Las políticas y las experiencias europeas de desarrollo rural pueden servir de base a reflexiones tendientes a ampliar o mejorar los esfuerzos que en tal materia realizan los gobiernos de América Latina.
Una enseñanza relevante es que las estrategias unilaterales de modernización agrícola no permiten alcanzar un desarrollo rural sostenible. En la UE, lo mismo que en otros países de economía avanzada, han determinado considerables aumentos de la producción y los ingresos de los agricultores, pero al costo de cuantiosas subvenciones y ayudas de distinto tipo que significaron casi siempre importantes distorsiones económicas en los mercados internos e internacionales. Por lo demás, a largo plazo los efectos positivos de la PAC se concentraron en grupos de agricultores y en regiones cada vez más restringidos, en tanto que los territorios con menor aptitud agrícola se debilitaban y entraban en crisis económica y demográfica. Por lo tanto, tal como ya lo han comenzado a hacer los países de la UE desde principios de la década pasada, sería aconsejable que los países de América Latina considerasen al desarrollo de los espacios rurales como parte del desarrollo económico y social general. Esto requiere la utilización de otro grupo de políticas, distintas y complementarias a las de tipo sectorial, con lógica territorial y multisectorial, destinadas al conjunto de la población rural.
Por cierto, las intervenciones en los mercados agrícolas del primer pilar de la PAC tienen poco interés, tanto por su elevado costo como por sus efectos distorsionantes y su distancia de la lógica del mercado que predomina en Latinoamérica. En cambio, las políticas estructurales, en especial aquéllas más recientes dirigidas al espacio rural en su conjunto, ofrecen considerable interés, lo mismo que programas innovadores del tipo del LEADER y los Pactos Territoriales, o conglomerados industriales y agroalimentarios en zonas rurales estimulados con apoyos públicos más limitados. Igual cosa puede decirse de intervenciones más específicas, sean de nuevo cuño como las relativas a la diversificación, la valorización de los activos locales y la preservación del medio ambiente y de las culturas autóctonas, como algunas de las más convencionales dirigidas a fortalecer el asociacionismo agrario.
A pesar de la escasez de recursos financieros, muchos países de la región podrían establecer “fondos estructurales”, alimentados con recursos públicos, privados y externos, lo mismo que marcos legales y de programación más estables que contribuyan a fortalecer tanto las políticas agrícolas y rurales de arriba abajo como la participación y concertación de los actores sociales en la programación territorial de abajo a arriba. En el marco de los procesos de descentralización y aplicación del principio de subsidiaridad en curso en América Latina, diversos tipos de programas de apoyo a inversionistas locales, principalmente privados, podrían estimular la puesta en práctica de proyectos productivos, sociales y de infraestructura.
El nuevo enfoque de desarrollo rural territorial y ascendente podría concentrarse en las regiones y zonas con predominio de pequeños y medianos productores, densidad demográfica relativamente alta y un sistema urbano-rural equilibrado. En estas condiciones, las políticas y programas innovadores europeos ofrecen ejemplos que podrían adaptarse a los efectos de crear condiciones que favorezcan sosteniblemente el desarrollo productivo rural por su capacidad de estimular la participación y concertación de los agentes, aprovechar recursos locales subutilizados, generar bienes públicos y crear economías externas o de escala. En el plano sectorial agrario, algunas de estas ventajas pueden ser reforzadas por otras instituciones más convencionales (cooperativas, asociaciones de regantes), también en lo que se relaciona con la equidad.
Las enseñanzas pertinentes de la experiencia europea están ya enriqueciendo los enfoques y metodologías que utilizan la FAO y el Banco Mundial, tanto en sus actividades normativas como de cooperación al fortalecimiento institucional y la formulación e implementación de políticas y proyectos de desarrollo e inversión rural en América Latina y el Caribe. Adicionalmente, cabría recomendar la puesta en marcha de un programa de difusión de esas enseñanzas, especialmente diseñado y financiado, que entre otros elementos podría contemplar visitas de especialistas de América Latina y el Caribe a países europeos (por ejemplo, aprovechando los recursos que al respecto incluyen muchos proyectos del Banco Mundial y el Bando Interamericano de Desarrollo), promoción del intercambio Europa/América Latina, seminarios regionales y nacionales sobre temas específicos, diseminación a través del Web, estudios aplicados sobre las mejores maneras de adaptar los enfoques y programas europeos a la región, y asistencia técnica a países en diversos aspectos de la política de desarrollo y los proyectos de inversión en el medio rural.
