentado un deterioro significativo desde 2015, registrando un aumento de la prevalencia de la subalimentación del 8,6 % al 9 %.

Más del 37 % de las personas subalimentadas en el mundo viven en Asia central y Asia meridional (una cifra estimada de 259 millones de personas en 2019). Aun así, la prevalencia de la subalimentación de la región es del 13 %, un valor inferior al del África subsahariana. La región ha mostrado avances en la reducción del número de personas que padecen hambre en los últimos años, el cual ha descendido en más de 5,8 millones desde 2015.

En América Latina y el Caribe, la prevalencia de la subalimentación era del 7,4 % en 2019, un porcentaje inferior a la prevalencia mundial del 8,9 % que todavía se traduce en casi 48 millones de personas subalimentadas. La región ha experimentado un aumento del hambre en los últimos años y el número de personas subalimentadas se ha incrementado en 9 millones entre 2015 y 2019.

Existen numerosas razones por las que el hambre ha aumentado en los últimos años. La desaceleración y el debilitamiento de la economía, especialmente desde la crisis financiera de 2008-09, han exacerbado la pobreza y la subalimentación. A pesar de los importantes progresos realizados en muchos de los países más pobres del mundo, casi el 10 % de la población mundial sigue viviendo con 1,90 USD al día o menos, especialmente en el África subsahariana y Asia meridional.

Las grandes desigualdades en la distribución de los ingresos, los activos y los recursos, junto con la ausencia de políticas de protección social eficaces, debilitan el acceso a los alimentos, sobre todo para las personas pobres y vulnerables. El elevado nivel de dependencia de la exportación e importación de productos básicos incrementa la vulnerabilidad de varios países y regiones a las perturbaciones externas.

El incremento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, la alteración de las condiciones ambientales y la propagación conexa de plagas y enfermedades durante los últimos 15 años contribuyen a crear círculos viciosos de pobreza y hambre, especialmente cuando además existen instituciones frágiles, conflictos, violencia y el desplazamiento generalizado de poblaciones. La competición por los principales recursos, como la tierra y el agua, ha desempeñado una función importante en la aparición de violencia y conflictos armados en algunos países.

Los pequeños agricultores y comunidades que dependen directamente de su capacidad para producir sus propios alimentos se ven más afectados por estos fenómenos. La prevalencia del hambre también es más elevada en países con un crecimiento demográfico rápido y un acceso deficiente a asistencia médica y educación. Esto establece vínculos directos entre la seguridad alimentaria, la nutrición y el estado de salud de la población, lo cual afecta a las perspectivas de crecimiento y desarrollo económicos.

Se estima que 2 000 millones de personas en el mundo no disponían de acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes en 2019, por lo cual quedaban expuestos a un riesgo mayor de diversas formas de malnutrición y salud deficiente.

El indicador 2.1.2 de los ODS hace referencia a la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, según la escala de experiencia de inseguridad alimentaria.

Las últimas estimaciones sugieren que el 9,7 % de la población mundial (746 millones de personas) estuvo expuesta a niveles graves de inseguridad alimentaria en 2019. La inseguridad alimentaria grave y la subalimentación (indicador 2.1.1 de los ODS) son conceptos relacionados que calculan de manera aproximada el hambre crónica. En todas las regiones del mundo excepto en América septentrional y Europa, y en Asia occidental y África septentrional, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave se ha incrementado entre 2015 y 2019.

Un 16 % adicional de la población mundial, o más de 1 250 millones de personas, ha experimentado inseguridad alimentaria en niveles moderados. Las personas que padecen inseguridad alimentaria moderada no tienen acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes, aunque no padezcan hambre necesariamente.

Se estima que, a nivel mundial, la prevalencia tanto de la inseguridad alimentaria moderada como de la grave (indicador 2.1.2 de los ODS) se situó en el 25,9 % en 2019 (un total de 2 000 millones de personas). La inseguridad alimentaria total (moderada o grave) ha aumentado en todo el mundo en un plazo de cinco años, principalmente debido al incremento de la inseguridad alimentaria moderada.

Aunque en el África subsahariana se observan los niveles más elevados de inseguridad alimentaria total, es en América Latina y el Caribe donde la inseguridad alimentaria está aumentando a un ritmo mayor: del 22,9 % registrado en 2014 al 31,7 % notificado en 2019, debido a un acusado incremento en América del Sur.

En la figura que aparece a continuación, se muestra que casi dos tercios del número total de personas que padecen inseguridad alimentaria (moderada o grave) en el mundo se encuentran o bien en Asia central y meridional o bien en el África subsahariana. Específicamente, Asia central y meridional alberga a 702 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria (el 35 % del total mundial), mientras que en el África subsahariana hay 605 millones de personas aquejadas de inseguridad alimentaria (el 30 % del total mundial).

A nivel mundial, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, y solo la grave, es más elevada en las mujeres que en los hombres. La brecha de género en el acceso a los alimentos aumentó de 2018 a 2019, especialmente en el nivel moderado o grave.

También existe un gran número de datos objetivos sobre los vínculos entre la inseguridad alimentaria y las formas de malnutrición, en particular el sobrepeso y la obesidad. Un factor que ayuda a explicar estos vínculos es la repercusión negativa de la inseguridad alimentaria, incluso a niveles moderados de gravedad, en la calidad de la dieta. Esto está en consonancia con la base teórica de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, pues las personas aquejadas de inseguridad alimentaria moderada padecen incertidumbre en cuanto a su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligadas a reducir la calidad nutricional o la cantidad de los alimentos que consumen.

Asimismo, esto revela un importante vínculo entre la meta 2.1 y la meta 2.2 de los ODS, cuyo objetivo consiste en poner fin a todas las formas de malnutrición.

La productividad de los productores en pequeña escala es sistemáticamente más baja, de media, que la de los productores de alimentos en mayor escala y, en la mayoría de los países, los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala representan menos de la mitad de los que registran los productores de alimentos en mayor escala. Es demasiado pronto para determinar si se han realizado progresos.

La cuantificación de la productividad y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala resulta esencial para seguir los progresos relacionados con la meta 2.3 de los ODS, que insta a duplicar tanto sus ingresos como su productividad. La meta 2.3 reconoce la función esencial que desempeñan los productores de alimentos en pequeña escala en la promoción de la producción alimentaria en todo el mundo, así como las mayores limitaciones a las que hacen frente a la hora de acceder a la tierra, a otros recursos e insumos productivos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades. Por tanto, el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación de los productores en pequeña escala resulta esencial para revertir la tendencia creciente del hambre y reducir el porcentaje de personas que viven en la pobreza extrema.

La FAO estima que existen unos 570 millones de explotaciones en todo el mundo, la mayoría de ellas de pequeño tamaño. En algunos países, los productores de alimentos en pequeña escala representan hasta el 85 % del número total de productores de alimentos. Ahora que se ha establecido una definición internacional del término “productores de alimentos en pequeña escala”, la FAO puede calcular la productividad media de su mano de obra y sus ingresos medios.

Solo existen datos disponibles sobre la productividad de la mano de obra de los productores de alimentos en pequeña escala de 11 países, pues muchas encuestas no recogen la aportación de la mano de obra a la agricultura de forma que se puedan realizar comparaciones y, cuando lo hacen, estos datos se limitan a la producción de cultivos. Teniendo en cuenta estas limitaciones, en todos los países, la productividad de la mano de obra de los productores en pequeña escala es menor, de media, que la de los productores de alimentos en mayor escala.

Existe más información disponible (38 países) sobre los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, que también son sistemáticamente más bajos que los de los grandes productores de alimentos. En la mayoría de los países, los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala representan menos de la mitad de los que registran los productores de alimentos en mayor escala, lo cual respalda la principal petición de la meta 2.3 de los ODS de duplicar sus ingresos.

Los recursos fitogenéticos sustentan la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de vida de millones de agricultores en todo el mundo. Resultan esenciales para permitir que los cultivos se adapten a condiciones ambientales en evolución y para la intensificación sostenible de la producción agrícola.

A finales de 2019, se estimó que las existencias de los bancos de germoplasma almacenadas en condiciones a medio y largo plazo en 103 países y 17 centros de investigación regionales e internacionales eran de 5,43 millones de lotes, lo que supone un incremento de aproximadamente un 1 % en comparación con el año anterior. Las estimaciones se basaron en informes actualizados de 59 países y 15 centros de investigación, lo cual representa el 75,2 % de las existencias totales, y en informes de años anteriores en el caso de los países y centros restantes.

Incrementos netos en las existencias de los bancos de germoplasma: casi todas las regiones el mundo incrementaron sus existencias entre 2015 y 2019. Asia central y meridional, así como África septentrional y Asia occidental, registraron los incrementos relativos más elevados. A lo largo del año, el germoplasma conservado se incrementó en 40 de los 59 países y en 7 de los 12 centros internacionales.

Descensos netos en las existencias de los bancos de germoplasma: en seis países, tres en Europa y uno en Asia occidental (-1,7 %), uno en África oriental (-10,7 %) y uno en América del Sur (-11,4 %), se produjeron descensos netos, superiores al 1 %. Las pérdidas se atribuyeron a la falta de recursos humanos y financieros en África oriental y Europa oriental, y a la identificación y eliminación de duplicados en el resto de las regiones.

A fecha de diciembre 2019, en 290 bancos de germoplasma de todo el mundo se conservaban casi 96 000 muestras de más de 1 700 especies incluidas en las categorías de mayor preocupación mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, incluidas especies silvestres afines a cultivos especialmente importantes para la seguridad alimentaria mundial y local.

En los últimos años, la respuesta mundial en relación con la conservación de la diversidad de los cultivos en instalaciones ex situ que cumplan las normas pertinentes ha sido insuficiente para responder al alarmante ritmo de las amenazas que plantea el cambio climático para los cultivos y la diversidad asociada a ellos en la explotación o en condiciones silvestres, especialmente en lo que respecta a las especies silvestres afines a las plantas cultivadas, las plantas silvestres comestibles y las especies de cultivos marginadas e infrautilizadas. Estas siguen estando ausentes en las colecciones de los bancos de germoplasma o existe una representación deficiente de su diversidad intraespecífica, es decir, la variación existente dentro de la misma especie.

Además de los recursos fitogenéticos, los recursos zoogenéticos son igualmente esenciales para la seguridad alimentaria y los medios de vida, pues permiten la adaptación del ganado a condiciones ambientales cambiantes y, por tanto, refuerzan la resiliencia de los sistemas alimentarios de cara al cambio climático.

Una buena forma de medir la conservación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura consiste en contabilizar el número de razas locales de ganado (es decir, razas que solo estén presentes en un país) con material suficiente almacenado en los bancos de germoplasma para permitir su restauración en caso de extinción. Esta información la facilitan anualmente los coordinadores nacionales designados en el Sistema de información sobre la diversidad de los animales domésticos de la FAO.

Entre 2010 y 2019, el número de razas locales con material suficiente almacenado en bancos de germoplasma se incrementó de 10 a 101. Esto puede parecer un aumento significativo, pero representa una pequeña parte de las aproximadamente 7 600 razas notificadas a nivel mundial y sigue estando muy lejos de la meta de los ODS que solicita a la comunidad internacional frenar la pérdida de recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura.

De un total de 7 643 razas locales registradas en el mundo (incluidas las extintas), se ha notificado que 400 (el 5,2 %) cuentan con algún material genético almacenado, de las cuales, según los informes, 101 (el 1,3 %) disponen de material suficiente almacenado para permitir su restauración. Esto refleja los escasos progresos realizados en comparación con el año anterior, cuando solo el 3,3 % de las razas de animales locales contaba con algún material almacenado y solo el 0,9 % tenía material suficiente para permitir la restauración de la raza en caso de extinción.

Desafíos a la hora de cuantificar los recursos zoogenéticos en los bancos de germoplasma

La cuantificación precisa de los esfuerzos mundiales para conservar los recursos zoogenéticos en los bancos de germoplasma se ve dificultada por la falta de informes de los inventarios nacionales. Un alarmante 94,5 % de las razas locales de ganado no cuenta con información sobre su estado de conservación. Solo unos 30 países notifican datos sobre este indicador (la mayoría de ellos situados en Europa occidental) y estos datos ni siquiera se actualizan regularmente, pues alrededor de la mitad de dichos países no han facilitado nuevos datos desde 2015. Los esfuerzos que se están realizando para conservar los recursos zoogenéticos parecen insuficientes frente al cambio climático y el aumento de la demanda de productos pecuarios.

Un porcentaje alarmante de razas locales de ganado está en riesgo de extinción

La diversidad genética en las razas de animales vivos resulta importante para la agricultura y la producción de alimentos. Permite criar ganado en diversos entornos y proporciona una amplia gama de productos y servicios (alimentos, fibras, estiércol, potencia de tiro, etc.). Mientras que el indicador 2.5.1.b de los ODS reveló que solo una mínima parte de las razas locales de ganado contaba con material suficiente almacenado en caso de extinción, el indicador 2.5.2 de los ODS proporcionó una cuantificación del riesgo real de extinción de cada raza de ganado vivo local.

El hecho de que no se estén conservando suficientes recursos zoogenéticos en las instalaciones de conservación a medio y largo plazo resulta preocupante ya que, según los últimos informes de los países, una proporción alarmante de las razas locales se encuentra en riesgo de extinción.

En 2019, se determinó que el 73 % de las razas locales de ganado evaluadas (2 025 de 2 761) se encontraban en riesgo de extinción, sobre la base del tamaño de su población, los índices de reproducción y otras características biológicas. Esta cifra es algo mejor que la del año anterior, cuando se determinó que el 78 % de las razas evaluadas se encontraba en riesgo de extinción. Los resultados varían en función de la región. Entre las razas con una situación de riesgo conocida:

• el 84 % se considera en situación de riesgo en Europa;

• el 44 % se considera en situación de riesgo en América del Sur;

• el 71 % se considera en situación de riesgo en África austral.

Debido a la escasa información notificada, los resultados de otras regiones no se consideran representativos.

Para la mayoría de las razas locales del mundo (4 343), la situación de riesgo sigue siendo desconocida debido a la falta de datos. Solo 77 países notificaron datos en 2020, siete más que en el año anterior.

Cuantificación de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura

El seguimiento de los progresos relacionados con la meta de los ODS para la conservación de los recursos vegetales y animales para la alimentación y la agricultura se ve actualmente limitado a las especies terrestres y no abarca los recursos genéticos acuáticos como los peces, los crustáceos, los moluscos o las algas marinas. A pesar de esto, existen cerca de 700 especies o elementos de especies empleados en la acuicultura, muchos de los cuales están domesticados, y un número que aumenta lentamente está representado por tipos cultivados mejorados.

En agosto de 2019, la FAO publicó la primera evaluación mundial de los recursos genéticos acuáticos en su informe El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura en el mundo. Además de identificar 694 especies cultivadas en los 92 países que comunicaron datos, en el informe se indicaba que todavía existen en la naturaleza especies silvestres afines a estas especies. Los países notificaron 2 300 áreas acuáticas protegidas, en la mayoría de las cuales se respaldaba con eficacia la conservación in situ de las especies silvestres afines a los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura. Asimismo, los países determinaron 690 bancos de germoplasma in vivo ex situ, que protegían aproximadamente 290 especies y sus tipos cultivados, y otros 295 bancos de germoplasma in vitro ex situ que incluían aproximadamente 133 especies.

La FAO está desarrollando un sistema de información para tipos cultivados de recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura que facilitará la realización de un seguimiento mucho más estrecho del estado de desarrollo y conservación de las especies acuáticas cultivadas. Está previsto que se ponga en marcha un prototipo de registro a finales de 2020.

La inversión en la agricultura en relación con su contribución a la economía ha descendido en la mayoría de las regiones del mundo desde el año 2000, aunque parece haberse estabilizado desde 2010.

La inversión pública en agricultura puede mejorar la productividad, atraer inversión privada y ayudar a reducir la pobreza y el hambre. Una medida clave de la inversión pública en agricultura es el índice de orientación agrícola (IOA) para los gastos públicos, que compara la contribución a la agricultura del gobierno central con la contribución al PIB del sector.

• Un IOA inferior a 1 indica que el gobierno central está menos orientado al sector agrícola teniendo en cuenta la contribución del sector a la economía.

• Un IOA superior a 1 indica que el gobierno central está más orientado al sector agrícola teniendo en cuenta la contribución del sector a la economía.

En general, la inversión en la agricultura en relación con su contribución a la economía ha descendido en la mayoría de las regiones del mundo desde el año 2000, aunque parece haberse estabilizado desde 2010.

De 2001 a 2018, el IOA para los gastos públicos:

• cayó de 0,42 a 0,28 en todo el mundo;

• sufrió un acusado descenso en Asia oriental y sudoriental, de 0,96 a 0,33.

• disminuyó de 0,58 a 0,43 en Asia occidental y África septentrional.

Las regiones con el IOA más elevado actualmente son América septentrional y Europa, así como Asia occidental y África septentrional. Las únicas dos regiones que han experimentado un marcado aumento son Asia central y Asia meridional y Oceanía*, que registraron el IOA más bajo en 2001 y han logrado elevarlo incrementando la inversión en la agricultura.

El IOA para los gastos públicos también ha descendido desde 2015, cuando la comunidad internacional aprobó los ODS. El IOA mundial cayó de 0,31 en 2015 a 0,28 en 2018, lo cual sugiere que el mundo no está en vías de lograr la meta 2.a de los ODS, que aboga por incrementar la inversión en agricultura. En la mayoría de las regiones, el IOA se sitúa por debajo de 0,5, lo cual indica una inversión insuficiente en agricultura en comparación con la contribución del sector al PIB.

El descenso del IOA a nivel mundial se debe, en general, a la reducción de los fondos públicos asignados a la agricultura más que a un descenso de la contribución del sector agrícola a la economía. Desde 2015, la contribución del sector agrícola al PIB mundial cayó del 5,54 % al 5,28 %. Sin embargo, se produjo un descenso más acusado del gasto público en la agricultura, del 1,73 % al 1,48 %, dando lugar así a una caída general del IOA.

* Excluidas Australia y Nueva Zelandia.

A nivel mundial, la proporción de países afectados por precios elevados de los alimentos descendió en 2017-18, pero alrededor de una cuarta parte experimentó volatilidad de los precios de los alimentos.

En 2017-18, la proporción de países que experimentaron precios de los alimentos inusualmente elevados o moderadamente altos descendió en comparación con 2015-16. El mayor descenso se registró en Asia oriental y Asia sudoriental, impulsado por precios de los productos básicos agrícolas más débiles, en un contexto de apreciación de la moneda, especialmente en Asia sudoriental.

En cambio, se registró un incremento de los países afectados por precios de los alimentos inusualmente elevados o moderadamente altos en Asia central y Asia meridional, impulsado por una reducción de las existencias internas de alimentos básicos y depreciaciones de la moneda en determinados países de Asia meridional.

Aunque, en general, registraron niveles más bajos que en 2015-16, los elevados precios de los alimentos siguieron afectando a más de un tercio de los países de Asia occidental y África del Norte en 2017-18, debido a una combinación de depreciaciones de la moneda, una reducción de las cosechas agrícolas y un repunte en los precios del petróleo a nivel mundial entre mediados de 2017 y mediados de 2018.

El establecimiento de medidas fiscales en Asia occidental durante 2018 contribuyó a incrementar los precios de los productos básicos agrícolas en determinados países. En el África subsahariana, la proporción de países que experimentaron precios de los alimentos inusualmente elevados o moderadamente altos descendió en 2017-18, ya que, en general, los rendimientos agrícolas se recuperaron y aliviaron la presión en la oferta interna, algo que había causado subidas de precios en 2015 y 2016. Los precios de los alimentos se mantuvieron elevados en cerca de un tercio de los países de la región durante el período 2017-18, debido a una escasez de producción, depreciaciones de la moneda y las repercusiones de la inseguridad en los mercados de alimentos.

Los altos precios de los alimentos afectaron a una proporción relativamente menor de países en América del Norte y Europa, así como en América Latina y el Caribe, donde el porcentaje de los países que experimentaron precios inusualmente elevados o moderadamente altos descendió ampliamente en 2017-18, respaldado por una producción satisfactoria de productos básicos agrícolas. En Oceanía, solo unos pocos países facilitan información sobre sus índices de precios, lo cual dificulta la extracción de conclusiones sobre la volatilidad de los precios de los alimentos a escala regional.

Los compromisos internacionales para avanzar en materia de igualdad de género han producido mejoras en algunos ámbitos, por ejemplo, el matrimonio infantil y la mutilación genital de la mujer han descendido en los últimos años, y la representación política de la mujer es mayor que nunca.

Sin embargo, la visión de la plena igualdad de género sigue sin cumplirse y probablemente haya empeorado durante la pandemia de la COVID-19. La crisis ha contribuido a incrementar las denuncias de violencia contra las mujeres y las niñas. Estas también se encuentran en primera línea luchando contra el coronavirus, pues las mujeres representan aproximadamente el 70 % de los trabajadores sanitarios y sociales a nivel mundial.

Las mujeres también representan un porcentaje importante de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo, aunque el número de mujeres que poseen derechos de propiedad o derechos seguros de tenencia de las tierras agrícolas en comparación con los hombres es relativamente menor. Todavía es necesario realizar progresos importantes tanto en los marcos jurídicos como en la aplicación de estos para realizar los derechos de las mujeres sobre la tierra.

En comparación con los hombres, el número de mujeres que poseen derechos de propiedad o derechos seguros de tenencia de las tierras agrícolas es relativamente menor.

La tierra es uno de los activos más importantes para respaldar la producción agrícola y proporcionar seguridad alimentaria y nutrición. Los datos sugieren que los derechos de propiedad o la titularidad sobre la tierra reducen la dependencia de las mujeres de sus cónyuges o parientes masculinos e incrementan su poder de negociación en la economía y dentro del hogar. También aumentan las posibilidades de las mujeres de acceder a servicios de extensión y crédito, y las alienta a realizar inversiones y ampliarlas, así como a unirse a organizaciones de productores.

Algunos estudios sugieren que, si las mujeres tuvieran un acceso equitativo a la tierra, la pobreza y la inseguridad alimentaria re reducirían significativamente en el mundo.

Los datos existentes, todavía limitados a unos pocos países de África, América Latina y Asia, muestran que tanto los hombres como las mujeres que participan en la producción agrícola carecen de derechos de propiedad o derechos seguros de tenencia de las tierras agrícolas.

En la mayoría de los países, menos del 50 % de los hombres y las mujeres que trabajan en la agricultura poseen derechos de propiedad o derechos seguros de tenencia de las tierras agrícolas. Los datos disponibles también muestran que las desigualdades de género en el acceso a derechos de propiedad o derechos seguros sobre la tierra son generalizadas: en nueve de cada 10 países evaluados, el número de mujeres con derechos de propiedad o derechos seguros de tenencia de las tierras agrícolas es relativamente inferior al número de hombres con este tipo de derechos (Figura 14).

Dicho esto, en los pocos países que tienen más de un punto de datos, es posible observar una reducción de la brecha entre el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres con derechos de propiedad o derechos seguros de tenencia de las tierras agrícolas.

Esto no significa necesariamente que siempre existan más hombres propietarios de tierras que mujeres, pues en un país puede haber un porcentaje de mujeres que participan en la agricultura mayor que el de hombres, como suele ocurrir especialmente en los países en desarrollo. De hecho, hay más mujeres propietarias de tierras que hombres en tres de los 10 países (Figura 15). El porcentaje relativo de mujeres propietarias de tierras supera el 55 % solo en el caso de Malawi. En cambio, el porcentaje de hombres entre los propietarios de tierras es superior al 65 % en cinco de los 10 países.

Los marcos jurídicos no logran proporcionar garantías suficientes en relación con la igualdad de género en la propiedad o el control sobre la tierra. Todavía es necesario realizar progresos importantes tanto en la formulación de leyes como en la aplicación de las mismas para realizar los derechos de las mujeres sobre la tierra.

Un marco jurídico adecuado resulta esencial para fortalecer los derechos de las mujeres sobre la tierra y romper con las pautas existentes de desigualdad y discriminación. Los marcos jurídicos que garantizan los derechos de las mujeres a la propiedad y el control de la tierra ayudan a garantizar la protección y la seguridad de los derechos de las mujeres sobre la tierra mediante la regulación de los derechos sobre la tierra y de propiedad en el matrimonio o uniones informales y los derechos de patrimonio.

La primera evaluación mundial de 16 marcos jurídicos nacionales indica que las disposiciones jurídicas pertinentes en muchos países del mundo no protegen adecuadamente los derechos de las mujeres sobre la tierra. El grado de garantía de la igualdad de derechos de las mujeres sobre la tierra en los marcos jurídicos oscila entre muy bajo y medio en más del 60 % de los países evaluados. Solo el 12 % de los países evaluados garantiza un grado muy elevado de protección en favor de la igualdad de género en la propiedad o el control de la tierra.

Los datos desglosados en seis criterios fundamentales para este tipo de marcos jurídicos sugieren que muchos países carecen de disposiciones jurídicas que obliguen o incentiven el registro conjunto de la tierra en las parejas casadas. Si no se incluye el nombre de las mujeres y sus derechos en el documento de registro de la tierra, los derechos de propiedad de las mujeres no son seguros, sobre todo en el caso de mujeres separadas, divorciadas, abandonadas o viudas. En estas situaciones, las mujeres pueden verse obligadas a emprender medidas legales costosas para reclamar sus derechos.

En los países en los que prevalece la pluralidad jurídica (donde el derecho formal coexiste con el derecho consuetudinario), los derechos de las mujeres sobre la tierra están menos protegidos. Por ejemplo, en países donde algunos aspectos del derecho consuetudinario invalidan las disposiciones constitucionales, la protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra es menor, especialmente en lo que respecta al patrimonio o a los derechos matrimoniales. Del mismo modo, en los países en que se reconoce el derecho consuetudinario, es muy habitual que los derechos de las mujeres no estén protegidos si entran en conflicto con el derecho formal y es más probable que se vean amenazados por normas patriarcales consolidadas.

Una medida esencial para apoyar la aplicación de políticas y leyes y acelerar la igualdad de género en la propiedad y el control sobre la tierra es la aprobación de medidas especiales temporales como, por ejemplo, disposiciones jurídicas que:

• asignen recursos financieros para facilitar la adquisición de tierras por parte de las mujeres;

• establezcan cuotas obligatorias para fomentar la participación de las mujeres en las instituciones de gobernanza de la tierra.

No obstante, existen pocos datos objetivos que demuestren que estas medidas positivas se incluyen habitualmente en los marcos jurídicos. Incluso cuando las leyes protegen los derechos de patrimonio de las mujeres y las niñas, las normas sociales y culturales constituyen un importante obstáculo para reclamar dichos derechos.

Aunque durante los tres últimos decenios muchos países han mejorado su legislación para promover la igualdad de género, todavía es necesario realizar progresos importantes para que los derechos de las mujeres sobre la tierra sean una realidad en los marcos jurídicos y en la práctica.

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia fundamental del agua, el saneamiento y la higiene para proteger la salud humana. A pesar de los progresos realizados, miles de millones de personas en el mundo todavía carecen de estos servicios básicos, lo cual obstaculiza los esfuerzos por contener la propagación de la COVID-19. El agua resulta esencial no solo para la salud, sino también para la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la garantía de la paz y los derechos humanos, la mejora de los ecosistemas y la educación.

No obstante, los países se enfrentan a desafíos cada vez mayores relacionados con la escasez de agua, la contaminación de esta, la degradación de los sistemas acuáticos y la cooperación relativa a las cuencas hidrográficas transfronterizas. El estrés por falta de agua sigue siendo alarmantemente elevado en numerosas regiones, lo cual supone una amenaza para los progresos relacionados con el desarrollo sostenible. La escasez de agua resultante, que tiende a afectar desproporcionadamente a la población más vulnerable, podría provocar perturbaciones socioeconómicas generalizadas a menos que se tomen medidas urgentes.

La eficiencia del uso del agua está aumentando en la mayoría de las regiones, aunque la tasa de progreso varía ampliamente.

La mejora de la eficiencia del uso del agua constituye una medida clave que puede contribuir a reducir el estrés general por falta de agua en un país, siempre que esto conlleve también una reducción paralela de la extracción de agua. Incrementar la eficiencia del uso del agua a lo largo del tiempo significa usar menos agua para obtener la misma producción, desvinculando así de manera eficaz el crecimiento económico del uso del agua en los principales sectores que utilizan este recurso.

En el mundo, la eficiencia del uso del agua aumentó de 12,58 USD/m³ en el año 2000 a 18,17 USD/m³ en 2017. Las estimaciones de la eficiencia del uso del agua van de valores tan bajos como 0,2 USD/m³ en países cuyas economías dependen ampliamente de la agricultura a 1 197 USD/m³ en economías basadas en los servicios y altamente industrializadas que dependen menos de los recursos naturales. La mayoría de los países (dos tercios) registran una eficiencia del uso del agua comprendida entre 5 USD/m³ y 100 USD/m³.

A escala regional, la eficiencia del uso del agua en 2017 varió de 2,2 USD/m³ en Asia central a 62,2 USD/m³ en Oceanía, lo cual destaca de nuevo las enormes diferencias existentes en el mundo (Figura 17). Las cifras también muestran que varias regiones han incrementado con más rapidez la eficiencia del uso del agua a lo largo del tiempo. Los incrementos proporcionales más elevados se han registrado en Asia central y Asia meridional, mientras que Oceanía y África septentrional han mostrado menos mejoras, y América Latina y el Caribe registró, de hecho, un descenso de la eficiencia del uso del agua (Figura 18).

La agricultura suele tener una eficiencia del uso del agua mucho menor que otros sectores productivos, lo cual quiere decir que, normalmente, la estructura económica de un país afecta en gran medida a su eficiencia del uso del agua general. Por tanto, el incremento de la productividad del agua en la agricultura constituye una intervención fundamental para mejorar la eficiencia del uso del agua. Otras medidas importantes incluyen la reducción de las pérdidas de agua abordando las fugas en las redes de distribución municipales y la optimización de los procesos de refrigeración mediante energía e industriales.

El estrés hídrico sigue siendo alarmantemente elevado en numerosas regiones, lo cual supone una amenaza para los progresos relacionados con el desarrollo sostenible.

El estrés hídrico es una de las amenazas más graves para el desarrollo sostenible. El estrés hídrico elevado, es decir, la extracción de una cantidad excesiva de agua dulce procedente de fuentes naturales en comparación con los recursos de agua dulce disponibles, puede tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente y dificultar o incluso revertir el desarrollo económico y social. Se estima que la escasez de agua resultante, que tiende a afectar desproporcionadamente a la población más vulnerable, podría desplazar a 700 millones de personas para 2030.

A nivel mundial, el estrés hídrico sigue situándose a un nivel seguro del 17 %. Sin embargo, la media mundial esconde enormes variaciones regionales.

• Asia central y meridional, así como África septentrional, registran un estrés hídrico muy elevado superior al 70 %, y las dos primeras regiones incluso han experimentado un incremento del estrés hídrico entre 2015 y 2017.

• A estas regiones les siguen Asia occidental y Asia oriental, con un estrés hídrico comprendido entre el 45 % y el 70 %, y ambas regiones han registrado un nivel estable o descendente de estrés hídrico desde 2015.

Por esta razón, la tendencia gradualmente creciente del estrés hídrico mundial a lo largo de los últimos 20 años refleja un estrés cada vez mayor en varias zonas del mundo, con descensos en otras zonas del planeta que no pueden compensar dichos aumentos.

En cambio, el estrés hídrico en algunas regiones como el África subsahariana y América central y del Sur es lo suficientemente bajo como para ofrecer a algunos países margen para incrementar de manera sostenible el uso del agua, siempre que se tomen las precauciones adecuadas. En las regiones afectadas por un elevado estrés hídrico, es necesario tomar medidas urgentes y concretas para ahorrar agua e incrementar la eficiencia del uso de esta.

El consumo y la producción impulsan la economía mundial, aunque los hábitos actuales están comprometiendo la salud del planeta.

La huella material mundial está aumentando más rápido que el crecimiento de la población y la producción económica. Las mejoras en la eficiencia del uso de los recursos en algunos países se ven anuladas por los incrementos en la intensidad material de otros. Las subvenciones a los combustibles fósiles siguen siendo una preocupación grave. Un porcentaje inaceptablemente elevado de alimentos se pierde a lo largo de la cadena de suministro, equivalente a más de 400 000 millones de USD al año, una cifra comparable a algunos paquetes de estímulos económicos nacionales y regionales aplicados como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Al mismo tiempo, la pandemia ofrece una oportunidad de elaborar planes de recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien los hábitos de consumo y las estructuras de producción para hacerlos más sostenibles.

Un porcentaje inaceptablemente elevado de alimentos se pierde a lo largo de la cadena de suministro, antes incluso de que llegue al consumidor.

La reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos resulta esencial para reducir los costos de producción y aumentar la eficiencia de los sistemas alimentarios, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición y contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente.

Aunque todavía no es posible estimar el porcentaje de alimentos desperdiciados en la fase de la venta al por menor y el consumo, la FAO ha elaborado estimaciones de las pérdidas de alimentos en las principales regiones del mundo basadas en modelos creados a partir de una cantidad limitada de datos nacionales disponibles. De acuerdo con dichas estimaciones, el porcentaje de alimentos perdidos tras la cosecha en la explotación y en las etapas de transporte, almacenamiento, elaboración y venta al por mayor se sitúa en un 13,8 % a nivel mundial, lo que equivale a más de 400 000 millones de USD al año.

A fin de profundizar en el conocimiento de la ubicación y el alcance de la pérdida y el desperdicio de alimentos, la FAO ha realizado también un metaanálisis de estudios existentes que miden la pérdida y el desperdicio de alimentos en países de todo el mundo y lo ha publicado en la Base de datos sobre pérdida y desperdicio de alimentos. En él se muestra cómo varían las pérdidas y el desperdicio de alimentos en diferentes etapas de la cadena de suministro alimentario, así como entre regiones y grupos de productos.

Los resultados de este análisis indican que:

• en relación con todos los grupos de productos, la tasa más alta de pérdidas de alimentos ―el 20,7 % de la producción agrícola total― se registra en Asia central y Asia meridional, mientras que las tasas más bajas de pérdidas de alimentos ―el 9,8 % y el 5,8 %, respectivamente― se registran en la región de Oceanía, que incluye las Islas del Pacífico, y en Australia y Nueva Zelandia;

• en relación con los cereales y las legumbres, el grupo de productos sobre el que se dispone de datos relativamente más abundantes y fiables, se observan niveles considerables de pérdidas en el África subsahariana y en Asia oriental y Asia sudoriental, mientras que en Asia central y meridional son limitadas;

• por lo general, el porcentaje de pérdidas es más elevado en las frutas y hortalizas que en los cereales y legumbres.

Las causas de la pérdida y el desperdicio de alimentos difieren ampliamente a lo largo de la cadena de suministro alimentario. Las causas importantes de las pérdidas en la explotación son las siguientes:

• momento de cosecha inadecuado;

• condiciones climáticas;

• aplicación de prácticas ineficientes en la cosecha y la manipulación;

• dificultades para comercializar la producción.

Las carencias en la infraestructura de transportes y las condiciones de almacenamiento inadecuadas, así como decisiones adoptadas en etapas anteriores de la cadena de suministro, que predisponen los productos a una vida útil más corta, provocan pérdidas considerables. En particular, el almacenamiento en frío adecuado puede ser crucial para evitar las pérdidas cuantitativas y cualitativas de alimentos.

Las buenas prácticas en la manipulación de la producción resultan también esenciales para reducir las pérdidas de alimentos y requieren creación de capacidad en todos los niveles de la cadena de suministro. Los vínculos de mercado mejorados, así como cadenas de suministro más cortas, pueden contribuir a mejorar la coordinación entre productores y consumidores y reducir las pérdidas de alimentos, mientras que la elaboración y el envasado pueden ayudar a conservar los alimentos.

Los estudios sobre el desperdicio en la etapa de consumo, en su mayoría realizados en países de ingresos altos, indican que los niveles de desperdicio son altos en todos los tipos de alimentos, pero en particular en los alimentos muy perecederos, como los productos de origen animal y las frutas y hortalizas. Las causas del desperdicio de alimentos en la fase de la venta al por menor están relacionadas con:

• una vida útil limitada;

• la necesidad de que los productos alimentarios cumplan unas normas estéticas en relación con el color, la forma y el tamaño;

• la variabilidad de la demanda.

El desperdicio en el consumo suele estar causado por:

• una planificación deficiente de las compras de alimentos y de las comidas;

• una compra excesiva (influida por tamaños de porciones y envases demasiado grandes);

• la confusión respecto de las etiquetas (fechas de consumo preferente y caducidad);

• un almacenamiento deficiente en el hogar.

Se necesitan con urgencia esfuerzos de recolección de datos a fin de que los países centren las intervenciones en las fases críticas de la cadena de valor y reduzcan la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Los océanos son el mayor ecosistema del mundo, albergan cerca de un millón de especies conocidas y desempeñan una función vital en la regulación del sistema climático mundial. Sin embargo, su capacidad para seguir respaldando las necesidades económicas, sociales y medioambientales de la población mundial se está viendo comprometida.

A pesar de que se han realizado algunos esfuerzos en la conservación de los océanos, decenios de explotación irresponsable han provocado un nivel alarmante de degradación. La sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales sigue descendiendo, aunque a un menor ritmo, y, a pesar de que numerosos países han realizado progresos a la hora de combatir la pesca INDNR, es necesario llevar a cabo un esfuerzo más concertado.

En vista de la pandemia de la COVID-19, el aumento del apoyo a los pescadores en pequeña escala resultará esencial para permitirles seguir manteniendo sus medios de vida y alimentando a las comunidades locales.

La sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales sigue descendiendo, aunque a un menor ritmo.

A pesar de que los desembarques mundiales de peces marinos han permanecido relativamente estables en torno a los 80 millones de toneladas desde 1995, la sostenibilidad de los recursos pesqueros del mundo ha seguido descendiendo. La proporción de poblaciones de peces que se encuentran dentro de los límites de la sostenibilidad biológica se ha reducido del 90 % registrado en 1974 al 65,8 % notificado en 2017, es decir, 0,82 puntos porcentuales menos que en 2015 (Figura 22).

A pesar del continuo deterioro, el ritmo de descenso se ha ralentizado en el último decenio.

Geográficamente, existen grandes variaciones en la proporción de poblaciones de peces sostenibles. Algunas regiones están experimentando incrementos significativos de la presión pesquera en sus poblaciones. Otras registran buenas tasas de recuperación de las poblaciones. Las mejoras en la ordenación pesquera de los gobiernos y las instituciones de pesca pertinentes siguen siendo esenciales para aumentar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

En 2017, el Mediterráneo y el Mar Negro siguieron registrando los porcentajes más elevados de poblaciones explotadas a niveles insostenibles (62,5 %), seguidos del Pacífico sudoriental (54,5 %) y el Atlántico sudoccidental (53,3 %).

En cambio, el Pacífico centro-oriental, el Pacífico sudoccidental, el Pacífico nororiental y el Pacífico centro-occidental tenían la proporción más baja (entre el 13 % y el 22 %) de poblaciones explotadas a niveles biológicamente insostenibles.

Una combinación de reglamentos e infraestructura mejorados en las pesquerías con una ordenación intensiva ha demostrado resultados satisfactorios en la recuperación de determinadas poblaciones sobreexplotadas hasta alcanzar niveles biológicamente sostenibles. No obstante, en general, la adopción de estas medidas ha sido lenta, especialmente en numerosos países en desarrollo.

Los países han realizado progresos en la lucha contra la pesca INDNR, pero se necesita un esfuerzo más concertado.

La pesca INDNR supone un riesgo importante para la sostenibilidad y la rentabilidad del sector pesquero. La pesca INDNR tiene repercusiones económicas, sociales y medioambientales negativas y menoscaba la capacidad de los países de gestionar sus pesquerías de manera sostenible y responsable.

La clave para acabar con la pesca INDNR es la cooperación, la transparencia y el cumplimiento.

• Se necesita cooperación entre todos los actores y el fortalecimiento de los esfuerzos individuales. Esto comienza a nivel nacional con la cooperación interinstitucional y continúa con la cooperación entre los diferentes Estados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que trabajan para lograr este objetivo común.

• También se precisa transparencia y que los Estados compartan información sobre la identidad e historial de cumplimiento de las embarcaciones de pesca, así como otros datos que permitan garantizar la rastreabilidad de los productos pesqueros a lo largo de la cadena de valor.

• Se necesita cumplimiento dentro del amplio marco internacional que abarca todos los pasos desde el mar hasta la mesa Esto incluye contar con una sólida capacidad de seguimiento, control y vigilancia, además de una capacidad de cumplimiento eficaz, ambas esenciales para aplicar de manera adecuada los instrumentos internacionales para combatir la pesca INDNR.

Instrumentos internacionales para luchar contra la pesca INDNR

El marco de instrumentos internacionales para luchar contra la pesca INDNR, elaborados durante los últimos decenios, proporciona un poderoso conjunto de herramientas para combatir la pesca INDNR que abarca las responsabilidades del Estado del pabellón, costero, del puerto y de comercio. El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (Acuerdo sobre MERP) es el primer instrumento internacional vinculante que hace frente concretamente a la pesca INDNR. En él se establece un conjunto mínimo de medidas estándar para que las Partes las apliquen cuando buques extranjeros intenten entrar en sus puertos o mientras estos buques se encuentren en ellos.

El Acuerdo entró en vigor en junio de 2016 y, a fecha del 3 de julio de 2020, había 66 Partes del Acuerdo sobre MERP, incluida la Unión Europea como Parte representante de sus Estados miembros. Esta notable tasa de adhesión refleja la importancia que otorgan los Estados a la lucha contra la pesca INDNR.

Entre 2018 y 2020, el grado medio de aplicación de instrumentos internacionales para combatir la pesca INDNR mejoró en todo el mundo. Una medida compuesta del grado de aplicación de los cinco principales instrumentos, la puntuación mundial del indicador 14.6.1 de los ODS, aumentó de 3/5 a 4/5 durante este período.

Según la información presentada, en general, los Estados han realizado progresos importantes a la hora de llevar a cabo las medidas recomendadas para combatir la pesca INDNR, y cerca de un 75 % de ellos ha obtenido una puntuación elevada sobre el grado de aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes en 2020, en comparación con el 70 % registrado en 2018.

Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), que enfrentan particulares dificultades para aplicar plenamente esos instrumentos debido a la amplitud de las aguas que se encuentran bajo su jurisdicción, registraron un grado medio de aplicación tanto en 2018 como en 2020.

El mismo nivel de aplicación se registró en los países menos adelantados (PMA) entre 2018 y 2020, los cuales se enfrentan a menudo a dificultades para aplicar estos instrumentos.

La mayor parte de las regiones o bien han permanecido en el mismo grado de aplicación o bien han mejorado, a excepción de Oceanía (excluidas Australia y Nueva Zelandia) y el África subsahariana. Actualmente, Australia y Nueva Zelandia, Europa y América del Norte, así como Asia oriental y sudoriental, reciben una puntuación máxima en relación con el grado de aplicación de los instrumentos para combatir la pesca INDNR.

La pesca sostenible realiza una contribución esencial al PIB de los PMA y los PEID.

La pesca y la acuicultura ofrecen numerosas oportunidades de aliviar la pobreza, el hambre y la malnutrición, generar crecimiento económico y garantizar un uso más adecuado de los recursos naturales. Estos beneficios solo se pueden mantener mediante una ordenación prudente de las poblaciones de peces que evite la sobreexplotación y el agotamiento.

Con el aumento del consumo de pescado en el mundo, también se ha incrementado el suministro de pescado, de 20 millones de toneladas en 1950 a 178,5 millones de toneladas en 2018, con 96,4 millones de toneladas procedentes de la pesca de captura y 82,1 millones de toneladas de la acuicultura.

Entre 2017 y 2018, el volumen de la pesca de captura marina se incrementó un 3,9 %. La acuicultura sigue creciendo a un ritmo más rápido que la pesca de captura, representando un porcentaje cada vez mayor de la producción mundial destinada al consumo humano.

Debido al continuo crecimiento del sector de la pesca y la acuicultura, este ha contribuido a incrementar los dividendos económicos del sector y al crecimiento económico sostenido. A nivel mundial, el valor añadido de este sector se ha incrementado de manera constante de varios puntos porcentuales año tras año, una tendencia que se ha confirmado recientemente.

Puesto que se espera que la producción siga su tendencia ascendente, alcanzando una cifra estimada de 204 millones de toneladas para 2030, resulta cada vez más importante equilibrar los objetivos de desarrollo con la ordenación de las poblaciones de peces para evitar la sobreexplotación y el agotamiento, a fin de garantizar que se puedan satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.

Cuantificación de los progresos relacionados con la pesca sostenible

Para medir los progresos relacionados con este objetivo, podemos recurrir al porcentaje que representa de pesca de captura marina sostenible en el PIB. Este nuevo parámetro reúne componentes que incluyen la ordenación pesquera, la política gubernamental y la función social de la pesca. Asimismo, permite analizar las sinergias y compensaciones entre las preocupaciones económicas, sociales y medioambientales y comprender la naturaleza compleja e interconectada del sector pesquero.

En los últimos años, la contribución de la pesca sostenible al PIB mundial ha permanecido bastante estable en torno al 0,1 % al año, lo cual refleja la interrelación de dos tendencias opuestas: un valor añadido en continuo aumento del sector pesquero y un descenso continuado de la sostenibilidad de las poblaciones de peces a nivel mundial.

En comparación con la media mundial, la pesca de captura marina sostenible contribuye de manera importante al PIB de los PEID en Oceanía y de los PMA, donde las actividades pesqueras son esenciales para las comunidades locales y los pueblos indígenas.

El porcentaje que representa la pesca sostenible en el PIB es más elevado en Oceanía (excluidas Australia y Nueva Zelandia), pues se sitúa en un 1,33 %, y en los PMA, que registran un 1,06 %, aunque este porcentaje ha disminuido en ambas regiones desde 2015. Asia central y meridional, Asia oriental y sudoriental, así como Australia y Nueva Zelandia (M49) también han experimentado un descenso del porcentaje que representa la pesca sostenible en el PIB desde 2015.

En lo que respecta al África subsahariana, aunque la cifra general es menor que en Oceanía y los PMA, la región ha experimentado un notable aumento de la contribución económica de la pesca sostenible, que se ha incrementado del 0,25 % al 0,46 % del PIB. América septentrional y Europa, América Latina y el Caribe, así como Asia occidental y África septentrional han registrado incrementos en los porcentajes que representa la pesca sostenible en el PIB.

La ordenación pesquera eficaz y las iniciativas de apoyo gubernamentales resultan esenciales para incrementar la contribución de la pesca sostenible al PIB, especialmente en los países donde la pesca es esencial para las economías locales, la seguridad alimentaria y las comunidades vulnerables.

En vista de la pandemia de la COVID-19, el incremento del apoyo a los pescadores artesanales resulta esencial.

Debido a que el mundo tiene la vista puesta en el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022, el compromiso de los países con la facilitación del acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los mercados y recursos marinos está adquiriendo fuerza.

Los pescadores artesanales, que representan más de la mitad de la producción total de la pesca de captura en los países en desarrollo, siguen encontrándose entre los productores de alimentos más marginados, lo cual requiere que la comunidad internacional tome medidas. Existen datos objetivos de que la crisis de la COVID-19 está afectando negativamente a los medios de vida de estos pescadores, pues la demanda mundial de productos alimenticios marinos disminuye y las limitaciones al transporte impiden el acceso a los mercados.

Al mismo tiempo, estos productores de alimentos en pequeña escala desempeñan una función vital para alimentar a las personas que dependen del sector y a las comunidades locales en el contexto de la crisis actual. Resulta más importante que nunca que los países apoyen a los pescadores artesanales como contribuyentes clave de los sistemas alimentarios sostenibles.

Adopción de directrices y marcos internacionales

Este tipo de medidas se pueden basar en la adopción de iniciativas específicas para aplicar las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, un instrumento acordado internacionalmente que promueve la mejora de la gobernanza de la pesca artesanal, en particular en las cadenas de valor, las operaciones posteriores a la captura y el comercio, y que también incluye un capítulo específico sobre riesgos de catástrofes y cambio climático.

Desde 2015, la mayoría de las regiones ha ampliado la adopción de marcos reglamentarios que apoyan la pesca artesanal y promueven los procesos de adopción de decisiones participativos, en particular los PEID, donde hasta el 70 % de las personas que trabajan en el sector pesquero participan en la pesca artesanal.

La puntuación media mundial del indicador 14.b.1 de los ODS, una puntuación compuesta sobre la aplicación de marcos jurídicos, reglamentarios, normativos e institucionales que reconozcan y protejan los derechos de acceso de la pesca en pequeña escala, ha pasado de 3/5 en 2018 a 4/5 en 2020.

África septentrional y Asia occidental reflejan este incremento, mientras que Asia central y meridional y América Latina y el Caribe redujeron su puntuación regional de 3/5 a 2/5 y de 4/5 a 3/5, respectivamente, lo cual pone de manifiesto la necesidad de intensificar sus esfuerzos de aplicación. Las demás regiones permanecieron estables en una puntuación de 4/5.

Entre los principales componentes de la puntuación compuesta del indicador 14.b.1 de los ODS, se refleja el menor compromiso de los países, a pesar de su capacidad para orientar medidas destinadas a proteger la pesca artesanal, especialmente en las circunstancias actuales. Solo alrededor de la mitad de los países del mundo han puesto en marcha iniciativas específicas para aplicar las Directrices voluntarias. La falta de recursos financieros y estructuras orgánicas entre los pescadores artesanales constituyen limitaciones críticas, agravadas por una limitada sensibilización pública sobre la importancia de la pesca artesanal y una coordinación interinstitucional deficiente.

La conservación de los ecosistemas terrestres no se está orientando a la sostenibilidad. Las superficies forestales siguen disminuyendo, aunque a un ritmo más lento en comparación con decenios anteriores, las áreas protegidas no están concentradas en lugares conocidos por su diversidad biológica, e incontables especies siguen en peligro de extinción.

Además, el aumento de los delitos contra la flora y fauna silvestres, los cambios en el uso de la tierra y la invasión de los hábitats son las principales vías de transmisión de enfermedades infecciosas emergentes, como la COVID-19, que suponen una amenaza para la salud pública y la economía mundial.

La comunidad internacional tendrá que incrementar los esfuerzos para proteger los ecosistemas terrestres, en particular tendrá que seguir ampliando el alcance de la gestión forestal sostenible y las áreas protegidas a las zonas terrestres, de agua dulce y de montaña, así como adoptar medidas adicionales para garantizar el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios correspondiente.

La pérdida de bosques en el mundo continúa, pero a un ritmo menor.

Según los últimos datos de la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020, el porcentaje de superficie forestal de la superficie mundial ha descendido gradualmente del 31,9 % en el año 2000 (4 200 millones de hectáreas) al 31,5 % en 2010 y, después, al 31,2 % (4 100 millones de hectáreas) en 2020. Las pérdidas de superficie forestal ascendieron a casi 100 millones de hectáreas en los dos últimos decenios; sin embargo, el ritmo de pérdida se ha ralentizado ligeramente en los últimos 10 años.

Estas tendencias mundiales se derivan de las dinámicas opuestas de las regiones:

• La mayor parte de Asia, así como Europa y América septentrional mostraron un incremento general de la superficie forestal entre los años 2000 y 2020, gracias a los esfuerzos de forestación y restauración del paisaje y a la expansión natural de los bosques en estas regiones. La expansión de la superficie forestal, sin embargo, se ralentizó entre 2010 y 2020 en comparación con el período 2000-2010.

• Se han observado grandes pérdidas de superficie forestal en los últimos 20 años en América Latina y el Caribe, el África subsahariana y Asia sudoriental. Estas pérdidas se debieron principalmente a la conversión de la tierra forestal para su uso con fines agrícolas y de pastoreo. Los PMA y los países en desarrollo sin litoral (PDL)se ven especialmente afectados por las pérdidas de superficie forestal. En América Latina y el Caribe, las pérdidas forestales disminuyeron en el período 2010-2020 en comparación con el decenio anterior, mientras que se observaron incrementos especialmente en el África subsahariana y Asia sudoriental.

Los bosques desempeñan una importante función para los medios de vida y el bienestar de la población rural y urbana. Estos contribuyen a regular el ciclo del agua y mitigar el cambio climático y albergan a la mayoría de la biodiversidad terrestre del planeta. La pérdida de bosques contribuye al calentamiento global y tiene efectos negativos, especialmente en los medios de vida de la población más pobre, en usos interrelacionados de la tierra como la agricultura y en la flora y fauna silvestres y otros servicios medioambientales. Detener la deforestación sigue siendo uno de los principales desafíos, especialmente en los trópicos y en los PMA.

Se han realizado avances significativos en todo el mundo en relación con la gestión forestal sostenible, pero la pérdida de bosques sigue siendo elevada.

El indicador 15.2.1 muestra progresos evidentes en relación con la gestión sostenible de los bosques del mundo. La mayoría de los subindicadores muestran tendencias positivas, al comparar el período 2010-2020 con el período 2000-2010, lo cual demuestra que se están realizando esfuerzos satisfactorios para conservar y utilizar de manera sostenible los bosques. A nivel mundial, se han registrado incrementos en la mayoría de las regiones en:

• la superficie forestal con certificación;

• el porcentaje de superficie forestal en áreas protegidas y sometida a planes de gestión a largo plazo;

• la biomasa forestal por encima del suelo por hectárea.

Aunque estos esfuerzos no han logrado detener la pérdida forestal, parece que han reducido la tasa de pérdida de bosques, pues la tasa de pérdida neta de bosques descendió sustancialmente a lo largo del período 1990-2020.

No obstante, los últimos datos revelan que, en África y Asia sudoriental, la pérdida de bosques aumentó en la década de 2010 en comparación con la década anterior.

La pérdida de bosques también sigue siendo elevada en América Latina y el Caribe, pero a un ritmo más lento. En estas regiones, la conversión de los bosques para fines agrícolas a gran escala (especialmente en América Latina y Asia sudoriental), pastoreo y agricultura de subsistencia (África) es el factor principal de la pérdida de bosques. A nivel mundial, la tasa de variación de la superficie forestal solo muestra una leve reducción de las pérdidas de bosques y sigue siendo un motivo de preocupación.

La deforestación y la degradación de los bosques siguen constituyendo dos de los principales desafíos, especialmente en los trópicos, en los PMA, los PDL y los PEID.

Los bosques son las mayores reservas de carbono y biodiversidad del planeta. Son fuentes esenciales de alimentos, bienes y servicios y resultan fundamentales para los medios de vida de la población más pobre y las comunidades rurales. Por tanto, se deberían promover enérgicamente los esfuerzos a escala mundial y regional para preservar y mantener los bosques y sus funciones social, económica y medioambiental en los trópicos y en los países en desarrollo.

Las montañas son especialmente vulnerables al cambio climático, lo cual pone en riesgo la biodiversidad y los medios de vida de las personas que viven en zonas montañosas.

Las montañas abarcan aproximadamente el 27 % de la superficie terrestre, albergan a unos 1 100 millones de personas y representan alrededor del 30 % de la superficie total determinada como áreas clave para la biodiversidad.

Sin embargo, los ecosistemas montañosos son especialmente vulnerables al cambio climático, el cual supone una amenaza para su capacidad de continuar proporcionando servicios de los ecosistemas y refugio. Esto resulta alarmante teniendo en cuenta que las personas que viven en las montañas ya se encuentran entre la población más afectada por la inseguridad alimentaria a nivel mundial, pues aproximadamente una de cada tres personas tiene dificultades para acceder a los alimentos. Esta situación es más grave en las regiones montañosas rurales de los países en desarrollo, donde una de cada dos personas se enfrenta a la amenaza de la inseguridad alimentaria.

Nuevos datos basados en imágenes por satélite revelan que alrededor del 73 % de las montañas del mundo están cubiertas de vegetación (bosques, pastizales y tierras cultivables).

• Asia oriental y sudoriental posee el porcentaje más elevado de cobertura verde de las montañas, situado en el 87 %.

• Asia occidental y África septentrional registran la cubierta más escasa con un porcentaje del 63 %.

• Oceanía* y América Latina y el Caribe tienen una cobertura verde de las montañas del 86 % y el 82 %, respectivamente, seguidas del África subsahariana, con un 80 % y Australia y Nueva Zelandia, con un 78 %.

• América septentrional y Europa y Asia central y meridional registran coberturas verdes de las montañas comprendidas entre el 69 % y el 68 %.

Interpretación de la cobertura verde de las zonas montañosas

Puesto que es un indicador agregado, la cobertura verde de las zonas montañosas debería interpretarse con precaución. La cifra correspondiente a la cobertura verde no proporciona detalles sobre la variación de especies ni tampoco sobre la variación del límite de la vegetación arbórea.

Comprender la variación de la composición de las especies y el límite de la vegetación arbórea resultará importante para determinar las consecuencias a largo plazo del cambio climático en las regiones montañosas. Por tanto, será importante analizar la variación de cada una de las zonas de elevación a lo largo del tiempo para determinar las medidas de gestión y adaptación adecuadas.

³ En futuros informes, la mejora de la precisión, la frecuencia y la resolución de los datos geoespaciales permitirá realizar un análisis más preciso de la variación de la cubierta verde en los diferentes tipos de elevaciones y cobertura del suelo.

Datos por tipo de cobertura del suelo y elevación

Los datos desagregados por tipo de cobertura del suelo y elevación revelan pautas importantes para las montañas de todo el mundo.

Bosque: Situados en la elevación más baja, los bosques son el tipo de cobertura del suelo predominante, pues abarcan más del 50 % de la superficie. Sin embargo, según lo esperado, el porcentaje de cubierta forestal disminuye de manera progresiva a medida que aumenta la elevación, alcanzando valores casi insignificantes por encima de los 4 500 metros.

Pastizales y otras tierras: La proporción de la superficie montañosa cubierta por pastizales y otras tierras (que pueden incluir capas de hielo, glaciares y terrenos rasos) generalmente aumenta con la elevación, y los pastizales son el tipo de cobertura del suelo predominante por encima de los 3 500 metros.

Tierra cultivable: De los distintos rangos de elevación, las tierras cultivables son las más extendidas entre los 1 500 y los 2 500 metros, lo cual probablemente refleja el hecho de que las montañas situadas a una elevación menor también se caracterizan por una pendiente y un rango de elevación local más altos, por lo cual es posible que no constituyan un terreno adecuado para el cultivo. Por encima de los 2 500 metros, la cobertura de cultivos de las montañas también se reduce progresivamente.

Asentamientos y humedales: El porcentaje de cobertura de los asentamientos y humedales en las montañas es insignificante en todos los rangos de elevación, aunque también muestra una tendencia descendente a mayores altitudes.

Un número cada vez mayor de países está tomando medidas para garantizar el acceso a los RFAA y la distribución de beneficios conexa, pero se deben intensificar los esfuerzos.

En el marco del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, albergado por la FAO, las Partes Contratantes envían regularmente un informe nacional sobre las medidas adoptadas para cumplir sus obligaciones, incluidas las disposiciones relativas al acceso y la distribución de beneficios.

A fecha de febrero de 2020, 56 de las 146 partes habían proporcionado información sobre las medidas de acceso y distribución de beneficios relacionadas con los RFAA a través de sus informes nacionales, un aumento en comparación con los 12 países que presentaron informes en 2016.

La situación en las principales regiones del mundo es la siguiente:

• el África subsahariana y América Latina y el Caribe registran los mayores incrementos en el número de países que notifican medidas de acceso y distribución de beneficios en relación con los RFAA;

• en Asia central y meridional, así como en Asia oriental y sudoriental, cuatro países notificaron medidas de acceso y distribución de beneficios en el marco del Tratado Internacional, cuando en 2016 ninguno lo había hecho;

• en Oceanía (excluidas Australia y Nueva Zelandia) y en Australia y Nueva Zelandia, solo un país notificó medidas de acceso y distribución de beneficios en cada región.

Facilitación del acceso a los recursos vegetales

El Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios del Tratado Internacional proporciona un mecanismo para facilitar a las Partes Contratantes y sus partes interesadas el acceso a los recursos vegetales necesarios para obtener cultivos adaptados a cambios medioambientales y socioeconómicos y contribuir a lograr una agricultura más diversificada.

Según el informe remitido al Órgano Rector del Tratado Internacional con motivo de su octava reunión en noviembre de 2019, relacionada con la aplicación del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, había 2,2 millones de RFAA disponibles para fines de investigación, capacitación y fitomejoramiento. Hasta la fecha, se han transferido más de 5,5 millones de muestras en todo el mundo mediante más de 76 000 acuerdos normalizados de transferencia de material.

Un desafío crítico determinado por el Órgano Rector en su octava reunión es la necesidad de mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral, de forma que se amplíe su acervo génico, se intercambien más tipos de cultivos y recursos genéticos a nivel mundial y se incremente la distribución de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos de manera más predecible y sostenible. La mejora del Sistema multilateral facilitará y apoyará el intercambio eficaz, justo y equitativo de RFAA entre las Partes Contratantes.