1. Tipología de organizaciones campesinas
Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de formalización se caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un objetivo común. Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo “de abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitación y otros servicios promoviendo el bienestar de sus miembros.
Los pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, y otros grupos desventajados de la población rural no tienen poder de negociación suficiente para lograr que sus pedidos sean atendidos. De ahí la importancia de agruparse y aunar esfuerzos para formular ante las autoridades demandas que representen los intereses de la totalidad de sus miembros.
1.1. Comunidades campesinas
1.2. Cooperativas agrarias
1.3. Formas organizativas creadas en el marco de la reforma agraria
1.4. Sindicatos y Federaciones de trabajadores rurales y campesinos
1.5. Organizaciones de mujeres rurales
1.6. Otras formas de organización local
No obstante el bajo nivel organizativo de los agricultores de la Región se observa que existe una gran variedad de grupos de autoayuda, que van desde los autóctonos a los consejos comunales y sociedades cooperativas registradas. Puede intentarse así presentar una tipología abierta de organizaciones campesinas, dejando la posibilidad que puedan entrar otros grupos participatorios.
Existe en la Región una rica experiencia en organizaciones sociales y de desarrollo comunitario, con caracteres que les han permitido persistir a través del tiempo y a pesar de la marginación que han soportado. Esos caracteres son, entre otros, la homogeneidad étnica y cultural, el trabajo en común, la ayuda mutua y el empleo de tecnologías vernáculas.
Las comunidades campesinas, difieren según sus características culturales, ecológicas, evolución histórica, etc., pero todas se caracterizan por tener relaciones de producción basadas en el trabajo familiar o bajo formas colectivas entre los comuneros. Producen sus alimentos básicos con sistemas ancestrales y escasa dotación de recursos, siendo los focos donde se concentra la extrema pobreza.
Las organizaciones comunitarias de base actúan como intermediarias entre los agricultores de escasos recursos y las instituciones de investigación y extensión externas. Muchas de ellas se agrupan en federaciones u organizaciones de segundo grado. Como continuidad a las actividades de intermediación, las federaciones adaptan y difunden tecnología en programas que ellas mismas controlan y administran y constituyen un grupo de presión hacia el sector público y las ONG's agrícolas para orientar su actuación a las necesidades de las familias rurales pobres.
Las comunidades campesinas en Bolivia son el modelo de organización que mejor se identifica con la realidad cultural (aymará, quechua, guaraní) del país.
En Ecuador la comuna es la forma organizativa histórica principal, legitimada por el Estado, que la ubica en el último nivel de la división político-administrativa. Está formada por un grupo social relacionado por lazos familiares y culturales comunes que habitan un espacio físico determinado y tienen una división de trabajo comunitario. De las 1859 comunas registradas con cerca de 700.000 habitantes el 80% se hallan en la Sierra (39). Hay Federaciones de pueblos indígenas de la Sierra y de las Nacionalidades Amazónicas. En Chimborazo, por ejemplo, las organizaciones de comunidades de habla quechua se agrupan constituyendo federaciones provinciales de comunidades indígenas (UOCACI y AOCACH cuentan respectivamente con 29 y 9 organizaciones de base). Otra organización en el mismo departamento, UNIDAD, construyó una red de organizaciones comunitarias de habla quechua y ayudó a crear una federación de comunidades indígenas. En respuesta a la debilidad de los servicios oficiales las federaciones, con el apoyo de ONG's nacionales e internacionales, iniciaron sus propios programas de investigación y extensión. Como estrategia importante capacitan indígenas para que actúen luego en sus comunidades como agentes de extensión (1 y 3).
Las estructuras de las organizaciones indígenas de Guatemala se basan en general en relaciones interfamiliares de producción, trabajo y distribución integrándose formas de propiedad colectiva e individual.
En Perú la mayor parte del campesinado está organizado en comunidades campesinas, que tienen su origen en las culturas preincaicas. Existen aproximadamente 5000 comunas que controlan el 15% del territorio (la mayor parte en la Sierra) y cuentan con el 20% de la población nacional. No obstante fueron las que resultaron menos beneficiosas del proceso de reforma agraria. Son organismos de interés público, con personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan cierto territorio ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales que se expresan en la propiedad comunitaria de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales (39).
En la República Dominicana hay asociaciones autónomas y flexibles que nuclean a campesinos sin tierra y pequeños agricultores. Se integran en forma horizontal, mediante órganos intercomunales y en forma vertical, mediante federaciones y confederaciones.
No obstante los graves problemas que las aquejan las comunidades constituyen en la actualidad las organizaciones productivas más importantes en ciertas regiones (tribus y comunidades indígenas andinas, de la cuenca amazónica y de Centroamérica). Los aymarás en Bolivia, los distintos grupos de mayas de Guatemala, el ejido mexicano, la organización Ameridian de los quechuas en Perú, confirman el hecho de que el pobre puede ser partícipe en el desarrollo.
Las cooperativas agrarias, especialmente las que proveen servicios a los agricultores son la forma más común de organización rural de los productores. En muchos países son las organizaciones de la población rural con mayor nivel de penetración local que demuestran alta efectividad en la promoción del progreso socioeconómico de las comunidades rurales y en la protección de los intereses de los pequeños productores de la Región. Permiten a sus miembros economías de escala en el acceso a los recursos financieros, proporcionan un medio institucional para integrar a los pequeños agricultores en la economía nacional. Además, permiten el intercambio creciente de bienes y servicios entre los sectores tradicionales y otros subsectores de la economía y contribuyen a que sus miembros se beneficien con la transferencia de tecnología. En su forma ideal las cooperativas se adaptan a numerosas actividades económicas y resultan especialmente idóneas para proporcionar servicios financieros a las comunidades rurales al operar a nivel de base, entre personas que se conocen bien, requisito fundamental para tener confianza. Con frecuencia suelen ser las únicas instituciones financieras (u organismos formales) en el área rural suplementando las fuentes tradicionales, informales de crédito (13).
Factores importantes para el éxito de las cooperativas son, entre otros, el desarrollo institucional “de abajo hacia arriba”, la capacitación a todos los niveles, la confianza en la mobilización de ahorros, el seguimiento y la auditoría.
Existe en la región gran número de cooperativas agrarias, de crédito y pesca (más de 23.000 al servicio de 10.3 millones de miembros según cifras de COPAC en 1987). Cabe señalar que las mujeres constituyen una proporción muy pequeña del número total de miembros de las cooperativas agrarias.
En Brasil las cooperativas comercializan el 83% del trigo y el 68% de la leche producida en el país; en Colombia las cooperativas de pequeños agricultores comercializaron el 35% de la leche fresca y el 6% de las exportaciones totales de café (32). En Chile la Confederación de Cooperativas Campesinas (CAMPOCOOP) unificó al movimiento cooperativo. En Ecuador de las 1750 cooperativas registradas más del 50% están en la Costa (39).
En cuanto a la estructura administrativa de las cooperativas agrícolas, se ha avanzado mucho en la descentralización disminuyendo la participación de los gobiernos. Con respecto a las organizaciones de segundo y tercer grado, existen en Costa Rica la Federación de Cooperativas de Producción Agraria y Servicios Múltiples R.L. (FECOPA) y la Federación Nacional de Cooperativas de Mercadeo Agropecuario R.L. (FEDEAGRO); en El Salvador la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador (COACES) y en Guatemala la Federación de Cooperativas Agrarias (FEDECOAG) y la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas (CONFECOOP) que agrupa a diez federaciones (30).
1.3.1. Ejidos
1.3.2. Organizaciones campesinas productivas creadas por la reforma agraria
La reforma agraria de México de 1910 dejó un legado organizativo complejo, cuyas estructuras participatorias, ejidos, permanecen. Los ejidos son instituciones políticas y económicas a las que el gobierno cede derechos a las tierras mientras mantiene un papel tutelar. Tienen carácter corporativo, sus decisiones se toman en asamblea de miembros, que son democráticas pero tienen la supervisión del Gobierno que con frecuencia interviene.
En la práctica la mayoría de los ejidos depende del equilibrio de poderes entre las fuerzas internas y externas a ellos, de las élites políticas y económicas. Los ejidos pueden formar uniones regionales para colaborar en programas de desarrollo agrario. En la práctica la mayoría de las uniones de ejidos fueron creadas por órdenes del Gobierno o reglamentos del partido, convirtiéndose en instrumentos de la burocracia estatal.
Sin embargo, la Unión de Ejidos “Lázaro Cárdenas” (UELC) representa una nuevo tipo de organización de productores regionales mexicanos. Reúne 15 comunidades de reforma agraria en el Sur de Nazarit, representando a casi la mitad de los campesinos de esa zona. Tiene más de 4500 familias, cerca de la mitad indígenas. La mayoría son productores de subsistencia que cultivan maíz y algunos otros cultivos comerciales. La UELC jugó un papel importante en la formación de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales de Campesinos Autónomos (UNORCA), que reunió en una red nacional a productores de maíz (mestizos), comunidades (pobres) e indígenas, bajo liderazgo de estos últimos y con poder para apoyar a las agencias de desarrollo rural del Gobierno.
La inclusión de líderes comunitarios y promotores del Programa de Inversión de Desarrollo Rural (PIDER) en el movimiento de oposición al Gobierno en 1976 llevó a la UELC a convertirse en una fuerza política regional. Pero al faltarle líderes a nivel de asamblea de ejidos (en decir en las bases) resultó vulnerable, sin independencia y sin autoridad frente a la habilidad del Gobierno para dividir. Se reforzó así el control oficial sobre la UELC no participando con las bases en el diseño y ejecución de los proyectos de desarrollo (por ejemplo en la distribución de alimentos).
La Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles de Somora de Joaquín y Mayo (CECVJM) formó una oposición organizada con las comunidades reagrupadas constituyendo un ejemplo de manejo campesino en la distribución de alimentos. Los líderes ganaron el grado perdido, y se revitalizaron los esfuerzos de desarrollo económico de la UELC. El liderazgo paralelo que surgió fue capaz de usar el Consejo Alimentario (contraparte política paralela clave) como oficina desde donde se confrontaba a la autoridad federal para revitalizar los proyectos de desarrollo económico autónomo de la UELC. Se creó así un colectivo campesino de identidad en la región con un nuevo nivel comunitario de participación desde abajo. Fue un grupo paralelo regional, formado por representantes de la aldea y se convirtió en oficial para reabrir el espacio político de la UELC.
La UELC creó otros grupos y organizaciones nacionales tradicionales con una estructura piramidal y liderazgo centralizado. En 1985 lanzó un programa de viviendas comunitarias rurales con préstamos del Gobierno decidiendo las asambleas de ejidos sobre los beneficiarios. Fue importante el sistema descentralizado en la toma de decisiones (47).
En 1991 se dispuso un plan de privatización de los ejidos con el fin de reducir las fragmentaciones de tierras declarando como prioritario la productividad y no la distribución. En virtud de la enmienda constitucional de 1992 se permite rentar, vender o hipotecar libremente las tierras de los ejidos. La reforma implantada estimula la asociación de ejidos con industrias nacionales o extranjeras dispuestas a aportar capitales que permitan el aumento de la producción.
Estas organizaciones reciben diferentes nombres según los países pero tienen en común una estructura administrativa de tipo cooperativo sustentándose en los principios de participación democrática y trabajo comunitario. Pero en la práctica, su poder de negociación es escaso, carecen de infraestructura y de servicios de apoyo. En general, salvo los casos de Cuba y Nicaragua, estas organizaciones, cuando se vieron privadas del apoyo estatal no pudieron consolidarse como entes autónomos y estables.
En Colombia la reforma agraria formó empresas comunitarias y grupos comunitarios con la propiedad asociativa de la tierra y la explotación en común. En Chile, de 1973 a 1987 coexistieron diferentes tipos de organizaciones productivas con participación del campesinado, entre ellas las cooperativas de la reforma agraria y las sociedades de cooperación agrícola (SOCAS). Las primeras, a pesar de contar con títulos definitivos de propiedad, decayeron por el interés de los socios en tener parcelas individuales. Las SOCAS fueron promovidas por el Gobierno y constituyen asociaciones de productores que administran bienes comunes de los predios del sector reformado luego de la asignación individual de tierras.
Las reformas agrarias de Ecuador. El Salvador y Honduras crearon cooperativas. En Honduras la reforma agraria estableció, además, asentamientos (con la propiedad estatal de la tierra) y empresas asociativas (siendo la tierra propiedad de las asociaciones). La reforma agraria de Nicaragua en 1981 creó cooperativas de producción en tierras abandonadas o subutilizadas, existiendo asimismo la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria (FECORAH). En Panamá la reforma agraria estableció asentamientos campesinos (propiedad estatal de la tierra) y Juntas Agrarias (propiedad asociativa de la tierra).
En Perú, a partir de la reforma agraria de 1969 se formaron “empresas asociativas” (cooperativas agrarias de producción (CAPs), sociedades agrícolas de interés social (SAIS) y empresas rurales de propiedad social (ERPS)) como formas participativas impulsadas por el Gobierno. La baja productividad y el bajo rendimiento del trabajo demostraron no garantizar la racionalidad capitalista en la explotación agrícola. Pero se promovió la participación de los trabajadores socios en la gestión de las empresas y fuera de ellas (a través de sindicatos, ligas agrarias, por ejemplo la creación de la Confederación Nacional Agraria (CNA)). En la década de los 80, en un proceso de liberalización del agro, se produce la parcelación agraria de las empresas asociativas. El “cambio de modelo empresarial” condujo al sistema de Cooperativas Agrarias de Usuarios (CAUs), régimen en el cual los productores socios parceleros conducían directamente sus parcelas pero sin beneficiarse con créditos ante la banca privada debido a que las tierras no eran hipotecables. Las leyes de 1991 autorizan la compra, hipoteca y alquiler de los bienes fijando ciertos límites de superficie, que varían si la tierra es de riego o de temporal y si está en el litoral costeño, en las montañas o en las zonas bajas de la selva.
La reforma agraria en la República Dominicana estableció asentamientos colectivos (con la propiedad estatal de la tierra) y asentamientos asociativos (con la propiedad asociativa de la tierra) (42).
Los campesinos y asalariados agrícolas (estos últimos comprenden cerca del 30% de la población rural de América Latina, es decir casi 40 millones de personas) (39), en general no han recibido estímulos para sindicalizarse. No obstante, pueden mencionarse ejemplos de sindicalización en algunos países.
En Bolivia, donde hay una gran dispersión de campesinos en todo el país, desde 1979 existe la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Un ejemplo de sindicalización en avance se da en Brasil, con la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG) que cuenta con más de 2000 sindicatos y cerca de 9 millones de socios incorporando a partir 1984 a los trabajadores estacionales (39).
Los sindicatos de trabajadores agrícolas de Costa Rica están afiliados a la Federación de Sindicatos Agrarios Nacionales (FESIAN), a la Federación Nacional Campesina (FENAC) y a la Unión de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL).
En Chile en 1980 la Iglesia y algunas ONG's promovieron asociaciones gremiales campesinas y sindicatos de trabajadores independientes que agremian temporeros, pequeños propietarios, arrendatarios y medieros cumpliendo gran amplitud de funciones con flexibilidad y adaptación a las metas de sus miembros. La Comisión Nacional Campesina reúne las más importantes confederaciones campesinas. Existen también asociaciones regionales y federaciones de asociaciones gremiales.
En Ecuador las Asociaciones de Trabajadores Agrarios se reúnen en las uniones de organizaciones campesinas, con participación provincial, regional e incluso nacional. Forman parte de estas uniones las comunas y cooperativas. Hay unas 20 uniones que representan aproximadamente 218 organizaciones de base (39).
El Salvador cuenta con la Central Campesina Salvadoreña (CCS) y la Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de El Salvador (ATACES). En Guatemala se destacan el Movimiento Campesino Independiente (MCI), la Central Nacional Campesina (CNC), el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izábal, la Unión Nacional Autónoma de Campesinos (UNAC), el Comité de Unión Sindical (CUS), la Federación Autónoma Sindical (FASGUA) y la Central de Trabajadores Federados (CTF) (30).
En Honduras la Unión Nacional de Campesinos (UNC) y la Confederación Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) nuclea ligas de campesinos y comunidades agrarias. Además existen, entre otros, el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula (SITRACOAGS), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Standard Fruit Company (SUTRAGFCO), el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Corporación Nacional de Desarrollo Forestal (SITRECOHDEFOR) y el Sindicato de Trabajadores derivados de la madera S.A. (SITRADERI-MASA), afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras (FISITRANH) (30).
La Confederación Nacional Campesina (CNC) de México, que data de 1935, pudo incorporar en 1970 a los trabajadores temporeros, luego de una intensa mobilización de trabajadores agrícolas del norte del país (39).
En Nicaragua la Unión Nacional de Agricultores y Campesinos (UNACG) impulsó formas de organización productiva, como el Proyecto Tiendas Campesinas que con grupos de ONG's logró establecer 183 tiendas entre pequeños y medianos productores. Pueden citarse además la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), la Unión Nacional de Campesinos (UNC) que forma parte de la Confederación General de Trabajadores (CGT) (30).
En Paraguay las Ligas Agrarias Cristianas han dado origen en 1980 al Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y en 1986 a la Organización Nacional Campesina (ONAC) que actúan en defensa de los intereses gremiales y derechos del campesinado, efectuando movilizaciones y reclamos de acceso a la tierra. En 1986 nacen la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA) y la Unión Nacional Campesina Oñondivepa, integradas - como la ONAC - por comités de agricultores y comisiones vecinales. A su vez la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) nuclea al MCP y a CONAPA. Existen además en Paraguay organizaciones regionales que abarcan unidades departamentales y coordinan las acciones de comités locales.
En Perú los gremios representativos de las empresas asociativas nacidas de la reforma agraria realizaron en 1974 el I Congreso Nacional Agrario (CNA) que agregó en su estructura como áreas económico-producticas, los comités de productores (81 en total) garantizando así una sólida participación de los agricultores, siendo disuelto en 1975 al desmontarse la reforma agraria. La participación de las organizaciones y gremios agrarios en el período 1980-85 se dirigió a la defensa de la reforma agraria realizando en 1983 el I Congreso Unitario Nacional Agrario (CUNA) con la participación de 39 organizaciones agrarias. Las sucesivas políticas de concertación del Gobierno con las organizaciones agrarias estuvieron acompañadas de inclusiones y exclusiones de las organizaciones y gremios de campesinos y productores agrarios. La concertación campesina viene dando pasos importantes mediante la propuesta de concertación desde las bases. Son hitos de este proceso, entre otros: la creación en 1981 del Frente Unico de Defensa de la Autogestión (FUDA), integrado por varios gremios y comunidades nativas y al año siguiente la creación del Frente Unitario de Defensa del Agro Nacional (FUDAN), que buscaron armar bloque ante la administración estatal para participar y democratizar las decisiones del Gobierno. Además, se destacan el Sindicato Unico de Trabajadores del Sector Agrario (SUTSA), la Asociación Nacional de Parceleros (ANAPA), la Federación Nacional de Campesinos del Perú (FENCAP), la Federación de Trabajadores del Azúcar y la Confederación de Campesinos del Perú (CCP). La Coordinadora Nacional Campesina y Nativa (CNCN) está llamada a ser una instancia de convocatoria alrededor de intereses y objetivos comunes que fortalezcan la capacidad de interlocución campesina nacional ante otros gremios representativos e instituciones gubernamentales (8).
La 6a. Consulta Gubernamental sobre las Actividades Complementarias de la CMRADR, efectuada en Cochabamba en 1991, destacó la importancia de los sindicatos en la defensa de los intereses vitales de los trabajadores (31) (derecho a libre asociación y afiliación) y en la toma de decisiones sobre la población rural.
Como se señaló en el Plan de Acción para la Nutrición, las mujeres y las organizaciones femeninas son a menudo muy eficaces, eficientes y fundamentales para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares (26).
La participación plena de las mujeres en las organizaciones campesinas de América Latina es limitada. En particular donde existen normas que tienden a reflejar enfoques masculinos que las excluyen a ser aceptadas como miembros de cooperativas, o por no poseer títulos sobre la tierra, etc. Son también obstáculos para la organización de las mujeres la estructura centralizada, la falta de capacitación y de recursos.
No obstante, se advierte progresivamente mayor conciencia e interés de las campesinas por organizarse habiendo surgido en los últimos años varias agrupaciones de mujeres rurales, por ejemplo en Bolivia, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas. En Brasil aumentó en la última década la participación femenina rural en sindicatos y movimientos populares de los “sem terra”. Las campesinas indígenas de Colombia se agrupan en la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas (ANMUCIC). En Cuba se han realizado acciones encaminadas a la integración de las mujeres en cooperativas habiendo aumentado su participación al establecerse servicios sociales a nivel de aldea. En Ecuador existe la Unión Popular de Mujeres de Loja.
La movilización campesina en Honduras en los años 70 consolidó dos organizaciones de mujeres rurales, especialmente en el sector reformado: la Federación de Mujeres del Campo (FEMUC) y la Secretaría de la Mujer de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH). Ambas cuentan con una membresía de organizaciones de base en todo el país. En el proyecto sobre “Fortalecimiento de la capacitación campesina en aspectos de agroforestación y medio ambiente” se destaca el grupo femenino “El esfuerzo”, incorporándose por primera vez la mujer a un proyecto individual.
En México los ejidos excluyen a las mujeres de los derechos a la tierra excepto las viudas y algunas madres solteras. A pesar de que las campesinas fueron las actoras principales en la economía informal, les faltó experiencia organizativa. Las Unidades Agro Industriales para las Mujeres (UAIM's) tuvieron por objetivo incorporar en la actividad económica del ejido a las mujeres mayores de 16 años sin dotación de tierras. Para ello deben solicitar la tierra en un grupo de 15 como mínimo para trabajarla colectivamente. Las UAIM's teóricamente deberían tener representación en la asamblea de ejidos, pero en la práctica se politizaron y en su mayoría no funcionan.
En Nicaragua entre 1972 y 1980 se crearon 43 cooperativas agrícolas o de venta al por menor/manufacturas, con una afiliación femenina de entre el 50 y el 80% y se crearon 15 cooperativas de comercialización con un 90% de afiliación femenina (41). La Reforma Agraria de 1981 es la primera en la Región que reconoce explícitamente a las mujeres como beneficiarias de la reforma agraria. Durante el decenio pasado se apoyó la participación y organización de las mujeres surgiendo la Asociación de Mujeres Nicaragüenses “Luiza Amanda Espinoza” (AMLAE) y la Asociación de Trabajadoras del Campo (ATC), pero los problemas sociopolíticos de los últimos años las afectaron decreciendo el números de afiliadas.
Las mujeres rurales del Perú han participado desde principios del siglo activamente en los movimientos campesinos y apoyaron los sindicatos agrícolas, pero a pesar de ello las relaciones patriarcales deficultan su participación.
En República Dominicana la ONG Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE) que nació en 1980, trabaja con 257 asociaciones de mujeres campesinas con más de 6000 socias. Son sus objetivos, entre otros, la integración y fortalecimiento de asociaciones de mujeres mediante programas, como el de capacitación. En sus relaciones con el Gobierno ha formalizado acuerdos de cooperación técnica y financiera con la Secretaría de Estado de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano, el Banco Agrícola, entre otros organismos.
La 6a. Consulta Gubernamental se refirió a la importancia de diseñar metodologías participatorias que tomen en consideración a las mujeres rurales. Asimismo señaló la necesidad de estimular la creación de organizaciones de mujeres, fortalecer las existentes mediante la capacitación de dirigentes y fomentar el surgimiento de nuevos líderes.
Existen otras forma organizativas locales muy difundidas en la Región, como las Juntas de Vecinos y los Centros de Madres de Chile. En muchos países hay clubes de ahorro, asociaciones de pequeños agricultores para la gestión de los recursos hídricos y grupos de jóvenes con un ámbito local restringido y en general apoyadas por instituciones religiosas para la defensa y promoción de sus valores culturales y la capacitación.
Los comités comunales de Guatemala son la forma principal de organización local careciendo, en general de personalidad jurídica, pero con gran poder de convocatoria al haber sido creados por los mismos pobladores.
En Perú los estudios de evaluación de impacto encontraron en un proyecto sobre riego en San Lorenzo que después de cinco años de finalizado el mismo, la consecuencia más importante había sido el establecimiento de fuentes de organización de agricultores, especialmente asociaciones de usuarios de agua que asumieron la responsabilidad de la asignación del recurso y del mantenimiento de canales. Los beneficiarios bien organizados estuvieron capacitados para hacerse cargo del manejo de las actividades del proyecto (7).
