I. EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS ARROCERAS

A pesar de que la producción mundial de arroz ha disminuido desde 1999, la baja demanda de importación y la gran cantidad de suministro en algunos de los principales países exportadores han mantenido los precios internacionales del arroz por debajo de su tendencia a la baja a largo plazo en los años 2000, 2001 y 2002. El entorno de depresión del mercado tuvo consecuencias en las políticas arroceras nacionales, puesto que muchos gobiernos permanecen comprometidos a estabilizar los precios internos del arroz.

Políticas de producción

El arroz es un cultivo determinante para la seguridad alimentaria y un pilar para la población rural en muchos países. Dado que sólo un volumen relativamente pequeño de la producción de arroz se comercializa a nivel internacional^[1], por lo general los niveles altos de autosuficiencia se consideran la estrategia preferida para asegurar suministros adecuados, sobre todo en aquellos países que dependen del arroz como principal alimento básico. Por consiguiente, los gobiernos han apoyado al sector mediante la investigación en materia de nuevas variedades y el suministro de riego, créditos subvencionados, insumos básicos y extensión. Además, ya que el arroz es uno de los pocos productos básicos que en general se encuentran aún sometidos a medidas de estabilización del mercado, como la compra estatal y los precios mínimos al productor, los gobiernos intervinieron de forma activa en 2001 y 2002 para evitar que los precios agrícolas continuaran deteriorándose, con lo que se limitó la transmisión de los bajos precios internacionales a los mercados internos.

Cuadro I-1: Precios de sostenimiento del arroz cáscara en determinados países

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^1/ Precio garantizado para el arroz cáscara de grano medio.
^2/ Arroz cáscara de grano largo, regiones del sur, sudeste, noreste y centro-oeste
^3/ Para la variedad Nemata y Neda
^4/ Incluida una subvención a la producción de 250 ringgits por tonelada de arroz cáscara entregada a un molino o una instalación de secado autorizados.
^5/ Sobre la base de arroz descascarillado
^6/ Precios a efectos de los préstamos de apoyo a la comercialización

Países en desarrollo

En Asia, Bangladesh ha aumentado en los dos últimos años la participación del sector privado en la producción arrocera, sobre todo en materia de riego y en la producción, importación y comercialización de semillas de arroz, incluidos híbridos. También se aprobaron normas para mitigar los efectos desfavorables de la aplicación de fertilizantes en el medio ambiente. Para la producción de arroz de secano, el Gobierno promovió el riego complementario en las zonas expuestas a la sequía, así como la obtención de variedades de alto rendimiento aptas para condiciones de secano. Los precios de sostenimiento al productor aumentaron ligeramente en 2000/01 (Cuadro I-1) y el volumen de compras de abastecimiento por parte del Gobierno se incrementó de forma considerable en los tres últimos años.

Cuadro I-2 Adquisición de arroz por parte del gobierno de Bangladesh (miles de toneladas, en equivalente de arroz elaborado)

En el marco del segundo Plan de Desarrollo Socioeconómico (SEDP-II) para el período 2001-2005, Camboya^[2] aumentó las asignaciones presupuestarias para la agricultura en un 17 por ciento en el año 2002 y se centró en la creación de infraestructura rural y de riego, con la ayuda de donantes externos. Estas medidas tendrán repercusiones sobre todo en el arroz, ya que su cultivo representa alrededor del 90 por ciento de la superficie cultivada. El Gobierno tiene previsto aumentar en unas 200 000 hectáreas la superficie de arroz de regadío.

Ante la gran cantidad de existencias acumuladas en años anteriores de cosechas abundantes, en 1999 China comenzó a reducir su apoyo al sector. En el año 2000, los precios “de protección de compra”, que fijaban el precio mínimo para las adquisiciones estatales, se eliminaron para el arroz temprano y disminuyeron ulteriormente en 2001 y 2002 para los cultivos semitardíos y tardíos. En virtud del acuerdo de adhesión a la OMC en diciembre de 2001, China aceptó una exención de minimis para la ayuda referida a productos específicos del 8,5 por ciento del valor de producción de ese producto (inferior al 10 por ciento general concedido a los países en desarrollo en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura) y perdió el derecho de excluir las subvenciones a los agricultores pobres para inversión e insumos de los compromisos de reducción de la ayuda interna. Sin embargo, el país se comprometió a mantener una elevada autosuficiencia en arroz, atribuyendo gran importancia a la creación y promoción de variedades de híbridos de alto rendimiento, centrada sobre todo en la producción de calidad.

Con la adhesión a la OMC en enero de 2002, la Provincia china de Taiwán puso de manifiesto su intención de reducir las plantaciones de arroz en un 9 por ciento en el año 2002, una medida compatible con la apertura del país a las importaciones y las nuevas restricciones en materia de utilización de las subvenciones a la exportación. Para limitar los efectos desfavorables de estas medidas en los productores de arroz, se aumentaron los presupuestos relacionados con los planes de compra garantizada y de compra orientada, que son los dos programas oficiales para compras a precios garantizados.

Aunque la India emprendió reformas agrícolas en 2001 y 2002, no tomó medidas de limitación de la producción para reducir el problema de exceso de existencias de arroz. Además, los precios de sostenimiento para el arroz aumentaron de nuevo en 2001 y 2002 (Cuadro I-1) y los niveles de compra estatal se incrementaron de 17,3 millones de toneladas en 1999/00 a 19,1 millones de toneladas en 2000/01 y a 20,9 millones de toneladas en 2001/02. No obstante, dentro de su presupuesto para 2002/03, el Gobierno anunció una reducción del 5 por ciento en las subvenciones para fertilizantes, que según informaciones habían supuesto un gasto de 129 000 millones de rupias (2 800 millones de dólares EE.UU.) en 2000/01.

Al amparo de las Directrices Nacionales de 1999-2003, Indonesia adoptó una estrategia de desarrollo agrícola centrada en un sistema de agroindustrias. Sin embargo, el país se comprometió a aumentar la producción arrocera mediante programas de intensificación y extensificación, centrados estos últimos en una expansión de los cultivos en Kalimantan y Sumatra. Se ofrecieron incentivos para el cultivo de arroz a través de un aumento del 8 por ciento en los precios de sostenimiento en 2001 (Cuadro I-1), para compensar en parte el incremento de los costos de producción relacionado con la eliminación de las subvenciones a los insumos, en concreto fertilizantes, a mediados de 2001. Los precios de sostenimiento permanecieron inalterados en 2002, pero se anunció un aumento de un 14 por ciento para el 2003.

En el marco del Plan de Desarrollo para 2001-2005, la República Islámica del Irán decidió reducir la intervención del Estado en la agricultura, a la vez que instó al sector privado a desempeñar una mayor función en la distribución de fertilizantes y plaguicidas y en la comercialización de los productos finales. No obstante, la repetida sequía en 1999-2001 hizo que el Gobierno aumentara su apoyo al sector. En consecuencia, la inversión pública en materia de aprovechamiento de las aguas e infraestructura de riego fue acelerada considerablemente y los precios de sostenimiento del arroz aumentaron en alrededor del 45 por ciento en 2001 y un 48 por ciento en 2002 (Cuadro I-1).

Ante la acumulación de una gran cantidad de existencias de arroz y la preparación de una nueva ronda de negociaciones comerciales, el Gobierno de la República de Corea dio a conocer en abril de 2002 un “Plan completo para el desarrollo de la industria arrocera” para estabilizar la oferta y la demanda de arroz a partir de 2002. El plan tiene como finalidad i) disminuir las diferencias entre la producción y el consumo, ii) mejorar la eficacia del sector, iii) estabilizar los ingresos de los productores, y iv) disminuir la intervención del Gobierno en el sector. El plan contemplaba una reducción de la superficie plantada con arroz de 166 000 hectáreas en 2002, que aumentaba a 212 000 hectáreas para el 2005. Además, se reducirán los rendimientos al hacer que los agricultores disminuyan las aplicaciones de nitrógeno. Algunas de las estrategias propuestas se aplicaron ya en el año 2001, cuando el Gobierno comenzó a impulsar una diversificación de la producción de arroz. No obstante, aumentó al mismo tiempo los precios al productor en un 4 por ciento en 2001 y los mantuvo inalterados en 2002, mientras que se redujo la compra para mantener el sosteminiento al sector arrocero y a la agricultura en general dentro de los límites máximos de la OMC. En 2002, la compra estatal se limitó al arroz de calidad alta, después del establecimiento de nuevas normas para los programas de compra del gobierno. Los productores de arroz comenzaron a recibir pagos directos de 200 000 - 250 000 wons (150 - 195 dólares EE.UU.) por hectárea en 2001 y el doble de esa cuantía en 2002.

Las actuales estrategias arroceras de Malasia procedían del tercer Programa sobre Política Agrícola Nacional, que cubre de 1998 a 2010 y establece el objetivo de alcanzar una autosuficiencia en arroz del 65 por ciento para el 2010, inferior al 70 por ciento de 2002. Con este objetivo, el Gobierno ha ofrecido asistencia técnica directa y ha apoyado la investigación del mejoramiento de variedades mediante la utilización de tecnologías convencionales y biológicas. Aplicó también una reforma de la cadena de suministro de arroz basada en la ampliación de las unidades de producción, la creación de explotaciones de arroz comercialmente viables y un programa para favorecer la competitividad y la productividad del sector. En concreto, el Gobierno ha designado ocho zonas especiales o “graneros” en Malasia peninsular, donde se intensificará la producción de arroz aumentando los rendimientos a 5,5 toneladas por hectárea y la intensidad de cultivos a un 185 por ciento para el 2010. El país tiene intención de identificar zonas adecuadas en Sabah y Sarawak, en Malasia oriental, para la producción comercial de arroz cáscara a gran escala por parte del sector privado. Estas iniciativas deberían coincidir con la eliminación gradual de zonas arroceras no productivas y su conversión a otras actividades agrícolas. Además, el país ha participado en un ambicioso programa de inversión en infraestructura para atraer al sector privado a desempeñar una función activa en actividades preliminares (envíos de insumos, servicios de mecanización, etc.) y posteriores (molienda, almacenamiento, embalaje, etc.). Mientras tanto, los productores han seguido beneficiándose de las subvenciones para fertilizantes, estimadas en 52 dólares EE.UU. por hectárea en 2002, y de los precios mínimos al productor. Éstos, sin embargo, se han mantenido inalterados desde 1998 en 550,0 ringgits por tonelada para el arroz cáscara de grano largo y en 516,9 ringgits por tonelada para el grano medio, además de un pago suplementario de 250 ringgits por tonelada para el arroz cáscara enviado a molinos o instalaciones de secado autorizados (Cuadro I-1).

La estrategia de desarrollo agrícola de Myanmar reactivará la producción de arroz para generar excedentes destinados a la exportación promoviendo la recuperación de bosques y cultivos múltiples^[3]. Los productores siguieron estando condicionados a un envío obligatorio de arroz al organismo de compra estatal de 12 cestas de arroz cáscara por acre (unos 620 kg por hectárea), a precios muy inferiores a los niveles del mercado existentes. Se estima que en 2002 se pagó a los agricultores 380 kyats por cesta de arroz (unos 18,2 kyats por kg), en comparación con los precios del mercado de 1400 kyats por cesta.

La comercialización de arroz de Nepal se realiza casi en su totalidad de forma privada. La Corporación de Alimentos del Nepal sólo proporciona actualmente distribución en las zonas con déficit en partes montañosas del país y reservas.

Cuadro I-3: Compra interna de arroz de la Corporación de Alimentos de Nepal

Fuente: Corporación de Alimentos de Nepal

En Pakistán se incrementaron los recursos financieros para la instalación de pozos entubados y se ofrecieron semillas IRRI de calidad mejorada a los productores que afrontaron la sequía en 2001. El Gobierno permitió asimismo importaciones de equipos y maquinaria exentas de impuestos para la modernización y desarrollo del riego y la ordenación de las aguas. El arroz permanece sujeto al sistema de precios de sostenimiento, regulados por la Corporación de Servicios y Almacenamiento Agrícolas de Pakistán, aunque no se ha tenido noticia de compras de intervención de arroz por parte de esta organización desde 1995/96. Sin embargo, los precios de sostenimiento del arroz, que establecen un límite mínimo para las transacciones del mercado, se aumentaron en 2000-01 en un 10,8 por ciento para el arroz IRRI y en un 10,0 por ciento para el arroz basmati, pero ambos se mantuvieron inalterados en 2001-02 (Cuadro I-1).

En el marco del Plan de Desarrollo a Plazo Medio para 2001-2004, Filipinas asignó 20 000 millones de pesos (392 millones de dólares EE.UU.) al sector agrícola para la rehabilitación y el desarrollo del riego, servicios postcosecha, infraestructura rural, créditos agrícolas e investigación y desarrollo. Además, ante el temor de que se repitiera el fenómeno de “El Niño” a mediados de 2002, se asignaron 51 millones de pesos (1 millón de dólares EE.UU.) a operaciones de urgencia. En diciembre de 2001 el Gobierno anunció un plan para aumentar los rendimientos a través de la tecnología del arroz híbrido en 135 000 hectáreas en el año 2002, aumentando de forma progresiva a 300 000 hectáreas para el 2004^[4]. Los precios de sostenimiento del arroz sujetos al sistema de doble precio dirigido por la Autoridad Nacional de Alimentos no se alteraron en el año 2002 manteniéndose en 9 000 pesos (175 dólares EE.UU.) por tonelada para el arroz de estación húmeda y en 10 000 pesos (194 dólares EE.UU.) por tonelada para el arroz de estación seca, con 500 pesos complementarios (10 dólares EE.UU.) por tonelada concedidos a los miembros de las cooperativas agrícolas.

La ayuda a la agricultura en Sri Lanka se ha canalizado a través de las inversiones gubernamentales en riego, distribución de fertilizantes subvencionados y créditos en condiciones de favor a los productores. Los precios mínimos al productor se han mantenido inalterados en términos nominales desde 1993 (Cuadro I-1), y la intervención se ha limitado desde la desaparición de la Junta de Comercialización del Arroz en 1996. Desde entonces, el Cooperative Wholesale Establishment (CWE) (Establecimiento cooperativo de venta al por mayor) y las Secretarías de los Distritos han sido responsables de las compras de arroz a precios garantizados. En 2002, se calculó que se ofrecieron 990 millones de rupias (10,6 millones de dólares EE.UU.) como fondo rotatorio para las compras de arroz. Además, se anularon los préstamos a la producción agrícola otorgados para los cultivos de Maha de 1999/00 y de Yala de 2001 inferiores a 20 000 rupias con el fin de proporcionar alivio a los agricultores afectados por la sequía.

En el año 2001 y en 2002, Tailandia sostuvo los precios del arroz al productor mediante programas de intervención a gran escala, basados en el plan de pignoración para el arroz gestionado por el Banco de Agricultura y Cooperativas Agrícolas (BAAC), en colaboración con la Organización de almacenes públicos (PWO) y la Organización de comercialización de los agricultores (MOF). En 2001/02, el plan de compras se amplió al arroz fragante de la calidad más alta y las cantidades generales elegidas para la intervención se incrementaron de forma considerable. Los precios garantizados se mantuvieron inalterados entre 1999 y 2001, y aumentaron ligeramente en el año 2002 (Cuadro I-1). Sin embargo, ya que los precios del mercado cayeron por debajo de los niveles garantizados, el volumen de arroz prometido aumentó de forma importante en 2001, alcanzando los 6,1 millones de toneladas, de las cuales sólo se redimieron 973 000 toneladas. En consecuencia, 5,1 millones de toneladas, equivalente a unos 2,7 millones de toneladas de arroz elaborado, pasaron a engrosar las existencias gubernamentales ese año. También en 2001, el Gobierno anunció una nueva estrategia nacional de cinco años para el arroz (2002-2006), dirigida a elevar los ingresos familiares de los productores mediante un incremento del rendimiento de un 20 por ciento durante el período. Del presupuesto de 90 000 millones de bahts (2 000 millones de dólares EE.UU.), del cual tres cuartas partes se concederían en forma de préstamos, el 44 por ciento se destina a la estabilización de los precios del mercado, el 38 por ciento para la construcción de silos y el 13 por ciento para investigación, desarrollo y promoción.

En Turquía el arroz es un producto básico controlado, sujeto a precios mínimos de compra del gobierno. Aunque éstos han aumentado durante los últimos dos años, se han estancado en términos reales (Cuadro I.1). Además, el volumen adquirido por el organismo de compra se redujo de aproximadamente 40 000 toneladas en 2000 a 19 000 toneladas en 2001. Las subvenciones del Gobierno para créditos y fertilizantes se suprimieron en el año 2001.

En Viet Nam la preocupación por el descenso de los precios al productor garantizó la implantación de un plan de compra de 1 millón de toneladas en 2001, a un precio mínimo de compra para el arroz de 1,3 millones de dongs (89 dólares EE.UU.) por tonelada. Así mismo, las escasas ganancias llevaron al Gobierno a reducir los cultivos de arroz de regadío en 2001 de 4,3 millones a 4,0 millones de hectáreas instando a los productores a cambiar a cultivos más remunerados y a la acuicultura, sobre todo en el Delta del río Mekong. Esta medida contribuyó a que se produjera una contracción de la superficie arrocera general de 7,7 millones de hectáreas en 2000 a 7,5 millones de hectáreas en 2001. Para solventar algunos problemas en materia de calidad afrontados en los mercados de exportación, el país también puso en marcha en 2001 un plan para la explotación de casi 1,3 millones de hectáreas para la producción de arroz de calidad alta destinado a la exportación. Puesto que los precios fueron aún bajos en 2002, se eximió a los agricultores pobres de pagar la totalidad o bien la mitad del impuesto sobre la utilización de tierras agrícolas en 2002, al mismo tiempo que se aceleró la intervención a precios garantizados. Sin embargo, se mantiene el objetivo de conseguir una expansión de la producción a plazo medio, basada en amplios beneficios en la productividad. Sin duda, en el marco del Programa de desarrollo agrícola para 2000-2005, se puso especial atención en la difusión de variedades de arroz de calidad alta, incluidas semillas híbridas, y en tecnologías afines. El plan se proponía también establecer relaciones más estrechas entre los productores y las agroindustrias y mejorar la información en cuanto al mercado.

Muchos países de África han identificado las tierras bajas y los valles interiores como zonas potenciales para la extensión del cultivo de arroz. Otros se han centrado asimismo en la rehabilitación de los planes de riego. Sin embargo, aunque la mayoría de los gobiernos de la región intentan conseguir altos índices de autosuficiencia en arroz para disminuir la dependencia de las importaciones, durante los dos últimos años ha habido un escaso apoyo específico al sector. Además, predominó un instinto general hacia la privatización, a pesar del reconocimiento cada vez mayor de que el sector privado en la región no había obtenido buenos resultados a la hora de asumir las funciones que habían sido responsabilidad general de las juntas estatales de comercialización.

Benin se concentra en la actualidad en la rehabilitación de las actuales tierras arroceras para fomentar el potencial de producción y reducir la dependencia de las importaciones, con el objetivo de aumentar la autosuficiencia en arroz del actual 30 por ciento al 54 por ciento en 2012 y al 100 por cien para el 2017.

El Programa Nacional para el Arroz de la República Democrática del Congo postula el fomento de la productividad, la expansión de la superficie y los avances de las actividades posteriores a la cosecha. El primero está basado en el programa de multiplicación de semillas, complementado con la distribución a crédito de semillas mejoradas para los agricultores. La expansión de cultivos se dirige sobre a las tierras bajas, donde se encuentra la mayor parte del potencial del país. El país se centra también en la rehabilitación de las infraestructuras de secado, molienda y almacenamiento e insta a las autoridades locales a reparar y realizar labores de mantenimiento en las carreteras.

En 1997, Côte d’Ivoire impulsó un nuevo Programa para el Desarrollo del Arroz orientado a estimular la producción y reducir las importaciones un 80 por ciento para el 2005. Estaba previsto que el aumento de la producción derivase de una expansión del 40 por ciento del arroz de secano y de un aumento cuádruple del cultivo de arroz de regadío entre 1996 y 2005. Asismismo se calcula un incremento de los rendimientos de 1,50 toneladas a 1,94 toneladas de arroz por hectárea durante el período.

La política sobre la producción de arroz en Egipto se centra en la creación de variedades de alto rendimiento y corta duración y en la distribución de semillas y la disposición de tecnologías afines para los productores. El agua para el riego se proporciona de manera gratuita. Aunque por lo general no se aplica, los cultivos están sujetos a límites máximos de 450 000 - 500 000 hectáreas para así ahorrar agua. En el período sometido a examen, los productores de arroz se beneficiaron de créditos a un tipo preferencial del 5,5 por ciento anual y de un importante aumento de los precios garantizados para el arroz. En 2001/02, éstos se fijaron en 500 libras egipcias (111 dólares EE.UU.) por tonelada para el arroz de grano medio y en 450 libras egipcias (100 dólares EE.UU.) por tonelada para el grano largo, un 47 por ciento y un 50 por ciento más, respectivamente, que sus niveles de 2000/01.

Aunque el Gobierno de Ghana pretende reducir las importaciones de arroz, este producto básico no se incluyó entre los 10 cultivos prioritarios seleccionados para su crecimiento acelerado en el Programa de Inversión en Sectores de los Servicios Agrícolas del país. En la actualidad la estrategia para apoyar la producción arrocera se basa principalmente en la mejora del acceso de los agricultores a semillas de calidad y en la promoción del cultivo de arroz en los fondos de valles bajos y sometidos a riego. Aunque se instó al sector privado a proporcionar servicios de mecanización después de la eliminación de las subvenciones del Gobierno a la mecanización, la respuesta no ha cumplido las expectativas.

En los últimos años, Malí se ha centrado en gran medida en la rehabilitación de los planes de riego y en la promoción de pequeños equipos de molienda por conducto de la “Office du Níger”, que regula casi 60 000 hectáreas sometidas a riego. En 2001, el Gobierno puso en marcha un programa especial para promover la producción de una cosecha de arroz secundaria.

En 2001, Mauritania dio a conocer una nueva estrategia de desarrollo hasta el 2015, que intensificaba la importancia del sector privado. En consecuencia, en los dos últimos años, el país se concentró en transferir a los productores las responsabilidades de gestión y mantenimiento de importantes planes de riego que anteriormente tenía Sonader. También se dio prioridad a rehabilitar los planes de riego existentes con la contribución del Gobierno del 50 por ciento de los costos, si las unidades eran administradas por cooperativas, y del 25 por ciento en el caso de agricultores individuales. Esta rehabilitación se ha acompañado con la publicación en el año 2000 de normas para la reorganización de la incorporación de las pequeñas parcelas de terreno en unidades mayores y más competitivas.

En enero de 2001, Níger inició un proyecto para la construcción de 100 presas pequeñas, la primera de las cuales se construyó en Bankor. En 2002, el país empezó también a fomentar las tecnologías simples de riego para su aplicación por parte del sector privado.

En Nigeria, la subvenciones para fertilizantes se suprimieron en febrero de 2000, cuando el Gobierno liberalizó totalmente la compra, el comercio y la distribución de insumos agrícolas. Como consecuencia, la ayuda a los productores de arroz está ahora muy limitada al suministro de servicios de extensión en el marco del “Proyecto especial para el arroz”, que llevan a cabo conjuntamente el Gobierno Federal y los 36 gobiernos estatales, y de microcréditos a tipos de interés bajos inferiores al 10 por ciento. El “Proyecto especial para el arroz” tiene como objetivo difundir las tecnologías sobre el arroz mejorado y perfeccionar la capacidad de elaboración de arroz. En 2002, la actitud general hacia la liberalización del mercado del sector se suavizó y el Gobierno creó un Comité Presidencial sobre el Arroz con objeto de estudiar las estrategias para hacer que el país sea autosuficiente para el 2005 y un exportador neto para el 2007.

En el marco del Plan de Acción para el 2001, Senegal amplió el programa de “Arroz de calidad”, cuya finalidad es promover el arroz local mejorando la competitividad de la producción mediante la difusión de paquetes tecnológicos mejorados y la consolidación de parcelas de terreno.

El entorno político en América Latina y la región del Caribe varía considerablemente, donde una serie de países dependen casi de forma exclusiva de las fuerzas de mercado, sobre todo en el cono sur, mientras que otros gobiernos han seguido desempeñando una labor activa para ayudar al sector.

Los productores de arroz de Argentina se vieron afectados por la crisis económica que asaltó el país en el año 2002. En abril, el Gobierno decidió que, a raíz de la devaluación de la divisa nacional, las deudas contraídas por los agricultores con los proveedores de insumos básicos en equivalentes de dólares EE.UU. se convirtiesen a la divisa nacional al nuevo tipo de cambio del mercado libre, aumentando la carga de la deuda afrontada por los productores.

Los productores arroceros en Brasil se benefician de una serie de programas institucionales, incluidos programas de pignoración, que favorecieron su acceso a créditos rurales. Estos programas ofrecen un precio mínimo a los productores, que en 2000/01 osciló entre 7,61 y 8,37 reales por saco de 60 kg (53,7 - 59,2 dólares EE.UU. por tonelada) para el arroz cáscara largo. En 2001/02 se redujo un 5 por ciento a 7,95 y 7,23 reales por saco de 60 kg y se mantuvo inalterado en 2002/03.

Costa Rica aumentó en el año 2000 el precio garantizado al productor en un 6 por ciento, a 85 000 colones (275 dólares EE.UU.) por tonelada, pero en 2001 el aumento fue de escasa importancia. En noviembre de 2002, el Gobierno acordó utilizar los beneficios procedentes de los derechos de importación para soportar los precios mínimos en 260 dólares EE.UU. por tonelada para los productores con cultivos de hasta 200 hectáreas, incluido el pago de 20 dólares EE.UU. por tonelada a los elaboradores que compren arroz local. Se calculó que el plan supondría una transferencia de 9 millones de dólares EE.UU. por campaña a los productores.

En los dos últimos años, la República Dominicana hizo progresos por lo que atañe a la aplicación de una reforma agraria, con la provisión de derechos de propiedad legal a los beneficiarios, para facilitar el desarrollo de un mercado de tierras y mejorar el acceso del productor a créditos y otros servicios. En el año 2001, se pusieron a disposición de los productores 947,2 millones de pesos (55,9 millones de dólares EE.UU.) en forma de créditos a corto plazo para la siembra de 44 985 hectáreas, comparables con los 663,4 millones de pesos (40,4 millones de dólares EE.UU.) y las 44 843 hectáreas en el año 2000. Hasta el 2000, el Comité Nacional sobre Política Arrocera fijó precios mínimos de compra y máximos de venta para el arroz como una forma de mantener los precios estables. En 2001 se puso en marcha un programa de pignoración para el arroz con el fin de ayudar a los productores a alcanzar mejores precios para su arroz y conseguir el pago inmediato de las industrias elaboradoras a la entrega de su producto. Por otro lado, se dio acceso a las industrias elaboradoras a créditos por hasta el 70 por ciento del valor del producto, sufragando el gobierno los costos.

Guatemala llevó a cabo un plan para el registro de tierras y la codificación del territorio. También puso en marcha una campaña para reducir la vulnerabilidad del productor agrícola mediante un programa de seguro y ventas en futuros de mercado. Además, el Ministerio de Agricultura ofreció fertilizantes al 50 por ciento del precio del mercado para los productores de arroz.

Honduras estableció un Fondo Nacional para la garantía de préstamos complementarios, con objeto de dar mayor acceso al crédito a los productores, sobre todo tras el huracán Mitch, que había causado daños en la infraestructura de la producción arrocera.

Desde 1993, México ha ofrecido pagos fijos por hectáreas durante la siembra a los productores de arroz y demás cultivos, en el marco del Programa Procampo, que está previsto que dure hasta 2007/08. Los pagos se aumentaron de 708 pesos para la cosecha primavera/verano de 1999 y para la cosecha otoño/invierno de 2000/01 a 778 pesos por hectárea para las dos cosechas siguientes. Según se informó, en 2002 y 2002/03 la cifra era de 873 pesos por hectárea. Desde agosto de 2002, los productores también han podido utilizar sus derechos a pagos diferidos como garantía para obtener préstamos bancarios. En noviembre de 2002, ante la perspectiva de una eliminación total de los aranceles al comercio con los Estados Unidos a partir de enero de 2003, el Gobierno anunció su intención de volver a introducir el sostenimiento de precios para los cereales básicos y puso en marcha un programa agrícola muy ambiciosos para ayudar a los productores a soportar la competencia de los granjeros estadounidenses subvencionados.

Al igual que otros países de la región, Panamá prosiguió un programa de propiedad de tierras. En junio de 2001, el país concedió préstamos subvencionados para ayudar a los agricultores afectados por las condiciones climáticas desfavorables. Asimismo, se destinó ayuda económica directa y créditos para la elaboración del arroz mediante la creación de un nuevo fondo para la elaboración agraria en junio de 2001.

Venezuela inició un nuevo Plan de Desarrollo Agrícola en el año 2000, que califica el arroz como un producto estratégico. El plan estableció un objetivo de crecimiento de la producción en cinco años del 137 por ciento para el 2004, como un medio de limitar la dependencia del país de las importaciones de trigo.

Países desarrollados

El arroz sigue siendo un producto básico sumamente protegido en gran parte de los países desarrollados. Desde la terminación de sus obligaciones con la OMC en el año 2000, apenas se han producido progresos para reducir la ayuda general a los productores. Durante el período, hubo sin embargo un intenso proceso de estudio de las políticas nacionales y se realizaron varias propuestas de reformas dentro del contexto de la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales.

La producción arrocera en la Unión Europea (UE) está sujeta a límites máximos de superficie establecidos a nivel nacional, como condición para recibir pagos compensatorios. Estos pagos se realizan de acuerdo con unas superficies básicas y unos rendimientos nacionales históricos.^[5] El pago por hectárea aumentó entre 1997/98 y 1999/2000, para compensar la reducción del 15 por ciento de los precios mínimos de sostenimiento aplicada durante el período. Desde entonces, el precio mínimo de compra del arroz se ha mantenido en 298,35 Euros por tonelada y los pagos han permanecido inalterados, con un promedio de 329 Euros por hectárea, equivalente a cerca de 52 Euros por tonelada. Sin embargo, el reajuste excesivo del límite máximo de la superficie por parte de España dio lugar a un recorte de un 44 por ciento en los pagos por unidad a los productores españoles en 1999/00, de un 45 por ciento en 2001/02 y de un 35 por ciento en 2001/02, respectivamente.

Cuadro I-4: UE - Pagos compensatorios para el arroz

El 10 de julio de 2002, la Comisión Europea presentó una nueva propuesta de reforma del Régimen del Mercado Común para el Arroz, que contempla una reducción única del 50 por ciento en el precio de intervención a 150 Euros por tonelada en 2004/05. Se ofrecería una compensación por el 88 por ciento de la reducción mediante un aumento del pago directo a los productores de 52 a 177 Euros por tonelada, con inclusión de una ayuda única por explotación de 102 Euros por tonelada, pagada según los derechos históricos y sujeta a las actuales superficies máximas garantizadas, y una ayuda específica por cultivo de 75 euros por tonelada. Están previstas ayudas para el almacenamiento privado cuando los precios del mercado sean inferiores al nivel de intervención durante dos semanas consecutivas, si bien las compras de la red de seguridad se activarían cuando fuesen inferiores a 120 Euros por tonelada.

A pesar de que la producción de arroz en Hungría ha mermado en los últimos años, los productores tuvieron derecho a un pago fijo que tanto en 2001 como en 2002 se fijó en 35 000 forints (125 dólares EE.UU. - 127 dólares EE.UU.) por hectárea. Además, debido a la grave sequía, se otorgó una subvención para agua de riego por aspersión de hasta 400 metros cúbicos por hectárea a una tasa de 13 forints por metro cúbico en el año 2001. Esta subvención se retiró en 2002.

Desde la adopción de la “Ley básica de alimentación, agricultura y zonas rurales”, en julio de 1999, no se han registrado apenas cambios en las políticas arroceras de Japón, que han seguido basándose en un programa de ajuste de la producción para equilibrar la producción de arroz del país con la demanda interna decreciente. En 2001 y 2002, el objetivo para la desviación de tierras dedicadas al arroz se fijó en 1,01 millones de hectáreas, o sea el 40 por ciento de la superficie arrocera total, y se siguió aumentando a 1,06 millones de hectáreas para el 2003. En noviembre de 2001, se ofrecieron otros incentivos a las explotaciones que superasen sus objetivos de desviación de la producción. Los precios garantizados al productor para el arroz se redujeron en un 2,7 por ciento en 2001 y hasta un 2,8 por ciento en 2002. No obstante, el hecho de no resolver el problema del excedente de arroz motivó la propuesta de un nuevo programa de ajuste que se aplicaría en el 2003 y que dividiría el volumen de producción fijado como objetivo, y no la superficie prevista, entre los productores participantes. En agosto de 2001, Japón anunció también un “Plan de prioridad para un suministro estable de alimentos y el acondicionamiento estético de las tierras”, en el que se proponía una reforma estructural de la agricultura y una expansión del tamaño de las explotaciones, con el objeto de incrementar la competitividad del sector. En el plan, las explotaciones de arroz especializadas reconocidas como unidades de gestión del objetivo serán las principales explotaciones responsables de suministrar arroz al mercado, mientras que las demás explotaciones se centrarán principalmente en el mantenimiento y ordenación de los recursos agrícolas. El plan propone también introducir un sistema de seguro como nuevo instrumento para la estabilización de los ingresos.

Durante 2001 y gran parte de 2002, el sector arrocero en los Estados Unidos estuvo regulado por la legislación de 1996 de la Ley Federal de Mejora y Reforma Agraria (FAIR). En consecuencia, los productores con contratos de flexibilidad de la producción (CFP) para el arroz tenían derecho a pagos fijos (decrecientes). Además, en el marco del Programa de asistencia por la pérdida de mercados (APM), recibían pagos complementarios para ayudarles a resistir las repercusiones de los bajos precios del mercado (Cuadro I-5). Según estimaciones, se transfirieron unos 119 dólares EE.UU. por tonelada en el año 2000 y 99 dólares EE.UU. por tonelada en el año 2001^[6] como pagos desconectados a los agricultores con derechos de títulos de producción básica de arroz en virtud de los CFP y el APM, independientemente de si cultivaron o no arroz durante la campaña. Además de estos pagos fijos, los productores que realmente cultivaron arroz se beneficiaron de un precio mínimo en arreglo a los programas de préstamos de apoyo a la comercialización y de pagos de complemento por préstamos, de 143,3 dólares EE.UU. por tonelada de arroz cáscara, inalterado desde 1989. En conjunto, se informó de que la ayuda directa con arreglo al programa sobre el arroz había supuesto un gasto de 1 774 millones de dólares EE.UU. en el año 2000, y de 1 423 millones de dólares EE.UU. en el año 2001. Las estimaciones provisionales para 2002 y 2003 señalan una ligera reducción de los gastos, a 1 058 millones de dólares EE.UU. y 1 029 millones de EE.UU., respectivamente.

El 13 de mayo de 2002, los Estados Unidos aprobaron la “Ley de seguridad agrícola e inversión rural de 2002”, la nueva ley agraria que establece las bases de los programas agrarios federales de 2002 a 2007. En el marco de la nueva ley, el precio a efectos de los préstamos para el arroz^[7] se mantuvo en 143,3 dólares EE.UU. por tonelada, pero el pago directo del arroz para los contratos de flexibilidad de la producción (PD o CFP) aumentó de 45,2 dólares EE.UU. a 51,8 dólares EE.UU. por tonelada. Una diferencia importante en relación con la Ley Federal de Reforma y Mejora Agraria (FAIR) es la reintroducción de precios indicativos, fijados en 231,5 dólares EE.UU. por tonelada, que se utilizarán para calcular los pagos contracíclicos a los productores cuando el precio efectivo^[8] al productor sea inferior al precio indicativo. Se ha calculado que la introducción de precios indicativos proporcionará 31 dólares EE.UU. por tonelada adicionales a los titulares de contratos de flexibilidad de la producción del arroz^[9]. Los pagos contracíclicos sustituyen a las transferencias de urgencia que se hacían a los agricultores que reunían los requisitos necesarios en el marco del Programa de ayuda por la pérdida de mercados. Se ha establecido el programa contracíclico para los próximos seis años, ofreciendo una garantía segura de ingresos a los productores que anteriormente no existía en virtud del programa especial de asistencia por la pérdida de mercados. La ley ofrece a los productores la posibilidad de actualizar su superficie básica para calcular las subvenciones con arreglo a los pagos directos y contracíclicos. Con objeto de calcular los pagos contracíclicos, los agricultores que actualizaron la superficie básica también tuvieron derecho a actualizar los rendimientos de parte del aumento experimentado entre comienzos de los años 80 y 1998-2001. Sin embargo, los productores están sujetos a pagos máximos por persona, por año de (i) 40 000 dólares EE.UU. por pagos de complemento por préstamos, (ii) 65 000 dólares EE.UU. por pagos contracíclicos y (iii) 75 000 dólares EE.UU. por ganancias de préstamos de comercialización y pagos de complemento por préstamos. Los productores con beneficios brutos superiores a 2,5 millones de dólares EE.UU. perderán su derecho a pagos de complemento por préstamos.

Cuadro I-5: Estados Unidos: Contratos de flexibilidad de la producción arrocera y programas de préstamos para la comercialización

Fuente: USDA

^1/ Se incluyen los pagos efectuados en el marco de los programas de ayuda por la pérdida de mercados y de los contratos de flexibilidad de la producción.

^2/ Pagos contracíclicos en 2003/4

^3/ Pronósticos al 12 de junio de 2001

^4/ De conformidad con la Ley agraria de 2002

^5/ Si el precio mundial se mantiene por debajo del precio a efectos de los préstamos (en equivalente de arroz elaborado)

Políticas relativas al consumo, la comercialización y las existencias

El arroz es uno de los pocos productos básicos alimenticios que aún están sujetos a restricciones generales de comercialización interna y a controles de los precios gubernamentales al por mayor y al por menor. Durante los dos últimos años, hubo una tendencia a seguir liberalizando las actividades posteriores a la cosecha y se realizaron gestiones para pasar al sector privado algunas funciones realizadas tradicionalmente por las organizaciones gubernamentales, como por ejemplo la acumulación de existencias. Además, los gobiernos tendieron a concentrar sus programas de distribución de alimentos en grupos de población vulnerables y especiales.

Bangladesh eliminó la distribución oficial de arroz en julio de 1993 cuando disolvió los canales de racionamiento rurales y reglamentarios. Sin embargo, el Gobierno siguió distribuyendo arroz en el marco de programas de mitigación de la pobreza y manteniendo reservas de seguridad alimentaria de casi 1 millón de toneladas. En el marco del sistema público de distribución de alimentos, los precios de venta del mercado libre en las zonas rurales y urbanas se han mantenido inalterados en 12 000 Taka (236 dólares EE.UU.) por tonelada desde 1999/00. En 2000/01, el volumen de arroz canalizado a través del sistema público de distribución de alimentos alcanzó su nivel más alto en 10 años, correspondiente a casi 1 millón de toneladas, pero desde entonces ha disminuido. Además, en 2002/03, se produjo un notable cambio en los canales de distribución, que vieron aumentar la proporción de arroz distribuida dentro del sistema monetizado a un 34 por ciento del total, en comparación con el 20 por ciento en 2001/02 y el 13 por ciento en 2000/01.

Figura I-1: Bangladesh: Arroz proporcionado a través del Sistema Público de Distribución de Alimentos

China aplicó controles menos estrictos sobre la comercialización interna de cereales en los dos últimos años. En concreto, en 2001, el país liberalizó la compra y distribución de cereales en seis provincias del sur con déficit de cereales y en zonas desarrolladas^[10] que se clasificaron como “provincias de consumo”. La liberalización de los mercados de cereales también se amplió en el año 2002 a todas las provincias con déficit de cereales, si bien los gobiernos provinciales mantuvieron controles sobre la compra y distribución de arroz en las provincias “productoras” o “excedentarias”. En las tres últimas campañas, el país has utilizado sus existencias de cereales para salvar las diferencias entre el consumo y la producción. Fuentes no oficiales en China estimaron las entregas de existencias de todas las procedencias (agricultores y reservas públicas) desde 2000/01 en cerca de 30 millones de toneladas, en equivalente de arroz elaborado. La reducción de las existencias de arroz coincidió con la aplicación de un ambicioso programa para la construcción de almacenes de cereal puesto en marcha en 1998, para su conclusión a finales de 2002, con el fin de aumentar la capacidad de almacenamiento de cereales en 50 millones de toneladas. Además de las reservas centrales de cereales del Estado, China siguió necesitando que el gobierno provincial tuviera existencias de cereales para seguridad alimentaria, equivalentes al consumo de tres meses en las provincias excedentarias de cereales y al consumo de 6 meses en las provincias con déficit de cereales.

Hong Kong (región administrativa especial de China) siguió aplicando un “plan de control para el arroz” que obliga a los importadores a una acumulación mínima, proporcional a sus derechos de importación. Desde enero del año 2000, el volumen general de existencias se fijó en 40 000 toneladas.

En la India, la distribución y el comercio interno de arroz se han regulado desde 1955 conforme a la Ley sobre Productos Básicos. En febrero de 2002, se eliminaron las restricciones establecidas según la Ley a los movimientos de cereales entre los Estados, creando así las condiciones para establecer un mercado único nacional de cereales. También se eliminaron los requisitos para las licencias de comercialización y las limitaciones del almacenamiento de cereales por parte de agentes privados. Por otro lado, la India mantuvo su sistema de distribución de arroz subvencionado, pero subió de forma importante los precios de emisión del arroz en 2000/01, en un 30 por ciento para el arroz vendido a clientes que se hallaban por encima del umbral de pobreza, y en cerca de un 69 por ciento en el caso de aquéllos que estaban por debajo del umbral de pobreza. No obstante, en 2001/02, los precios para los grupos por encima del umbral de pobreza disminuyeron en un 30 por ciento, mientras que la reducción de los precios para los grupos por debajo del umbral de pobreza fue mucho menor, sólo el 4 por ciento.

Cuadro I-6: India - Precio de emisión central del arroz

Fuente: Ministerio de Asuntos del Consumidor, Alimentos y Distribución Pública - Informe sobre la política para el grano largo

Aunque el arroz se considera un producto estratégico en Indonesia, se pusieron en marcha diversos programas en 2002 para diversificar el consumo hacia otros alimentos básicos producidos en el país, como el sagú, la yuca y otras raíces y tubérculos, en un intento por reducir la dependencia del país de las importaciones de arroz. La estabilización de los precios internos del arroz al productor y al consumidor ha sido el mandato principal de Bulog, el Organismo Nacional de Logística de Indonesia, desde que en 1998 sufrió una importante reorganización.^[11] Desde entonces, se ha instado al sector privado a participar en la comercialización interna del arroz, si bien se he eliminado la responsabilidad del Bulog para el suministro de arroz a todo el mercado interno y se ha apuntado más hacia la distribución de arroz a precios subvencionados. En concreto, en el marco del Programa especial del Funcionamiento del Mercado Arrocero (SRMOP), se ofrecieron 20 kg de arroz al mes a las familias pobres a un precio subvencionado de 1 000 rupias (0,10 dólares EE.UU.) por kg, o sea inferior al 50 por ciento de los precios del mercado. En 2002, este programa recibió el nuevo nombre de “Arroz para los Pobres”. En general, la distribución orientada del Bulog benefició a casi 12,5 millones de familias en 2002, frente a los 7,5 millones en 2001, y absorbió un 60 por ciento del volumen total comercializado por esa organización.

Japón redujo el precio del arroz vendido a mayoristas de 289 yens (2,6 dólares EE.UU.) por kg en el año 2000 a 286 yens (2,2 dólares EE.UU.) por kg en el año 2001 y a 283 yens por kg (2,4 dólares EE.UU.) en el año 2002. Ante los importantes excedentes de arroz, el Gobierno continuó su programa de supresión de suministro y decidió eliminar 100 000 toneladas de arroz viejo para su uso como cereal forrajero en 2001. Las reservas de arroz de Japón, que se ordenan de manera que puedan fluctuar en torno a 1,5 millones de toneladas, están en principio diseñadas para ser capaces de hacer frente a dos años consecutivos de déficit.

En el marco del “Plan global para el desarrollo de la industria arrocera”, la República de Corea dio a conocer una serie de iniciativas para fomentar el consumo de arroz interno, en un intento por frenar la tendencia a la baja a largo plazo de la demanda, a través de la puesta en marcha de la campaña “Arroz para el desayuno”, el suministro de arroz para las comidas escolares, la distribución a instituciones públicas y militares y el establecimiento de un programa de cupones para alimentos para los grupos vulnerables. Además, el volumen de arroz establecido como objetivo para la elaboración en almidón y alcohol, etc., se elevó de 66 240 toneladas en 2001 a 115 200 en 2002, que había de alcanzarse sustituyendo materias importadas como el maíz y trocitos secados de yuca por el arroz.

En Malasia, la compra, distribución y gestión de las existencias de arroz son responsabilidad de BERNAS, una compañía comercial del Estado privatizada, que tiene también el monopolio de importación de arroz. El Gobierno sigue imponiendo precios máximos al por menor para el arroz común (0,26 - 0,27 dólares EE.UU. por kg), premium (0,27 - 0,29 dólares EE.UU. por kg) y el arroz local de calidad superior (0,43 - 0,47 dólares EE.UU. por kg), inalterados desde 1993. Sin embargo, los precios al por menor para calidades superiores, incluida la calidad local especial superior, el arroz fragante y el especial, se liberalizaron en el año 2001. Basada en el acuerdo especial entre BERNAS y el Gobierno, la organización comercial tiene la obligación de mantener una reserva estratégica mínima de arroz de 92 000 toneladas.

Desde junio de 2002, Pakistán se ha comprometido a fomentar la participación del sector privado en la comercialización de los productos básicos agrícolas, incluido su almacenamiento. En consecuencia, se ofrecieron incentivos para que el sector privado invirtiera en actividades posteriores a la cosecha a través de exenciones tributarias y la reducción de los gravámenes a la importación de equipos e instalación de servicios para el tratamiento y el almacenamiento de cereales.

En el marco de su plan estratégico de cinco años para el arroz (2002-2006), Tailandia destinó 34 500 millones de bahts para trabajos de infraestructura, incluidos silos, el 17 por ciento de los cuales se suministrará a través de financiación pública, y el resto con arreglo a préstamos al sector privado.

Ulteriormente a las reformas de 1999, que daban plenos derechos de utilización de las tierras a los agricultores, Viet Nam suprimió la obligación de los agricultores de vender una cantidad contratada de arroz al Estado. Como parte de sus medidas para reducir la participación del sector público en la comercialización del arroz, el país promovió el establecimiento de contratos directos entre los productores y las empresas de comercialización en 2001. En el año 2002, esta iniciativa se extendió a contratos entre productores y empresas de elaboración agrícola. En ambos casos, estaba previsto que las empresas colaboradoras ofrecieran una venta segura a los productores, pero que también facilitasen su acceso al capital, equipos básicos y asistencia técnica. A los comerciantes con estos contratos con los productores se les otorgó un acceso preferencial para cumplir los acuerdos de exportación del gobierno, mientras que para las empresas de elaboración el incentivo fue en forma de ayuda económica y rebajas tributarias. En el año 2002, las autoridades en las principales regiones productoras dejaron a los agricultores utilizar instalaciones de almacenamiento de propiedad estatal para guardar su arroz. Además, los agricultores pudieron usar sus existencias como garantía para solicitar préstamos bancarios.

En África, los precios al por menor están sujetos a las medidas de estabilización del gobierno en Egipto, donde el precio indicativo al consumidor se fijó en cerca de 0,25 dólares EE.UU. por kg en el 2001. Desde el año 2000, Ghana ha ofrecido, a través del Banco de Desarrollo Agrícola, facilidades de crédito especiales a los comerciantes privados para la compra de arroz, su elaboración y su distribución en mercados locales. Según informaciones, el volumen de compras para el que se utilizaron estas facilidades fue pequeño. En 1999, Mauritania inició la liberalización de la compra y la comercialización interna de arroz. En concreto, el Gobierno eliminó la fijación de precios oficiales para el arroz, suspendió el suministro de créditos subvencionados para la compra de arroz y apoyó la potenciación de cooperativas para que se encargasen de las funciones de comercialización.

En América Latina y el Caribe, la Compañía Nacional de Suministros de Brasil (CONAB), que es responsable de la distribución, almacenamiento y establecimiento de precios mínimos para los principales productos básicos alimenticios, inició un proceso de reestructuración en 2002 cuyo objetivo era reducir su capacidad de almacenamiento en dos tercios. La reestructuración no disminuyó la responsabilidad de la compañía de fijar los precios al productor y llevar a cabo programas en materia de políticas. Colombia siguió concediendo subvenciones para el almacenamiento de arroz hasta 6 meses, que según informaciones ascendían a 16 000 pesos (7,2 dólares EE.UU.) por tonelada de arroz elaborado a comienzos del año 2001. En el período desde septiembre de 2001 hasta febrero de 2002 se redujeron a 13 340 pesos por tonelada (5,6 dólares EE.UU.). El arroz es el último alimento sujeto aún a precios máximos al por mayor y al por menor en Costa Rica. En noviembre de 2000, los precios máximos al consumidor para el arroz con un 21-25 por ciento de arroz quebrado se fijaron en 190 colones por kg y se redujeron a 172 colones por kg a partir de octubre de 2002. Santa Lucía controla aún los precios de varios productos básicos. Para el arroz, el precio máximo se redujo entre 2000 y 2001 en un 7 por ciento en el caso del arroz precocido y en un 8 por ciento para el arroz blanco bruto. El Gobierno de Venezuela se hizo cargo de promover el consumo de arroz en los dos últimos años, al estar el arroz clasificado como un producto estratégico en el marco del nuevo Plan agrícola. Por ejemplo, el arroz tenía que combinarse con la harina de maíz para los programas gubernamentales de alimentos. Las campañas para promover el consumo de arroz también se realizaron en las escuelas públicas.

Políticas en materia de comercio internacional

El año 2000 marcó el final de la aplicación del Acuerdo sobre la Agricultura para los países desarrollados y el punto medio del proceso para los países en desarrollo, que deberían cumplir sus compromisos plenos para el 2004. En los dos últimos años se produjo también la adhesión de China y de la Provincia china de Taiwán a la OMC, así como el inicio en noviembre de 2001 de una nueva Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales, la “Ronda de Doha”. Paralelamente, muchos países avanzaban para reforzar sus vínculos comerciales en virtud de acuerdos regionales y bilaterales. Por ejemplo, en el año 2001, se firmaron acuerdos de libre comercio entre Canadá y Costa Rica, entre Egipto e Iraq, entre Siria y otros países árabes. Los miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) firmaron también una asociación económica más estrecha (CEP) con Australia y Nueva Zelandia. El proceso no perdió fuerza en el 2002, con la firma de Chile de un acuerdo de libre comercio con la UE, la República de Corea y los Estados Unidos, y de Japón con Singapur. Así mismo, se inició un amplio número de negociaciones para establecer zonas de libre comercio, en muchos casos con intervención de bloques comerciales, como por ejemplo Mercosur con la Comunidad Andina. Algunos países de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) prometieron asimismo en enero de 2002 preparar un proyecto de tratado para la creación de una zona de libre comercio.

Medidas en el sector de la importación

Las importaciones mundiales de arroz en los tres últimos años fueron altas en comparación con los niveles anteriores a 1998, lo que responde a reducciones en la producción pero también a la apertura de regímenes de comercio, sobre todo en África. Sin embargo, los bajos precios internacionales hicieron que varios gobiernos aumentaran la protección a sus agricultores y retrasaran la liberalización prevista de sus regímenes de importación. Aunque fue un avance muy importante para el mercado mundial del arroz, la adhesión de China a la OMC no dio el impulso esperado a las importaciones mundiales.

Asia sigue siendo el destino principal del comercio de arroz, con casi la mitad de las importaciones mundiales en 2000-2002. Sin embargo, los principales importadores de la región mantuvieron un grado elevado de protección externa. En concreto, las empresas comerciales estatales siguieron desempeñando una labor importante, aunque una tendencia hacia la privatización del comercio del arroz ganó fuerza en varios países de importancia.

Bangladesh liberalizó el comercio del arroz y eliminó todas las restricciones a la importación para el arroz conforme al reglamento de la política de importación de 1997-2002. En 2000/01, el 69 por ciento de las importaciones totales estuvieron en manos privadas. Sin embargo, el Gobierno también siguió importando para cubrir la cantidad orientada a la distribución de arroz en el marco de los programas de la red de seguridad y para las reservas de urgencia. Las políticas comerciales se han usado de forma generalizada en los últimos años para estabilizar los precios internos. Más concretamente, los derechos ad-valorem sobre todos los tipos de arroz, excepto las semillas, pasaron de cero en 1999 al 5 por ciento en el año 2000. En el 2001 se aumentaron ulteriormente al 25 por ciento para el arroz descascarillado y el arroz elaborado. A partir de agosto de 2001 se aplicó un nuevo impuesto reglamentario del 10 por ciento al arroz importado. Además, en mayo de 2001 el país impuso una prohibición temporal sobre el arroz importado de la India en todos menos en un punto de entrada.

En el marco del acuerdo de adhesión de China con la OMC en diciembre de 2001, los aranceles sobre los productos del arroz se consolidaron en el 65 por ciento para finales del período de aplicación, en 2004. Sin embargo, el país concedió un contingente arancelario preferencial con un derecho de un 1 por ciento para 4 millones de toneladas de arroz en el año 2002, la mitad para arroz largo indica y la otra mitad para arroz de grano medio y corto. El país mantuvo el derecho de permitir a la China National Cereals, Oil & Foodstuff Import and Export Co, una empresa comercial estatal, importar directamente el 50 por ciento del contingente preferencial, con la otra mitad reservada para los comerciantes privados. Además, se tomaron medidas para reasignarles la parte del contingente no utilizada por el organismo comercial estatal.

Cuadro I-7: Compromisos contraídos por China en materia de acceso a los mercados de la OMC para el arroz

La Provincia china de Taiwán se incorporó formalmente a la OMC el 1° de enero de 2002. En el marco de su acuerdo de adhesión, se le permitió mantener obstáculos no arancelarios sobre el arroz a cambio de una ampliación de la apertura de su mercado conforme a las disposiciones de acceso a los mercados en materia de trato especial de la OMC. En consecuencia, eliminó la prohibición sobre las importaciones de arroz y estableció un contingente exento de impuestos de 144 720 toneladas en equivalente de arroz descascarillado en el año 2002. En los años siguientes, se volverá a negociar el acceso preferencial para el arroz.

En enero, Hong Kong (región administrativa especial de China) moderó las restricciones existentes sobre el sector privado de llevar simultáneamente las actividades de venta al por mayor y de importación del arroz. En 2002, el Gobierno anunció la liberalización plena de su régimen comercial para el arroz desde el 1° de enero de 2003. Para esta fecha, se eliminarían todas las restricciones cuantitativas sobre las importaciones y los requisitos de entrada.

En Indonesia, los aranceles a la importación se mantuvieron en 430 rupias por kg desde el año 2000 (equivalente a un 30 por ciento^[12] del valor unitario de importación). Aunque las importaciones están sujetas a aranceles, el cumplimiento deficiente del pago de los aranceles llevó al Gobierno a establecer en mayo de 2002 requisitos de importación adicionales. Desde esa fecha, sólo se han concedido licencias de importación a los comerciantes registrados en el Ministerio de Industria y Comercio.

Las importaciones de arroz por parte de la República de Corea también están sujetas a las disposiciones de la OMC en materia del trato especial para acceso a los mercados y todas se realizan con arreglo a un contingente arancelario del 5 por ciento, cuyo volumen ha aumentado de forma progresiva de 102 614 toneladas en el año 1999 a 153 921 toneladas en 2002, en consonancia con los compromisos de la OMC.

En el marco de las obligaciones de la OMC contraídas por Filipinas, los comerciantes privados pueden importar arroz especial, de consistencia semidura o glutinoso con un derecho del 50 por ciento y conforme a un contingente arancelario. Sin embargo, en el año 2001, sólo se autorizaron 20 000 toneladas de un volumen total de acceso mínimo de 134 395, y prácticamente todas las importaciones de arroz fueron realizadas por el Organismo Nacional de Alimentos, bien mediante tratos entre gobiernos o bien a través de licitaciones públicas. No obstante, el Gobierno dio a conocer en marzo de 2002 que autorizaría a los grupos y cooperativas de productores como responsables de las importaciones de arroz en 2003.

Durante varios años, las importaciones de arroz por parte de Sri Lanka han estado sujetas a un arancel del 35 por ciento, que el Gobierno abandonó cuando se produjo escasez de suministro. Sin embargo, en julio de 2001 el Gobierno reaccionó a un auge de las importaciones prohibiendo nuevas importaciones. El 1° de noviembre de 2001 se autorizó al Cooperative Wholesale Establishment (Establecimiento cooperativo de venta al por mayor), una empresa patrocinada por el gobierno, y a los comerciantes privados a importar 60 000 toneladas de arroz exentas de gravámenes. A tenor de la continuidad de los elevados precios internos, se autorizaron nuevas importaciones hasta finales de 2001 a la mitad del gravamen habitual del 35 por ciento. A comienzos de 2002, el derecho ad valorem se convirtió en un derecho específico de 7 000 rupias (75 dólares EE.UU.) por tonelada.

En octubre de 2001, ante el aumento de los envíos de arroz, Turquía incrementó la cuantía del derecho de importación de un 27 por ciento a un 39 por ciento, en el caso del arroz cáscara, y de un 35 por ciento a un 46,5 por ciento para el arroz elaborado.

De igual manera, en un intento por frenar la entrada de arroz de países vecinos, en noviembre de 2001 Viet Nam aumentó los aranceles de un 30 a un 40 por ciento para todo el arroz, a excepción de las semillas. Sin embargo, en el año 2002, el país permitió la importación de 5 000 toneladas de arroz glutinoso de Laos a la mitad del gravamen del 40 por ciento.

África ha sido el principal mercado de crecimiento para el arroz en la última década, absorbiendo un 28 por ciento del comercio mundial en 2000-2002. Las importaciones de arroz en la región aumentaron en un millón de toneladas, o sea un 16 por ciento, durante ese período, estimuladas por un importante crecimiento de la demanda interna que superó los aumentos de producción. La apertura de mercados facilitó también la entrada de arroz a la región.

Por ejemplo, ocho países de África occidental, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo, aplicaron en enero de 2000 el arancel externo común de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), que supuso para varios de ellos una importante reducción de los aranceles fronterizos. Según el arancel externo común, las importaciones de arroz elaborado procedentes de terceros países están sujetas a derechos de importación del 10 por ciento. Con arreglo a las disposiciones de la UEMOA, podrían añadirse dos derechos adicionales de carácter provisional para mitigar el efecto del descenso de los aranceles externos sobre los productores locales y proteger el mercado de una bajada excesiva de los precios. Sin embargo, de acuerdo con el programa inicial, el derecho provisional máximo no podía ser superior al 15 por ciento en el año 2000, al 10 por ciento en el año 2001 y al 5 por ciento en el año 2002, y tenía que eliminarse el 1° de enero de 2003.

Cuadro I-8: Arancel externo común y otros derechos de la UEMOA^1/

Fuente: UEMOA
^1/ Aplicable al valor c.i.f.

En el año 2000, Kenya fijó el gravamen aplicado a las importaciones de arroz en el 25 por ciento, o sea, 7,50 chelines kenianos por kilogramo (98 dólares EE.UU. por tonelada), que constituye el más elevado, y en 2001 lo cambió al 35 por ciento, o sea 4,20 chelines kenianos por kilogramo (53 dólares EE.UU. por tonelada).

De conformidad con la liberalización general del sector del arroz en curso en Mauritania desde 1999, el país suprimió el “sistema de fondo común”, que obligaba a los agentes a comprar arroz cáscara en el país para obtener licencias de importación.

Nigeria, uno de los principales importadores de arroz del mundo, aumentó sus gravámenes a la importación de arroz del 50 al 75 por ciento en enero de 2001^[13]. En 2002, nuevos aumentos llevaron a alcanzar primero el 100 por cien y a finales de año el 110 por ciento.

Cuadro I-9: Arancel de la importación de arroz en Nigeria

Las importaciones en los países de América Latina y el Caribe se han estancado en el último decenio, representando menos del 11 por ciento del comercio total en 2000-2002. Este estancamiento respondió a un descenso de la demanda y a aumentos en la producción, sobre todo en la parte sur del continente. Las barreras a la importación, tales como regímenes de licencias de importación discrecionales, derechos variables derivados de los mecanismos de importación de escalas de precios o prohibiciones fitosanitarias, frenaron también el crecimiento de las importaciones. En consecuencia, gran parte de las importaciones de arroz en la región se realizó en condiciones de acceso preferencial, como por ejemplo los contingentes arancelarios de la OMC, o procedió de participantes en acuerdos regionales como el Pacto Andino, Caricom, Mercosur o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Por ejemplo, Brasil importa principalmente arroz de otros países miembros de Mercosur (Argentina, Paraguay y Uruguay) con exención de derechos. Las compras de países no miembros se gravaron, en virtud del arancel externo común de Mercosur, con un 11,5 a un 13,5 por ciento en 2002, un 1 por ciento menos que en 2001. Sin embargo, en 2002 el país estableció nuevos requisitos fitosanitarios para las importaciones de arroz y otros productos agrícolas, obligando a los abastecedores que no formaban parte de Mercosur a presentar evaluaciones del riesgo de plagas.

En virtud del Pacto Andino, del que forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, las importaciones procedentes de países no miembros se autorizan en caso de que no haya disponibilidad de suministros de otros países andinos. Las compras a países no miembros están sujetas al sistema de escalas de precios de la Comunidad Andina, que se basa en un precio mínimo y un precio máximo fijados cada año por el Consejo Presidencial Andino, así como en un precio de referencia externo que el Consejo ajusta cada dos semanas. En abril de 2002, el precio mínimo se fijó en 278 dólares EE.UU. por tonelada y el máximo en 352 dólares EE.UU. por tonelada, inferiores a los 319 dólares EE.UU. por tonelada de precio mínimo y los 387 dólares EE.UU. por tonelada de precio máximo aplicados en 2001.

Aunque las importaciones de arroz dentro de la Comunidad Andina están exentas de licencias y gravámenes, Colombia ha marcado el arroz como una excepción y ha impuesto contingentes a las importaciones de arroz de otros miembros. Además, el país ha recurrido a un derecho de salvaguardia del Pacto Andino para regular el flujo de arroz desde Ecuador y Venezuela. En noviembre de 2002, aunque el Pacto Andino dictaminó que las restricciones de Colombia a las importaciones desde Ecuador no estaban justificadas, éstas no se eliminaron. Por otro lado, las importaciones por parte de Colombia desde terceros países están sujetas a un régimen de “absorción de cosechas”, según el cual se conceden licencias sólo a los comerciantes que demuestren que hayan vendido dos toneladas de arroz cáscara en el mercado local por cada tonelada solicitada para importación. Desde 2001, también se han expedido licencias a importadores que compran arroz local en el mercado de futuros a precios predeterminados. Aunque en virtud del acuerdo de Colombia con la OMC el sistema de absorción de cosechas debía suspenderse en enero de 2000, se permitió al país ampliarlo durante otros cuatro años.

Desde diciembre de 1999 hasta febrero de 2002, Costa Rica aplicó una salvaguardia especial de la OMC basada en el precio del 19 por ciento para las importaciones de arroz descascarillado con lo que el tipo de derecho general estuvo en el 54 por ciento. En febrero de 2002, el país la reemplazó por una salvaguardia basada en el Artículo 19 del GATT 94^[14], que aumentaba el tipo general de arancel al 71 por ciento hasta el 26 de septiembre de 2002. En octubre de 2002, se invocó de nuevo una salvaguardia del 22,5 por ciento basada en el precio, la cual redujo el arancel al 57,5 por ciento. Al mismo tiempo, sin embargo, el gravamen fitosanitario a las importaciones de arroz se incrementó de 10 dólares EE.UU. a 19 dólares EE.UU. por tonelada.

Después de la aprobación en 2000 en los Estados Unidos de una legislación que permite la venta de alimentos a Cuba, Alimport, el organismo estatal de alimentos de Cuba, comenzó a importar arroz de los Estados Unidos en 2002.

Las importaciones por parte de la República Dominicana se realizan en su mayoría por organizaciones y cooperativas de productores conforme a un contingente arancelario. Éste está sujeto a un derecho del 20 por ciento y fue igual a 13 000 toneladas en 2001 y a 13 600 toneladas en 2002.

Las decisiones sobre el volumen de importación en Guatemala se realizan en consulta con un comité multisectorial. En el año 2000, el contingente arancelario se fijó en 33 400 toneladas. En el año 2001 se aumentó a 43 200 toneladas. Los aranceles dentro del contingente se redujeron del 18 al 16,2 por ciento para el arroz elaborado y se mantuvieron en el cero por ciento para el arroz cáscara, que constituye la parte principal de las importaciones. El derecho aplicado a las importaciones de arroz fuera del contingente también se redujo del 36,0 al 32,4 por ciento entre 2000 y 2001.

Las importaciones por parte de México desde los Estados Unidos estuvieron sujetas, en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a aranceles que oscilaban entre el 2 por ciento y el 4 por ciento en el año 2001. Se redujeron a la mitad en el año 2002 y se eliminarán en el año 2003. En junio de 2002, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte adoptó una decisión sobre una denuncia antidumping realizada por el Consejo Mexicano del Arroz (presentada inicialmente en octubre de 1999) contra varios exportadores estadounidenses de arroz blanco de grano largo al país. El dictamen permitió la imposición de un derecho compensatorio del 10,18 por ciento sobre el arroz suministrado por las principales empresas exportadoras de los Estados Unidos. México eliminó también en el año 2001 una prohibición a las importaciones desde Tailandia, que se había establecido en 1993 por motivos fitosanitarios. A finales del año 2002, sin embargo, México y otros países de América Central^[15] volvieron a levantar la prohibición sobre el arroz procedente de China, la India, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Viet Nam, de nuevo por motivos fitosanitarios.

En Nicaragua, los derechos de importación se aumentaron entre el año 2000 y el 2001 del 55 por ciento al 62 por ciento para el arroz elaborado con procedencia en países miembros de la OMC y del 65 por ciento al 72 por ciento para países no miembros de la OMC. Los derechos más elevados en 2001 se compensaron con el establecimiento de un contingente arancelario de 100 000 toneladas para el arroz cáscara, creado después de llegar a un acuerdo entre los productores y los elaboradores de arroz, por el cual los segundos se comprometían a compar arroz cáscara en el país a un precio predeterminado. En consecuencia, si bien todas las importaciones de arroz cáscara afrontaron un derecho del 20 por ciento en el 2000, el año siguiente sólo los importados dentro del contingente estuvieron sujetos a esta cuantía, mientras que los que excedieron el contingente pagaron el 45 por ciento. Los contingentes arancelarios se ampliaron al 2002 por la misma cantidad.

Previa consulta con la OMC, Panamá acordó establecer un contingente arancelario de 5 000 toneladas (en equivalente de arroz elaborado) en 1997 y aumentarlo en 523,5 toneladas cada año hasta el 2006. En consecuencia, el contingente aumentó de 6 047 toneladas en 1999 a 7 618 toneladas en 2002, en equivalente de arroz elaborado. Si bien el arancel dentro del contingente se fijó en el 15 por ciento, las importaciones fuera del contingente se gravaron con un derecho ad valorem del 130 por ciento en el año 2000, reducido posteriormente al 123 por ciento en 2001 y al 116 por ciento en 2002.

Las importaciones de arroz en Perú tienen un arancel del 20 por ciento, además de un impuesto complementario del 5 por ciento. En junio de 2001, sin embargo, el país estableció un sistema de escalas de precios para las importaciones de varios productos, entre los que figuraba el arroz, que dio origen a un sistema de derechos variables. El derecho variable se calcula basándose en un precio de referencia externo y en un precio mínimo básico, fijado dos veces al año, el 1° de enero y el 30 de junio. Según informaciones, el impuesto resultante sobre las importaciones fue de unos 220 dólares EE.UU. por tonelada en el primer trimestre de 2002. El país sigue aplicando una prohibición fitosanitaria sobre el arroz procedente de diversos países asiáticos.

El arroz en Santa Lucía es sobre todo importado directamente por el Ministerio de Comercio, procedente en gran parte de otros países miembros del Caricom y exento de aranceles e impuestos al consumidor. El arroz con otras procedencias está sujeto a un derecho del 25 por ciento y a un impuesto al consumidor del 5 por ciento. Las importaciones de arroz envasado en sacos de menos de 25 libras están sujetas a una licencia de importación.

Los países desarrollados representan menos del 15 por ciento de las importaciones mundiales. Al haber completado ya sus compromisos de acceso a los mercados, en los tres últimos años apenas se produjeron cambios en el acceso, aunque la UE ofreció cierta apertura limitada en virtud de sistemas preferenciales.

Desde la aplicación del Acuerdo sobre la Agricultura, las importaciones de arroz de la UE han estado sujetas a aranceles variables vinculados al nivel oficial de los precios de adquisición^[16]. Si bien entre 1997/98 y 1999/2000 la reducción de estos precios llevó a un descenso de los aranceles variables sobre el arroz, esa influencia finalizó en 2001. Otros factores afectaron a los aranceles, entre los que figuraron el constante derrumbe de los precios de referencia externos y las variaciones de los tipos de cambio del dólar EE.UU. y el euro, que los hicieron fluctuar mucho, sobre 200 - 270 Euros. Los aranceles aplicados a las importaciones de arroz en virtud del sistema preferencial del ACP fueron mucho menores, de unos 80-90 Euros por tonelada entre finales de 1999 y finales de 2002. Además de los sistemas de acceso preferencial, que ya representan casi el 40 por ciento de sus importaciones de arroz, la UE estableció en 2001 un contingente adicional exento de derechos para los países menos adelantados (PMA)^[17] en el marco del programa “Todo menos armas” (EBA). Las cantidades permitidas de importación en virtud del programa se restringirán hasta que el acceso se haga ilimitado (con excepción de las normas de origen, etc.) en 2009/2010.

Cuadro I-10: Cupos de importación de arroz exentos de la CE en régimen de franquicia aduanera, en el marco del sistema de acceso preferencial de la iniciativa “Todo menos armas” (toneladas)

De conformidad con sus obligaciones con la OMC, Hungría redujo los aranceles sobre las importaciones de arroz en 2001. El país estableció también un contingente arancelario del 25 por ciento de 19 433 toneladas en 2001 y 2002. Además, en virtud de un acuerdo con la UE, desde el 1° de julio de 2000 se permite la entrada en el país de semillas de arroz cáscara de la UE exenta de derechos y sin límite de volumen. Hungría estableció también un contingente de importación exento de impuestos de 40 000 toneladas para las importaciones procedentes de la UE entre el 1° de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001.

Desde 1999, Japón ha finalizado el trato especial que había aplicado al acceso a los mercado e introdujo un sistema arancelario para las importaciones de arroz, conforme al cual se fijaba inicialmente un derecho de 351,17 yens por kg (2 900 dólares EE.UU. por tonelada), que en el año 2000 se redujo a 341,0 yens por kg (2 850 dólares EE.UU. por tonelada), el último año previsto para reducciones. Tras esta arancelización, se eliminó el sistema de permisos de importación y la obligación de vender todas las importaciones al Organismo de Alimentos. De acuerdo con sus nuevas obligaciones de la OMC, Japón estableció un contingente de acceso mínimo de 770 000 toneladas (en equivalente de arroz descascarillado) en 2001 y 2002. No obstante, en el año 2001, el país redujo el volumen de las importaciones canalizado a través del sistemas de compra y venta simultánea en 20 000 toneladas, a 100 000 toneladas, por primera vez desde 1995. Japón también invocó la salvaguardia basada en el volumen para gránulos de arroz desde el 1° de julio de 2001 al 31 de marzo de 2002, así como la salvaguardia basada en el precio para el arroz elaborado en fecha 31 de mayo de 2002.

Medidas en materia de exportación

El mercado mundial del arroz es relativamente concentrado, ya que cinco países^[18] representan cerca de las tres cuartas partes de las exportaciones mundiales. La competencia por la cuota de mercado se intensificó durante el período sometido a examen ya que en general prevalecieron las condiciones de depresión del mercado. Por ejemplo, los gobiernos desempeñaron una función cada vez mayor en el aseguramiento de los acuerdos de exportación de arroz, donde varios de ellos ofrecieron condiciones especiales de venta y subvenciones al arroz para fomentar las ventas. Al mismo tiempo, varios gobiernos promovieron las ventas de arroz de mayor calidad como una forma de frenar la contracción de las ganancias procedentes de las exportaciones de arroz.

En Asia, en virtud de los términos de la adhesión de China a la OMC, el Gobierno mantuvo su autoridad de tomar decisiones en cuanto a las exportaciones de cereales, que permanecieron bajo el control comercial del Estado. Al mismo tiempo, sin embargo, el país acordó eliminar todas las subvenciones a la exportación.

En la India, las exportaciones de cereales, incluido el arroz, están sujetas a restricciones a la exportación en virtud de la Ley sobre Productos Básicos. Ante el exceso de suministro, en mayo de 2001 el Gobierno redujo el precio de venta del arroz de la Corporación de Alimentos de la India (FCI) destinado a exportación de 6750 rupias (144 dólares EE.UU.) por tonelada a 5650 rupias (120 dólares EE.UU.) por tonelada, el mismo nivel que el precio de emisión de la FCI a los consumidores que están por debajo del umbral de pobreza. Aunque los precios de la FCI del arroz destinado a exportación han aumentado posteriormente en 2002 y 2003, se mantuvieron altamente competitivos,^[19] lo que permite al país situarse como el segundo abastecedor de arroz más importante del mercado mundial en 2002.

En marzo de 2002, la India dio a conocer una nueva política de cinco años en materia de exportación e importación que abarca de 2002 a 2007 y eliminó las restricciones cuantitativas a la exportación de arroz no basmati. Sin embargo, las exportaciones de arroz basmati estuvieron sujetas a precios mínimos consultivos fijados por los principales exportadores de basmati bajo la égida de la Autoridad de Desarrollo de la Exportación (APEDA). En virtud de la nueva política, el arroz basmati exportado a un precio inferior al nivel mínimo establecido estuvo sujeto a una inspección obligatoria. Los precios mínimos aconsejados para el arroz basmati rondaron cerca de 450 - 500 dólares EE.UU. por tonelada fob durante la primera mitad de 2002.

Cuadro I-11: India - Precios de venta de la FCI^1/ del arroz destinado a la exportación

^1/ Arroz no basmati, con 25 por ciento de arroz quebrado

En noviembre de 2000, Pakistán eliminó el precio mínimo de exportación para el arroz IRRI. En mayo de 2001, autorizó al sector privado a emitir especificaciones de calidad y grado como forma de mejorar la calidad del arroz, especialmente basmati, e impulsar las exportaciones. El Gobierno desempeñó también una función activa en la promoción de acuerdos para la exportación de arroz con Indonesia, la República Islámica del Irán, Iraq, Filipinas, Kenya, Zimbabwe y Sudáfrica.

En el marco del plan estratégico para el arroz propuesto para 2002-2006, Tailandia estableció el objetivo de exportación del país en 7,5 millones de toneladas en 2006, un volumen alcanzado ya en 2001. No obstante, el plan también estaba orientado a aumentar la proporción de arroz de calidad premium en el total, de un 23 por ciento en 2001 a un 60 por ciento para el 2006. Para ello, el país hizo más estrictas las especificaciones y normas del arroz fragante y de calidad alta destinado a la exportación. Ante las condiciones de depresión del mercado internacional, Tailandia hizo varios intentos en 2001 y 2002 por cerrar un acuerdo de cooperación entre los principales exportadores de arroz con objeto de estabilizar los precios mundiales. Posteriormente, el 9 de octubre de 2002, se celebró en Tailandia una reunión ministerial con la participación de China, la India, Pakistán, Tailandia y Viet Nam. El Gobierno de Tailandia intensificó también su implicación directa en las actividades de exportación a través de la promoción de acuerdos entre gobiernos. En 2002, esto se consiguió permitiendo ventas a crédito a los principales importadores, por ejemplo Indonesia, Filipinas y la República Islámica del Irán, y a través de la aplicación de un mecanismo de comercio de compensación, como por ejemplo con Filipinas e Indonesia, y de un sistema comercial de cuentas con Malasia. Además, se permitieron las ventas al sector privado de arroz procedente de las existencias públicas a través de la Organización de almacenes públicos y la Organización de comercio de los agricultores en determinadas cantidades a un precio especial, para su venta exclusiva al extranjero. Las exportaciones de arroz cáscara desde el país siguen estando prohibidas.

En abril de 2001, Viet Nam suprimió la mayoría de sus restricciones a la exportación de arroz en el marco del nuevo Sistema de Gestión de Exportación-Importación para 2001-2005. Éste elimina los límites cuantitativos sobre las exportaciones y permite que todos los agentes económicos con licencias comerciales de productos básicos agrícolas tomen parte en las exportaciones de arroz. Sin embargo, se adoptaron disposiciones para asegurar que las empresas comerciales estatales siguiesen siendo responsables de negociar los acuerdos de exportación con los socios comerciales más importantes. En un intento por promover las ventas, el Gobierno intensificó también sus esfuerzos para establecer acuerdos comerciales de trueque con importadores como Malasia y promovió los contratos bilaterales entre gobiernos con Indonesia, Iraq y Cuba. Asimismo estableció oficinas en los mercados de crecimiento potencial en Rusia e Iraq. Además, permitió a las agencias de exportación conceder créditos de hasta 720 días en ventas de al menos 30 000 toneladas y puso en marcha un programa de primas al exportador en 2001, que establecía una prima de 180 dongs (0,012 dólares EE.UU.) por cada dólar de valor de exportación, sin incluir los envíos realizados en condiciones de trueque, ayuda externa y acuerdos gubernamentales. Estas excepciones se eliminaron en 2002 para ayudar a los exportadores a cubrir las pérdidas sufridas en los contratos bilaterales entre gobiernos. Para finales de 2001, sin embargo, con motivo de la escasez de producción, se liberaron suministros de las existencias públicas y los exportadores pidieron suspender los envíos de arroz hasta febrero de 2002.

En África, el único país con un volumen importante de exportación sin precedentes es Egipto. Según informaciones, el país utilizó subvenciones a la exportación entre julio y septiembre de 2001 para reforzar las ventas en el extranjero, que ascienden a 100 libras egipcias (22 dólares EE.UU.) por tonelada para el grano medio, y a 200 libras egipcias (45 dólares EE.UU.) por tonelada para el arroz de grano largo.

En América Latina y el Caribe, a raíz de la devaluación de la divisa nacional, Argentina estableció un impuesto a la exportación del 10 por ciento para las exportaciones de arroz y otros productos agrícolas en marzo de 2002. Contrariamente al trigo y a los cereales secundarios y otros productos agrícolas para los que se aumentó la tasa al 20 por ciento en abril de 2002, el impuesto a la exportación de arroz se mantuvo en el 10 por ciento. Aunque los exportadores continuaron teniendo derecho al reembolso de los impuestos indirectos pagados sobre el arroz exportado, éstos se redujeron a la mitad con motivo de la devaluación de la divisa. Bolivia acometió actualizar sus normas y regulaciones para el arroz como medida de fomento de las exportaciones de arroz. Aunque Ecuador se ha convertido en un exportador neto de arroz en los últimos años, las exportaciones en 2002 se vieron dificultadas por la medida de salvaguardia aplicada por Colombia en virtud del Pacto Andino, que limitaba la afluencia de arroz procedente de Ecuador a 18 000 toneladas, en equivalente de arroz cáscara^[20]. En el marco de su acuerdo de la OMC, se permitió a Colombia subvencionar las exportaciones de arroz en 2002 para cerca de 17 000 toneladas y 96 millones de dólares EE.UU. Sin embargo, a raíz de una corrección en su notificación donde el país informó de que había incluido rebajas en los impuestos en su cálculo de las subvenciones de base, Colombia perdió sus derechos de subvención a la exportación para el arroz.

Las exportaciones representaron casi el 17 por ciento del comercio mundial en 2000-01. Con excepción de la UE, que siguió utilizando sus derechos de subvención a la exportación, la mayoría de las exportaciones desde esos países se realizaron en términos comerciales o en el marco de programas de ayuda alimentaria.

Entre los países desarrollados, los Estados Unidos promovieron las exportaciones de arroz fundamentalmente en virtud de los programas garantizados de créditos a la exportación ya que las subvenciones directas a los precios de exportación otorgadas en el marco del Programa de fomento de las exportaciones no se han utilizado desde 1996. La ayuda a los exportadores de arroz se concedió a través de programas de garantía del crédito a la exportación (GSM-102 para créditos de hasta tres años y GSM-103 para créditos de hasta 10 años). Según se informó, en 1999 y 2000, más de 200 000 toneladas se beneficiaron de estas garantías. No se disponía de esta información para el último período. Además, el volumen de arroz enviado en virtud de los programas de ayuda alimentaria disminuyó en 2001 y 2002 en comparación con los dos años anteriores, representando un 8 por ciento y un 11 por ciento de las exportaciones de arroz del país.

Cuadro I-12: Estados Unidos - Volumen de exportación de arroz enviado en el marco de programas especiales

* provisional

Fuente: USDA - Rice Situation and Outlook Yearbook (Anuario sobre la situación y las perspectivas arroceras), noviembre de 2002

En virtud del Acuerdo de la OMC, la UE se comprometió a reducir en 1999/2000 el volumen y el gasto presupuestario en las exportaciones subvencionadas de arroz a un máximo de 139 300 toneladas (en equivalente de arroz elaborado) y 40,4 millones de Euros, respectivamente. En 2000/01, el último año para la reducción, se establecieron los límites máximos en 133 400 toneladas y 36,8 millones de Euros. De conformidad con la notificación de la UE a la OMC, en 1999/2000 se exportaron de manera efectiva 140 400 toneladas con subvenciones, lo que supone un gasto de 26,4 millones de Euros. Además, se enviaron 63 500 toneladas en el marco de los programas de ayuda alimentaria. En 2000/01, el volumen de las exportaciones de arroz con devolución disminuyó a 132 300 toneladas, pero el gasto aumentó a 32,3 millones de Euros. Por otro lado, el nivel de envíos de ayuda alimentaria se redujo de forma importante a 21 200 toneladas.

De acuerdo con su notificación a la OMC, Japón aumentó de forma considerable el volumen de arroz que concedió como ayuda alimentaria en 2000/01, donde alcanzó las 706 830 toneladas, 218 928 toneladas más que el año anterior.

Conclusiones

En 2001 y 2002, los gobiernos reaccionaron ante los bajos precios internacionales del arroz adoptando menos políticas de expansión de la producción, alejándose de la postura mantenida en general en los dos años anteriores. Este cambio coincidió con un mayor interés por un cultivo de arroz de mejor calidad, sobre todo en los principales países exportadores de Asia.

Aunque varios gobiernos promovieron la apertura de nuevas tierras para fomentar la producción de arroz, gran parte de la ayuda se ha canalizado por medio de medidas de mejora del rendimiento, como la mejora y la extensión de las variedades, subvenciones a insumos básicos, riego y créditos. Se han seguido realizando labores concretas para difundir variedades de alto rendimiento, sobre todo híbridos, pero también un número cada vez mayor de gobiernos mostró su interés por la creación de arroz modificado genéticamente. Parece que las grandes inversiones públicas en materia de riego han perdido interés, excepto en un número reducido de países determinados donde el arroz aún se cultiva predominantemente en condiciones de secano. En África, la prioridad estuvo en los cultivos de arroz en los valles interiores, con control parcial del agua, pero gran parte de la región dependió de la ayuda externa para la realización de proyectos de fomento de las tierras y para la rehabilitación de los actuales planes de riego. En África, y sobre todo en América Latina y el Caribe, varios países se afirmaron en la consolidación de reformas agrícolas y en la disposición de derechos de propiedad.

Las preocupaciones sobre las consecuencias que la subsistencia de precios bajos pudiera tener en los ingresos de los productores, instó a los gobiernos a aplicar medidas de estabilización de los mercados, con la activación por ejemplo de planes de grandes compras, y a adoptar programas de mitigación de las deudas. Sin embargo, la ayuda directa a los precios a los productores fue mínima en África y en gran parte de América Latina y el Caribe, donde la protección del mercado se ofrece en su mayor parte indirectamente a través de medidas fronterizas. En general, aunque muchos países en desarrollo tuvieron grandes posibilidades de aumentar la ayuda interna a los productores de arroz dentro de sus compromisos en el marco de la OMC, el suministro de asistencia adicional al sector se frenó por la falta de recursos presupuestarios. La situación fue distinta para los países desarrollados y de ingresos medianos, y varios de ellos incrementaron los pagos de compensatorios o de urgencia para ayudar a sus agricultores a superar las repercusiones de las condiciones de depresión del mercado. Como consecuencia, la producción en esos países se mantuvo bastante estable.

Aunque el arroz sigue sometido en varios países a las restricciones de la comercialización interna o a los controles de los precios al por menor, la distribución de arroz a precios preferenciales se redujo con frecuencia y se destinó a grupos de población especiales. La responsabilidad de las empresas estatales de comercialización en la distribución de arroz también tendió a reducirse y se presentaron diversos incentivos para convencer al sector privado de que desempeñara una función mayor en las distintas fases de la cadena del arroz. La orientación hacia la privatización persistió en África, a pesar de la anterior realidad de los hechos de que el sector privado no había conseguido asumir las funciones desempeñadas previamente por los órganos públicos.

En relación con las existencias, los dos principales productores de arroz participaron en una reducción a gran escala de los inventarios públicos de arroz. Sin embargo, mientras que China adoptó medidas de recorte de la producción y liberó las reservas internamente para cubrir la diferencia con el consumo, la India redujo su saturación de existencias promoviendo las exportaciones. Muchos países, sobre todo en Asia, siguieron comprometidos a mantener un nivel mínimo de existencias a efectos de seguridad alimentaria y estabilización del mercado.

En lo que se refiere al comercio del arroz, los países en desarrollo siguieron reduciendo sus aranceles consolidados a la importación de la OMC y aumentando el volumen de sus contingentes arancelarios de acuerdo con sus compromisos con la OMC. En varios casos, también se permitió que el sector privado desempeñase una función activa en las importaciones de arroz. Sin embargo, el predominio de precios internacionales bajos propició que varios países importadores aumentasen las barreras arancelarias y no arancelarias para proteger a sus productores internos. Asimismo, parece haber aumentado el recurso a las cláusulas de salvaguardia en 2001 y 2002. Algunos países recurrieron también a medidas fitosanitarias.

En materia de exportaciones, las intervenciones gubernamentales se intensificaron, ya que la competencia internacional por los mercados se endureció. En consecuencia, se realizaron un gran número de transacciones en virtud de acuerdos bilaterales entre gobiernos o de operaciones de trueque en los dos últimos años. Varios de los principales países exportadores intentaron formar una coalición para mantener los precios del arroz, una iniciativa puesta en marcha ya en el año 2000. Sin embargo, la principal novedad del comercio en los dos últimos años fue la intensificación de las exportaciones desde la India, impulsadas por las ventas a bajo precio de las existencias del gobierno. Por último, muchos países y grupos de países realizaron progresos en la negociación de acuerdos de libre comercio, tanto con carácter bilateral como con las principales agrupaciones comerciales.

Así pues, en general, si bien ha habido constancia de que las políticas arroceras nacionales han evolucionado en 2001 y 2002 hacia la reducción de la intervención de los gobiernos y hacia unos regímenes de comercio más abiertos, el sector del arroz parece estar aún muy protegido y sumamente sujeto a las medidas de estabilización del mercado, lo que responde a la función especial que el arroz sigue desempeñando para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos.