En un nuevo informe, la FAO presenta las persistentes desigualdades que enfrentan las mujeres en los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe, incluido Uruguay.

El pasado martes 20 de mayo, la FAO presentó el informe La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios: Un enfoque regional para América Latina y el Caribe, que analiza la participación de las mujeres en la producción rural, documenta brechas persistentes en empleo, acceso a recursos y representación, y propone recomendaciones para impulsar su empoderamiento.

Esta edición regional actualiza el análisis global de 2023 con datos sobre la participación, desafíos y contribuciones de mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y jóvenes en los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe. Identifica barreras persistentes en el acceso a tierra, agua, propiedad del ganado, financiamiento, servicios de tecnologías, y plantea acciones para erradicarlas. Además, destaca cómo el empoderamiento de las mujeres genera beneficios para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, dinamizar las economías rurales, promover el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la sociedad.

Según el informe, las mujeres representan el 36 % de la fuerza laboral en los sistemas agroalimentarios de la región, y el 71 % de ellas trabaja en sectores no agrícolas como procesamiento de alimentos, comercialización y ventas. Sin embargo, enfrentan desigualdades en las cadenas de valor, las condiciones laborales y los beneficios que reciben.

A nivel global, las desigualdades en el acceso a la tierra, en la asistencia técnica agrícola y a otros recursos complementarios necesarios limitan su participación en mercados más lucrativos y en cadenas de valor de exportación. En América Latina y el Caribe, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de desempeñarse como trabajadoras familiares contribuyentes, una forma de autoempleo vulnerable, no remunerada y con escaso poder de decisión. Las mujeres también tienen menos probabilidades que los hombres de trabajar a tiempo completo, lo que indica que sus empleos son más irregulares y temporales.

Adicionalmente, las mujeres sufren mayores niveles de inseguridad alimentaria: en 2022, la brecha de género en inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó los 9,1 puntos porcentuales. Esta diferencia había aumentado en 2021, tras la crisis por COVID-19.

El informe evidencia que a pesar de que América Latina y el Caribe es la única región donde ha crecido la participación femenina en actividades agrícolas en las últimas dos décadas, este avance no se ha traducido en mayor acceso a recursos productivos ni en representación en espacios de decisión.

La situación en Uruguay: cuidados y acceso a tierras

Sobre Uruguay, el informe analiza el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, y el nivel de protección legal de los derechos de las mujeres sobre la tierra.

En cuanto al primer aspecto, el informe presenta que en Uruguay las mujeres dedican en promedio el 14,8 % de su día a estas tareas, mientras que los hombres destinan un 7,2 %. Si bien el país se ubica entre los de distribución más equitativa del tiempo destinado a cuidados —solo superado por Brasil—, persiste una desigualdad que, según la CEPAL, impacta directamente en la autonomía femenina y en su inserción laboral. [1]

En relación con el segundo aspecto, se destaca que el acceso y control sobre la tierra y la propiedad resultan fundamentales para que las mujeres puedan tomar decisiones sobre recursos productivos, así como invertir y planificar con autonomía. Para evaluar el nivel de protección de estos derechos, se consideraron seis criterios establecidos por el indicador 5.a.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: registro conjunto de la tierra, consentimiento conyugal, herencia igualitaria, recursos financieros, protección según el derecho consuetudinario y participación en la gobernanza de la tierra. Uruguay alcanza una puntuación de 4 sobre 6, lo que representa un nivel medio de protección. Cabe señalar que el criterio relativo al derecho consuetudinario no aplica en el contexto nacional.

Cerrar las brechas de género en los sistemas agroalimentarios es esencial para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Fortalecer el papel de las mujeres rurales en Uruguay y en la región es clave para transformar estos sistemas, erradicar el hambre y la pobreza, y construir un futuro más equitativo.

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