Como ha expuesto Gordon (1954) y más tarde lo han hecho otros (Scott, 1955; Christy y Scott, 1965), es característico de todas las pesquerías de acceso libre el que, a largo plazo, el esfuerzo de pesca efectivo aumenta hasta que se logra un equilibrio en el acceso libre y los costes totales son iguales a los ingresos totales. Esto significa que la unidad pesquera “media” cubre justamente sus gastos y que todas las rentas del recurso se disipan; es decir, los beneficios industriales son iguales a cero1. Se dice que dicha pesca está supercapitalizada en el sentido que una reducción del esfuerzo efectivo y, en consecuencia, de los costes podría dar por resultado rentas positivas del recurso que podrían utilizarse a fines provechosos en la economía considerada en conjunto.
La naturaleza superexplotada de muchas pesquerías tropicales ha sido recientemente objeto de debate por parte de Smith (1979), Troadec (1981) y Panayotou (1983), todos los cuales propugnan un control sobre el acceso y uso como solución potencial a la pesca excesiva. Por ejemplo, si la relación fundamental población-reclutamiento es del tipo descrito por Schaefer (1954), el mismo rendimiento que es sostenible en el equilibrio de acceso libre podría obtenerse con un nivel reducido de esfuerzo y gastos (Fig. 1). La reducción del esfuerzo aumentaría la eficiencia económica de la pesca al incrementar las rentas del recurso. Hasta cierto punto, y según sea la configuración exacta del rendimiento y las curvas de ingresos totales, las reducciones del esfuerzo también podrían efectivamente producir aumentos en el rendimiento e ingresos totales.
Conviene observar que el término “propiedad común” no se ha utilizado anteriormente para caracterizar a las pesquerías comúnmente dichas. Han habido muchos debates como consecuencia de la afirmación de Hardin's (1968) de que la naturaleza de la propiedad común de muchos recursos renovables provoca una superutilización, como se ha pronosticado para la pesca antes mencionada. Ciriacy-Wantrup y Bishop (1975) se mostraron solidarios con esta argumentación y mantuvieron que las instituciones de “propiedad común”, lejos de ser el “problema”, en realidad, ofrecían el potencial para ordenar efectivamente los recursos renovables, como es el caso de la pesca. Aunque generalmente no se han utilizado las mismas palabras, este mismo sentimiento parece desprenderse de muchos textos recientes que proponen un redescubrimiento de los sistemas de ordenación pesquera tradicionales (Johannes, 1981; Alexander, n.d.). Como los sistemas tradicionales para reglamentar el uso han perdido su importancia en muchas pesquerías a medida que los aparejos son más móviles y eficientes, se ha propuesto que la ordenación comunitaria, control y reglamentación, pueden ofrecer la mejor esperanza de aumentar los beneficios sociales que se derivan de la pesca (lo mismo que figura en el texto).
La solución a la sobrecapitalización, como han propuesto Gordon (1954) y Scott (1955), era permitir o poner bajo mandato la propiedad única de la pesca en cuestión. Un solo propietario intentaría equiparar el costo marginal de cada unidad de esfuerzo añadida a los ingresos marginales que produciría. Al obrar así, el único propietario aplicaría el nivel de esfuerzo efectivo que produciría el máximo rendimiento económico (MRE en la Fig. 1). En casi, todos los países, se ha pensado que es política o administrativamente impossible ejecutar métodos de propiedad única. En consecuencia, en gran parte del mundo, los intentos para reducir el esfuerzo efectivo se han centrado en varios mecanismos alternativos, entre ellos, cupos, vedas, restricciones de equipo e impuestos o licencias para reglamentar a los pescadores considerados como grupo (Scott, 1979; Crutchfield, 1979; Stockes, 1979). Estos métodos alternativos de racionalización só1o han tenido algún éxito, a pesar de años de aplicación y perfeccionamiento, en las pesquerías de especies únicas en aguas templadas (Pearse, 1979).
La ejecución de estos reglamentos constituye siempre un problema y la inventiva de los pescadores en muchos casos ha dado por resultado una estratagema efectiva (legal) de estos mecanismos para controlar el esfuerzo. En las pesquerías con múltiple equipo y de múltiples especies en el trópico, la experiencia con determinados intentos de racionalización económica es incluso más limitada. El hecho de que la mayoría de las pesquerías tropicales sean en menor escala y móviles por naturaleza con descargas dispersas también hace que la ejecución sea extremadamente difícil y costosa.
1 Los beneficios se definen como entradas superiores a todos los gastos, incluidos los costes de oportunidad social o imputados
Figura 1 Simple modelo estático de una pesquería de acceso libre
Christy (1983) ha propuesto la búsqueda y documentación de casos de derechos de uso territorial en las pesquerías (TURFs). Opina que los TURFs ofrecen dos ventajas potenciales que son particularmente importantes en medios ambientes caracterizados por la sobre-capitalización y la pobreza de las comunidades pesqueras. En primer lugar, los TURFs ofrecen el potencial de asignar derechos de uso exclusivo de tal forma que las rentas del recurso, que se pierden con el acceso libre, pueden ser recobradas. En segundo lugar, el control comunitario con respecto a estos derechos de uso y las rentas obtenidas pueden proporcionar los medios para mejorar el bienestar de las comunidades pesqueras. Friedman (1981) también ha argumentado de manera similar en apoyo de un método territorial para el desarrollo rural.
Existe un elemento de naturaleza eminentemente política en la asignación de derechos de uso territorial, especialmente si el territorio en cuestión se circunscribe dentro de los límites de una determinada comunidad. Sucede así porque la descentralización de jurisdicción sobre el uso de un recurso, según diversas opiniones, es políticamente inviable en ambientes de autoridad y control centralizados, como sucede en muchos países en desarrollo. Sin embargo, algo puede aprenderse de los antecedentes de las autoridades territoriales locales existentes en muchos países. De estos sistemas, el que se conoce mejor es indudablemente el de las derechos pesqueros en las costas del Japón, donde las comunidades pesqueras ejercen la total autoridad con respecto a su uso, proporcionando así un foro útil para la resolución de controversias entre usuarios (Hirasawa, 1980: Asada, Hirasawa y Nagasaki, 1983).
Un precedente similar existe en las Filipinas, donde las municipalidades ribereñas tienen poder jurídico para reglamentar la actividad pesquera dentro de las aguas municipales hasta una distancia de 3 n mi a partir de la línea costera (De Sagun y Bautista, 1979; Santos, 1980). Todas las embarcaciones de 3 t o menos deben obtener sus licencias en las municipalidades, que también pueden restringir la pesca al arrastre dentro de las aguas municipales. Como estas licencias municipales pueden obtenerse de manera casi gratuita (y frecuentemente incluso no se obtienen) no limitan efectivamente el acceso a aguas municipales.
Sin embargo, ciertos tipos de pesca municipal - corrales íticos (encañizadas fijas), ostricultura y recogida de alevines de sabalote - se realiza a base de concesiones y dan ejemplos extremadamente interesantes de TURF. La finalidad de este documento es examinar el último de estos derechos (concesiones para la recogida de alevines de sabalote) para ver si cumplen con los dos objetivos de Christy relativos a los TURF: la obtención de rentas de los recursos y un mayor bienestar para las comunidades pesqueras.
En este examen de las concesiones municipales, estamos especialmente interesados en el potencial para una mayor eficiencia económica. También examinamos cuestiones a fines de ejecución y transferencia de derechos de uso de recursos, y la función potencial de las cooperativas de recogedores de alevines y posibles beneficios, en caso de haberlos, derivados de estas organizaciones.
