Se resumen a continuación las enseñanzas de la experiencia europea que ofrecen mayor interés para enriquecer las políticas de desarrollo rural en América Latina.
¿Qué valor puede tener para América Latina el modelo europeo de políticas de desarrollo agrario y rural? No hay una respuesta única a esta pregunta, pues algunos aspectos del modelo pueden ser de gran utilidad y otros de muy poca.
Es evidente, por ejemplo, que el primer pilar de la PAC es de escasa o nula utilidad para América Latina. En primer lugar, los objetivos que guiaron las políticas de intervención de mercados - la creación de un mercado agrícola único y la equiparación de los ingresos de los agricultores a los de otros sectores - no son proponibles hoy en América Latina. Además, la capacidad económica que esta política supone por parte de los países que la aplican no existe en América Latina. Por último, los procesos de liberalización y los compromisos adquiridos en el marco de la OMC y los tratados subregionales la hacen inviable. Los países de la América Latina pueden aplicar - y de hecho aplican - medidas de protección a productos específicos, pero con objetivos particulares, en forma limitada y muchas veces transitoria. Lo que es impensable es que apliquen una política de sostén a los ingresos de los agricultores de las dimensiones y del tipo que la UE ha venido utilizando y que además está progresivamente reduciendo y corrigiendo. En efecto, tal como lo han constatado los países europeos en su evaluación de fines de los años 80, una enseñanza importante a extraer es que la sola modernización agraria no alcanza para desarrollar sosteniblemente el medio rural y determina la necesidad de realizar cuantiosas transferencias públicas en favor de un grupo relativamente reducido de agricultores. Esta conclusión parece ser igualmente válida para otras economías avanzadas[30].
En cambio, las nuevas políticas rurales del segundo pilar pueden ser de interés en América Latina. Las medidas estructurales orientadas a diversificar y modernizar económica, social y ambientalmente la agricultura pueden cumplir un papel importante en la región e integrarse en muchos casos a las políticas sectoriales en curso. Su aplicación concreta debe seguramente ser distinta de la europea (probablemente más diferenciada, flexible, focalizada hacia las pequeñas y medianas explotaciones, y usada en escala más modesta), pero los países latinoamericanos pueden encontrar inspiración en el diseño y las normas de las distintas medidas aplicadas por la Unión Europea en este campo, especialmente las referidas a las prácticas agro-ambientales.
Pero, a esa medidas de modernización sectorial habrá que incorporar crecientemente políticas de diversificación multisectorial y de mejoramiento de la infraestructura y servicios que favorezcan al conjunto de la población rural y no sólo a la agraria. La lógica de estas medidas no puede ser otra que la territorial, pues deben ser concebidas y ejecutadas descentralizadamente y con gran participación de los actores involucrados. Para hacer más competitivos los territorios rurales y responder a nuevas demandas de la sociedad habrá que diversificar las actividades económicas, vincular al medio rural con los pueblos y pequeñas ciudades del territorio, aumentar los lazos de las zonas rurales con el exterior, y en definitiva estimular la creación de empleo e ingresos rurales y la calidad de la vida rural. Se trataría entonces de generar procesos integrados de desarrollo económico, con repercusiones positivas para la seguridad alimentaria y la pobreza, tanto rural como urbana[31]. En la experiencia europea (LEADER y otros programas rurales y regionales) estas políticas han logrado muy buenos resultados empleando recursos financieros relativamente modestos.
La utilización de políticas territoriales y multisectoriales en América Latina debe tener en cuenta al menos tres consideraciones. Primero, siendo uno de sus propósitos el de aumentar el capital social y las capacidades locales, sus resultados requieren períodos relativamente largos, por lo cual habrá que manejar estas políticas y programas con una perspectiva de mediano y largo plazo. Segundo, en parte por esas mismas razones, se trata evidentemente de un enfoque relativamente costoso en términos de los recursos y la capacidad institucional necesarios para formularlas y ejecutarlas. Tercero, las nuevas políticas territoriales y las de tipo sectorial tradicional tendrán funciones diferentes pero complementarias, lo que determina la necesidad de definir sus respectivas competencias, organismos responsables y mecanismos de coordinación o integración. Dependiendo de los países, instituciones tales como los ministerios de economía, planificación, desarrollo regional o desarrollo rural, tanto en el ámbito central como particularmente de los gobiernos regionales y locales, parecen destinados a tener una importante participación en la administración de la política territorial rural.
Los fondos estructurales y el principio de cohesión en el que se asientan pueden ser también aspectos de interés para América Latina. Como indicamos, la construcción de un mercado único europeo ha ido acompañada de un principio de cohesión entre los territorios más ricos y los más pobres de la Unión. En la práctica esto se traduce en una importante transferencia de recursos para favorecer la modernización y el cambio estructural de sus regiones atrasadas. Este ha sido seguramente uno de los elementos que han favorecido el éxito de la UE y es un excelente tema de reflexión para los gobiernos de América Latina en este período en que se discute la construcción de un mercado regional único.
Están finalmente las normas de utilización de los fondos estructurales, que también podrían ser de utilidad para fondos similares eventualmente creados en la región en el futuro. Lo son también para la operación de fondos de inversión social (para el desarrollo rural, el desarrollo regional o la lucha contra la pobreza) que existen ya hoy en día en América Latina. No se trata ciertamente de copiar tal cual las normas europeas, sino de aplicar el método. De hecho, muchos de los fondos de inversión social que funcionan en América Latina tienen normas similares a las de los fondos estructurales. Hay en estos, sin embargo, dos aspectos que pueden ser de interés.
El primero es la entrega de apoyos públicos a individuos y entidades privados dentro de límites establecidos de antemano y para proyectos o actividades tipificados como elegibles. Es frecuente en el subcontinente americano la entrega de subsidios tipo matching grants a grupos o asociaciones de agricultores o pobladores pobres, por ejemplo en el marco de fondos de inversión social, pero raramente a individuos o a pequeñas empresas para que realicen inversiones en proyectos productivos, por ejemplo para establecer o ampliar un agroturismo, una empresa local de calzado o una planta de fabricación de quesos. La principal excepción son los incentivos para la modernización de explotaciones agrarias, como los que existen, por ejemplo, en México dentro de la “Alianza para el Campo” o en Colombia dentro del “Programa de Incentivos a la Capitalización Rural (ICR)”. Fuera de la producción primaria, son raros los programas que admiten incentivos para individuos o empresas, posibles en cambio dentro de los fondos estructurales europeos. El examen de las ventajas e inconvenientes de este tipo de subsidios a partir de la experiencia europea puede ser útil en América Latina. Estos programas son especialmente atractivos para fomentar el desarrollo productivo y la creación de empleo, aumentar la probabilidad de sostenibilidad de las inversiones y movilizar recursos privados, pues requieren que una parte significativa de la inversión sea aportada por el individuo o la empresa beneficiarios. De otro lado, los destinatarios no son los sectores rurales más pobres aun cuando su efecto en la dinamización de la economía local pueda tener un importante impacto en reducir la pobreza. Nuevamente, los programas LEADER y los Pactos territoriales ofrecen ejemplos concretos de aplicación de estos tipos de incentivos.
El segundo aspecto es el de la programación. En el contexto latinoamericano ha sido frecuente contraponer la planificación “desde arriba” a los programas basados en fondos para financiar inversiones “a la demanda”, como si se tratase de alternativas polares y excluyentes. Esta contraposición no ayuda a diseñar programas eficaces de desarrollo rural, especialmente en aspectos productivos. Lo que se necesita es un sistema de programación “desde abajo” y participativo, que defina las orientaciones estratégicas locales e identifique las necesidades y opciones de inversión específicas, en el marco de un conjunto de normas definidas “desde arriba”, que establezcan prioridades generales para el uso de los recursos y racionalicen el empleo de éstos en función de criterios de eficiencia y equidad. Esto es lo que la norma de programación de los fondos estructurales europeos persigue.
Si bien la experiencia de los países de la UE en programación regional y local es relativamente reciente y todavía no está consolidada, comienza a ofrecer enseñanzas de interés en los planos metodológico e institucional. La planificación territorial sirve para coordinar entre sí las iniciativas de los grupos territoriales locales e integrarlas con aquellas que por su naturaleza corresponden a instancias superiores, ya sea de los gobiernos regionales, nacionales o de la UE (v.g. grandes infraestructuras, prioridades regionales, sectoriales e intersectoriales, etc.). Los programas operativos regionales y de desarrollo rural (POR y PDR), lo mismo que los planes comarcales, son instrumentos relativamente sencillos, formulados y ejecutados dentro de un intenso proceso de participación y concertación, todo lo cual facilita el funcionamiento de los partenariados horizontales y verticales. Instrumentos de ese tipo pueden ser de utilidad en América Latina, donde la privatización de la economía, la descentralización político-administrativa y la asunción de nuevas responsabilidades por la sociedad civil rural son cada vez más importantes.
La descentralización de responsabilidades y recursos desde los gobiernos centrales hacia instituciones públicas regionales, provinciales y municipales, lo mismo que hacia organizaciones mixtas, privadas y de la sociedad civil, ha avanzado considerablemente en los países de la UE en los últimos 20 años. De hecho, se han venido creando nuevas institucionalidades regionales y locales que manejan buena parte de las decisiones de inversión y los recursos asignados a los programas y proyectos de desarrollo rural y local, tanto los vinculados al Segundo Pilar de la PAC como al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La descentralización contribuye a aumentar la competitividad de territorios específicos, movilizando los recursos y las capacidades locales. Contribuye también a que los servicios públicos respondan más directamente a las preferencias de la población, sean prestados con mayor eficiencia y transparencia, y mejore la rendición de cuentas a los usuarios[32].
La descentralización también se está generalizando en América Latina, apoyada en parte por las reformas estructurales impulsadas por las instituciones internacionales. Hasta ahora, los resultados son en general positivos, pero se han presentado también dificultades, entre otras razones, debido a que a veces se han descentralizado funciones o servicios que corresponden al gobierno central o al regional, o no se han mantenido a niveles superiores funciones de orientación, programación, seguimiento y evaluación del proceso. En otros casos, los agentes regionales o locales no tenían la capacidad técnica para cumplir las nuevas funciones o han producido “alianzas colusivas” o dominadas por grupos que han distorsionado la programación o la ejecución. Finalmente, en ciertas ocasiones, las inversiones o servicios se han diluido y resultado demasiado pequeñas para generar externalidades o procesos acumulativos virtuosos, o se han generado excesos de oferta y competencia exagerada entre zonas, dando lugar a cierto crowding out[33].
La difusión de la experiencia europea puede ayudar a evitar dichos problemas y limitaciones de una descentralización desequilibrada o naïve, de modo de potenciar sus reconocidas ventajas.
Por un lado, las nuevas políticas y programas europeos tienden a crear partenariados verticales con el propósito de manejar los trade-off existentes entre los distintos ámbitos de decisión. Los niveles superiores (CE, gobiernos nacionales) mantienen las responsabilidades de determinar los objetivos y las políticas generales, repartir los recursos entre los grandes ejes del desarrollo, establecer las reglas del juego (sistemas de evaluación, seguimiento, incentivos a territorios específicos, premios a programas o grupos locales que alcancen mejores resultados, etc.), y asumir la responsabilidad agregada de las políticas y los programas. En el otro extremo, los municipios o alianzas locales (grupos de acción local, grupos de los pactos territoriales, etc.) se encargan de establecer los objetivos y ejes prioritarios del desarrollo local, distribuir los recursos entre ellos, seleccionar los proyectos, vigilar su ejecución y realizar el seguimiento operativo. En el medio, las regiones definen objetivos, seleccionan grandes proyectos con externalidades que van más allá del ámbito local, establecen prioridades interterritoriales que eviten excesos o defectos de inversiones locales, y fomentan el funcionamiento de redes regionales[34].
En resumen, la descentralización ocurre dentro de un partenariado vertical que mantiene en la instancia inmediata superior la capacidad de establecer objetivos, lineamientos, prioridades y controles, con el propósito fundamental de aumentar la eficacia de las acciones e inversiones locales y evitar las incoherencias, duplicaciones y otros peligros de un enfoque puramente descentralizado. De este modo, y considerando también el trabajo en red, el proceso permite sobrepasar la lógica simple y unilateral de la valorización de lo endógeno local y contribuye a incorporar tecnologías, inversiones y capacidades empresariales exógenas necesarias para aumentar la competitividad global de los territorios[35].
Además, la descentralización tiene lugar simultáneamente a la organización o consolidación de partenariados horizontales público-privados, como consecuencia de lo cual nuevos actores, sinergias entre agentes y recursos financieros se incorporan al desarrollo local y, tal como se ha visto en el caso de los programas LEADER, PRODER y los Pactos Territoriales, se refuerza el capital social, especialmente en zonas atrasadas. Con los debidos cuidados, los partenariados locales ayudan a evitar los problemas del clientelismo, “alianzas colusivas” o búsqueda de rentas de posición más arriba mencionados.
Una evaluación de los resultados de numerosas experiencias de desarrollo local organizado ha permitido a la UE concluir que: “Una buena aplicación del principio de subsidiariedad supone la movilización de iniciativas locales que engloben al conjunto de los actores..., a los efectos de tener en cuenta la dimensión global del desarrollo local. El desarrollo local asegura una mejor eficacia del financiamiento público, gracias a una mejor gestión de los proyectos locales... El lugar creciente de las inversiones inmateriales y de los recursos humanos en el desarrollo económico subraya la importancia de apoyarse sobre la ‘componente’ organizacional del desarrollo local... Finalmente, el desarrollo local favorece una redistribución más equitativa de la riqueza, ya que busca satisfacer las necesidades de las diferentes categorías sociales e... incorporar a todos los territorios.” [36]
La experiencia europea también muestra la conveniencia de que en América Latina las políticas y los programas de desarrollo rural privilegien la diversificación de las actividades productivas lo mismo que las sinergias multisectoriales y los encadenamientos entre actividades productivas y no productivas especialmente estudiados y diseñados para territorios específicos. Teniendo en cuenta el menor grado de desarrollo económico, la estructura de la demanda interna y externa, y la vocación de los recursos locales, la especialización agrícola-ganadera predominará todavía en muchas zonas de América Latina y el Caribe. Su crecimiento estará asociado en buena medida a “economías de escala” sectoriales, a las cuales los pequeños y medianos productores podrán acceder a través de sus organizaciones comunitarias, cooperativas y otros tipos de asociación. Aún así, como se argumentó anteriormente, la diversificación económica de las áreas rurales es fundamental. El desarrollo rural descansará crecientemente en las “economías de diversificación”, asociadas al mejoramiento de la comercialización, la valorización de los productos locales, la instalación de pequeñas y medianas industrias y agroindustrias, el fomento del artesanado local, la promoción del turismo rural y, en general, de otros productos y servicios asociados al aprovechamiento y la preservación de las peculiaridades de cada territorio.
En breve, se trata de opciones locales de tres tipos: actividades comerciales y agroindustriales que aumenten el valor añadido de productos y servicios tradicionales; nuevos bienes y servicios desarrollados con base en recursos anteriormente inutilizados (incluyendo productos, técnicas y tradiciones abandonadas), y el aprovechamiento de sinergias horizontales que aumentan el valor agregado de los diversos sectores involucrados (agricultura, agroindustrias, artesanías, turismo, etc.).
La identificación y el aprovechamiento de estas opciones requieren programas que integren los agentes, las ideas de proyectos, los recursos y los sectores presentes en el territorio, de modo que el plan local incluya acciones e inversiones concebidas dentro de una estrategia global. En América Latina, la multiactividad es ya bastante común, sobre todo en las familias propietarias de pequeñas y medianas explotaciones rurales, lo cual tiende a facilitar el enfoque multisectorial. Su dinamización e integración a los circuitos económicos modernos requerirá de todos modos considerables inversiones materiales y capital social.
Las ayudas públicas de distinto origen han sido un factor importante para la creación de grupos e iniciación de programas locales en casi todos los países de la Unión Europea. Hasta ahora, sin embargo, la UE ha invertido pocos recursos en estos programas. Así, el programa LEADER Plus recibirá sólo 2.020 millones de euros para el periodo 2000-2006 para toda el área comunitaria, o sea alrededor de 336 millones por año. Esta escala de recursos es perfectamente compatible con la situación financiera de América Latina, siendo en realidad bastante inferior a lo que se gasta en programas equivalentes de desarrollo rural en el subcontinente.
El cofinanciamiento de los proyectos y el manejo local de los recursos presentan aspectos de interés. El cofinanciamiento mediante fondos públicos de los gobiernos central, regional y local, complementa los fondos propios de los beneficiarios y los préstamos que puedan obtener. Esto contribuye a reforzar la descentralización, consolidar los grupos locales y establecer las relaciones y los controles verticales ya mencionados. Por su parte, el manejo descentralizado de los fondos públicos otorga la oportunidad a los grupos locales (individual o colectivamente a través de sus redes regionales) de obtener condiciones privilegiadas de las instituciones financieras y desempeñar un papel de interfaz entre éstas y los pequeños y medianos empresarios[37]. También se pueden establecer fondos de garantía para facilitar la obtención de préstamos por parte de los participantes en el programa, y apoyar (o crear) asociaciones o cooperativas financieras locales que otorguen préstamos de honor sin garantías.
La experiencia europea también ofrece numerosos ejemplos de maneras y métodos para establecer los grupos locales, organizar la ayuda técnica que necesitan y facilitar sus contactos directos o a través de la red con otras experiencias de desarrollo local en el país o en otros países.
Los programas LEADER, PRODER y Pactos Territoriales así como otros procesos endógenos como los distritos industriales y agro-alimentarios han contribuido a materializar la descentralización y el enfoque territorial, crear partenariados, favorecer concertaciones verticales y horizontales, promover la diversificación multisectorial y aprovechar las especificidades locales. El interés de estas experiencias como fuente de ideas para la América Latina parece innegable, sin perjuicio de que su utilización demande un serio trabajo de adaptación a las condiciones de cada país.
Evidentemente lo que interesa es el método más que los contenidos de estos programas, cuyas inversiones, niveles tecnológicos y de capitalización, mix productivo, etc. son menos transferibles al medio rural latinoamericano.
En particular, los LEADER, PRODER y programas similares parecen ofrecer un método eficiente, flexible y cost-effective, con resultados sostenibles en materia de empleo, ingresos, capacidad empresarial, efectos demostrativos en la zona, etc. Habría naturalmente que estudiar y promover una legislación e incentivos financieros adecuados (que en Europa han sido proporcionados por la UE). La creación de estructuras tipo GAL requerirá la movilización de una base social muchas veces con bajos niveles culturales y de formación, relativamente dispersa o poco habituada a la concertación. Se deberán estudiar los criterios y procedimientos para estimular la participación de la sociedad local en cierto territorio, a través de sus organizaciones gremiales, sindicales, ONG, etc.; definir el tipo de organización y la composición de los GALo sus equivalentes; formular los planes locales; establecer el grado de autonomía de los GAL para la selección de los proyectos y la asignación y el manejo de los fondos públicos, préstamos internacionales o donaciones; fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, muchas veces débiles e ineficientes en América Latina, pero muy importantes cuando se trata de administrar recursos; y socializar los beneficios del programa.
Así, por ejemplo, si bien en América Latina están aumentando los casos de identificación y utilización de “microrregiones” y de municipios y mancomunidades de municipios con fines similares a los de las comarcas que en Europa dan lugar a los LEADER, no es tan común que constituyan una unidad territorial rural dotada de cierta homogeneidad e historia y tradiciones comunes que facilitan la concertación de los actores locales. También debe ser objeto de particular atención la composición de las alianzas (grupos privados e instituciones públicas; predominio público o privado), lo mismo que del tipo de organización de los GAL(sociedades privadas sin fines de lucro, sociedades mixtas, corporaciones, etc.).
Respecto al tipo de proyectos a financiar, en muchas regiones de América Latina se debería aprovechar la metodología del LEADER para promover infraestructuras y equipamientos locales en las zonas en que son deficitarios, lo mismo que determinadas producciones agrícolas, por ejemplo, las más intensivas o innovadoras, o las que promueven la diversificación sectorial o intersectorial (en la UE estas inversiones son atendidas por otros instrumentos de la PAC)[38]. En materia de empresarios, además de los pequeños y medianos productores, se podría otorgar prioridad a las mujeres y los jóvenes, por ejemplo, fijando para ellos porcentajes más altos de financiamiento público o estableciendo fondos regionales o nacionales a los que sólo en esos casos puedan recurrir los GAL.
Los Pactos territoriales también ofrecen posibilidades de adaptación, si bien en principio más restringidas debido a la mayor dimensión de las actividades, inversiones y territorios involucrados. Los PT orientados hacia la agroindustrialización requerirán la presencia en la zona de empresas agrícolas medianas/grandes y/o pequeños agricultores asociados en cooperativas u otras asociaciones que los representen eficazmente. También habrá que contar con la existencia (o posibilidad de creación) de agroindustrias, entidades financieras, sindicatos representativos y gobiernos locales capaces de contribuir a la iniciativa. Las posibilidades de PT con predominio de industrias de base no agrícola o de artesanías o turismo, por ejemplo, dependerán de los recursos, tradiciones, especificidades y capacidades empresariales existentes en tales campos, requiriéndose también la presencia de empresas medianas/grandes o asociaciones de las más pequeñas. En estos casos, las repercusiones sobre la agricultura serán más indirectas, pero pueden ser muy importantes para el desarrollo rural del territorio.
La posibilidad de adaptar la experiencia de los Distritos Industriales o Agro-industriales también se limita a zonas en que ya ha ocurrido una cierta concentración de PYMES o en las que existan claras condiciones locales e instrumentos de política para promoverlas en el mediano y largo plazo. Estas condiciones se refieren a la presencia de capacidades artesanales, industriales, mano de obra calificada, tradiciones de cooperación, etc. en sectores con buenos mercados potenciales, internos o externos. En este caso, la intervención pública debería ser capaz de apoyar la expansión y modernización del distrito, contribuyendo al mejoramiento de los servicios tecnológicos, financieros y comerciales que acompañarán el desarrollo del mismo.
En América Latina las cooperativas de servicios no han tenido por lo general un desarrollo positivo. Si bien habría que estudiar las razones particulares en cada país, han influido muchas veces en ello el enfoque poco mercantil y la falta de utilización de gerentes y administradores profesionales. De modo que la difusión de ciertas experiencias europeas de cooperativas de servicios agrícolas (incluyendo los principios básicos, la legislación nacional y regional, los estatutos y reglamentos internos, los sistemas de organización y métodos administrativos), en particular si van asociadas a la creación de partenariados horizontales que faciliten la concertación entre los agentes locales, pueden contribuir a revitalizar en América Latina un mecanismo institucional útil para promover la producción y la equidad en el medio rural. Algunos gobiernos regionales y movimientos cooperativos (como los de la Emilia-Romaña) han indicado interés en contribuir a dicha difusión.
Del mismo modo, la experiencia institucional, administrativa y técnica acumulada por las asociaciones de regantes en países europeos (por ejemplo en España, Francia e Italia) puede ser aprovechada para acelerar los procesos de su organización y funcionamiento en diversos países de América Latina, actualmente en curso. Instituciones públicas y asociaciones de regantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ejemplo, estarían interesadas en participar en el programa de difusión.
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[30] Véase Elena
Saraceno, "Rural Development Policies and the Second Pillar of the Common
Agricultural Policy", 2002 (borrador). [31] La gran concentración de la población en pocas ciudades y las subvenciones que en ellas reciben muchas veces la industria y los servicios, dificultan en América Latina el desarrollo de sistemas rurales equilibrados que incluyan a las pequeñas ciudades y otras aglomeraciones urbanas. [32] La descentralización puede limitarse a la desconcentración y delegación de ciertas funciones o alcanzar formas más rigurosas como la devolución a gobiernos locales, la asociación con organismos de la sociedad civil o la privatización directa (Ver FAO, "Reform and decentralization of agricultural services - Apolicy framework", Roma, 2001. [33] Maximiliano. Cox, "Mejores prácticas en políticas y programas de desarrollo rural", CEPAL, Santiago Chile, 2001. [34] Sobre la experiencia italiana véase Fabrizio Barca y Guido Pellegrini, "Politiche per la competitività territoriale in Europa: note sul Programma 2000-2006 per il Mezzogiorno d'Italia", Roma, 2000. [35] Comisión Europea, "Valeur ajoutée et ingénierie du développement local", Études de développement régional No. 12, Luxemburgo, 1994. [36] Comisión Europea, op cit., pp. 8/9. [37] No es muy común que las instituciones financieras formen parte de los LEADER, salvo en España, pero es casi siempre la regla en los Pactos Territoriales, distritos industriales, etc. [38] Los GALasignarían fondos públicos a determinados proyectos de infraestructura y equipamiento local, o a proyectos productivos particulares. Las contribuciones de la iniciativa privada a las inversiones públicas (en el caso de proyectos sociales) y a las inversiones productivas en explotaciones privadas, podrían ser aportadas en términos de trabajo individual, valorándose las jornadas a precios del mercado. |
