4. Fuerzas impulsoras que afectan al sector forestal

CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

El consumo mundial en los países industrializados probablemente continúe creciendo y también la pobreza en las regiones en desarrollo continuará creciendo.

En la última década se ha observado que, al contrario de lo que ocurría en el pasado, cuando algunos países se esforzaban por proteger sus economías a través de medidas proteccionistas, con la mundialización del comercio entre países y/o bloques, los Estados Unidos de América y la Unión Europea mantienen un rol hegemónico. En el futuro, es posible que estos grupos o países deban continuar siendo dos grandes consumidores mundiales de productos forestales. Además puede aumentar la importancia de países como la República de Corea, China (incluyendo Hong Kong, Taiwán) y la India, que probablemente demandarán recursos originarios del bosque, como consecuencia de sus crecimientos económicos (véase recuadro 1). En los próximos 10–15 años, China podría consolidarse como uno de los principales importadores y exportadores mundiales, y actualmente es la principal economía emergente a nivel mundial.

CAMBIOS EN LOS ASPECTOS MACROECONÓMICOS

Nacionales

Infraestructura de transporte

Los sistemas de transporte más comunes son: el vial, el ferroviario, el aéreo, el fluvial y el marítimo. La importancia de cada una de estas modalidades varía mucho de acuerdo a los países. A continuación se presenta un panorama actualizado de cada uno de estos tipos de transporte en los países de la subregión amazónica y sus perspectivas a medio y largo plazo.

Carreteras

La subregión cuenta con aproximadamente 2,3 millones de kilómetros de carreteras. De este total, apenas 235 687 km o poco más del 10% son asfaltadas, los dos millones restantes, es decir la gran mayoría (90%) no lo son (véase cuadro 52).

CUADRO 52. Extensión de la red de carreteras por tipo de pavimento

Fuentes: Ministerio de Economía, Informes nacionales (FAO 2004, 2005), DNER.

En Bolivia la infraestructura de carreteras es deficiente, es necesario construir más vías y asfaltar muchas de las existentes. A pesar de la necesidad, las inversiones en pavimentación y construcción de nuevas carreteras es muy lenta. Esto se debe, en parte a las condiciones topográficas y geográficas del país, que comportan costos elevados, principalmente en la región amazónica boliviana, donde el problema es agravado por la falta de materiales de construcción y la existencia de zonas que sufren riesgo de inundaciones.

En el Brasil las carreteras están, en general, mal conservadas, particularmente las del norte y del nordeste del país. En algunos estados de las regiones del sur y sudeste, algunas de las carreteras principales han recibido en los últimos años importantes inversiones del sector privado y actualmente se encuentran en condiciones bastante adecuadas para el tráfico. Esas inversiones fueron hechas a través del modelo de concesiones, donde la iniciativa privada administra las carreteras, realiza mantenimientos y mejorías, pagándose peaje por su utilización. En realidad el gobierno federal, el mayor responsable de las inversiones en las vías de transporte del país se moviliza poco. La expectativa a mediano y largo plazo es que la situación no presente cambios significativos, quedando mucho por hacer en la red vial.

También en Colombia escasean las carreteras y muchas de las que existen, no están asfaltadas. Asimismo, el mayor porcentaje del transporte se realiza por este medio, lo que tiende a aumentar significativamente los costos. Para revertir la actual situación existe el Decreto Reglamentario 1736 de 2001 de la Ley 105 de 1993. Este decreto posee y adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras, en el cual se prevé la rehabilitación y mantenimiento de la red vial existente. En el país, la realización de inversiones en el Corredor de Integración de Transporte Bogotá–Quito–Caracas también están previstas, las mismas deberían comportar implicaciones positivas en las áreas de influencia de bosques. El programa Vías para la Paz II también debería contribuir al desarrollo vial.

En el Ecuador, de los 43 000 km de carreteras (8 100 km principales y secundarias) están asfaltadas en condiciones aceptables de señalización y seguridad, aunque con necesidad de modernizarlas. Hace mucho que el país no realiza inversiones en el sector de transporte vial y no se prevé que éstas se hagan en un mediano o largo plazo.

En Perú, solamente el 13 % de las carreteras están asfaltadas. Las principales vías son la carretera Panamericana, con 2 800 km a lo largo de la costa, y la carretera Central, que une Lima al interior del país. Existen vías en estado de conservación bastante precario. Sin embargo, organizaciones multilaterales están contribuyendo en su reparación mejorando la infraestructura vial en las zonas rurales, pero en general la situación no deberá cambiar a corto o medio plazo.

En Venezuela aproximadamente el 34% de las carreteras están asfaltadas y en realidad no se conoce cuál es el estado actual. Sin embargo, se estima que el país está en la misma situación de los demás países, es decir, sin previsiones de ampliación de la red vial y sin una política clara de mantenimiento de la red actual.

La existencia de una infraestructura de transporte adecuada y eficiente es sin ninguna duda un factor inductor a la inversión en una determinada localidad, región o país. Esto es importante, particularmente en el caso de cualquier negocio foresto-industrial, en cuanto el transporte es un componente de alto impacto en los costos de producción, especialmente cuando se trata del suministro de materia prima y producción primaria. Cuando no se dispone de infraestructura de transporte apropiada y reglamentada, los costos de transporte pasan a ser mayores. En algunos casos, a fin de viabilizar una determinada inversión, es necesario que el inversionista construya la infraestructura de transporte necesaria para volver atractivo su negocio, lo que termina por influir en la rentabilidad de la empresa.

En general no existen políticas públicas de inversión en transporte vial en la mayoría de los países de la subregión. Sin embargo, en algunos países existen algunas iniciativas que buscan mejorar el panorama actual, pero éstas son aún bastante débiles. Por otro lado se debe considerar las cuestiones internas de cada nación y que muchas veces son las pocas carreteras existentes no sirven de conexión entre los países.

Ferrocarril

Los países de la subregión cuentan con aproximadamente 42 000 km de red de ferrocarriles, de éstas poco más del 75% están en el Brasil (véase cuadro 5). Considerando este tipo de transporte, el mayor problema en la subregión que éste percibe, son los diferentes tipos de trochas (anchos y/o angostas), lo cual puede ser una limitación para el transporte por ferrocarril entre los países y también dentro de éstos. Por ejemplo, el Brasil tiene la mayor parte de sus vías férreas de trocha angosta (1 m), pero existen extensiones de trocha ancha (1,4 m), en Perú y Venezuela la mayoría son de trocha ancha.

En Bolivia, la logística relacionada al transporte ferroviario internamente se muestra limitada en función a la falta de conexión entre la red andina y la red oriental. Los servicios del transporte de mercancías desde 1996 son concesionados por un plazo de 40 años. Desde 1996, la red andina ha sido administrada por la Empresa ferroviaria andina y la concesión para administración de la red oriental fue otorgada a la Empresa ferroviaria oriental. No hay registros de inversiones realizadas en el sistema ferroviario del país. Por lo tanto, no se esperan cambios significativos en ese campo en el país a corto y mediano plazo.

CUADRO 53. Extensión de la red de ferrocarriles por tipo de trocha

Fuentes: Ministerio de Economía, Informes nacionales (FAO 2004, 2005).

En el Brasil, los sistemas ferroviarios eran administrados por la iniciativa pública integrando la Red ferroviaria federal (RFFSA) y la Ferrocarril paulista (FEPASA). Entre 1980 y 1995 estos sistemas fueron afectados de forma crítica y las inversiones fueron reducidas drásticamente. Ya a finales de la década de los ochenta fue instituido en el Brasil el Programa nacional de desestatización siendo la RFFSA incluida en el mencionado programa. Entre 1996 y 1998 se concluye el proceso de desestatización con la inclusión de la FEPASA al proceso ya iniciado por RFFSA y el sistema ferroviario comienza a ser controlado por la iniciativa privada a través de concesiones.

Recientemente se puede afirmar que el transporte ferroviario del Brasil ha crecido substancialmente, considerando las cantidades transportadas antes y después de la adopción de la operación privada. Actualmente, hay aproximadamente 11 empresas operando en un total de 28 760 km (91% de la extensión total del sistema de ferrocarriles del Brasil). Aproximadamente el 21% del transporte de mercancías en general (incluso madera, papel y pasta) se hace mediante transporte ferroviario. Se espera que ese porcentaje crezca en los próximos años, en virtud de las inversiones realizadas por la iniciativa privada en ampliaciones de la red (ferrocarril norte–sur), nuevos equipos, mantenimientos del sistema actual y expansión de la flota (véase cuadro 54).

CUADRO 54. Inversiones realizadas en la red de ferrocarriles del Brasil (2001–2005)

¹ Previsión de inversiones en el ferrocarril norte–sur (en construcción).
Fuentes: ANTT/Ministerio de Transporte, BNDES, VALEC.

La red ferroviaria de Colombia es fragmentada y deficiente. Alrededor del 50% de la extensión total de su red está desactivada y la otra mitad está activa pero en condiciones precarias. A partir de 1998 el Ministerio de Transporte ha impulsado el programa de concesiones en el sector, bajo el cual se buscó inyectar recursos del sector privado que permitiesen realizar obras prioritarias. Dentro de este contexto, en diciembre de 1998 se adjudicó la concesión para la recuperación integral de 500 km de la red Pacífico (15% de la extensión total del sistema férreo del país), con un potencial de carga de 2,1 millones de toneladas anuales. El proyecto tuvo un aporte de la nación de 120 millones de dólares EE.UU. entre 1999–2002. La red atlántica también está bajo concesión para su rehabilitación con miras a mejorar las condiciones de operación del transporte ferroviario entre Bogotá y la costa atlántica. En este caso el aporte del Gobierno fue del orden de 80 millones de dólares para 1999–2002. Sin embargo, para los próximos años no se esperan nuevos cambios en el sistema ferroviario del país, el que será aún deficiente, a pesar de las recuperaciones y rehabilitaciones realizadas.

El sistema ferroviario del Ecuador es muy poco utilizado y se encuentra en parte desactivado. Actualmente, el ferrocarril está siendo rehabilitado y deberá, a corto plazo, ser apto para su utilización. De cualquier forma no se registraron nuevas inversiones en la extensión de la red actual, lo que va a determinar la situación actual.

La red ferroviaria Perú está formada por ocho tramos totalizando poco más de 1 800 km. Del total de tramos existentes y en uso, cinco son públicos y administrados por la Empresa Nacional de Ferrocarriles, y tres son privados, administrados por empresas mineras (la Southern Perú Cooper Corporation y Empresa minera del centro). A pesar de la privatización de una parte de su extensión, la red ferroviaria Perú no se encuentra en buen estado y a pesar del Plan de acción del Gobierno emitido en 2003, el cual menciona una reestructuración de este tipo de sistema de transporte, no hay registros de planes de ampliación de su trazado y tampoco de realización de inversiones en equipos y mantenimiento.

Venezuela posee una red ferroviaria relativamente pequeña, solamente 624 km de vías cuyo estado de conservación es inadecuado. Incluso la actual infraestructura no es buena y hay escasez de áreas de trasbordo lo que encarece los costos del transporte ferroviario. Existe un proyecto que pretende triplicar la extensión total para 2005, aunque las inversiones previstas para 2004 sean reducidas (30 millones de dólares EE.UU.). Se estima que a mediano plazo el sistema de transporte ferroviario en Venezuela no sufrirá alteraciones.

Entre los países integrantes de la subregión amazónica el transporte de mercadería por ferrocarril es aún muy limitado. El comercio de mercadería se perjudica por falta de conexiones internacionales que nunca existieron o dejaron de existir, como es el caso de las conexiones entre Colombia y Venezuela, y por la incongruencia técnica entre las redes ferroviarias, especialmente con respecto a la trocha, lo que obliga un trasbordo de la carga o cambio de rodaje de los vagones, aumentando los costos de fletes y el tiempo de transporte. El Brasil, por ejemplo, tiene conexiones y mantiene intercambio ferroviario relativamente satisfactorio solamente con Bolivia. En este caso, existen acuerdos comerciales y operativos entre los ferrocarriles del Brasil (concesionaria ferrovía noroeste) y la Empresa ferroviaria oriental boliviana, lo que facilita el intercambio entre los dos países. Entre los otros países el intercambio comercial a través de ese sistema es prácticamente inexistente. A corto y mediano plazo la solución de estos problemas es bastante difícil ya que requieren mudanzas técnicas que son muy costosas. A largo plazo se prevé que el comercio intrarregional crecerá, y al menos una fracción de ese aumento se hará a través de la red ferroviaria.

Red fluvial

Con más de 95 000 km de ríos, la subregión amazónica posee una enorme red fluvial (véase cuadro 55), aunque muy poco utilizada desde el punto de vista del transporte de cargas. Estos ríos presentan un enorme potencial como vía de transporte de bajo costo y constituyen uno de los principales medios de transporte de la subregión. Asimismo, existe la necesidad de realizar grandes inversiones, en prácticamente todos los países, para transformar el actual potencial en importantes vías logísticas de apoyo al comercio nacional, regional e intrarregional.

CUADRO 55. Extensión potencial de la navegabilidad fluvial

Fuente: CIA (The World Fact Book).

En Colombia, por ejemplo, los 18 000 km navegables, están integrados por 4 cuencas que componen los ríos Magdalena, Orinoco, Atrato y Amazonas. La navegación mayor (barcos con capacidades de más de 25 toneladas) es aún poco significativa con relación a la movilización de cargas.

En Perú la navegación fluvial es importante y el 57% del transporte acuático de mercancías en el país se realiza por este medio. El país posee importantes puertos fluviales en Iquitos, Pucalpa, Yurimagos y Maldonado.

Actualmente, es reconocida la importancia de la Hidrovia Paraguay–Paraná. Además de servir extensas áreas productivas de los países del Conosur (la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay), beneficia también a los países del Pacto Andino que son Bolivia, Colombia, el Ecuador, Perú y Venezuela, impulsando activamente la integración económica de esa región, que constituye una importante zona de libre comercio con más de 100 millones de personas.

En general, considerando el transporte fluvial de la subregión hay que reconocer también que se hace imprescindible mejorar las condiciones de navegación, realizar mejoras en el mantenimiento de las vías navegables, así como viabilizar e instalar nuevas vías y terminales portuarias más eficientes, o sea invertir en acciones que se refieran a toda la infraestructura de las vías navegables. Las iniciativas en ese sentido son aún muy débiles en los países integrantes de la región y no se esperan cambios a corto y mediano plazo.

El Brasil, por su extensión geográfica y su gran red hidrográfica es quizás el país con más logística fluvial. Se encuentra integrado por 8 cuencas hidrográficas, cada una de ellas compuestas por vías navegables más o menos importantes de acuerdo a la región del país. Un panorama del sistema de transporte fluvial en cada una de las cuencas hidrográficas en el Brasil se exponen en el cuadro 56.

Transporte marítimo

El transporte marítimo y los puertos constituyen, sin duda, importantes elementos dentro de la cadena de transporte. Estos pueden influenciar de manera significativa el costo final de un producto, por lo que cualquier estrategia económica de diversificación de exportaciones o abaratamiento de importaciones debe, necesariamente, tomar en consideración el funcionamiento y organización de los puertos comerciales.

La década de los noventa fue de profundos cambios para la industria portuaria de América Latina. Se puede ver cómo los distintos sistemas portuarios fueron poco a poco objeto de transformaciones, esto mediante procesos de privatización, descentralización y desregulación del sector, que contribuyeron a optimizar operativamente los puertos, aumentando así la productividad de los mismos.

Actualmente, la gran mayoría de esos puertos en la subregión aún carecen de infraestructura necesaria y de una adecuada tecnología para hacer frente a los nuevos retos. La aparición en el mercado de nuevos buques con capacidad para transportar un gran número de contenedores, requieren de una dársena con suficiente calado para las operaciones de carga y descarga mediante grúas–pórticos especiales. Esto supone que los puertos tienen que prepararse para las exigencias que plantea el comercio marítimo internacional, en virtud que hoy día ya no son los puertos los que deciden qué naves recibirán, sino que son las empresas navieras y los armadores los que seleccionan los puertos que utilizarán en función de su eficiencia y competitividad.

Una síntesis de los principales puertos de la subregión, considerando sólo los activos en el comercio internacional, puede verse en el cuadro 57. Actualmente la subregión cuenta con 52 puertos y algunos de los países son servidos por importantes puertos en el ámbito del comercio mundial.

Existen algunos proyectos de inversión para la modernización de los puertos públicos en los países de la subregión. Por ejemplo, hasta 2007 están previstas inversiones del orden de 2 000 millones de dólares EE.UU. en modernizaciones de los puertos de Venezuela, particularmente La Guaira, Guanta y Maracaibo. En esas inversiones se incluye la construcción de un puerto de aguas profundas en la Península de Araya y amplia modernización de Puerto Cabello.

En Colombia, un proyecto multimodal prevé además de otras obras, la construcción de puertos secos en el triángulo Bogotá–Cali–Medellín, la habilitación de centros de transferencia de mercancías en puertos claves y la realización de interconexiones férreas en los puertos del Caribe, particularmente Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

CUADRO 56. Síntesis de las principales vías fluviales del Brasil

Fuente: Ministerio de Transporte.

En el Brasil, en los años noventa, el gran volumen de carga (74%) de los puertos nacionales no eran aptos para la carga o descarga de contenedores, lo cual implicaba una elevación en el costo final de transporte de mercaderías. Esto ha comenzado a cambiar desde la promulgación de la Ley 8 630/93, también conocida como Ley de Modernización de los Puertos. Por medio de esta ley innumerables acciones, especialmente las descentralizadoras, fueron desarrolladas, lo que ha permitido una mayor participación de la iniciativa privada en las inversiones en instalaciones y nuevas tecnologías en los puertos nacionales, y el distanciamiento gradual del sector público en la gestión de las actividades operacionales de movilización de cargas. El resultado positivo de todo ese proceso fue observado en algunos puertos, por ejemplo el de Santos y el de Paranaguá, que apuntan a la utilización creciente de contenedores (1,6 millones de unidades, transportando alrededor de 24 millones de toneladas). La política de reducción de las tasas adoptada por el poder público, aliada al arrendamiento de áreas e instalaciones portuarias a empresas privadas, también se vieron afectadas de forma positiva en la composición de los precios de servicios portuarios en el país.

CUADRO 57. Principales puertos del comercio internacional

¹ Existen cerca de 30 terminales portuarios en operación pero de menor importancia en movilización de carga.
Fuentes: CIA (World Fact Book), ANTAQ / Ministerio de Transportes.

Aunque los países de la subregión, a excepción del Brasil son particularmente importadores, es premisa general que las actividades comerciales deben ser competitivas. Para eso la infraestructura portuaria debe, por ejemplo, permitir la operación de grandes barcos, mantener diversas rutas, altas frecuencias de atraques, patios de almacenaje adecuados, bajos costos de operación y fletes sumados a aumentos en la productividad y capacidad de crecimiento. Estas metas están siendo buscadas, aunque de forma e intensidad diferentes entre los países de la subregión, lo cual comporta un cambio positivo en la situación del comercio subregional. De este modo, es posible anticipar que otros cambios deben realizarse a mediano y largo plazo, considerando una creciente presencia de la esfera privada y mayores descentralizaciones de las gestiones públicas en las operaciones portuarias. Tal hecho debe comportar una mayor consolidación del transporte marítimo en la cadena comercial de la subregión.

Transporte aéreo

Considerando que en 2002 el transporte aéreo de la subregión poseía alrededor de 6 500 aeropuertos y aeródromos (véase cuadro 57), aproximadamente un 15% de éstos, poseen pistas pavimentadas. La gran mayoría de los aeropuertos están ubicados en el Brasil (55%), seguido por Bolivia (17%) y Colombia (16%). Venezuela posee la mayor relación porcentual (34%) entre el número total de aeropuertos con pistas asfaltadas.

El Brasil posee 16 aeropuertos internacionales, todos ellos en buen estado, con operación frecuente de pasajeros y cargas. En realidad, el país posee una red aeroportuaria bien estructurada y eficiente. Esta red está distribuida de forma equilibrada entre las regiones del país y proporciona una infraestructura adecuada a operaciones de aviación comercial, la cual juega un papel fundamental en el desarrollo comercial. La Infraero, empresa estatal que administra los aeropuertos brasileños, se fijó grandes objetivos para los próximos años y ya ha puesto en acción un plan de inversiones que prevé la expansión y la modernización de los aeropuertos del país mediante recursos propios y acuerdos con los gobiernos estatales.

Colombia tiene siete aeropuertos internacionales siendo Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín los más importantes. La carga transportada en rutas nacionales alcanzó las 136 000 toneladas y superó las 371 000 toneladas de carga internacional, entre tráfico de importación y exportación. Desde 1996 en Colombia, el Gobierno está introduciendo importantes cambios a través de nuevas inversiones y la puesta en marcha del plan de concesiones al sector privado. Las primeras actuaciones se centraron en la ampliación de los aeropuertos de Cartagena y Bogotá.

CUADRO 58. Número de aeropuertos por tipo de pavimento (2002)

¹ Porcentaje en relación al número total general.
² Porcentaje en relación al número total por país.
Fuente: CIA (World Fact Book).

En 1995 se adjudicó a un consorcio liderado por una empresa española el proyecto para la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Bogotá, que ha entrado en operación en 1998, por un valor de 100 millones de dólares EE.UU. En 1996 se entregaron en concesión a operadores privados y por un período de 15 años, los aeropuertos de Cartagena (Rafael Núñez) y Barranquilla (Ernesto Cortissoz). En 1998 fue realizada la apertura del proceso de privatización y modernización del aeropuerto de Cali, con unos beneficios anuales de 12 millones de dólares y un tráfico de más de dos millones de pasajeros al año.

En el Ecuador existen dos aeropuertos internacionales: el Mariscal Sucre en Quito y el Simón Bolívar en Guayaquil. El aeropuerto de Quito tiene más del 60% de la movilización de cargas y pasajeros del país. El restante 37% de la movilización tiene lugar en el aeropuerto de Guayaquil. Un proyecto de construcción prevé nuevos aeropuertos en Quito y en Guayaquil. De una inversión total prevista de 500 millones de dólares EE.UU para los dos aeropuertos, se estima que al menos el 60% corresponderá a inversión privada. Existen además aeropuertos en otras ciudades, que se utilizan para vuelos nacionales. Los principales están en Tulcán, Esmeraldas, en Latacunga, en Manta y en Cuenca.

Perú tiene 61 aeropuertos y/o aeródromos cuatro de los cuales son internacionales: Lima, Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado. Del total de aeropuertos y aeródromos, la mayoría (38%) son privados, 29% pertenecen a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial SA (CORPAC) y el restante es administrado por los estados o por la municipalidad. El más importante es el aeropuerto Jorge Chávez (Lima). Unos cuatro millones de pasajeros pasan anualmente por el mismo. En el año 2000, la compañía Líneas Aéreas Perú, (LAP) ganó la concesión del aeropuerto por un plazo de 30 años y cuando tomó posesión, en febrero de 2001, señaló que las instalaciones heredadas eran viejas y descuidadas.

Las LAP han realizado inversiones en Jorge Chávez invirtieron 19 millones de dólares EE.UU. en la expansión del aeropuerto. Proyectaron también una inversión de 182 millones de dólares en los primeros 42 meses de su contrato (hacia mediados de 2004) y un total de 199 millones de dólares hasta 2008. De acuerdo a su contrato de concesión, las LAP deben pagar el 46% de sus ganancias brutas al Gobierno así como un 20% de impuestos de salida, más el 50% por aterrizaje y despegues a la agencia estatal CORPAC. La empresa LAP no ha comentado en qué otros aeropuertos del Perú está interesada en invertir, si por ejemplo en el del Cuzco.

Venezuela posee actualmente más de 370 aeropuertos y aeródromos, 11 son internacionales (Maiquetía, Maracaibo, Porlamar, Barcelona, Maturia, Barquisimeto, Valencia, Santo Domingo y San Antonio de Tachira, Las Piedras y Ciudad Guayana). El aeropuerto nacional de Maiquetía aparece como el puerto de entrada y de salida de mayor importancia. En general los aeropuertos en Venezuela fueron diseñados y construidos para atender las necesidades operativas de sólo dos aerolíneas: Viasa y Aeropostal. La apertura del sector aerocomercial se realizó sin considerar las limitaciones del espacio con las que actualmente se enfrentan debido a la convergencia de varias aerolíneas en un mismo aeropuerto. Las ineficiencias operativas de los aeropuertos venezolanos han tenido efectos sobre el desarrollo del mercado internacional. El incumplimiento de normativas aéreas de seguridad internacionales hizo que en 1996, la administración federal de los Estados Unidos suspendiera los vuelos de las aerolíneas venezolanas a su territorio. El acceso a la utilización de espacios físicos, mostradores para la atención de pasajeros, correas para el equipaje y rampas para el embarque y desembarque de los vuelos en aeropuertos congestionados tanto de origen como de destino, constituye no solamente una barrera a la entrada de nuevos competidores, sino una limitación para el crecimiento de las aerolíneas nacionales existentes.

En este sentido, se hace necesaria la implementación de acciones orientadas al desarrollo de aeropuertos regionales que alcancen la categoría de centros de distribución. A raíz de los procesos de desregulación experimentados por la industria y de descentralización política administrativa, se han desarrollado otros aeropuertos en el país generando ingresos fiscales directos destinados al mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria.

Red de telecomunicaciones

En el cuadro 59 se puede observar el panorama de la red de telecomunicaciones en la subregión. Es importante mencionar que la información es relativa al año 1999 y sin dudas la situación ha cambiado significativamente y los valores actuales, deberían ser más altos.

Al final de la década de los noventa la subregión poseía un amplio sistema de telecomunicaciones. Eran más de 29 millones las líneas telefónicas fijas en uso y más de 9 millones las de telefonía móvil, totalizando más de 38 millones de líneas telefónicas. Las emisoras de radio sumaban más de 4 200 y la red de televisión disponía de más de 330 canales.

Sin embargo, el funcionamiento de la red de telecomunicaciones varía bastante de país a país. En Bolivia, la mayoría de los teléfonos fijos se encuentran en La Paz, el uso de teléfonos móviles está creciendo rápidamente. Además los nuevos usuarios suelen tener problemas, debido a que la red no ha sido ampliada.

CUADRO 59. Número de líneas de telefonía y emisoras de radio y televisión (1999)

Fuente: CIA (World Fact Book).

En el Brasil, el sistema de telecomunicaciones en general se encuentra en buen estado de funcionamiento y es bastante moderno. En 1997, fue aprobada la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 9 472), que definió las líneas generales del nuevo modelo institucional y ha creado un órgano regulador independiente, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. En 1998 el Gobierno brasileño ha privatizado el sistema de telecomunicaciones del país y en 2000 fue aprobada la enmienda constitucional que ha permitido que las empresas de comunicación fuesen de propiedad de personas jurídicas y liberó la entrada de capital extranjero en el sector.

En Colombia, el sistema es moderno en diversos aspectos, pero faltan algunos mejoramientos en otros.

En el Ecuador, el sistema de telecomunicación es aún primario, pero gradualmente está siendo ampliado.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologia (CONITE) entre 1993 y 1999 la mayor inversión extranjera directa en Perú fue en diversos sectores de la comunicación. Actualmente, el sistema de telecomunicaciones del país es adecuado para la mayoría de las necesidades.

Venezuela posee un sistema bastante moderno y se encuentra en expansión.

Los cambios en ese sector son rápidos y seguramente deberán comportar impactos positivos a la economía de la subregión. Se espera que a mediano plazo todos los países integrantes tengan sus sistemas de comunicación totalmente privatizados, lo que implicará modelos de gestión más ágiles y con costos menores.

Energía

La abundancia de agua, petróleo, gas y carbón en los países de la subregión representan un enorme potencial energético. En 2001, fueron generados aproximadamente 492 000 GWh de energía poco más de 8 500 KWh/año per cápita en los países de la subregión (véase cuadro 60).

El Brasil es el principal país generador de energía en la subregión, participando con aproximadamente el 66%, seguido por Venezuela (18,1%) y Colombia (8,8%). Estos tres países en conjunto representan casi el 93% del total de la energía generada en la subregión.

CUADRO 60. Generación de energía eléctrica (2001)

Fuente: ALADI.

La principal fuente de energía producida en la subregión es la hidráulica, que individualmente suma el 78% del total (véase figura 39). Otra fuente de energía renovable es la biomasa (leña, bagazo de caña y otros), y es utilizada en sólo el 2% de la producción total de energía. Los demás tipos de combustibles (derivados del petróleo, carbón mineral, gas), provenientes de fuentes de energía no renovables son utilizados en un 18% para la producción total de energía de la subregión y otras fuentes (nuclear y otras menos significativas) son utilizadas en un 2% de la energía total producida.

En Bolivia la energía eléctrica es generada, transmitida y distribuida por empresas privadas mediante contratos de concesión. Entre 1995 y 2002 nueve empresas invirtieron alrededor de 394 millones de dólares EE.UU. en generación y transmisión de energía eléctrica en el país por lo que representó un valor promedio de más de 5 400 millones de dólares por empresa al año. En distribución de energía eléctrica entre 1996 y 2001 fueron invertidos 217 millones de dólares. Fueron siete las empresas participantes en esa actividad, lo que totalizó una inversión promedio de 5,1 millones de dólares al año/empresa.

Históricamente en el Brasil, hasta 1975, las inversiones en el sector energético representaron alrededor del 8 al 10% de las inversiones totales para este país. La política de reducción de la dependencia externa y el aumento de la demanda energética exigieron mayores inversiones en el sector. El punto máximo fue en 1984, cuando las inversiones en energía en el país representaron el 24% del total. Pero en los últimos años las inversiones en el sector volvieron a representar porcentajes cercanos al 8 y 9% de las inversiones totales.

FIGURA 39. Participación de las principales fuentes en la producción total de energía eléctrica (2001)

Fuente: Organismo Internacional de Energía.

La importancia de la energía fue mejor comprendida por los brasileños en 2001/2002, cuando diversos sectores económicos y hasta la población misma tuvo que limitar el consumo de energía eléctrica, lo cual afectó el crecimiento económico del país. La falta de inversiones en la generación de energía eléctrica y la fuerte concentración en la generación hidráulica fueron señalados como las principales causas de los problemas. Recientemente el país, a través de políticas gubernamentales, está haciendo esfuerzos por reducir su dependencia de la energía hidráulica. En estas políticas del Gobierno están previstas la diversificación de la matriz energética del país e inversiones en otras fuentes de energía, como por ejemplo el gas natural y la biomasa, principalmente con la generación de energía termoeléctrica (véase cuadro 61).

CUADRO 61. Indicadores de expansión en la capacidad instalada de energía eléctrica en el Brasil, plan decenal
(2002–2012)

Fuente: Ministerio de Minas y Energía.

Las empresas de energía en Venezuela son públicas y privadas. Alrededor de un 85% de la generación de energía proviene del sector público y el porcentaje restante del sector privado. Recientemente se han efectuado inversiones en el sector con las obras del complejo hidroeléctrico de Carona, con expansiones del orden de 5 000 MW. En ese caso las inversiones fueron en su mayoría provenientes del capital público. La expectativa es que se realicen nuevas inversiones en la expansión de la capacidad instalada, particularmente por el sector público.

Internacionales

Acuerdos comerciales y tratados de libre comercio

Los países de la subregión tienen algunos importantes acuerdos comerciales o tratados con otros países del mundo, los cuales representan oportunidades de negocios.

Dentro del rol de los principales acuerdos o tratados comerciales se destacan los siguientes: i) los que involucran todos los países de la subregión por ejemplo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); ii) los firmados recientemente entre algunos países de la subregión y que debido a su importancia también impactan en la economía del bloque subregional, por ejemplo con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Foro de Cooperación Económica para Asia y el Pacífico (APEC), iii) los acuerdos bilaterales firmados entre algunos de los países de la subregión. A continuación se presenta el panorama de los acuerdos comerciales y de los tratados de libre comercio.

Organización Mundial del Comercio

La OMC fue institucionalizada a comienzos de 1995, tras la conclusión de la Ronda Uruguay (1986 a 1994) y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Esta organización está compuesta por 146 miembros oficiales, entre los cuales están todos los países de la subregión.

En ese organismo, los acuerdos multilaterales forman parte del acuerdo constitutivo de la organización y vinculan a todos los miembros oficiales. Las principales funciones de la OMC son:

• Administrar los acuerdos de comercio.

• Servir de foro para negociaciones comerciales.

• Tratar disputas comerciales.

• Monitorear las políticas comerciales nacionales.

• Ofrecer asistencia técnica y capacitación para países en desarrollo.

• Cooperar con otras organizaciones internacionales.

Los países de la subregión como miembros de la OMC pueden beneficiarse a mediano y largo plazo con temas diversos, por ejemplo de las posibilidades de disminuciones de barreras tanto aduaneras como no arancelarias (técnicas), principalmente en los aspectos relacionados a salud, seguridad y medio ambiente. En este último caso, cabe mencionar que desde 1995, los asuntos relacionados al desarrollo sostenible, comercio y medio ambiente, han sido discutidos en el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) de la organización en cuestión. En lo que concierne al sector forestal, la OMC prevé el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (acuerdo TBT) y podrá servir como recurso para romper algunas de las barreras técnicas ya identificadas.

Asociación Latinoamericana de Integración

La Asociación Latinoamericana de Integración fue instituida en 1980. Es un organismo intergubernamental que promociona la expansión de la integración de los doce países miembros: la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, Colombia, Cuba, el Ecuador, México, el Paraguay, Perú, el Uruguay y Venezuela. Además, participan como observadores otros países como: China, España, Italia, Portugal, Rumania, la República Dominicana, Rusia, Jamaica, Panamá, y los países centroamericanos.

La asociación fue creada para asegurar el desarrollo económico y social de sus integrantes, creando un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo de lograr un mercado común latinoamericano. Se utilizan tres mecanismos: i) una preferencia arancelaria regional, que es aplicada a productos originarios de los miembros frente a los aranceles vigentes para países terceros; ii) acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros) y iii) acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área del bloque. Debido a su estructura jurídica, la ALADI permite la existencia de acuerdos subregionales como la existencia de la CAN, el Grupo de los tres, y el MERCOSUR. Además, los países miembros pueden suscribir acuerdos con países no miembros y de otras áreas de integración económica de América Latina.

Considerando la información del comercio de productos forestales entre los países de la subregión y los países miembros de ALADI, las mismas se presentan en la figura 40. En el período evaluado el comercio ha demostrado una leve tendencia de crecimiento. Sin embargo, nótese que el resultado es deficitario en todo el período, evidenciando siempre mayores valores de importación en detrimento de las exportaciones.

A pesar de que todos los países de la subregión amazónica participan de la ALADI, no se prevén a corto y medio plazo alteraciones en la balanza comercial de productos forestales de ese bloque.

FIGURA 40. Evolución del valor del comercio de productos forestales de los países de la subregión amazónica y países miembros de la ALADI (1996–2001)

Fuente: Secretaría General de la ALADI.

Área de Libre Comercio de las Américas

En 1994 empezaron las negociaciones para la creación de lo que podrá constituirse en la mayor área de libre comercio e inversiones del continente 33 países de la región. El ALCA se presume será formalmente negociado en el 2005, de este tratado formarán parte 33 países. Este tratado pretende, no sólo favorecer el comercio, sino también favorecer los servicios, las inversiones, las políticas de competencia, la propiedad intelectual, facilitar los negocios, los empleos, la agricultura y la resolución de asuntos ambientales. Con este fin, los países integrantes se comprometieron a: eliminar progresivamente las barreras al comercio de bienes y servicios; maximizar la apertura de los mercados mediante altos niveles de disciplinas y a través de un acuerdo balanceado y amplio; proporcionar oportunidades para facilitar la integración de las economías más pequeñas en el proceso; procurar que las políticas ambientales y de liberalización comercial se apoyen mutuamente; asegurar el respeto y la promoción de los derechos, reconociendo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la entidad competente para establecer y ocuparse de las normas fundamentales del trabajo.

Gran parte del comercio de la subregión es realizado con países del ALCA, particularmente los Estados Unidos y el Canadá. En la actualidad, alrededor del 43% de los productos importados por los países de la subregión se originan en estos dos países, y cerca del 31% de las exportaciones realizadas por los países de la subregión tienen como destino los Estados Unidos. El panorama histórico del comercio de los países de la subregión con los Estados Unidos y el Canadá se presenta en el cuadro 62.

Considerando a los países de la subregión, existen muchos sectores que constituyen posibles opciones en el comercio de intrabloque. Entre éstos se encuentra el sector maderero de Bolivia, que concentra alrededor del 8% de la totalidad de las exportaciones para países pertenecientes al ALCA, especialmente los Estados Unidos.

Para Colombia, el Ecuador, Perú y Venezuela, el sector forestal–maderero no representa un sector que ofrezca oportunidades para comerciar con los países del ALCA. Se puede decir que la concretización del ALCA, en términos generales, no comportaría grandes beneficios para estos países.

En el Brasil, el ALCA puede constituir una amenaza fuerte para algunos sectores (como el manufacturero), aunque existen otros sectores diversos, que tendrían oportunidades, particularmente en el Canadá y los Estados Unidos. Estudios realizados por el Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior prevén algunos impactos sobre el comercio de productos de madera en la región. Entre ellos se encuentran: el aumento de las importaciones de muebles por los Estados Unidos y el Canadá desde el Brasil, a pesar de las altas tasas arancelarias practicadas (24%); el crecimiento de las importaciones de pasta de fibra corta blanqueada de los Estados Unidos desde el Brasil; y el incremento de las importaciones brasileñas de papel de los Estados Unidos y el Canadá.

CUADRO 62. Evolución del comercio de los países de la subregión amazónica con Estados Unidos y el Canadá
(1990–1999) (millones de dólares EE.UU.)

Fuente: Subsecretaría General de la ALADI.

Comunidad Andina de Naciones

De los países de la subregión amazónica, sólo Bolivia, Colombia, el Ecuador y Venezuela forman parte de la CAN. Perú, pasará a integrar esa comunidad a partir de 2005.

La integración de la Comunidad Andina de Naciones está concentrada en dos puntos: la zona de libre comercio y la unión aduanera. En cuanto a los aranceles, en 1994, los países de la CAN, han procurado armonizar las políticas económicas de sus países, acordaron un arancel externo común de acuerdo con grupos de productos. Como era de esperar, la unificación ha traído impactos bastante positivos sobre el comercio de productos forestales intrarregional (véase figura 41).

FIGURA 41. Evolución del comercio de productos forestales entre países de la CAN (1996–2001)

Fuente: Secretaría General de la ALADI.

Sin embargo, considerando el comercio de la CAN con los países de la subregión se puede observar que mientras las importaciones crecieron, las exportaciones disminuyeron, lo cual comportó saldos deficitarios entre 1996 y 2001 (véase figura 42). A mediano plazo no se esperan grandes cambios en el panorama del comercio de los países de la subregión con la CAN, ya que históricamente este bloque no estuvo en las prioridades comerciales de los principales países de la subregión.

FIGURA 42. Evolución del comercio de productos forestales de los países de la subregión amazónica con los integrantes de la CAN (1996–2001)

Fuente: Secretaría General de la ALADI.

Mercado Común del Sur

El MERCOSUR es un bloque intergubernamental formado en 1991 y propone una integración no solamente del comercio, sino de la promoción de políticas relacionadas a accesos a los servicios de mercado, políticas de competencia y reglamentaciones. Formado inicialmente por la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay, que son los países miembros, más tarde ha recibido la participación de Bolivia, Chile y Perú, pero sólo como países asociados.

El resultado de la formación del bloque es que, a partir de 1992, el comercio intrarregional se intensificó. Sin embargo, era previsto que hasta 1995, los países de MERCOSUR unificasen sus políticas y normativas y eliminasen las barreras arancelarias al comercio recíproco con los países adoptando un arancel externo común. Los países se comprometieron a eliminar las barreras no arancelarias, tales como leyes de protección a productos nacionales o ventajas impositivas proteccionistas a determinadas industrias. Entretanto, hasta la fecha, países como el Uruguay y el Paraguay no se adaptaron a los cambios, lo que postergó la unificación de los países.

Recientemente, los países que participan del MERCOSUR presentaron un débil desempeño comercial, en relación a los demás países de la subregión, particularmente en consecuencia de la crisis argentina (véase figura 43). Sin embargo, la Argentina se está recuperando progresivamente desde el punto de vista comercial, continuando una recuperación gradual de la misma en los próximos años. Esto debería traer una recuperación del comercio de la región, intensificado por la plena vigencia del MERCOSUR, previsto para 2006.

Como se observó, entre 1996 y 2001 hubo un aumento de las importaciones y una disminución de las exportaciones entre los países de la subregión amazónica y los países del MERCOSUR. Esto era de esperarse, ya que el Brasil participa comercializando con gran parte de los países, ya sea de la subregión como del MERCOSUR. Tal situación debe cambiar en los próximos años, ya que el Brasil podrá pasar de ser gran exportador de productos forestales a importador, particularmente de países como la Argentina y el Uruguay, en función de la falta de madera proveniente de las plantaciones forestales prevista para el Brasil.

Acuerdos bilaterales

Los principales acuerdos bilaterales firmados entre los países de la subregión se presentan en el cuadro 63. Como se puede observar los acuerdos bilaterales firmados entre los países de la subregión pueden comportar implicaciones positivas al comercio de productos forestales entre los participantes.

FIGURA 43. Evolución del comercio de productos forestales entre los países de la subregión amazónica y los países de MERCOSUR (1996–2001)

Fuente: Secretaría General de la ALADI.

CUADRO 63. Acuerdos bilaterales firmados

Nota: FTA, Free Trade Area, CU: Customs Union, Vo: Volunteer to negotiate, MER: MERCOSUR, CAN: Andean Community.
Fuente: Documento de trabajo LAFSOS/WP/01 – Socio–economic trends an Outlook in Latin America: implications for the forestry sector to 2020, Velarde 2003.

Tarifas sobre productos forestales

El tratamiento arancelario dado a los productos forestales en los países de la subregión amazónica no es uniforme, lo cual influencia el intercambio comercial entre los países. Como se ve en el cuadro 64. Bolivia aplica un arancel del 10% para los productos forestales importados.

CUADRO 64. Aranceles para productos forestales

Fuente: ALADI.

El Brasil aplica tasas que varían del 3,5% hasta el 11,5%, dependiendo del producto. Ya, Colombia, el Ecuador y Venezuela tienen tres niveles diferentes de aranceles el 5%, el 10% y el 15%, también de acuerdo a los productos importados. De los países de la subregión se podría decir que Perú tiene la más compleja estructura de aranceles. En la actualidad, el 85% de la producción importada tiene un arancel del 12% y el resto cuenta con un arancel del 20%. Para productos madereros se aplica una tarifa del 10%. En un futuro cercano se espera una disminución de aranceles a la importación, la eliminación de restricciones a la exportación, el establecimiento de medidas de promoción aduaneras y aplicación de la restitución de derechos arancelarios entre esos países, lo que debería impulsar el comercio intrarregional.

CAMBIOS EN LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Demográficos y económicos

Población total

Siguiendo la misma tendencia ya observada en las décadas pasadas entre los países desarrollados, está prevista una reducción de la tasa de crecimiento de la población de la subregión en los próximos 20 años. Las Naciones Unidas indican que las tasas de crecimiento poblacional promedio de la subregión que en la última década fueron de alrededor del 2% anual, en los próximos 20 años oscilarán entre el 1% y el 1,2%.

Por lo tanto, se proyecta que en 2020 la subregión contará con alrededor de 360 millones de habitantes, siendo el Brasil, el país con el mayor número de personas, con 58% de ese total (210 millones de personas). En Colombia se proyecta una población para el 2020 de aproximadamente 54 millones de habitantes, seguida por Perú (34 millones), Venezuela (33 millones), el Ecuador (17 millones) y Bolivia (12 millones).

Población económicamente activa (PEA)

En los próximos 20 años, en base los indicadores de las Naciones Unidas, se espera para la subregión un crecimiento global de la PEA del 43% en relación al año 2000, equivalente a un incremento promedio anual de aproximadamente el 3%. De esta forma, para el 2020, la PEA de la subregión alcanzaría 179 millones de personas. Del total presentado, alrededor del 60% estaría en el Brasil (107 millones de personas).

Urbanización

La actual tendencia de crecimiento de la población urbana y la disminución de la población rural deberá continuar en las próximas décadas. Se estima que para el 2020 la subregión tendrá aproximadamente 310 millones de habitantes en el medio urbano (86%), y 50 millones en el medio rural (14%). Al contrario de lo esperado para los demás países de la subregión, se estima que en Colombia, a causa del conflicto armado, tenga lugar un retorno de las personas al medio rural.

Estructura de la edad poblacional

En las próximas décadas habrá un aumento de la población con más de 15 años y una disminución de las personas menores de 15 años, es decir, podría haber un aumento de la edad poblacional en general. La estructura de edad de la subregión que tradicionalmente se caracterizó por una base larga (menores de 15 años) y una parte superior estrecha (mayores de 15 años), deberá ser cada vez más similar a la estructura de los países desarrollados, o sea, con la inversión de tal estructura. De tal forma, en 2020, se estima que cerca del 8% de la población debería tener entre 0 y 4 años, el 16% entre 5 y 14 años, el 64% entre 15 y 59 años y el 12% más de 60 años. Esto significa que habrá cada vez menos niños y jóvenes y cada vez más adultos y viejos en la población.

Migración y otros movimientos de la población

En Colombia los cultivos ilícitos cambiaron el mapa demográfico del país, de tal forma que hubo un gran aumento en la población de la amazonía colombiana. Tal aspecto debe cambiar en las próximas décadas, ya que se espera una disminución de tal actividad. En el Brasil también sucederán algunos cambios en el panorama de la distribución de la población verificado hasta el presente. Se espera que la representatividad de las regiones nordeste y centro–oeste en la distribución de la población nacional aumente a mediano y largo plazo, en función principalmente de la expectativa de desarrollo de nuevos centros económicos (región centro–oeste) y particularmente por el crecimiento de las tasas de natalidad en el caso de la región nordeste. En los demás países de la subregión no se esperan grandes cambios con excepción del aumento de la representatividad de la población urbana como se ha mencionado anteriormente.

Producto interno bruto (PIB)

La subregión amazónica puede ser considerada como una región integrada por países en desarrollo. En base a estimaciones del Banco Mundial, los países de la subregión deben alcanzar tasas de crecimiento del PIB superiores al 4% anual, con excepción del Ecuador y Venezuela que deberán presentar tasas más bajas en las próximas dos décadas.

La figura 44 presenta las proyecciones de PIB hasta 2020, considerando los valores corrientes del PIB de 2001 para cada uno de los países de la subregión y utilizando las tasas de crecimiento estimadas por el Banco Mundial

En base a las estimaciones, para el 2020 el PIB total de la subregión deberá alcanzar poco más de 2 400 millones de dólares EE.UU. De ese total, el PIB del Brasil abarcará alrededor del 75%, siendo estimado en aproximadamente 1 800 millones de dólares. A continuación le sigue Colombia, siendo la segunda economía de la subregión, que para el 2020 deberá tener un PIB de aproximadamente 270 000 millones de dólares. A continuación se posicionan respectivamente las economías Perú con 170 000 millones de dólares, Venezuela con 131 000 millones, el Ecuador con 40 000 millones y Bolivia con 21 000 millones.

FIGURA 44. Proyecciones del PIB total y por país

Fuente: Datos del Banco Mundial.

PBI per cápita

Conforme a lo anteriormente mencionado, se prevé una reducción de las tasas del crecimiento poblacional y un aumento del PIB total. En la figura 45 se exponen las proyecciones del PIB per cápita para 2002 para las economías de la subregión.

Considerando las proyecciones, la subregión obtendrá un PIB per cápita promedio de 6 700 dólares EE.UU. en 2020. Alcanzando el Brasil un PIB per cápita superior a 8 500 dólares, seguido de Colombia y Perú, ambos con valores proyectados para el 2020 de aproximadamente 4 900 dólares, Venezuela se encuentra retrasado, presentando un valor de 4 300 dólares. Ecuador y Bolivia para el 2020 deberán alcanzar niveles de PIB per cápita de 2 300 y 1 800 dólares, respectivamente.

Distribución de la renta

Como fue presentado en el párrafo precedente, los países de la subregión presentan una mala distribución de la renta. Para revertir esta situación, serían necesarios crecimientos substanciales, por encima de aquellos proyectados para el PIB de la subregión. Sin embargo, no se tiene previsto que en el mediano y largo plazos esto ocurra, por lo tanto, no se prevén mejoras significativas respecto a la distribución de renta, por lo cual no deberían registrarse grandes cambios en este aspecto.

FIGURA 45. Proyecciones del PIB per cápita

Fuente: Datos del Banco Mundial.

Inflación

Debido a la gran fragilidad económica, los países de la subregión amazónica se ven afectados por cambios y crisis económicas a escala mundial. Se espera que en las próximas décadas se produzca una disminución de la inflación y un mantenimiento de ese indicador en niveles sostenidos, particularmente en las principales economías, por ejemplo el Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Tal aspecto debería dar resultados positivos para la subregión, por ejemplo el aumento de las inversiones en los países, así como el crecimiento del mercado, determinado por el aumento del consumo interno.

Comercio internacional

Existe una expectativa de crecimiento del comercio internacional de los países de la subregión en las próximas décadas. Este crecimiento sería el resultado de los acuerdos internacionales ya existentes, principalmente del ALCA. Esta área de libre comercio deberá impactar fuertemente las economías de los países.

Tasa de interés

Se espera que los países de la subregión presenten, a medio y largo plazo, tasas de interés más bajas que las actuales, lo cual les permitirá un crecimiento económico más acentuado de los mismos.

Empleo

Actualmente, se estima que el sector forestal de la subregión genera 1 800 millones de empleos directos y 3 800 millones de empleos indirectos. La disminución prevista para las tasas de interés favorecerá el crecimiento económico en los próximos 20 años, este provocará un crecimiento sustancial en la oferta de empleos, se estima que este crecimiento será de hasta 3 veces. De esa forma, para el 2020 el sector forestal deberá emplear aproximadamente 5 400 millones de personas en forma directa y suministrará otros 12 millones de empleos indirectos.

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS

Factor extrasectorial

Económico

Probablemente, el impacto que los factores extrasectoriales del ámbito económico puedan influenciar al sector forestal de la subregión es bastante grande. En ese caso pueden ser considerados los siguientes factores: PIB, tasas de interés, tasas de cambio, carga tributaria, infraestructura económica, crédito y subsidios, tratados de libre comercio y otros. Algunos de estos factores ya fueron citados en detalle precedentemente.

Se presentan a continuación algunos aspectos relacionados a las políticas y programas que se conectan al tipo de cambio, carga tributaria, acceso al crédito y subsidios para los países de la subregión amazónica.

Tipo de cambio

El cuadro 65 presenta las monedas de los respectivos países integrantes de la subregión, sus cotizaciones frente al dólar estadounidense y las principales políticas de cambio de los respectivos gobiernos nacionales.

CUADRO 65. Moneda, cotización y política cambiaria

¹ relativa a abril de 2004 en relación al dólar estadounidense – 1 dólares EE.UU.
Fuente: Banco Central de los países.

A partir de los últimos años de la década de los ochenta, la mayoría de los países de América Latina comenzaron a realizar reformas de amplio alcance en sus políticas económicas, particularmente de ajustes del tipo de cambio. Estos procesos de ajustes han producido cambios significativos en la estructura de incentivos y subsidios a los sectores productivos, con importantes consecuencias para el sector forestal. De esa forma, los incentivos y subsidios se han convertido en una herramienta aceptada y políticamente legítima para promover las inversiones sectoriales, se espera para los próximos años el mantenimiento de la estabilidad del cambio en los países de la subregión, lo que deberá traer aún nuevas implicaciones positivas al sector forestal.

Carga tributaria

La figura 46 presenta la carga tributaria total en porcentaje del PIB para los países de la subregión (suma de los tributos federales, de los estados y municipales recaudados). El Brasil concentra la mayor carga tributaria entre los países de la subregión.

En Bolivia, se efectuaron recientemente ajustes al Código Tributario que incrementaron la carga de impuestos, en particular a las personas físicas con salarios altos y a las empresas para ayudar a mejorar los ingresos y la economía.

En el Brasil, considerando las dos últimas décadas, la carga tributaria ha crecido significativamente. En 1984 el porcentaje de tributos en relación al PIB era del 24,3% y en 2003 ha alcanzado el 37,6%, es decir, un aumento superior al 57%. El actual Gobierno federal ha hecho un proyecto para la reforma tributaria en el país. Aunque bastante controvertido, el proyecto fue aprobado por el poder legislativo nacional y se encuentra en vigor. El punto de la reforma tributaria que ha generado polémica en el país es que conceptualmente aumentará la carga tributaria tanto para las personas físicas como para las empresas. Las expectativas de nuevos aumentos se deberán confirmar, y se estima que en 2004 la carga tributaria del Brasil como porcentaje del PIB llegue al 39%, es decir, un aumento de aproximadamente un 4% en relación a 2003.

FIGURA 46. Carga tributaria en % del PIB (2003)

Fuente: Datos del Banco Central de los países.

En Venezuela no existe una cultura tributaria, en otros países si existe y la mayor parte de la renta fiscal proviene de los impuestos. En este país, el 90% de la renta fiscal proviene del petróleo. Otro gran problema es que la población desconfía enormemente de los destinos que el Estado da a los ingresos fiscales. Es necesario señalar que el sistema tributario del país necesita profundos cambios, empezando por las actuales políticas fiscales, que los ingresos fiscales sean realmente reinvertidos en el país, que se mejoren las técnicas tendientes a evitar la evasión fiscal y a concientizar a la población acerca de la importancia de cumplir con el deber constitucional de pagar sus impuestos.

Acceso al crédito y a los subsidios

En el Brasil, el sector privado tiene en general una gran dificultad para acceder a créditos, principalmente a causa de las altas tasas de interés practicadas en el país. Tal situación también tiene un impacto negativo en el sector forestal. En el caso de las actividades forestales esto se agrava por la inexistencia de líneas específicas para la ordenación de bosques nativos y, considerando las plantaciones forestales, como la existencia de mecanismos de crédito poco adecuados a largo plazo para este tipo de inversión.

En realidad, los mecanismos de crédito para la promoción del establecimiento de plantaciones forestales en el país no han atraído grandes inversiones. La razón es la política de altas tasas de interés practicada por los mecanismos de financiación. Los actuales mecanismos están básicamente relacionados a las líneas de crédito específicas suministradas por el Banco nacional de desarrollo económico y social (BNDES)(véase recuadro 2).

A su vez, la industria forestal sólo tiene acceso a líneas de crédito generales, a la financiación de la actividad industrial, propuestas por el banco comercial y por el BNDES, no existiendo ningún mecanismo específico para la actividad forestal. En el caso del BNDES, a pesar de practicar tasas de interés más atractivas, sus líneas de financiación son dedicadas casi exclusivamente a grandes empresas, lo que dificulta el acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Inversiones

Un elemento de fundamental impacto en el desarrollo del país es la inversión extranjera en la región latinoamericana, ésta pasó de 6 500 millones de dólares EE.UU. en 1994 a 72 000 millones en 1999. Colombia durante el mismo período la inversión cayó del 9,5% al 2% de los valores mencionados anteriormente. En los últimos años el flujo neto de inversión extranjera hacia Colombia ha disminuido, tanto por una caída en los ingresos, como por un aumento en los reembolsos de capital y remisión de utilidades. A partir de 1994 el país inició una política de negociaciones bilaterales, de las cuales se han suscrito apenas cinco acuerdos, mientras que países vecinos y competidores en materia de atracción de inversión extranjera, como Perú, Chile y Bolivia, cuentan con 23, 29 y 18 acuerdos respectivamente.

El conflicto armado y el problema de la inseguridad social que afronta el país son factores básicos que deben solucionarse para modificar la tendencia de la inversión extranjera, cuya disminución afecta a los sectores de la producción y en particular el desarrollo del sector forestal. En lo concerniente a las inversiones nacionales, los registros a precios constantes de 1994 indican que en 1990 equivalía a un 18% del PIB, o sea 12 578 millones de dólares EE.UU. En los años 1994–96 era de un 26% del PIB, luego se presentó una fuerte caída de la inversión tanto privada como del Gobierno y para el año 2000 fue de un 14% del PIB es decir, un porcentaje inferior al de 1990. La falta de estímulo en la inversión se refleja en todos los sectores y el forestal no es la excepción, como lo evidencia la ausencia de nuevas inversiones industriales.

En Bolivia, las inversiones directas también se encuentran en rápida disminución, en particular a causa de los problemas políticos por los cuales ha pasado el país en el último año. No existen incentivos para reforestación o forestación con fines industriales, tampoco para el enriquecimiento de bosques primarios o secundarios, además la Ley Forestal del país no trata específicamente la definición de tenencia de plantaciones y sistemas agroforestales.

En Perú hacia fines de 2000 y de 2001, la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnología (CONITE) registró un aumento de la inversión extranjera del orden de 692,51 millones de dólares EE.UU., siendo que las inversiones de 2001 corresponden a 248,69 millones. De este total, 190,73 millones se destinaron a los sectores de finanzas, 14,91 millones al sector de la energía, 12,83 millones al del transporte, 11,52 millones al de servicios y 10,40 al de la construcción. En el futuro, se estima un aumento de aproximadamente un 64% en las inversiones orientadas hacia los sectores de la minería, del petróleo, de las comunicaciones, del transporte y de la energía. En cuanto a las perspectivas de inversiones en Perú, el Fondo de Promoción de Desarrollo Forestal en Perú (FONDEBOSQUE) impulsará diez proyectos de desarrollo forestal a favor de los productores nacionales.

El Brasil ejerce un rol de liderazgo regional para las inversiones extranjeras y nacionales directas en consecuencia de su relativa estabilidad política, social y económica, consolidada en la década de los noventa. Sin embargo, uno de los efectos de la desaceleración de la economía brasileña durante los últimos años, fue la reducción del nivel de las inversiones directas. Siguiendo la tendencia de baja en la tasa de crecimiento del PIB, las inversiones directas del país tuvieron una reducción de casi un 70%, pasando de los 130 000 millones de dólares EE.UU. en 2000 a 87 000 millones en 2002. El sector forestal del Brasil se ubica entre las 12 mayores áreas de inversión en el país. A pesar de no existir información precisa al respecto, el monto de inversiones destinado al sector forestal en la última década ascienden a los 22 000 millones de dólares Las plantaciones forestales reciben inversiones anuales del orden de 130 millones de dólares. En 2003 no se produjeron cambios substanciales en este escenario. Para los próximos años, si se confirma la expectativa por parte del Gobierno de crecimiento, se espera una mejora a niveles de inversiones en el país.

En el Ecuador en los últimos años la pobreza en los sectores rurales del país ha crecido aceleradamente, afectando su bienestar económico. Las causas y efectos de este incremento ha generado círculos viciosos de interacciones que incluyen una disminución en las inversiones en el sector productivo por parte del Estado y la empresa privada, además la falta de fuentes de trabajo ha propiciado la migración a las ciudades y en los últimos cinco años al exterior, afectando la mano de obra especializada de este sector productivo del país. Tal situación es difícil de cambiar a corto y mediano plazo.

Exportaciones

Bolivia tiene un régimen especial para la exportación y específicamente para cuatro sectores productivos: cueros, madera, minería (oro) y textil. Ese mecanismo se llama fomento a las exportaciones y actúa en el ámbito tributario y financiero, y está previsto que durante tres años y medio, las empresas exportadoras de estos sectores se eximan de los aranceles y del IVA.. Esto ha provocado que las exportaciones, particularmente del sector de la madera tengan un impulso significativo.

El Brasil cuenta con una agencia que tiene como objetivo la ejecución de políticas de promoción a las exportaciones. Esta agencia, denominada actualmente APEX – Brasil fue reformulada en el 2003, y ahora tiene autonomía en sus servicios, aunque está vinculada al Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. La agencia ha desarrollado cuatro tipos de proyectos: proyectos sectoriales integrados, que tienen como característica esencial su alcance sectorial; proyectos horizontales, que involucra la realización de varias acciones de alcance multisectorial; proyectos de formación de consorcios, que tiene por objetivo la asociación de empresas con intereses volcados a la exportación; y proyectos aislados, que involucran la realización de una única acción. El sector de la madera y los muebles tiene participación bastante efectiva en el ámbito de los proyectos de APEX. El Brasil aún cuenta con un programa (PROEX) que proporciona a las exportaciones nacionales condiciones de financiación equivalentes a las del mercado internacional. Este programa fue creado en 1991 por el Gobierno federal y se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiación del comercio exterior del país. El programa apoya la exportación de bienes y servicios. Actualmente más del 90% de los rubros de la nomenclatura común del MERCOSUR son elegidos por el PROEX, incluyendo los productos forestales y madereros. Los recursos del programa provienen del Tesoro Nacional y son previstos anualmente en el presupuesto general del Gobierno Federal. Estos mecanismos contribuyen al crecimiento de las exportaciones de productos forestales del Brasil en los últimos años. Esta tendencia debería mantenerse en los próximos años ya que la política de promoción de las exportaciones es una de las principales estrategias del Gobierno del Brasil.

A finales del año 2002 fueron iniciados los trabajos para la implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador Perú, cuando fue nombrada la comisión permanente del plan. Los trabajos estuvieron bajo la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La primera fase del plan involucró el desarrollo de los lineamentos estratégicos, para lo cual se definieron 4 objetivos, los cuales deben ser alcanzados entre el decenio 2003-13, éstos son: i) lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales; ii) diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados; iii) contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces para facilitar el comercio exterior, fomentar el desarrollo de la infraestructura y permitir el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones de calidad y precio; iv) desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores. Sin embargo, por su pequeña representatividad en las exportaciones totales, para este país, se estima que el sector maderero forestal no se esté beneficiado significativamente con las promociones del plan. Tal aspecto puede mantenerse en las próximas décadas en el país, ya que no se tiene perspectivas muy atractivas para el sector de la industria forestal–maderera en el comercio internacional.

Energía

Tradicionalmente las zonas rurales de los países de la subregión han usado la madera como fuente de energía, debido a su bajo costo y más aún, como sucede en muchas regiones, cuando hay un acceso gratis al recurso. Las estimaciones de la FAO sobre el consumo de madera para carbón vegetal, indican que los volúmenes globales han declinado en las dos últimas décadas. Tal hecho tiene relación con las políticas energéticas de los países para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones (urbana y rural).

En Colombia una importante decisión política, aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, fue la de llevar energía eléctrica como estrategia de apoyo al proceso de paz a zonas rurales con altos índices de subdesarrollo. Alternativas energéticas adicionales han sido aprobadas para las zonas rurales del Pacífico, la Orinoquia y la Amazonía, a través de dos proyectos. El primer proyecto: Soluciones Fotovoltaicas Integrales (suministro e instalación) en Orinoquia y Amazonía, el segundo, la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Guapí, Pacífico sur e Interconexión Costa Pacífica.

El Brasil cuenta con uno de los más grandes conjuntos de cuencas hidrográficas del mundo. Por lo tanto su principal fuente de energía es hidroeléctrica. Sin embargo, en 2001 en el país fue necesario el racionamiento de energía, particularmente en las regiones del Nordeste, Centro–Oeste y Sudeste. Además, el consumo de energía viene creciendo significativamente año tras año. Hasta 1995 el débil desempeño de la economía del Brasil ha impedido que el gobierno ejecutase nuevos proyectos de generación y transmisión de energía que se hacían necesarios. Más recientemente, a fines del 2002 las inversiones en energía del país fueron retomadas. La principal fuente de generación continuará siendo la hidroeléctrica, pero la matriz energética deberá ser cambiada y la complementación con fuentes alternativas serán hechas, en especial con fuentes termoeléctricas basadas en gas natural. Adicionalmente, está prevista la implantación de un sistema de transmisión más eficiente en los ejes Norte–Sur–Norte y Sur–Norte–Sur, así como la creciente participación de la inversión privada en la generación, transmisión, distribución de energía en el país.

La instalación y el mejoramiento de los servicios energéticos en los países de la subregión amazónica, impulsará sin duda el desarrollo económico de la región en las próximas décadas, incrementará la productividad y mejorará la calidad de vida de sus habitantes. Es de esperar que otra consecuencia positiva de la energización sea la disminución de la demanda de madera para combustible.

Factor sectorial e intrasectorial

Política agrícola y agraria

En el cuadro 66 se presentan las principales políticas, programas y proyectos en desarrollo en los países de la subregión en el ámbito agrícola y agrario. Las principales políticas agrícolas en la mayoría de los países están basadas en el crecimiento de la producción con miras a la atención de la seguridad alimentaria y de la reforma agraria (Recuadro 3). Otras políticas también están siendo apuntadas en estos países, como por ejemplo la de promoción del desarrollo rural (Recuadro 4).

El crecimiento de la actividad agrícola así como la ampliación de las áreas de bosques plantados se verán afectados por el aumento del precio de la tierra, la expansión de los cultivos de la soja y el uso de la tierra para la ganadería entre otros, que comporte una reducción de la reforestación.

CUADRO 66. Principales políticas, programas y proyectos nacionales de ámbito agrícola y agrario

¹PRONER (Programa Nacional de Riego);PRONTER (Programa Nacional de Telecomunicación
Rural); PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar);CONVIVER (Desarrollo Integrado y Sostenible del Semi–Árido); PROMOVER (Programa de Inserción Económica de Sub–regiones); PROMSA (Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios, PAT (Proyecto de Asistencia Técnica para el Sector Riego, PSAE (Programa Especial de Seguridad Alimentaria del Ecuador), DFC (Programa de Desarrollo Forestal Campesino), INCAGRO (Innovación y Competitividad para el Agro Peruano), PETT (Proyecto Especial de Titulación y Catastro Rural), PSI (Proyecto Subsectorial de Irrigación, PRONA (Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos).
Fuentes: Diversas.

Bolivia-política forestal

En Bolivia, el Estado tiene el dominio originario de los bosques y de las tierras forestales de donde proviene el sistema de concesión de derechos de uso de los recursos forestales, entendiendo su interés público. En la Ley Forestal (N^o 1 700), del 12 de julio de 1996, continúa existiendo una separación marcada entre la tierra y el recurso forestal, y no se conceden los mismos principios de equidad que tienen los sectores agrícola, ganadero, minero y energético.

En la Constitución Política del Estado boliviano no existe un título o capítulo que aborde explícitamente la cuestión forestal. En cierto modo, la ausencia de preceptos constitucionales que aborden específicamente el tema forestal dificulta el establecimiento de una política para el sector. En virtud de estos y de otros aspectos, Bolivia no dispone de una política forestal explícitamente definida, oficialmente aprobada e insertada en la sociedad. Sólo existe una política implícita, establecida dentro de la Ley 1 700.

La Ley Forestal Boliviana, define las clases de tierra en: tierras de protección; tierras de producción forestal permanente; tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos; tierras de rehabilitación y tierras de inmovilización. También ha instituido las clases de derecho de uso de los recursos forestales como la concesión forestal en tierras fiscales (empresas y agrupaciones sociales del lugar); la autorización de aprovechamiento en tierras de propiedad privada y en tierros comunitarios de origen; y los permisos de desmonte. En base a la Ley Forestal, el Estado recibe recursos por la patente forestal, que no constituye un impuesto, sino un derecho pagado que nace del dominio original de los recursos forestales como de naturaleza pública, lo que generaría la obligación de los particulares que exploten tales recursos, de pagar a la comunidad por el uso de los mismos.

La distribución de los recursos provenientes del pago de la patente forestal por aprovechamiento y desmonte se realiza en porcentajes diferentes a las Prefecturas, Municipalidades, FONABOSQUE y Superintendencia Forestal. Aunque la Ley Forestal establece que los municipios y departamentos deben invertir como mínimo el 50% de los recursos provenientes de la patente forestal, para el desarrollo del sector, tal reglamentación no ha sido respectada en la práctica. El FONABOSQUE es el organismo financiero del nuevo régimen forestal de Bolivia y hasta finales de 2001 no era operacional.

En realidad, la Ley Forestal implementada en Bolivia, a pesar de sus logros en los aspectos relacionados con la preservación y la conservación de los recursos forestales, no ha sido capaz de promocionar efectivamente el desarrollo sostenible del sector forestal. Para que esto suceda y para que el mismo contribuya mejorando las condiciones socioeconómicas del país es necesario preparar e implementar un plan a nivel nacional que organice el proceso de desarrollo del sector, estableciendo bases para el desarrollo de una política.

Brasil – Código forestal brasileño

Se puede decir que las transformaciones en la política forestal del Brasil empezaron con la institución del nuevo Código Forestal, revocado a través de la Ley Federal Nº 4 771 del 15 de septiembre de 1965, que incluye el perfeccionamiento de la legislación forestal contenida en el antiguo Código Forestal aprobado en base al decreto federal Nº 23 793 del 23 de enero de 1934.

El conjunto de normas del Código Forestal instituido en 1965 persiste hasta la actualidad y representa, aún hoy, un importante instrumento de modernización de las actividades forestales, declarando los bosques como bienes de interés común para todos los habitantes del país.

Comparativamente con la legislación instituida en 1934, la Ley nº 4771/65 presentó una serie de evoluciones, entre ellas:

• la definición de las áreas forestales y demás formas de vegetación objeto de preservación permanente;

• el establecimiento de las unidades de conservación y patrimonio indígena;

• el establecimiento del área mínima de reserva legal en propiedades rurales.

Las alteraciones permitieron la institución del principio de la función social de la propiedad, confiriéndoles mayores responsabilidades a los propietarios privados en relación a la conservación y al uso del suelo.

El Código forestal brasileño es el sistema normativo de control y uso de los recursos forestales, que fue desarrollado con los propósitos de promocionar la conservación y el desarrollo de los recursos forestales productivos, de fijar el principio de la reposición forestal obligatoria.

La medida provisoria Nº 2 166–67 cambió significativamente diversos artículos del Código forestal de 1965, y agregó nuevos artículos. El Código forestal de 1965, con las modificaciones introducidas por la Medida Provisoria 2166–67, es el que está actualmente en vigencia. A pesar que la referencia a los bosques plantados no haya sido alterada, la concepción del Código fue modificada considerablemente

La revisión del Código Forestal es inevitable, por ello es necesario enfocar aspectos conceptuales de importancia primordial para la viabilidad y mantenimiento de las actividades forestales de producción, considerando: i) definiciones claras para distinguir los aspectos forestales de producción y de conservación; ii) directivas de acuerdo con las demás políticas de desarrollo del país; iii) simplificación de las exigencias legales relativas a los bosques plantados; iv) dar tratamiento diferenciado a las propiedades con plantaciones forestales en lo concerniente a las Áreas de preservación permanente y reserva legal; y v) garantizar la estabilidad de la legislación a mediano y largo plazo.

Se deberán verificar alteraciones sustanciales en el sector forestal, producto de la revisión del Código forestal brasileño. Esas alteraciones estarán enfocadas en las actividades de financiación para asegurar el mantenimiento sostenible de la producción de madera, el de la diversidad biológica, y el de la ordenación forestal. Tales aspectos aportarán efectos al sector en los próximos años. El sector forestal basado en los recursos naturales deberá continuar siendo fuertemente reglamentado, mientras el sector que considera los recursos plantados percibirá un menor número de legislaciones.

Incentivos a los cultivos

En el contexto de los cambios iniciados en 1965 con la creación del Código Forestal, fue implantada en el país la política de incentivos fiscales concedidos a empresas forestales, a través de la Ley Federal 5 106 del 2 de septiembre de 1966. Esta iniciativa del Gobierno federal promovió financiamiento para implementación de reforestación a gran escala.

La política de incentivos fiscales para la reforestación fue la iniciativa más importante articulada externamente al sector forestal, como instrumento de política económica, y trajo respuestas a la cadena productiva del sector.

Durante su vigencia, el programa de incentivos sufrió dos alteraciones importantes:

• el Decreto Ley nº 1 134, del 16 de noviembre de 1970 que aumentó considerablemente los recursos aplicados en el sector forestal; y,

• la creación del Fondo de Inversiones Sectoriales (FISET), a través del Decreto Ley nº 1376, del 12 de diciembre de 1974, que introdujo modificaciones en la sistemática de estímulos fiscales para la reforestación.

La creación del FISET forestación /reforestación trató de ajustar la política de incentivos fiscales para la ejecución de las metas definidas en el Programa nacional de papel y pasta y en el Plan de carbón vegetal para siderurgia, de acuerdo con prioridades y directivas fijadas por el CDE – Consejo de Desarrollo Económico, con base en los Planos Nacionales de Desarrollo.

El 21 de diciembre de 1987, a través del decreto ley nº 2397, el porcentaje de devolución del capital invertido en reforestaciones fue reducido y su aplicación quedó restringida a las áreas de actuación de la SUDENE, al Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais) y al estado del Espírito Santo.

Como consecuencia de las políticas gubernamentales de contención del déficit del sector público, que venían siendo adoptadas desde 1986, los incentivos fiscales fueron eliminados a través de la Ley Nº 7 714, del 29 de diciembre de 1988.

Las experiencias acumuladas por el sector forestal durante la vigencia de la política de incentivos permitieron el desarrollo de segmentos específicos de la actividad forestal (papel, pasta y siderurgia), segmentos que supieron aprovechar con eficiencia la disponibilidad de recursos. El programa de incentivos fiscales a la reforestación dejó como saldo una área plantada de 6 millones de ha.

En este contexto se destacan algunas de las transformaciones positivas verificadas en el sector forestal, resultantes del estímulo a la reforestación y son a saber:

• el fortalecimiento tecnológico a la silvicultura de especies de iniciativa privada y consolidación de sólidas empresas forestales;

• el perfeccionamiento de la administración del sector privado forestal, resultante de la importante formación de recursos humanos;

• el crecimiento de la industria de base forestal, especialmente en los rubros de pasta y papel, siderurgia integrada al carbón vegetal y madera sólida;

• el desarrollo científico de géneros de rápido crecimiento, en particular pinos y eucaliptos.

Actualmente, la mayoría de las áreas de plantaciones en el Brasil pertenecen a los sectores productivos privados y se basan en la iniciativa pública, considerando a algunos pocos estados del país. Tales iniciativas deben continuar a mediano y largo plazo, pero no se esperan nuevos incentivos como los establecidos en 1988 y no deberían verificarse cambios en las áreas de plantaciones motivadas por el poder público federal.

Programa nacional de bosques (PNF)

Al final de los años ochenta, los programas gubernamentales volcados hacia el desarrollo forestal fueron desactivados y posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1988, la vertiente ambiental pasó a absorber la mayor parte del esfuerzo de las acciones gubernamentales, lo que ha sido verificado hasta los días actuales. En ese período también fue creado el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (IBAMA), como institución reguladora del sector forestal.

En un denodado esfuerzo para invertir la situación, fue lanzado en 2000 por el Gobierno federal el Programa Nacional de Bosques (PNF), con el Decreto 3 420 de abril de 2000.

El PNF abarca la producción sostenible de bienes y servicios forestales, la conservación de los ecosistemas y la mejoría de la calidad de vida. Tiene como objetivos generales:

• el estímulo al uso sostenible de bosques nativos y plantados;

• el fomento de las actividades de reforestación, principalmente en pequeñas propiedades rurales;

• la recuperación de las áreas de preservación permanente, de reserva legal y alteradas;

• el apoyo a las iniciativas económicas y sociales de las poblaciones tradicionales e indígenas que viven en los bosques;

• la represión de las deforestaciones ilegales y de la extracción predatoria de productos y subproductos forestales;

• la prevención y contención de los incendios intencionales para el uso de la tierra e incendios forestales.

El PNF está compuesto por tres programas:

• Programa de bosques sostenidos – Sustentar.

• Programa de expansión de la base forestal – Forestar.

• Programa de prevención y combate a deforestaciones, contención de incendios intencionales para uso de la tierra e incendios forestales – Florecer.

Además del PNF, se han llevado a cabo otras realizaciones:

• Instalación del Foro de competitividad de la cadena madera – muebles, coordinado por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

• Creación del CERFLOR, bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero abarcando, también a otros ministerios y a la iniciativa privada.

• Creación del PRONAF Forestal, trabajo en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de la Reforma Agraria, los ministerios del área económica y el BNDES.

• Inclusión por parte del Ministerio de la Agricultura de la silvicultura en el crédito rural.

Uno de los principales objetivos del PNF es estimular las actividades de reforestación en el país. La estrategia es el apoyo técnico y financiero a los pequeños y medianos productores rurales en la plantación de bosques. Otra estrategia pasa por la simplificación de los procedimientos legales y administrativos para el plantío, cosecha, transporte, procesamiento y comercialización de productos y subproductos forestales. En ese aspecto, se esperan algunos cambios en el sector forestal, como por ejemplo menor reglamentación para actividades forestales en general. Otro objetivo es la promoción y la ampliación de la ordenación sostenible de los bosques nativos.

Colombia

La aprobación a finales de 2000 por parte del Consejo Nacional Ambiental, del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) fue muy importante para el patrimonio ambiental nacional, y por supuesto para el sector forestal, después de la promulgación de la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental.

Los programas y políticas anteriores al PNDF referentes al sector forestal fueron varias: entre ellas la Ley 5 de 1973, el Plan indicativo de pasta, papel y cartón en 1976, la política forestal del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA) en 1984, el Plan de acción forestal para Colombia en 1989, el Programa Ambiental de Manejo de Recursos Naturales en 1995, la Política de bosques en 1996, el Plan de acción en biodiversidad en 1998, el Plan estratégico para la restauración y establecimiento de bosques en Colombia, el Plan verde en 1998, el Programa para la implementación del plan verde en 1999 y la Política de reactivación del sector agropecuario en 1999.

Pese a que el Plan Nacional de Desarrollo Forestal señala convertir al sector forestal como estratégico en el proceso de desarrollo económico nacional, basado en el uso y la ordenación sostenible de los bosques naturales y plantados, la realidad es que ni los bosques naturales ni las plantaciones disponen de estatutos especializados que los guíen como tampoco de instituciones que responda al cultivo de bosques, ya sean implantados o naturales. La distinción entre plantaciones forestales y bosques naturales, así como la ausencia de una clara política pública frente al tema por parte del Estado, constituyen las principales problemáticas de este sector en el país. Una normativa adecuada e instituciones específicas son dos características ausentes en las políticas del Gobierno para el impulso a este sector, considerado uno de los promotores más importantes de la economía colombiana.

Este panorama desde el punto de vista de las políticas forestales en el país, difícilmente se modificará a corto y mediano plazo, por lo tanto el sector continuará teniendo problemas en la consolidación de su desarrollo.

Ecuador

De manera general, la política forestal del Ecuador fue delineada en 1981 con la promulgación de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que otorgó al Gobierno el control sobre la regulación, tenencia y aprovechamiento de los recursos naturales. En 1999, el Decreto Ejecutivo N^o 505 ha creado el Ministerio del Ambiente. Este ministerio constituye la autoridad máxima forestal responsable de las etapas primarias de producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización de materias primas forestales. En 2000, la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre incorporó un Plan de Manejo Integral, un Programa de Aprovechamiento Forestal Sostenible y la Normativa para el Manejo Forestal para el Aprovechamiento de la Madera, que constituyen herramientas para la planificación y la ordenación sostenible de los recursos forestales.

Los tres objetivos fundamentales de la política forestal del país son: detener el proceso de pérdida de bosques naturales; recuperar las tierras forestales sin bosques y asegurar la participación de las poblaciones rurales, indígenas y negras en la ordenación forestal; en 1999 se incorporó la ordenación forestal a la gestión ambiental y fusionó el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestres (INEFAN), dando una nueva dimensión al sector forestal. Como una evolución natural del Plan de Acción Forestal de Ecuador, se elabora el Programa Forestal. Sin embargo, la política no ha hecho esfuerzos hacia el sector de la educación forestal, donde algunas instituciones trabajan de manera aislada.

En los últimos años las políticas con relación al sector forestal en el Ecuador se han caracterizado por ser poco efectivas en la protección y en el desarrollo de los bosques. Además de adjudicaciones y desmembraciones del patrimonio forestal del Estado, han existido diferentes hechos de violencia que han derivado de enfrentamientos entre hombres de seguridad (en muchos casos armados) de empresas madereras privadas, y campesinos colonos. Las perspectivas de fortalecimiento de las políticas forestales en el país, a corto y medio plazo no son favorables, ya que no se impulsan sus principales objetivos y el debilitamiento de las instituciones involucradas en el sector, es más evidente año tras año. Tales aspectos probablemente no ocasionarán cambios significativos en el sector forestal ecuatoriano en los próximos años.

Perú

El estado actual del sector forestal en Perú, es el resultado de muchos años de políticas equivocadas y de la visión extractivista con respecto al uso de los bosques. Ahora, con la implantación de una economía de libre mercado y con la aplicación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que establece un régimen de concesiones forestales para ser aprovechadas mediante planes de ordenación, se espera que inicie un proceso de cambio hacia el restablecimiento del desarrollo del sector forestal en el país. De conformidad con los principios fundamentales establecidos en la Constitución, los recursos naturales y particularmente, los recursos forestales que son patrimonio de la Nación, forman parte del quehacer cotidiano de la política nacional y están inmersos en tratados y convenciones internacionales vinculantes.

De acuerdo a la legislación vigente, tanto las tierras aptas para la producción forestal como las tierras de protección se encuentran bajo la jurisdicción del sector forestal, lo que representa el 80% del total del territorio nacional, según la clasificación de suelos de acuerdo a su capacidad de uso. En contraste, solo el 6% de las tierras son aptas para cultivos y el 14% son aptas para pastos y ganadería. A pesar de todo este potencial, el enfoque del marco jurídico legal le da mayor énfasis al aprovechamiento de los bosques naturales en la subregión, dejando un tanto de lado a otras tierras de aptitud forestal en las que se pueden realizar plantaciones de alto rendimiento, y que deben ser legisladas con mayor profundidad.

El eje central de este marco jurídico está dado por la Ley Nº 27 308 –Ley Forestal y de Fauna Silvestre promulgada en 2000 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 014–2001–AG. La normatividad y la presencia del Estado, representan para muchos empresarios y para las poblaciones locales, represión y control, por lo tanto, fuente de conflictos. Por ejemplo, el rol que desempeña el Estado en los Planes Generales de Manejo Forestal está sesgado hacia el control y la fiscalización, faltando un equilibrio con los roles de promoción, apoyo y asesoramiento.

Recientemente fue creada en el país una institución FONDEBOSQUE que tiene como propósito principal la promoción y el desarrollo forestal sostenible. Tal institución puede contribuir significativamente para que el desarrollo del sector forestal sea consolidado y se concreten posibles cambios en las políticas (véase recuadro 5).

Venezuela

En 1990 se promulgó la nueva Constitución de la República de Venezuela, en la que el Estado asume el compromiso de proteger el ambiente, la diversidad biológica, la genética, los procesos ecológicos y las áreas de especial importancia ecológica. Ese mismo año se inició el proceso de formulación del Código Orgánico Ambiental, Proyecto de Ley que pretendía compilar en un solo cuerpo legal toda la normativa ambiental–forestal existente. Hay además un proyecto de la formación de un comité de alto nivel para la formulación participativa de la Política Forestal Nacional.

En síntesis no hay una política volcada exclusivamente hacia el desarrollo del sector forestal en el país. Esa ausencia es uno de los mayores problemas para el desarrollo forestal de Venezuela. Aunque el sector forestal se ubica recientemente como un rubro estratégico para la economía del país en el marco de la política de desarrollo agrícola. Los resultados se verificarán en los próximos años.

Bolivia

La Ley de Medio Ambiente, Ley 1333 de 1992, regula las acciones del hombre interactuando con la naturaleza, promoviendo el desarrollo sostenible en Bolivia.

Uno de los aspectos destacables de la Ley de Medio Ambiente es que las obras, proyectos, actividades públicas o privadas deben realizar obligatoriamente un estudio de impacto ambiental, diagnosticando la inserción de la actividad empresarial en el medio ambiente, identificando sus impactos y sugiriendo un rol de medidas mitigadoras y alternativas técnicas más racionales y menos nocivas en términos ambientales.

Asimismo, las obras, proyectos, actividades públicas o privadas ya existentes deberán contar con la Declaración de impacto ambiental procesada por los organismos sectoriales competentes y expedida por el Vice Ministerio de Medio Ambiente. La Ley de Medio Ambiente proclama la necesidad de crear mecanismos para garantizar la participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos del desarrollo sostenible y en el uso racional de los recursos naturales renovables, tomando en cuenta sus particularidades. Asimismo, alude a la necesidad de establecer sistemas destinados a rescatar, difundir y utilizar sus conocimientos típicos.

Con relación al sector forestal boliviano, la Ley de Medio Ambiente establece que la industria forestal debe orientarse para favorecer los intereses nacionales, potenciando la capacidad de transformación, comercialización y aprovechamiento adecuados de los recursos naturales.

Además de promover el ordenamiento territorial, tanto a nivel nacional, regional como municipal, la Ley de Medio Ambiente demanda al Estado, a departamentos y a municipios elaborar planes de uso del suelo, herramienta básica para lograrlo. Sin embargo, como no existe una política nacional de uso de la tierra, los esfuerzos realizados carecen de coherencia.

Brasil

La Ley 6 938/81 es sumamente importante para el medio ambiente del Brasil. La ley disciplina la Política Nacional de Medio Ambiente, establece sus principios y objetivos, describe los instrumentos que pueden y deben ser utilizados, estructura el Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA), crea el Consejo Nacional de Medio Ambiente, (CONAMA) y las figuras del contaminador pagador y de la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente.

La Ley establece que la Política Nacional del Medio Ambiente tenga por objetivo la preservación, mejoría y recuperación de la calidad ambiental propicia a la vida, y tiende a asegurar en el país, condiciones para el desarrollo socioeconómico, para los intereses de la seguridad nacional y para la protección de la dignidad de la vida humana.

Según tal Ley, el Gobierno debe actuar para la racionalización del uso del suelo, del subsuelo, del agua y del aire, de la planificación y de la fiscalización del uso de los recursos ambientales, de la protección de los ecosistemas, con la preservación de áreas representativas y del control y zonificación de las actividades potenciales o efectivamente productoras de polución.

El Gobierno debe también conceder incentivos al estudio y a la investigación de tecnologías orientadas al uso racional y a la protección de los recursos ambientales, hacer el seguimiento de la calidad ambiental, recuperar áreas degradadas, proteger las amenazadas de degradación, promover la educación ambiental a todos los niveles de enseñanza, educar a la comunidad, capacitarla para que participe activamente en la defensa del medio ambiente.

La Ley también precisa que la atmósfera, las aguas interiores, superficiales y subterráneas, los estuarios, el mar territorial, el suelo, el subsuelo, los elementos de la biosfera, la fauna y la flora son recursos naturales.

El órgano ejecutor de la política de medio ambiente es el IBAMA, y tiene la finalidad de ejecutar y hacer ejecutar, como órgano federal, la política y directivas gubernamentales fijadas para el medio ambiente.

No son previstas alteraciones substanciales en el campo de la Ley Ambiental del país en los próximos años. La Ley Ambiental debe limitar la actividad forestal, en contrapunto con el Código Forestal Brasileño. De esa forma, adecuaciones a la política ambiental serán necesarias para hacer compatibles los intereses del sector (producción versus conservación).

Ecuador

El Ministerio del Ambiente como responsable de la gestión ambiental, ha realizado esfuerzos implementando políticas, normas e instrumentos de fomento y control, para alcanzar el uso sostenible y la conservación del capital natural del Ecuador, con un marco legal moderno, que incluye un Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental, una Ley de Desarrollo Forestal Sostenible y una Ley de Biodiversidad, de tal forma que no son previstos cambios en esas políticas en los próximos años.

Otro aspecto importante es la desconcentración de sus acciones, transfiriendo competencias, responsabilidades y recursos de forma selectiva a los organismos seccionales y Organizaciones no gubernamentales (ONG).

La revisión de la Estrategia de desarrollo forestal sostenible y el mejoramiento de la Normativa para el control y aprovechamiento de la madera, han sido aspectos importantes para que el sector forestal apunte a una política ambiental más sostenible en el país.

Perú

En Perú, que existe una política de Estado que trata del desarrollo sostenible y gestión ambiental, se compromete a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, a institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, promoviendo la diversidad biológica, facilitando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurando la protección ambiental y promoviendo centros poblados y ciudades sostenibles.

La política ambiental del Perú se define mediante el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que fue creado en 1990. En el código se modificó el proceso de decisiones públicas y se consideraron particularmente los estudios de impacto ambiental obligatorios; la participación de la sociedad civil en las decisiones y el derecho de interponer acción judicial sin interés directo. El Código del Medio Ambiente fue elaborado en línea con la Constitución, que determina en sus artículos lo siguiente: Artículo 66: los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por Ley Orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Artículo 67: el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales; Artículo 68: el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas; Artículo 69: el Estado promueve el desarrollo sostenible de la región amazónica con una legislación adecuada.

En realidad, la preocupación del Perú y de los demás países de la subregión acerca del derecho ambiental y de los proyectos de conservación de la naturaleza ha dado resultado al desarrollo de políticas concretas en los últimos quince años. Mientras Perú atravesaba el proceso de retorno a un gobierno democrático, se dictaron nuevas constituciones, lo que facilitó la transición de un modelo de fuerte intervención del Estado en la sociedad a una sociedad menos regulada y más democrática. La Constitución peruana de 1979 estableció como objetivo central de la política de desarrollo el crear una economía capaz de competir efectivamente en el mercado mundial. Tal hecho puede traer cambios positivos al sector forestal del país en los próximos años.

CAMBIOS EN LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES

Sector público

En los últimos tiempos se han realizado diversas reformas y cambios en la estructura institucional pública del sector forestal de los países de la subregión. A continuación se presenta sintéticamente la estructura institucional pública de los países y sus posibles cambios en los próximos años.

Bolivia

De acuerdo a la Ley Forestal (Ley 1 700), en su Capítulo III, artículo 19, la estructura institucional del sector forestal de Bolivia, en lo que se refiere al sector público, está instituida del siguiente modo:

“El régimen forestal de la Nación está a cargo del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente como organismo nacional rector, la Superintendencia Forestal como organismo regulador y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal como organismo financiero. Participan en apoyo del Régimen Forestal de la Nación las Prefecturas y Municipalidades, conforme a la presente ley.”

El Sistema de Reglamentación de los Recursos Naturales Renovables (SIRENARE), fue establecido también por la Ley 1 700 y tiene por objetivo reglamentar, controlar y supervisar la utilización sostenible de los recursos naturales renovables, en él se inserta la Superintendencia Forestal. El SIRENARE aún no está en funcionamiento. Es importante mencionar que la manutención de la Superintendencia Forestal depende exclusivamente de los fondos recaudados con la patente forestal, las multas, las tasas y los remates, lo cual constituye una debilidad de la Ley Forestal. El FONABOSQUE aún no fue reglamentado, pese a contar con fondos provenientes del pago de la patente forestal, no está operando y sus recursos son captados en forma de depósito judicial. La ausencia de las actividades atribuidas legalmente al FONABOSQUE, dificulta el ejercicio completo del régimen forestal y del proceso, así como la adaptación del sector privado que podría ser facilitado a través de programas de asistencia y desarrollo. No son previstos cambios en este contexto en los próximos años.

Brasil

La primera iniciativa de establecimiento de una institución volcada al sector forestal fue durante el final de la vieja república. En 1921 fue creado el Servicio Forestal Brasileño con el intento de organizar la administración pública de los bosques.

Los esfuerzos para la organización de las instituciones relacionadas al sector forestal persistieron. En 1938 fue creado el Instituto nacional del mate y en 1941 se creó el Instituto nacional del pino. Tales instituciones eran vinculadas directamente al Ministerio de la Industria y Comercio y su creación tuvo por finalidad la coordinación de la producción y de la comercialización de los productos forestales que les dieron origen (mate y pino de Paraná), justificando así su vínculo al Ministerio de la Industria y Comercio.

En 1962, el Servicio Forestal cedió lugar a la creación del Departamento de Recursos Naturales Renovables que incorporó nuevas atribuciones, con excepción de las competencias del Instituto nacional del pino, que actuaba de forma localizada, teniendo su área de jurisdicción en los Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, región de principal incidencia de esa especie.

En 1965, con la institución del Código Forestal Brasileño, el país necesitaba una reorganización de las instituciones para efectivizar las nuevas directrices del nuevo código. Con ese fin fue creado el 28 de enero de 1967 con el Decreto Ley 289, el Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF).

Esta institución, relacionada en esa época al Ministerio de la Agricultura fue creada principalmente con la finalidad de formular la política forestal nacional y orientar, coordinar, ejecutar o hacer ejecutar las medidas necesarias para la utilización racional, la protección y la conservación de los recursos naturales renovables y el desarrollo forestal del país. La creación del IBDF, en la época, representó un gran avance institucional para la administración pública del sector forestal, al eliminar el paralelismo de instituciones que existían en la esfera federal.

El IBDF fue marcado por el enfoque de desarrollo característico de aquel período en el Brasil, teniendo como principal objetivo el desarrollo forestal. El objetivo del IBDF fue ampliamente influenciado por la creación de los incentivos fiscales a la reforestación que, de cierta forma, condicionaron la actuación de la institución al período de duración de los incentivos.

En los primeros años de su funcionamiento, el principal objetivo del IBDF era la promoción de las bases del desarrollo técnico y de la administración del sector forestal. Sin embargo, a lo largo de su existencia, el instituto no efectuó una actualización técnica y científica y fue alejándose progresivamente del principal objetivo de su creación.

A consecuencia de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, realizada en Estocolmo en 1972, el Gobierno brasileño creó en 1973, en el ámbito del antiguo Ministerio del Interior, a través del Decreto nº 73 030, la Secretaría Especial de Medio Ambiente (SEMA). La creación de esa Secretaría tuvo por objetivo dotar a la administración pública federal de un espacio institucional destinado a la gestión del medio ambiente, desvinculado del sector forestal.

Continuando el proceso de organización de la administración ambiental, iniciado con la creación de la SEMA en 1973, fue establecida la Política Nacional del Medio Ambiente a través de la ley 6 938 del 31 de agosto de 1981. Esa ley se transformó en el principal instrumento de la gestión ambiental del país, definiendo el papel del Poder Público y confiriendo nuevas responsabilidades al sector privado con relación a la protección del medio ambiente.

Con la creación de la Política Nacional del Medio Ambiente, fue instituido el Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA), compuesto por órganos y entidades del Gobierno Federal, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios responsables para la protección y la mejoría de la calidad ambiental. Inicialmente el SISNAMA fue estructurado, teniendo la SEMA como órgano central, con competencia para promover, disciplinar y evaluar la implementación de la Política Nacional del Medio Ambiente.

La misma ley que creó la Política Nacional del Medio Ambiente, instituyó el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), constituido por órganos federales, por representantes de los Estados y del Distrito Federal, por entidad de clase del sector productivo y de los trabajadores y por organizaciones no gubernamentales y del medio ambiente, con poder deliberativo y con competencia para establecer normas, criterios y patrones relativos al control y al mantenimiento de la calidad del medio ambiente, con el propósito del uso racional de los recursos ambientales, principalmente a aquellos relacionados a los recursos hídricos.

La implantación de la Política Nacional del Medio Ambiente, extendiendo su acción sobre los recursos naturales, que incluye la flora y la fauna, trató de solucionar el tema institucional, manteniendo las atribuciones y competencias de las entidades sectoriales de administración al IBDF (para los recursos forestales), SUDEPE (para la pesca), SEMA (para las unidades de conservación) y SUDHEVEA (para el caucho).

Debido a las circunstancias en que las actividades forestales y la protección de la biodiversidad fueron sometidas, pasando por más de una administración pública, hubo innumerables conflictos institucionales que permanecieron hasta 1989, año en que el IBDF, la SUDEPE, la SEMA y la SUDHEVEA fueron eliminados. Antes de ese período, con el Decreto Nº 91 145, del 15 de marzo de 1985, el Gobierno federal creó el Ministerio del Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, transfiriéndole la responsabilidad del CONAMA y la SEMA.

El mismo año de extinción de esas instituciones, fue creado el IBAMA, incorporando, entre otras las atribuciones de los órganos extintos. El IBAMA fue creado a través de la Ley Nº 7 735, del 22 de febrero de 1989 y diferentemente del IBDF, estaba vinculado al Ministerio del Interior.

En 1990, a través de la Medida Provisoria Nº 150 del 15 de marzo se creó la Secretaría del Medio Ambiente de la Presidencia de la República (SEMAM/PR) como órgano de asistencia directa e indirecta al Presidente de la República. En ese mismo año, a través de la Ley Nº 8028, del 12 de abril, el IBAMA pasa a vincularse a la SEMAM/PR.

En 1992, la SEMAM/PR se transforma en Ministerio del Medio Ambiente (Ley N° 8 490, del 19 de noviembre de 1992), en 1993 se transforma en Ministerio del Medio Ambiente y de Amazonía Legal. En 1995, a través del Decreto Nº 1 361, del 1º de enero pasa a ser denominado Ministerio del Medio Ambiente, de los Recursos Hídricos y de Amazonía Legal y en 1999 vuelve a llamarse Ministerio del Medio Ambiente.

Se estima que en los próximos años surgirán cambios para la estructuración y del fortalecimiento institucional del sector forestal brasileño. A consecuencia de esto, el sector forestal deberá ser reconocido por sus funciones básicas de producción y de conservación. A cada una de esas funciones deberá corresponder una entidad institucional.

Hay una fuerte expectativa, a corto plazo, de que la implantación de una estructura organizativa funcional, constituida por una institución gubernamental volcada exclusivamente a la producción forestal, e integrada a un sinnúmero de acciones y políticas gubernamentales en las áreas de producción y comercialización, logre incluir la actividad forestal en la agenda de las políticas prioritarias del país. Esta configuración institucional ciertamente permitirá que los programas de apoyo al desarrollo forestal, inclusive el PNF puedan efectivamente beneficiar al sector y recibir las mismas atenciones de otras áreas como la de producción agrícola, la minería y otras de relevancia para el país.

Colombia

La institucionalidad forestal Colombiana pasó por diversas modificaciones. Hubo cambios profundos en las estructuras gubernamentales relacionadas al sector forestal. Las actividades fueron separadas en bosques nativos y plantaciones, de acuerdo al tipo de bosques. En 1993 fue establecido el Sistema Nacional Ambiental (SNA), que incluye el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible.

El Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actúa en la parte conservacionista y en la parte productora y se convirtió en la principal institución pública del sector. Las plantaciones forestales y la administración de los incentivos de forestación dependen del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ese ministerio no cuenta con dependencias y apoyo logístico regional, la parte operativa está formada por las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible. A través de esas corporaciones, Colombia es quizás el país que presenta mayor descentralización de los servicios forestales, corporaciones de la administración de los recursos forestales y fiscalización a nivel regional.

Existen otras entidades e instituciones, por ejemplo los institutos y centros de investigación ambiental, la Red de Reservas de la Sociedad Civil y el Consejo Asesor de Política Forestal, pero actúan muy poco en ese sector.

Se espera que este panorama institucional existente en la actualidad en Colombia no sufra grandes alteraciones en los próximos años. Una posible alteración puede tener lugar en la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena que está planteando la posibilidad de obtener su propio servicio forestal hasta 2004.

Ecuador

El Ministerio de Medio Ambiente fue creado el 4 de octubre de 1996 por Decreto Ejecutivo 195–A. Comenzó a ejercer funciones a partir de febrero 1997 y asumió la responsabilidad de la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República (CAAM). Respondiendo a los mandatos de su creación y ejerciendo las funciones de gestor, asesor, promotor, concertador y ejecutor de las políticas ambientales, el Ministerio ha desplegado su acción y ha alcanzado importantes logros en varias áreas y frentes de trabajo.

La Dirección operativa fue la encargada de la gestión gubernamental para el desarrollo forestal sostenible. El Ministerio de Agricultura y Ganadería divide funciones con el Ministerio de Medio Ambiente. En 2001 el Acuerdo Ministerial N^o 55 RO/438 del Ministerio de Medio Ambiente, transfiere la competencia a los gobiernos regionales o nacionales.

Perú

En Perú, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada en julio de 2000 estableció de manera clara la institucionalidad del sector forestal. El órgano del gobierno de representación del sector forestal es la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). La intendencia es encargada de proponer políticas, planes, programas, proyectos y normas sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, de supervisar y controlar el cumplimiento de los mismos y de proteger la diversidad biológica silvestre y depende del Ministerio de Agricultura. La industria forestal y comercialización pertenecen a otros sectores públicos como el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y organismos descentralizados como la Promoción de las Exportaciones, entre otros.

Este aspecto institucional no deberá sufrir cambios en los próximos años, aunque esta descentralización en dos Ministerios quiebre la cadena de valor de productos y comporte implicaciones negativas al sector forestal del país.

Venezuela

En Venezuela, así como en los demás países de la subregión, la responsabilidad institucional de los bosques fue varias veces transferida. Inicialmente se encontraba en el Ministerio de Agricultura, luego pasó al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. En 1989 fue creado el Servicio Autónomo Forestal Venezolano y en 1994 la Dirección General Sectorial del Recurso Forestal. En 1999 el Ministerio del Ambiente y Recursos Renovables pasó a ser el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. La gestión y coordinación forestal quedó a cargo del Servicio Autónomo Forestal y las perspectivas de cambios son pequeñas, por lo tanto no deberían sufrir alteraciones en el panorama institucional de Venezuela.

Sector privado

Bolivia

El sector privado de Bolivia está organizado en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. La Confederación, compuesta por federaciones departamentales y cámaras nacionales sectoriales, incluye a la Cámara Forestal de Bolivia (CFB). Se trata de la principal institución actuante en el sector forestal boliviano, siendo responsable de la representación institucional y la articulación de los intereses del sector. La CFB, creada en 1969, es una institución privada, sin fines de lucro y representa institucionalmente los intereses del sector forestal boliviano en los niveles regionales, nacionales e internacionales, beneficiando sus asociados, asistiéndolos legal y técnicamente. La CFB integrada por los miembros institucionales (cámaras forestales departamentales o regionales) y miembros empresariales (compañías y empresas individuales).

Existe además, en la estructura de la CFB, una organización técnica denominada Programa de Manejo de Bosques (PROMABOSQUE), que se ocupa del desarrollo de temas forestales y asistencia técnica a los asociados de la CFB. Además, la CFB desarrolla un trabajo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a partir de negociaciones internacionales bilaterales y multilaterales y del desarrollo de estudios y la organización de datos estadísticos sobre exportación. Estas actividades y otras son llevadas a cabo en conjunto con el Sistema Nacional de Información Forestal (SIFOR/BOL), que es un proyecto financiado por la OIMT y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Bolivia.

Brasil

En el Brasil, las instituciones privadas y las organizaciones relacionadas a las actividades de la industria forestal en general forman el Sistema Nacional de la Industria, el cual es liderado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI). La CNI está integrada por las confederaciones de los estados, las cuales son formadas por el Servicio Social de la Industria (SESI). Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) y el Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Incluidos en el Sistema Nacional de la Industria existen algunas organizaciones que representan los anhelos específicos de cada segmento industrial.

La representación de la industria forestal es bastante fragmentada. Hay muchas organizaciones representando los intereses de diferentes segmentos. Las más importantes son la Asociación Brasileña de la Industria de Madera. Procesada Mecánicamente, la Asociación Brasileña de la Industria y Tableros de Maderas, la Asociación Brasileña de los Productores de Carbón Vegetal, la Asociación Brasileña de Pasta y Papel, la Sociedad Brasileña de Silvicultura, entre otras. De cierta forma ésto refleja los diferentes intereses y perspectivas dentro del sector.

Directamente relacionado al sector forestal, fue creado a finales de 1999 el Foro Nacional de las Actividades de Base Forestal, entidad privada que tenía la difícil misión de representar y defender los intereses del sector forestal productivo, principalmente en lo concerniente a las políticas públicas vinculadas. A pesar de los esfuerzos y del relativo exodo del Foro, los segmentos participantes no son la totalidad del sector.

No obstante, se están tomando una serie de iniciativas, por ejemplo la creación de foros de debates y programas de desarrollo en el sentido de convergir con los intereses del sector forestal productivo. Para los próximos años las tendencias apuntan a un sector privado más organizado, con mayor capacidad de negociación y presión y mayor poder de influencia en la política forestal del país.

Colombia

En Colombia, la principal organización ligada al sector forestal es la Asociación Colombiana de Reforestadores e Industriales de la Madera (ACOFORE). Otra institución de derecho privado, aunque esté ligada al Ministerio de Agricultura del país, es la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), creada en 1974, sin fines de lucro, con el objetivo de generar la tecnología y estudios para el establecimiento de plantaciones forestales productivas y protectoras, la ordenación y la conservación de los bosques naturales y promover entre la comunidad modelos forestales, agroforestales y silvopastoriles para el desarrollo sostenible rural. CONIF opera a través de convenios con otras instituciones nacionales e internacionales, y está también integrado por un sistema de difusión de informaciones sobre investigación forestal, considerado el más completo centro de documentación forestal del país, llamado SEIDAL.

En 2004, a través de CONIF, y con la colaboración de otras instituciones del país se actualizará en un plazo no mayor a tres meses a partir de la firma del convenio, el inventario que determinará las especies nativas y extranjeras más demandadas en los mercados internacionales y se especificarán de acuerdo con la información disponible, cuáles son las zonas adecuadas de acuerdo a cada especie para el desarrollo de plantaciones forestales. Las principales instituciones participantes y que también están involucradas en el sector de la industria forestal son: ACOFORE, la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales, la Federación Antioqueña de la Madera, la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, la Cooperativa de Fabricantes de Muebles y el Consejo Nacional del Mueble de Exportación.

Perú

Dentro del sector privado del Perú existen gremios de productores como la Cámara Nacional Forestal (CNF), Corporación de la Madera del Perú y Asociación de los Exportadores del Perú, entre otros, que tienen una participación importante en el sector forestal del país. Recientemente, por mandato de la legislación forestal vigente, ha sido creado el FONDEBOSQUE, que otorga a proyectos del sector privado financiamiento destinado a obtener el máximo rendimiento en la transformación de productos forestales al estado natural, mediante la aplicación de mejoramientos tecnológicos. También esta prevista la creación de dos organismos: el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables, perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía funcional, técnica y administrativa, y del Consejo Nacional Consultivo de política forestal (CONAFOR), que es el organismo del más alto nivel de consulta de política forestal, que incluye representantes de instituciones y organismos de los sectores público y privado vinculados a la actividad forestal.

Se espera que Perú alcance en las próximas décadas una mayor organización del sector forestal, en base a los esfuerzos del poder privado aumentando su capacidad de negociación y presión, y consecuentemente crezca su influencia en la política forestal del país.

CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN EL SECTOR

La actividad forestal de Bolivia está orientada a la explotación selectiva en los bosques y a la transformación primaria. Prácticamente se desarolla muy poca investigación, extensión, como así tampoco repoblación forestal. Falta investigación y extensión forestal en diferentes rubros como la silvicultura de bosques naturales y plantaciones, la tecnología de la madera, el aprovechamiento de los productos no madereros, ecología y el comportamiento del bosque en función a las intensidades de aprovechamiento, a los tratamientos silviculturales, entre otros. Por lo tanto, las nuevas perspectivas para el desarrollo en el sector forestal dependen principalmente de inversiones en tecnología más moderna, lo cual no sucede. En este aspecto no se esperan cambios a corto plazo y Bolivia en los próximos años presentará un desarrollo poco acelerado en el sector.

En el Brasil, con una fuerte participación de las empresas privadas del sector de pasta y papel, las inversiones en el tema de mejoramiento genético continúan efectuándose principalmente de pino y eucalipto. El trabajo con Eucalyptus grandis ha prácticamente duplicado sus tasas de crecimiento anual.

En la industria de productos de madera sólida las inversiones históricamente no siguieron los niveles de la industria de pasta y papel. Sin embargo, esa situación está gradualmente cambiando y con mejoras tecnológicas deberá resultar un significativo crecimiento en el aprovechamiento de la madera, la reducción de los costos, los aumentos de la competitividad de las empresas y la calidad de los productos. Tal aspecto se verifica particularmente en las industrias de contrachapado del Brasil, incluso con la adopción de la gran mayoría de ellas en el Programa Nacional de Calidad de la Madera (PNCM), que ha incluido en un primer momento las fábricas de contrachapado, pero debe contemplar los demás productos de madera a mediano plazo (véase recuadro 6).

Pocas empresas del sector forestal en Colombia trabajan con tecnología de punta, con material reproductivo certificado e investigan mejoramiento genético. El país tiene ensayos de procedencia–progenie con Cordia alliodora y Tabebuia rosea. Además, tiene ensayos con Pinus patula y con especies para zonas altas más frías. Sin embargo, hasta 2020 el fortalecimiento del CONIF en Colombia podría generar una mayor investigación, apoyar la investigación de terceros y desarrollar la industria de base forestal. A mediano plazo la creación del Fondo Parafiscal Forestal representa una esperanza debido a los recursos que el fondo debe dedicar a la investigación y a la transferencia de tecnología, así como constituirse en un complemento ideal de CONIF, para realizar la investigación forestal.

En el Ecuador es incipiente el aporte de la investigación en la generación de tecnología para el sector de bosques y también la transferencia tecnológica en los programas institucionales. Además, es débil la política nacional de ciencia y tecnología, y no existe un plan o programa de desarrollo forestal o de la industria forestal.

En Perú a pesar de la existencia del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana que cuenta con un plan estratégico con participación de las entidades de desarrollo amazónico son escasas las inversiones en ciencia y tecnología nacional y son altos los impuestos a los bienes e insumos para la investigación. Por esto, para que el sector del país se vuelva competitivo a nivel mundial, es necesario iniciar un programa nacional con base en la investigación forestal. Es necesario, por lo tanto, contar con financiación apoyada por la empresa privada, academias y otras instituciones. Es difícil que se produzca un cambio a corto y mediano plazo.

CAMBIOS EN LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Servicios ambientales

A pesar de que los servicios ambientales aún no están incluidos en las políticas y en las legislaciones forestales de la mayoría de los países de la subregión, muchos países tienen la intención de hacerlo. Las alternativas más desarrolladas hasta el momento en los países de la subregión son el secuestro de carbono y el ecoturismo, presentados anteriormente en este informe.

Estos temas vienen cambiando con relativa rapidez y se esperan cambios en los próximos años, particularmente en el ecoturismo, estimulados por inversiones públicas e incentivos de financiación. En estos casos, es importante considerar que la mayoría de los gobiernos de los países de la subregión tienen como metas la generación de empleo por medio de las actividades relacionadas al turismo, ya que se genera un gran numero de puestos. El crecimiento de la actividad será considerable, pero la participación en las economías solamente será significativa cuando sean analizadas localmente.

En lo que concerniente al secuestro de carbono, el potencial para dicha actividad es bastante grande, teniendo en cuenta el nivel actual de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, la necesidad de expansión de la cobertura forestal de las plantaciones y la ordenación forestal sostenida en los países. Tras la reglamentación de los mecanismos del mercado de créditos de carbono, se calcula que la demanda crecerá significativamente. El número de proyectos para la compensación de las emisiones de dióxido de carbono todavía es reducido y será necesario acumular experiencias para mejorar su situación dentro del contexto y de la promoción en la subregión, lo cual debería tener lugar en los próximos años.

Certificación forestal

Bolivia

La Ley Forestal actual ha contribuido al incremento del área de bosques certificados, ya que muchos requisitos técnicos exigidos a la legalidad y a la sostenibilidad de la actividad forestal son los mismos principios y criterios del Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council -FSC).

Pero no hay incentivos del Gobierno para que las industrias privadas alcancen la certificación forestal. Actualmente más de un millón de hectáreas cuentan con certificación forestal voluntaria en Bolivia. Esto tipo de certificación tiene la intención de facilitar la apertura de mercados internacionales que exigen un certificado de origen de la madera. Esta iniciativa funciona adecuadamente en el país. Las extensas áreas de bosques tropicales certificados han propiciado al país exportaciones de productos certificados. Aunque no se han alcanzado grandes cantidades, las exportaciones se muestran crecientes. En 1998 eran de 181 000 dólares EE.UU., habiendo alcanzado en 2000 alrededor de 8 millones de dólares. Además, se ha logrado la aprobación por parte de la FSC de los “Estándares Bolivianos para la Certificación Forestal de la Castaña (Bertholletia excelsa).”

Brasil

La historia de la certificación en el Brasil es bastante reciente. Actualmente son dos los sistemas en uso en el país, el CERFLOR y el FSC y son un requisito para poder obtener financiamientos de proyectos forestales.

El CERFLOR, es un sistema nacional que comenzó en los años noventa y certificó su primera área forestal a inicios de 2003. Hasta el momento CERFLOR sólo posee criterios e indicadores para los bosques plantados (véase recuadro 7).

El FSC comenzó una iniciativa en 1994 y un Grupo de Trabajo de las tres cámaras fue formalizado en 1996 bajo la coordinación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), del Brasil. En septiembre de 2001 fue fundado en Brasilia el Consejo Brasileño de Manejo Forestal del Brasil, que cuenta con el aval del FSC Internacional.

Los bosques plantados certificados por el FSC en el Brasil totalizan 892 000 hectáreas (véase recuadro 7). De ese total, aproximadamente el 68% (606 000 hectáreas) son áreas de efectivo plantío. Las áreas de eucalipto responden al 36% del total (325 000 hectáreas) y las áreas de pino representan el 28% (250 000 hectáreas). Las 30 000 hectáreas restantes son cubiertas principalmente por teca y araucaria (pino de Paraná).

Si consideramos que las áreas de plantío de pino y eucalipto del Brasil suman aproximadamente 5 millones de hectáreas, el país cuenta con aproximadamente un 12% de su efectivo plantío ya certificado. Considerando además que la actividad de certificación es relativamente nueva en el país, ya que recién en 1997 la primera área fue certificada, se podría decir que, hasta finales de 2002 fueron objeto de certificación (en promedio) 101 000 hectáreas anuales, lo que puede ser considerado como poco significativo. Una parte considerable está representada por las áreas de preservación permanente y reservas legales, que juntas abarcan aproximadamente un 32% (286 000 hectáreas) del total de las áreas plantadas y certificadas (véase cuadro 67).

CUADRO 67. Bosques plantados certificados por el FSC, por especie en el Brasil (2002)

⁽¹⁾ APP – Área de Preservación Permanente y RL – Reserva Legal.
Fuente: STCP.

Las áreas de aprovechamiento de bosques naturales certificados por el FSC totalizan 350 000 hectáreas. Las empresas privadas localizadas en la subregión amazónica representan la totalidad de las áreas de bosques que son objeto de ordenación, es decir el 98,5% del total (344 800 hectáreas). Las áreas objeto de aprovechamiento comunitario son aún poco significativas y representan apenas 5 000 hectáreas, equivalentes al 1,5% del total (véase cuadro 68).

Lo que queda es aún menos importante y son áreas de yerba mate (Ilex paraguarensis) localizadas en la región sur del país (bosque atlántico).

CUADRO 68. Bosques naturales certificados por tipo de aprovechamiento (2002)

Fuente: STCP.

Por tratarse de una actividad relativamente reciente en el sector forestal, la certificación forestal ha encontrado algunas dificultades para expandirse, principalmente en las áreas de bosques naturales, localizadas en la subregión amazónica. Ciertos aspectos, en el presente son tratados como dificultades, y deberán ser superados a corto y mediano plazo para que las áreas certificadas puedan aumentar más rápidamente, estos aspectos son a saber:

• adecuación legal de la organización / empresa, tanto para los aspectos agrarios como ambientales;

• obtención de mano de obra adecuada para las nuevas técnicas exigidas;

• capacitación de la mano de obra;

• barreras culturales en la aceptación de nuevos métodos y nuevas tecnologías;

• organización para operación temporaria, derivada de las condiciones climáticas de algunas regiones que ocasionan intermitencia de la mano de obra asociada; y,

• como a menudo las empresas no consiguen implantar los cambios exigidos por los organismos certificadores deben conseguir fondos para los costos de adecuación de operación.

No obstante, se espera a mediano plazo que el sector forestal pueda ser menos reglamentado y las cuestiones de tenencia de la tierra puedan resolverse. Tales aspectos deberán contribuir para que el proceso de certificación forestal pueda avanzar más rápidamente en el Brasil.

Las normas del CERFLOR exigirán ajustes y revisiones. Actualmente el CERFLOR con la gestión del INMETRO, forma parte del PEFC y eso dará mayor credibilidad al sistema y la posibilidad de aumentar el área certificada en el país.

Por lo tanto, se espera que el área forestal certificada en el país crezca sensiblemente, pero alteraciones significativas en la estructura de producción, en el comercio y en los precios no deberán verificarse.

CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS FUERZAS IMPULSORAS QUE AFECTAN AL SECTOR FORESTAL

A continuación se destacan las siguientes conclusiones, sea a nivel internacional que subregional.

Contexto internacional

Los Estados Unidos y la Unión Europea continúan siendo los grandes mercados mundiales. China debe consolidarse como uno de los principales importadores y exportadores mundiales y continuará siendo la principal economía emergente del mundo.

Contexto subregional

Aspectos macroeconómicos

Desde el punto de vista de la infraestructura de transportes:

• Carreteras: inversiones de corto plazo serán realizadas y deberá producirse la descentralización en la administración a través del modelo de concesiones.

• Ferrocarriles: la red vial podría verse aumentada y adquirir mayor importancia en el futuro.

• Red fluvial: algunas inversiones públicas podrían ser realizadas a corto y mediano plazo, pero de pequeña magnitud. Además, debe aumentar su importancia relativa en el futuro.

• Transporte aéreo: nuevas terminales de carga deberán ser implementados y la tendencia de concesiones debe ser consolidada.

• Red de telecomunicaciones: deberá continuar recibiendo inversiones en los países y deberá confirmarse la tendencia a la privatización.

A mediano plazo podría verificarse un cambio en la matriz energética de los países, con inversiones especialmente en plantas termoeléctricas y pequeñas hidroeléctricas;

Los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales podrían comportar a mediano plazo disminuciones de las barreras aduaneras y técnicas, principalmente en lo que concierne a los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente.

Aspectos socioeconómicos

• La población de la subregión debe crecer a tasas poco superiores al 1% anual y en 2020 se estima que contará con 360 millones de personas. La PEA alcanzará tasas de crecimientos más acentuadas y se prevé para 2020 una población de 179 millones de personas económicamente activas. La gran mayoría de la población de los países vivirá en el medio urbano y la edad promedio crecerá, es decir se producirá un envejecimiento del promedio de la población.

• El PIB de la subregión en los próximos años alcanzará tasas de crecimientos promedios del 4% anual y el PIB per cápita promedio será de aproximadamente 7 000 dólares EE.UU. en 2020.

• La participación porcentual de la renta no deberá comportar cambios significativos y continuará bastante concentrada, como en la actualidad.

• Los niveles de los precios al consumidor (inflación) a mediano y largo plazo se mantendrán a niveles satisfactorios, principalmente en las principales economías de la subregión (el Brasil, Colombia, Perú y Venezuela).

• Existe la expectativa de crecimiento del comercio internacional en la subregión amazónica en las próximas décadas como resultado de la estabilización económica y de los acuerdos internacionales.

• Las tasas de interés a mediano y largo plazo deberán presentar una tendencia decreciente, permitiendo un crecimiento económico más acentuado en la subregión.

• Los puestos de trabajo también crecerán impulsados por el crecimiento económico esperado para la subregión.

Aspectos políticos extrasectoriales

• En la mayoría de los países de la subregión deben ser creados mecanismos de crédito más atractivos (tasas más bajas), así como facilitar el acceso debiendo servir como incentivo, posiblemente para el establecimiento de nuevas plantaciones.

• Las inversiones extranjeras y nacionales deberán crecer gradualmente en la mayoría de los países considerando las economías más estables (el Brasil, Perú, Colombia), impactando positivamente al sector forestal.

• Los regímenes especiales de incentivos a las exportaciones deben impulsarse y comportar resultados positivos a la balanza comercial del sector forestal de los países de la subregión.

Aspectos políticos sectoriales e intrasectoriales

• El crecimiento de la actividad agrícola limita y debe continuar limitando la ampliación de las áreas de bosques plantados en prácticamente todos los países de la subregión, por otro lado el sector agropecuario continuará afectando directamente al cambio en el uso del suelo a corto y mediano plazo.

• Alteraciones substanciales en el sector forestal de algunos países de la subregión, producto de la revisión de la legislación forestal y ambiental, deberán ser verificadas, como por ejemplo en el Brasil, Perú y Venezuela. Asimismo, el sector forestal basado en los recursos naturales continuará siendo fuertemente reglamentado en los próximos años, mientras que el sector de los recursos plantados deberá sufrir menos restricciones legales.

• No son previstos nuevos incentivos volcados al establecimiento de plantaciones forestales por parte del poder público similares a los que existían en la década de los ochenta en el Brasil, mientras la iniciativa privada debería continuar invirtiendo.

Aspectos institucionales

• En el sector público ligado al sector forestal, se esperan algunas reformas y cambios que deberían culminar en nuevas políticas y programas del sector, particularmente en el Brasil y Colombia.

• Las instituciones del poder privado volcadas al sector forestal deberán, en las próximas décadas, alcanzar una mayor organización y una mayor capacidad de negociación en diversas esferas, obteniendo mayor influencia en las políticas forestales de los países de la subregión.