Si bien durante la última década ha surgido una legislación que contempla la participación popular como estrategia de desarrollo rural, en la práctica, las leyes y reglamentos condujeron a un paternalismo excesivo que limitó el trabajo de promoción, organización y desarrollo de los grupos campesinos. Por otra parte la legislación en general favorece la formación y actividad de las grandes empresas en detrimento de la consolidación de formas asociativas de campesinos marginados.
La más somera revisión de las normas que regulan los sectores agropecuario y forestal permite identificar una serie de obstáculos para la promoción de microempresas asociativas de campesinos marginados, entre ellas:
- el sistema jurídico de acceso a la tenencia y uso de la tierra es de carácter concentrador, carece de equidad y de garantías efectivas en particular en perjuicio de las mujeres y de la población indígena y no es el apropiado a las posibilidades y realidades de las comunidades locales. Los procesos de adjudicación y titulación de las tierras en favor de empresas asociativas son lentos;La formación de organizaciones de base que nucleen a campesinos marginados y que sean auténticamente representativas de éstos permitirá canalizar el apoyo estatal hacia formas asociativas de producción para aprovechar los beneficios de la economía de escala y fomentar a la vez la sostenibilidad de los ecosistemas frágiles de Centroamérica.- las legislaciones, en general, no contienen reglamentaciones al derecho constitucional de libre asociación en lo que respecta al sector rural. A pesar que varios gobiernos han ratificado los Convenios y la Recomendación de la OIT sobre libertad sindical y organización de trabajadores rurales, existen restricciones a la sindicalización;
- el régimen legal de estímulos e incentivos se dirige más en beneficio de las grandes empresas que del sector rural marginado, desalentando la formación de microempresas que nucleen a campesinos de este sector. Para la obtención de créditos institucionales las leyes imponen sistemas de financiamiento excluyentes y selectivos que desalientan la consolidación de las formas empresariales de producción. Por otra parte, los servicios de extensión, crédito y mercadeo no están reglamentados en modo de asegurar el acceso a los mismos por parte del sector marginado.
- La legislación forestal se dirige principalmente hacia la conservación del recurso faltando disposiciones que estimulen la formación de agrupaciones locales o comunales dedicadas a transformar productos forestales por ejemplo, intensificar la producción tecnificada de resinas, la utilización de productos madereros, etc. Las restricciones y puniciones de muchas leyes forestales constituyen un desincentivo al desarrollo y formación de grupos que trabajen en los bosques, faltando la participación campesina en lo que respecta a proyectos forestales y agro-forestales;
- las normas que regulan el marco institucional muestran que el poder decisorio está concentrado en los niveles centrales y que no existe una auténtica representación de los campesinos en los órganos públicos. La práctica de la planificación "hacia abajo" constituye un obstáculo serio a la participación efectiva, como asimismo la falta de coordinación de las actividades de las ONG y organizaciones de base con las del gobierno;
- ni los funcionarios ni los campesinos se hallan debidamente capacitados para identificar problemas y proponer soluciones en materia de organización campesina y formación de microempresas.
Para construir estructuras asociativas que respondan a las aspiraciones e intereses de los campesinos se requieren programas especiales que identifiquen los grupos por su homogeneidad económica, social y cultural y seleccionen promotores, sin imponer modelos foráneos ni forzar conductas que no correspondan a la idiosincracia de los agricultores.
Sólo será posible introducir modificaciones en beneficio del sector rural marginado si se establece el marco jurídico e institucional adecuado. Para ello será necesario promulgar normas claras, flexibles, que reflejen las políticas del gobierno y que establezcan un sistema que garantice el control de su cumplimiento a nivel nacional y regional.
Para fortalecer y coordinar las actividades rurales de las ONGs en apoyo de los campesinos se necesita un base legal e institucional por un diálogo y colaboración entre las asociaciones campesinas, las ONG respectivas y las instituciones públicas.
