4 Fuerzas impulsoras que afectan al sector forestal

CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Se estima que el consumo global de las personas en los países industrializados continúe creciendo y la pobreza en las regiones en desarrollo, posiblemente también crezca. En la última década se ha observado que, al contrario de lo que ocurría en el pasado donde los países procuraban proteger sus economías a través de medidas proteccionistas, actualmente ha tenido lugar la globalización del comercio mundial con preferencia hacia determinados países y/o bloques, como los Estados Unidos de América y la Unión Europea. En el futuro es probable que éstos continúen siendo los dos grandes consumidores mundiales de productos forestales. Además, se estima que aumente la importancia de países como la República de Corea, China (incluyendo Hong Kong y Taiwan) y la India debido a la demanda de recursos originados del bosque, que surge acompañando sus crecimientos económicos (Recuadro 1). Se prevé que en los próximos 10-15 años, China se consolide como uno de los principales importadores y exportadores mundiales, actualmente es la principal economía emergente a nivel mundial

CAMBIOS EN LOS ASPECTOS MACROECONÓMICOS

Nacionales

Infraestructura de transporte

La infraestructura de un país es primordial para el desarrollo de una política de exportaciones y una mejora en la competitividad económica. Dentro de este contexto, se presenta una breve síntesis de la situación actual y de las expectativas a mediano y largo plazo del transporte en general en cada uno de los países de la subregión del Cono Sur.

Carreteras

El Cono Sur tiene aproximadamente 2,2 millones de kilómetros de carreteras. De este total, apenas 267 kilómetros (12%) están pavimentadas. Los casi dos millones restantes (88 por ciento) no están pavimentados (Cuadro 49). Entre los países que forman parte de la subregión, el Brasil concentra el 85 por ciento del total de la red de carreteras. En la Argentina están casi el 10 % de las mismas y los 5,3 % restantes se encuentran en Chile, el Paraguay y el Uruguay.

CUADRO 49 Extensión de la red de carreteras del Cono Sur por tipo

Fuentes: Ministerio de Economía, Informes Nacionales, Dirección Nacional de Vialidad y DNER.

Administrada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por la Secretaría de Obras Públicas y Comunicación y, en parte, gestionadas por concesionarios privados, la red vial de la Argentina comprende aproximadamente 215 mil kilómetros de carreteras en su mayoría (cerca de 152 mil kilómetros) no pavimentadas (20% de ripio y 50% de tierra). De las carreteras pavimentadas, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Vialidad en 2000, el 59% se encontraban en buen estado de conservación, el 27%, en estado regular y el 14%, en mal estado. Debido al gran porcentaje de carreteras no pavimentadas y al estado de conservación de las pavimentadas, en solamente el 45% de la red se realiza la mayoría del transporte del país (85%). Con el propósito de mejorar esta situación, se han realizado inversiones (Figura 43).

FIGURA 43 Inversiones en la infraestructura vial de carreteras en la Argentina en millones de dólares
(1991-2000)

Fuente: Dirección Nacional de Vialidad.

Como se puede notar, entre 1991 y 2000 los montos invertidos en obras y en conservación de la red vial han variado año a año. En 2000, por ejemplo, de los 431 millones de dólares invertidos, cerca de 250 millones se destinaron a obras y los 176 millones restantes en la conservación de las mismas. En la actualidad, se continúan a realizar inversiones. En los últimos tiempos fue aprobado un importe de 718 millones de dólares para la realización del Programa de Corredores Viales Nacionales para la Argentina. Esto debería reducir los costos de transporte entre los centros de producción más importantes y los puertos, puntos de frontera y centros de distribución y consumo; y mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras con el fin de aumentar la competitividad de los productos argentinos, tanto en los mercados locales como internacionales y facilitar la integración regional. Un monto de 400 millones de dólares fue también aprobado para el Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración, que busca la facilitación del transporte terrestre de cargas y pasajeros en los corredores prioritarios de la red vial nacional, que vincula la Argentina con los países del MERCOSUR, principalmente Chile.

Así como en la Argentina, en el Brasil la mayoría de las carreteras (71%) no se encuentran pavimentadas. Las restantes (29%) están en general mal conservadas. Hay excepciones en los estados del sur y sudeste, especialmente en São Paulo. Allí, inversiones del sector privado a través del modelo de concesiones de conservación de carreteras han logrado tener carreteras en muy buen estado. Respecto al gobierno, hasta el presente ha invertido poco en carreteras. Tampoco hay perspectivas a mediano y largo plazo de que esta situación cambie.

Como se puede observar en el cuadro 50, Chile cuenta con 79 520 kilómetros de carreteras, siendo la mayoría (80,5%) no pavimentadas. Del total pavimentado apenas 12 508 kilómetros están asfaltados, siendo los casi 3 mil kilómetros restantes de hormigón. Además, las carreteras están concentradas en algunas regiones como las de Bío Bío, La Araucanía, los Lagos y en la región metropolitana de Santiago que aisladamente tiene 2 544 kilómetros de carreteras siendo el 50% de las mismas asfaltadas.

CUADRO 50 Extensión de la red de carreteras por tipo, según región de Chile (2000)

Fuentes: Dirección de vialidad y Ministerio de Obras Públicas.

De esta forma, el sur del país solamente es accesible por carretera desde la Argentina. Por esta y otras deficiencias de la red vial, durante los últimos 10 años, el tema de inversión en infraestructura ha sido discutido entre el Estado y el sector privado, lo que dio como resultado la materialización de varias obras bajo la modalidad de contratos de concesión. En este contexto el Grupo Dragados obtuvo la concesión por 30 años de la mayor autopista de Chile. La construcción de 60 kilómetros de autopista de cinco carriles de circulación por cada sentido debería estar terminada en el plazo de cuatro años. Además, en 2000 fue aprobado un proyecto con un costo total de 427 millones de dólares EE.UU. para la concesión de una autopista ubicada en la parte central del país.

El proyecto incluye la ingeniería, la construcción, el mejoramiento, la operación y la manutención, mejorando el acceso entre Santiago y Valparaíso. Además, abarca una extensión de 2,3 kilómetros (Ruta Las Palmas) que une Valparaíso y Viña del Mar y la construcción de 18 kilómetros de nuevas rutas (Troncal sur) uniendo la ciudad de Viña del Mar con las ciudades de Quilpué, Villa Alemana y Peñablanca. Otro proyecto de 442,2 millones de dólares tiene el objetivo de dotar a la Región Metropolitana de Santiago de un eje vial de alto estándar mejorando la vinculación entre las comunas de Poniente y Oriente con el Centro de Santiago. Debido a estas y a otras inversiones que están siendo realizadas o serán hechas en el sector, sus perspectivas son buenas. Se prevé que a mediano plazo el sistema vial de carreteras de Chile debería ser satisfactorio, contribuyendo, en cierto modo al mayor crecimiento económico del país.

El Paraguay posee una red vial de 29 500 kilómetros de extensión, siendo que, un poco más del 10 por ciento pavimentado. Por esta red se exporta una gran parte de las mercancías del país (49% del total). Sin embargo, el estado general de las carreteras del país es deficiente. Esto ha motivado al Gobierno a poner en marcha un programa de gastos de inversiones para el período de 1998 hasta 2003, que contempló la construcción de otros 2 805 kilómetros de rutas, con un presupuesto total de 1,73 millones de dólares. En el cuadro 51 se presenta el programa de gastos en inversiones viales de ese período. Actualmente se continúan efectuando inversiones en carreteras. Dos ejemplos de mejorías planeadas para los próximos años son la construcción de 500 kilómetros de pavimento pétreo en distintos departamentos de la República y la recuperación de caminos rurales.

CUADRO 51 Programa de gastos en inversiones viales del Paraguay (1998-2003)

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Uruguay cuenta actualmente con aproximadamente 9 mil kilómetros de carreteras, uno de los indicadores de accesibilidad más altos de América Latina. Sin embargo, el país se destaca no solamente por la extensión de la red, sino por su forma y estado de conservación. Con relación a la forma, la red vial tiene un formato peculiar (radial), donde los principales radios parten de Montevideo. En el cuadro 52, se puede observar el estado de conservación de las carreteras por tipo de pavimento.

CUADRO 52 Extensión de las carreteras de Uruguay por tipo de pavimento (metros)

Fuente: Dirección Nacional de Vialidad.

Como en otros países del Cono Sur, para que las carreteras actuales sean mantenidas en buen estado y se efectúen mejoras posibles, el Gobierno ha otorgado concesiones para la construcción de importantes obras de infraestructura vial. Algunos ejemplos son el puente de 41 kilómetros de longitud entre Colonia de Sacramento-Buenos Aires y el puente Salto-Concordia, la autopista Liberdad-Montevideo y el eje vial San Pablo-Buenos Aires.

El panorama general en realidad es que faltan carreteras y mantenimiento en la red vial de la mayoría de los países del Cono Sur. Por otro lado, para intentar revertir esta situación, la mayoría de los gobiernos han estado realizando algunas inversiones directamente (ellos mismos), pero principalmente indirectamente (a través de concesiones) en el sector. Sin embargo, los montos hasta hoy invertidos son insuficientes para la modernización de toda la red vial. Además, no existe una planificación, un financiamiento mínimo y ordenado, que permita garantizar la accesibilidad permanente a todas las regiones de los países. La falta de infraestructura de conexión entre los países se presenta constantemente. Aún no se prevén cambios significativos con relación al tema, lo cual puede perjudicar en determinados momentos el desarrollo de algunos sectores económicos, dependientes fundamentalmente de las carreteras, entre los cuales se encuentra el forestal.

Ferrocarril

Los países de la subregión del Cono Sur cuentan con cerca de 75 mil kilómetros de vías férreas, casi la mitad de las mismas están ubicadas en el Brasil (Cuadro 53). Sin embargo, el uso de la red es limitado por los diferentes tipos de trochas existentes entre y dentro de los países. Mientras en el Brasil y en Chile la mayoría de las trochas son angostas, en el Paraguay y en el Uruguay, son todas anchas y en la Argentina son intermedias.

CUADRO 53 Extensión de la red de ferrocarriles de la subregión del Cono Sur por tipo

Fuentes: Ministerio de Economía e Informes nacionales.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en 2000, la Argentina poseía cerca de 35 mil kilómetros de vías férreas, entre las cuales dos líneas que cruzaban los Andes y permitían la comunicación con Chile. Además, los ferrocarriles argentinos enlazaban con otros países de la subregión como el Brasil, el Paraguay y el Uruguay. Del total de líneas férreas, cerca de 31,6 mil kilómetros eran concesionados para FEPSA, NCA, FERROSUR, MESOPOTAMICO, BAP, Belgrano Cargas S.A. y Concesionarios Metropolitanos de Bs. As. Aún así el estado general de los ferrocarriles no es bueno, existiendo una considerable parte que se encuentra sin utilización por falta de inversión en mantenimiento. También, como ya fué mencionado con anterioridad, no existe similitud en las trochas, resultando que en 2000, sólo el 6,1% de la carga del país había sido transportada por ferrocarril. No se tiene información acerca de inversiones en este sector en la Argentina.

Las ferrovías de Brasil eran, al comienzo, administradas por el sector público integrando la Red Ferroviaria Federal (RFFSA) y el Ferrocarril Paulista S.A. (FEPASA). Entre 1996 y 1998 pasaron a ser administradas por empresas privadas, lo cual dio como resultado un incremento de su uso. Actualmente 11 empresas privadas operan el 91 por ciento de la extensión total del sistema de ferrocarriles del país. Mediante los ferrocarriles se transporta el 21% de las mercancías del país entre los cuales la madera, el papel y la pasta que están creciendo en importancia. Como se observa en el cuadro 54 se espera que ese porcentaje crezca en los próximos años debido a inversiones como la ampliación de la red (Ferrocarril Norte-Sur), nuevos equipos, mantenimientos del sistema actual y expansión de las máquinas previstas por iniciativa privada.

CUADRO 54 Inversiones programadas para el sistema de ferrocarriles del Brasil (2001-2005)

La situación de los ferrocarriles en Chile es relativamente deficitaria y los equipos existentes son antiguos y obsoletos. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado su propósito de efectuar importantes inversiones en el sector, principalmente en la recuperación de vías y adquisición de material rodante. Entre las obras que están siendo realizadas se incluyen: la rehabilitación de las vías férreas Alameda-Rancagua, Chimbarongo-Linares, Linares-Chillán y San Francisco-Chimbarongo, la electrificación de los tramos Rancagua-San Fernando, San Fernando-Chillán y Chillán-Temuco. Señalización del tramo Rancagua-Chillán y Defensas Fluviales del tramo Chimbarongo-Chillán. Además de éstas, otras inversiones se están llevando a cabo. La empresa estatal de ferrocarriles de Chile (EFE) ha adquirido equipos para el servicio Metrotren a San Francisco, Merval en la V Región y Santiago-Chillán. Una inversión de 35 millones de dólares es destinada al proyecto Zona Norte que comprende obras de construcción y/o rehabilitación y mantenimiento de líneas férreas en los sectores Alameda-Limache, Alameda-Barrancas y obras de mantenimiento para los sectores Limache-Puerto y Paine-Talagante. Se espera que en los próximos años exista una mejoría de las condiciones del transporte ferroviario del país ya que su posición en la cuenca del océano Pacífico le ofrece ventajas para ser un corredor de salida del Brasil y la Argentina, y el ferrocarril es uno de los medios más eficiente, teniendo en cuenta las distancias que deben ser cubiertas.

Hasta el año 2003, el Paraguay no contaba con un sistema de ferrocarriles en funcionamiento, siendo Ferrocarriles del Paraguay la única empresa estatal del país en proceso de privatización. No se conoce con precisión el estado de conservación o de las inversiones que están siendo planeadas para el sector. Se presume que el Estado conserve la propiedad sobre la infraestructura, inmuebles y estaciones, mientras que la empresa privada tendría la concesión de uso por un período de 30 años. Actualmente el país cuenta con aproximadamente 441 kilómetros de vía, con un ancho de 1 435 milímetros, que conecta Asunción y ciudades del interior del país con puertos de la Argentina, del Brasil, y del Uruguay sobre el lado Atlántico.

La red ferroviaria de Uruguay está siendo gestionada por la Administración de Ferrocarriles del Estado y cuenta con una distancia de aproximadamente 2 mil kilómetros de vías, que se encuentran en un estado de conservación entre regular y muy malo. Debido a esto, la red tiene una importancia limitada y sólo se utiliza para el transporte de determinadas mercancías. Considerando el transporte de madera, son tres los principales tramos: el de acceso al puerto de Fray Bentos (en el sudoeste del país, el cual presenta serias deficiencias con altas probabilidades de descarrilamiento), el tramo entre Montevideo y Rivera, y los ramales Florida-Blanquillo, Paysandú-Algorta, Minas-Montevideo y Nico Pérez-Montevideo (al norte del país, se plantean trabajos de mantenimiento entre Rivera y Paso de los Toros).

El sistema ferroviario uruguayo requiere una transformación sustancial que permita reducir el costo total de transporte prestando servicio a la minería, la producción forestal del norte del país y el comercio con el Brasil y la Argentina. En el año 2000 se ha logrado consagrar legalmente el libre acceso del sector privado en la operación ferroviaria y un modelo de transformación de la empresa transportista AFE y la rehabilitación de la vía férrea reorientando el destino de los subsidios a la inversión en la infraestructura.

Entre los países integrantes de la subregión del Cono Sur de América Latina, el transporte de mercancías por ferrocarriles es poco representativo debido a la falta de conexiones internacionales y por la incongruencia técnica entre las redes. En este último caso, la diferencia de las trochas obliga a realizar un trasbordo de la carga o cambio de rodaje de los vagones, aumentado los costos de fletes y el tiempo de transporte. En cuanto al futuro de los ferrocarriles, no se tiene una previsión muy clara sobre la solución de los problemas mencionados a corto o medio plazo. Ya a largo plazo se espera un aumento del comercio intraregional basado en el transporte ferroviario.

Red fluvial

Los ríos de la subregión del Cono Sur presentan un enorme potencial como vía de transporte. Son en total aproximadamente 67 mil kilómetros, que debido a la falta de inversiones son aún poco utilizados para transporte de cargas (cuadro 55).

CUADRO 55 Extensión potencial de la navegabilidad fluvial en la subregión del Cono Sur

Fuente: CIA (The World Fact Book).

Considerando los países aisladamente, la Argentina es el segundo país de la subregión en extensión de las vías hidrográficas. Los ríos Salado del Norte y Paraná son los que tienen mayor extensión en este país de 1800 km y 2000 km respectivamente, siendo el segundo una de las principales vías de transporte de la región de Misiones. Sin embargo, las principales vías fluviales están constituidas por los ríos de La Plata, Paraná, Uruguay y Paraguay, totalizando más de 3 500 kilómetros navegables.

Con relación al Brasil, éste se presenta como el país de la subregión con la mayor cuenca hidrográfica. Son más de 50 mil kilómetros de ríos que integran 8 cuencas hidrográficas. El cuadro 56 muestra un panorama del transporte fluvial en cada cuenca hidrográfica en el Brasil.

CUADRO 56 Síntesis de las principales vías fluviales del Brasil

Fuente: Ministerio de Transportes.

Chile se presenta como el país de la subregión con menor extensión de ríos (apenas un 2,4% del total del Cono Sur). Esto se debe al relieve y la conformación del territorio que, en general, hace que los ríos del país sean cortos, de escaso caudal, torrentosos e inapropiados para la navegación. Entre los principales ríos del país se destacan: Palena, Cisnes, Aisén, Baker y Pascua, todos de los Andes, el Baker es uno de los sistemas fluviales más importantes. El río Bío Bío también es uno de los sistemas fluviales más importantes de Chile por su longitud de 380 kilómetros, factor que le permite beneficiar a una extensa zona agrícola e industrial.

En el Paraguay una considerable parte del transporte de mercancías que llega al país (importaciones) se hace por medio fluvial. Sin embargo, está perdiendo importancia a lo largo de los años (Cuadro 57). En 1990, prácticamente el 67% del volumen importado por el país era transportado por vía fluvial y más recientemente (1998) la distribución de este tipo de transporte ha decrecido a un 45%.

CUADRO 57 Distribución del transporte fluvial en las importaciones totales del Paraguay

Fuente: Administración Nacional de Navegación y Puertos.

El sistema se articula en torno de dos ríos: el Paraná y el Paraguay, siendo el Paraguay la vía fluvial más importante, ya que permite el acceso al río de la Plata y al océano Atlántico. Los principales puertos de su recorrido se encuentran en Asunción, Villeta y Concepción, mientras que hay otros menores. Por su parte, sobre el Río Paraná se sitúan los puertos de Ayolas, Encarnación y Presidente Franco. Para mejorar el transporte por vía fluvial, un ambicioso proyecto internacional planea conseguir condiciones de navegabilidad en una longitud de 3 442 kilómetros en los ríos Paraná y Paraguay desde Puerto Cáceres, en el Brasil, hasta Nueva Palmira (Uruguay). Además, otros proyectos como el de la hidrovía Paraná-Tieté y el corredor bioceánico facilitarán la comunicación entre los países de la región.

Poseedor de numerosos ríos, afluentes casi todos del río Uruguay, el Uruguay tiene una red hidrográfica densa, muy ramificada, siendo que todas las corrientes fluviales tienen una única vertiente, el Océano Atlántico. Con relación al Río Uruguay, éste tiene más de 1 600 kilómetros de curso, siendo navegable hasta Paysandú; entre sus afluentes figuran el Cuareim, Arapey, Dayman, Queguay, y el Río Negro, de 600 kilómetros que procede de Brasil, atraviesa el país de este a oeste y recibe a su vez los ríos Yi y Tacuarembó, entre otros. Con relación a inversiones, han sido efectuadas para la navegabilidad del Río Uruguay. Se pretendió garantizar un calado efectivo en el puerto de Fray Bentos de 26 pies, que permite una única operación de carga de los barcos, sin necesidad de realizar la carga top – off (completar el barco) en otro puerto (Montevideo o Nueva Palmira). Para eso se propuso efectuar un dragado de apertura y mantenimiento en el Río Uruguay entre Nueva Palmira y Fray Bentos lo cual implicó la remoción de dos millones de metros cúbicos en la apertura y de aproximadamente un millón de metros cúbicos por año de mantenimiento. En cuanto a la infraestructura portuaria, la administración nacional de puertos realizó trabajos de iluminación, amarres, áreas de acopio y circulación interna en los puertos de Montevideo y Fray Bentos. Es aún necesario aumentar los lugares de amarre en ambos puertos, particularmente en el caso de Fray Bentos donde existe la posibilidad de ampliar el muelle del Anglo. En cuanto a Montevideo, se recomienda establecer áreas nuevas de acopio y muelles de atraque más especializados en lo que respecta la operación maderera.

En base a lo presentado, la principal vía fluvial del Cono Sur es la Hidrovía Paraguay-Paraná, que es utilizada por cuatro países de la subregión: la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay. Sin embargo, de manera general, ese tipo de transporte de bajo costo es aún poco utilizado debido a las inadecuadas condiciones de navegación de las vías existentes, a causa de la falta de inversiones. La falta de previsión de un cambio a corto plazo en la situación actual, hace prever que a medio plazo se efectúen inversiones que mejoren las condiciones de navegación de las rutas existentes y se implementen nuevas vías y otras terminales portuarias.

Transporte marítimo

Así como el fluvial, el transporte marítimo es carente de inversiones en infraestructura y tecnología en la subregión del Cono Sur. En el cuadro 58 se presentan los puertos marítimos más importantes en cada uno de los países. Como se puede observar, son treinta y cuatro los principales puertos de la subregión, siendo el Paraguay el único país que no presenta salida al mar. En ese país la Administración Nacional de Navegación y Puertos, creada por la Ley 1 066 en agosto de 1965, se constituye en la entidad de servicio público que administra y supervisa los puertos de la República (todos fluviales), siendo también responsable de mantener la navegabilidad de los ríos para las embarcaciones de transporte fluvial y marítimo.

El puerto marítimo más importante de la Argentina es el de Buenos Aires, que canaliza la gran parte del tráfico marítimo del país y se constituye en el puerto de entrada y salida de la mayor cantidad de las mercancías del país. Se encuentra dividido en cinco terminales de carga y un terminal de cereales. Otros puertos marítimos de importancia son los de La Plata y Bahía Blanca. El Puerto de La Plata tiene una ubicación estratégica, emplazado con relación a importantes centros de producción y consumo del Gran Buenos Aires, el interior de la provincia y del país. Además, una excelente red caminera lo vincula con diversas economías regionales que pueden utilizar esta estación portuaria como alternativa para la exportación y la importación de sus insumos externos. Bahía Blanca es el único puerto de aguas profundas del país, por lo tanto ofrece un amplio espectro de servicios y alternativas de operaciones, con salida directa al Océano Atlántico. Existen también los puertos de Neuquén, San Antonio Oeste y Madryn.

CUADRO 58 Principales puertos de la subregión del Cono Sur para el comercio internacional

¹ existe cerca de otros 30 terminales portuarios en operación pero de menor importancia en movilización de carga.

Fuentes: CIA (World Fact Book), ANTAQ y Ministerio de Transportes.

Sin embargo, muchos de los puertos presentan infraestructuras inapropiadas. Por eso, en el intento de incrementar el crecimiento de la economía, el gobierno de la Argentina viene haciendo esfuerzos hacia una completa remodelación de la estructura y operación del sector portuario del país. Una de las piezas claves de ese proceso de reestructuración y privatización de la operación de comercio de carga es el puerto de Buenos Aires. Después de haber operado mucho tiempo como un puerto de acceso público, el puerto de Buenos Aires fue recientemente transformado en una operación basada en la terminal. Cada terminal, que tiene gestión privada, es responsable de todas las actividades de esa área. Esta transformación aumentó la eficiencia, redujo los costos y mejoró el servicio al consumidor del puerto. Un proyecto de costo total estimado en 50,3 millones de dólares deberá reparar la infraestructura existente en la terminal, adicionar una facilidad de guarda de carga y la compra de una variedad de equipos para manejo de cargas. Se estima que el proyecto aumentaría la eficiencia de la infraestructura de transporte de la Argentina y reduciría los costos de transporte de bienes.

En el Brasil la Ley de Modernización de los Puertos (Ley 8 630/93) ha traído una nueva perspectiva al transporte marítimo del país. El resultado de esto fue la deflagración de innumerables acciones de descentralización, lo que ha permitido una mayor distribución de la iniciativa privada en las inversiones en instalaciones y nuevas tecnologías en los puertos nacionales, y el distanciamiento gradual del sector público en la gestión de las actividades operacionales de movilización de cargas. En algunos puertos, como en Santos y en Paranaguá, se puede verificar de manera más intensa los resultados de ese proceso con un aumento del uso de contenedores (1,6 millones de unidades, transportando alrededor de 24 millones de toneladas). Además, una reducción en las tasas adoptadas por el poder público, aliada al arrendamiento de áreas e instalaciones portuarias a empresas privadas, tuvo consecuencias positivas en la composición de los precios de servicios portuarios en el país.

El sistema de transporte marítimo de Chile está bien desarrollado. Son puertos públicos y privados, a través de los cuales se canaliza gran parte de su tráfico comercial nacional e internacional. Los puertos del país más importantes son: San Antonio, Valparaíso, San Vicente, Antofagasta, Iquique, Arica y Talcahuano. Los puertos privados movilizan el 60% del total de la carga transferida. Sin embargo, los puertos estatales tienen ventaja en lo que se refiere al punto de visto geográfico. Se están efectuando más inversiones en los puertos. Iquique, por ejemplo, tiene asignado 13 millones de dólares para la ampliación del muelle de atraque Nº 4. Las obras de ampliación están previstas para finales de junio de 2005.

En el Uruguay los puertos se encuentran bajo la órbita de la Administración Nacional de Puertos. Ubicado muy cerca del centro de la ciudad y concentrando un alto porcentaje de la actividad portuaria, la terminal marítima de Montevideo es el puerto más importante del Uruguay. En los últimos tiempos se han introducido mejoras en el puerto de Montevideo, que lo sitúa a nivel competitivo con los demás puertos de la región. Además 35,2 millones de dólares fueron aprobados para la construcción y la operación de un puerto ubicado a 12 kilómetros al este de Fray Bentos, para la exportación de productos forestales y agrícolas, entre otros.

Se puede observar respecto al transporte marítimo de los países del Cono Sur que los gobiernos están haciendo esfuerzos por mejorar la infraestructura portuaria, principalmente a través de concesiones concedidas al sector privado. En muchos casos este tipo de iniciativa fue capaz de mejorar la situación pero no de resolver la misma. Se espera que a mediano y largo plazo una acentuación de la distribución del sector privado comportará una consolidación del transporte marítimo en la cadena comercial de la subregión.

Transporte aéreo

En 2002 la subregión del Cono Sur tenía alrededor de 6,2 mil aeropuertos (Cuadro 59). De éstos, cerca del 68% no cuentan con pistas pavimentadas. La gran mayoría de los aeropuertos de la subregión están ubicados en el Brasil (57%), seguido por la Argentina (21,5%) y por el Paraguay (14%). La Argentina no sólo es el segundo país en número de aeropuertos, sino también el país con mayor porcentaje de pistas pavimentadas (casi un 90%).

La Argentina cuenta con más de mil aeropuertos. De este total, veinticuatro son internacionales. Estos son: Aeroparque J. Newbery; el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini; Don Torcuato; Mar del Plata/Brigadier General De la Colina; San Fernando; Córdoba/Ing. Aer. Taravella; Corrientes, Paso de los Libres; Resistencia; Comodoro Rivadavia/13 de Diciembre; Trelew/Almirante Zar; Formosa; Jujuy-Gobernador Guzmán; Mendoza/El Plumerillo; Posadas/Libertador Gral. Don José de San Martin; Cataratas del Iguazú; Neuquén/Presidente Perón; San Carlos de Bariloche; Salta/Gral.D.Martín Guemes; Río Gallegos/Piloto Civil N. Fernandez; Rosario; Ushuaia/Malvinas Argentinas; Río Grande y Tucumán/Tte. Benjamín Matienzo. Por éstos y por otros aeropuertos del país se transportan el 0,5% de la carga del país, más de la mitad (65%) del tráfico aéreo está concentrado en el aeropuerto de Ezeiza, el más importante del país. El segundo en importancia es el Aeroparque Jorge Newbery, ambos en Buenos Aires. No se tiene información respecto a previsiones de inversiones en el sector.

CUADRO 59 Número de aeropuertos de la subregión del Cono Sur por tipo de pistas (2002)

¹ porcentaje en relación con el número total general
² porcentaje en relación con el número total por país

Fuente: CIA (World Fact Book).

Con 16 aeropuertos internacionales distribuidos entre todas las regiones del país y en buen estado de conservación, se puede decir que el Brasil posee una red aeroportuaria bien estructurada y eficiente. La INFRAERO, empresa estatal que administra los aeropuertos brasileños tiene grandes metas para los próximos años y ya se encuentra en acción un plan de inversiones que prevé la expansión y la modernización de los aeropuertos del país, mediante recursos propios y acuerdos con los gobiernos de los estados.

Chile cuenta con una buena infraestructura de transporte y carga aérea, pero a medida que el estándar de vida de la población aumenta, crece la necesidad de ampliar la capacidad y el nivel de servicio de la infraestructura nacional. Por eso, a lo largo de los últimos años aumenta el volumen de pasajeros y la carga aérea. Se cuenta con cinco aeropuertos internacionales (Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago y Puerto Montt) y doce nacionales (Catama, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Coyhaique y Punta Arenas), por el aeropuerto de Santiago, Comodoro Arturo Merino Benítez, pasa el 94% de los pasajeros internacionales y el 90% de la carga aérea. Así como en otros sectores de la economía, los aeropuertos fueron ofrecidos en licitación pública para que después de la modernización y del mantenimiento se efectúe su explotación.

El Paraguay cuenta con los siguientes aeropuertos: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi SGAS; Aeropuerto Internacional Guaraní – SGES; Aeródromo de Pedro Juan Caballero – SGPJ; Aeródromo de Mcal. Estigarribia – SGME; Aeródromo de Saltos del Guairá – SGSG; Aeródromo de Pilar – SGPI; Aeródromo de Concepción – SGCO (Mixto); Aeródromo de San Pedro – SGSP; Aeródromo de Caazapa; Aeródromo de Cnel. Oviedo; Comités Aeroportuarios de Seguridad; y de Facilitación en A.I.S.P. y en A.I.G. Aeroclub Nicola Bó de Villa Hayes. Las aerolíneas internacionales también conectan el Paraguay con otros países, como la Argentina y el Brasil. En cuanto a inversiones, algunas internas y externas han sido realizadas con el objetivo de mejorar las condiciones de la infraestructura. Sin embargo, en lo que hace al monto de la inversión extranjera, varía año tras año.

El Uruguay tiene 15 aeropuertos, siendo dos los que reciben vuelos internacionales. Ubicado a 17 kilómetros de Montevideo, el aeropuerto de Carrasco es la principal terminal aérea del país, constituyendo hasta hace poco tiempo el único aeropuerto del país que recibía vuelos comerciales internacionales. Sin embargo, recientemente el aeropuerto de Laguna del Sauce, ubicado en las cercanías de Punta del Este, también empezó a recibir vuelos internacionales.

Como se puede observar, la situación de los aeropuertos y del transporte aéreo de los países de la subregión Cono Sur es muy variada. Es por eso que, varía también la necesidad y la disponibilidad de inversiones para el sector. Se espera que en los próximos años no haya grandes alteraciones en eso sector ya que no hay previsión de grandes inversiones en los países que más precisarían mejorar su transporte aéreo.

Red de telecomunicaciones

En el año 2000 la subregión disponía de aproximadamente 37,5 millones de líneas telefónicas, más de 2,6 mil unidades de estación de radio y 267 estaciones de televisión. La situación en 2004 debería ser diferente a la señalada, siendo superiores a los presentados.

En lo referente a la red de telecomunicaciones de los países considerados individualmente, en la Argentina la apertura del mercado de la telecomunicación, la competencia y las inversiones externas con el Plano de Liberalización de Telecomunicación de 1998, estimuló el crecimiento de modernas tecnologías en ese campo. Cabos de fibra óptica fueron instalados en las principales ciudades. Las principales redes son integralmente digitales y la disponibilidad de servicios telefónicos está siendo mejorada. Sin embargo, la densidad de teléfonos es pequeña en la actualidad y demorará tiempo hasta que ese servicio esté al alcance de todos.

Así como en la Argentina, el sistema de telecomunicaciones del Brasil también es moderno y se encuentra en buen estado de funcionamiento. En 1997 las líneas generales del nuevo modelo institucional fueron definidas con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 9 472). Además se ha creado un órgano regulador independiente, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Un año más tarde el gobierno brasileño ha privatizado el sistema de telecomunicaciones del país (Telebrás), en 2000 fue aprobada la enmienda constitucional que ha permitido que las empresas de comunicación fuesen de propiedad de personas jurídicas y liberó la entrada de capital extranjero en el sector.

El sistema telefónico del Paraguay sigue teniendo Asunción como su punto central. Hasta 2001 la Administración Nacional de Comunicaciones disponía de diversas líneas telefónicas en el país, pero la densidad era pequeña. Ese mismo año, el Banco Santander Central Hispano ganó la licitación para asesorar la privatización de la telefónica estatal. Pero recientemente se sabe que el sistema ha adquirido nuevo impulso y las condiciones han mejorado. Del mismo modo Chile posee un sistema de telecomunicación moderno y está recibiendo inversiones en los últimos años.

La red de Uruguay con la Administración Nacional de Comunicaciones, posee una de las más altas densidades de teléfonos por habitante de América Latina. De acuerdo con las cifras de 2001, son 43 las líneas telefónicas por cada 100 habitantes, y se encuentran totalmente digitalizadas. En el mismo año el país contaba con 15 teléfonos celulares por cada 100 habitantes y se estima una penetración de Internet de un 14%. No hay una relación directa entre el avance en las comunicaciones y ningún sector productivo en particular. El actual avance que el sector experimenta hace que no se prevean cambios sustanciales en el mismo en los próximos tiempos.

En línea general el sistema de telecomunicación de los países del Cono Sur se encuentra bastante bien desarrollado. Se estima que las inversiones previstas deben perfeccionar aún más estas condiciones, principalmente en lo que se refiere al número y al acceso de la población al sistema.

Energía

El Cono Sur tiene un gran potencial energético. En 2001 la subregión produjo 512 mil GWh de energía, lo que equivale a poco menos de 18 mil kW/h/año (cuadro 60). Entre los países de la subregión, el Brasil fue el que más generó energía eléctrica, cerca del 63 %, seguido por la Argentina, que fue responsable del 17 % del total. Chile y el Paraguay tuvieron una distribución semejante alrededor del 9 %. Uruguay fue el país que tuvo la distribución menos significativa, con apenas un 1,8% del total generado en la subregión.

CUADRO 60 Generación de energía eléctrica en la subregión del Cono Sur (2001)

Fuente: ALADI.

Con relación a las fuentes productoras de energía, en el Cono Sur, el agua es la principal fuente, siendo responsable del 74% de la producción (Figura 44). El carbón, el diesel y fuentes nucleares contribuyen con un 4% cada uno. El gas es la fuente del 12% de la energía producida en la subregión y la biomasa representa el 2%.

FIGURA 44 Distribución de las principales fuentes en la producción total de energía eléctrica en la subregión del Cono Sur (2001)

Fuente: Agencia Internacional de Energía.

Antiguamente el servicio de energía eléctrica de la Argentina era realizado por varias empresas estatales (Segba, Agua y Energía e Hidronor) que se ocupaban de la producción, el transporte y la distribución de la energía. Con el nuevo marco legal (Ley Regulario N° 24 065/92) las tres actividades fueron separadas, muchas empresas generadoras fueron privatizadas y la actividad de transporte pasó a ser llevada a cabo por algunas pocas empresas. De esta forma, el Estado pasa cada vez más a ejercer una función simplemente reguladora y orientadora, lo que ha comportado buenas perspectivas para el desarrollo del sector.

En el Brasil en las últimas décadas las inversiones en el sector energético sufrieron grandes variaciones. En 1975, eran del 8 al 10% pasando al 24% en 1984, y actualmente están en un 8 a 9% de las inversiones totales, es decir, se encuentran a los mismos niveles de 1975. Sin embargo, fue en la crisis energética de 2001/2002 cuando el sector productivo y la población tuvieron que restringir el uso de la energía, y el país realmente percibió el estado en que se encontraba el sector energético. Se señala la falta de inversión en el sector unida a una concentración de generación hidráulica, la crisis tuvo serias consecuencias en el crecimiento del país. Por esto, en los últimos tiempos el gobierno está intentando reducir su dependencia de la energía hidráulica a través de la diversificación de la matriz energética como el uso del gas natural y la biomasa (Cuadro 61).

CUADRO 61 Indicadores de expansión en la capacidad instalada de energía eléctrica en el Brasil, conforme al plan decenal del Gobierno (2002 - 2012)

Fuente: Ministerio de Minas y Energía.

En la década de los sesenta el Paraguay era deficiente en fuentes de energía y la falta de capitales impedía la exploración de los recursos existentes, la madera era utilizada como una fuente energética de carácter suplementario. Con la puesta en marcha de las centrales Acaray (nacional), Itaipú y Yacyretá (binacionales) la situación cambió, extendiendo las redes de transmisión a todo el país. En la actualidad el país dispone de una gran capacidad de producción de energía eléctrica que permite la exportación de la misma a los países vecinos. El Brasil, por ejemplo, adquiere el excedente correspondiente al Paraguay que no es utilizado en el país. Este país puede aumentar la capacidad de generación de energía con la ampliación de la potencia instalada en las centrales existentes y a través de las construcciones de nuevas centrales.

El Uruguay es el país que posee menos recursos energéticos de la subregión. Más del cincuenta por ciento de la energía consumida proviene de fuentes renovables, principalmente leña e hidroelectricidad siendo el restante proveniente de la quema de combustibles fósiles. Además, la casi totalidad de su potencial hidráulico se encuentra aprovechado y sin yacimientos identificados de combustibles fósiles. Por lo tanto, la evolución de la matriz energética del Uruguay depende de la oferta externa regional y del desarrollo de fuentes propias alternativas. Algunas posibilidades de desarrollo para el futuro son: la madera, la energía eólica, la energía solar. El petróleo constituye el recurso energético proveniente del exterior de mayor relevancia en el país con un uso fundamentalmente en el transporte. El consumo de gas natural, un combustible que no contiene azufre, está en etapa de implantación mediante gasoductos que lo bombean desde la Argentina. Esta fuente de energía debe completar la matriz energética de los próximos 15 años.

De esta forma, el análisis de la matriz energética de los países de la subregión muestra una tendencia a la interconexión de la región. Mientras la Argentina y el Paraguay son en la actualidad exportadores de energía basada en gas y energía eléctrica en el primer caso, y de energía eléctrica generada en las centrales hidroeléctricas, en el segundo caso, por el contrario el Brasil y el Uruguay son fundamentalmente importadores. Chile es importador de grandes cantidades de gas. Además, el análisis del registro estadístico del consumo energético total muestra un consumo flotante en el Uruguay a mediano plazo, y creciente a largo plazo.

Acuerdos Internacionales

Los acuerdos o tratados fueron firmados por los países de la subregión del Cono Sur con diversos países del mundo creando oportunidades de negocios. Entre los acuerdos o tratados de los cuales todos los países de la subregión forman parte, se destacan la OMC, la ALADI, el ALCA (en tratativas) y el MERCOSUR. Además existen acuerdos bilaterales firmados entre algunos de los países de la subregión. A continuación se presenta el panorama de los acuerdos comerciales y de los tratados de libre comercio en la subregión.

Organización Mundial del Comercio (OMC)

Institucionalizada en 1995 y actualmente compuesta por 147 países entre los cuales todos los países de la subregión del Cono Sur, la OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Las principales funciones de la OMC han sido:

• administrar los acuerdos de comercio;

• servir de foro para negociaciones comerciales;

• tratar las disputas comerciales;

• hacer el monitoreo de las políticas comerciales nacionales;

• ofrecer asistencia técnica y entrenamiento para países en desarrollo; y,

• cooperar con otras organizaciones internacionales.

A mediano y largo plazo se espera que los países de la subregión del Cono Sur puedan beneficiarse de la OMC a través, por ejemplo, de la disminución de barreras aduaneras y no aduaneras principalmente en los aspectos relacionados a salud, seguridad y medio ambiente. En la actualidad el Comité de Comercio y Medio Ambiente trata el tema desarrollo sostenible. Respecto al sector forestal, la OMC prevé el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio (acuerdo TBT).

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

La ALADI fue instituida en 1980 teniendo como países originalmente signatarios la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, México, el Paraguay, el Uruguay y Venezuela. Más tarde, en 1998, la República de Cuba fue aceptada en la Décima Reunión del Consejo de Ministros como país miembro pasando a ser miembro pleno de la ALADI en 1999. Posteriormente, China, España, Italia, Portugal, Rumania, República Dominicana, Rusia, Panamá, y los países de América Central (Jamaica, Costa Rica, Honduras, Panamá y otros) pasaron a participar como observadores.

La asociación fue creada para asegurar el desarrollo económico y social de sus integrantes, a través de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano. Se utilizaron para ello los siguientes mecanismos: i) una preferencia arancelaria regional, que es aplicada a productos originarios de los miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países; ii) acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros) y iii) acuerdos de alcance parcial, con la distribución de dos o más países del área del bloque. Una particularidad de la asociación es que, al contrario de otras, permite que los países miembros firmen acuerdos subregionales como por ejemplo, el MERCOSUR. Además, no hay restricciones en cuanto a que los países miembros firmen acuerdos con países no miembros y de otras áreas de integración económica de América Latina.

FIGURA 45 Evolución del valor del comercio de productos forestales de los países de la subregión del Cono Sur y países miembros de la ALADI (1996-2001)

Fuente: Secretaría General de la ALADI.

En la figura 45 se muestra la evolución del comercio de productos forestales entre los países de la subregión Cono Sur y los países miembros de ALADI. Como se puede observar durante todo el período los países presentaron exportaciones un poco superiores a las importaciones resultando pequeños superávits comerciales.

Con relación al comercio de productos forestales, no se preven cambios a corto y mediano plazo en la balanza comercial del Cono Sur.

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

En la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en 1994 en Miami, se comenzaron a aunar los esfuerzos para unir las economías de las Américas a través de un área de libre comercio. En esta ocasión fue acordado que se debería realizar una eliminación progresiva de las barreras al comercio de bienes y servicios, así como maximizar la apertura de los mercados mediante altos niveles de disciplinas y a través de un acuerdo balanceado y amplio, proporcionar oportunidades para facilitar la integración de las economías más débiles en el proceso, procurar que las políticas ambientales y de liberalización comercial se apoyen mutuamente y asegurar el respeto y promoción de los derechos, reconociendo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la entidad competente para establecer y ocuparse de las normas fundamentales del trabajo.

Por el hecho de que existe un intenso comercio entre los países de la subregión Cono Sur y aquellos que integran el ALCA, principalmente los Estados Unidos, pero también en menor cantidad, el Canadá, se estima que este bloque tendrá grandes consecuencias sobre los países que integran el Cono Sur. En la actualidad aproximadamente el 42% de los productos importados por los países de la subregión Cono Sur se originan en estos dos países, y alrededor del 28% de las exportaciones realizadas por los países de la subregión tienen como destino los Estados Unidos. El cuadro 62 presenta un panorama histórico del comercio de los países de la subregión Cono Sur con los Estados Unidos y el Canadá.

El sector maderable de algunos países del Cono Sur puede ser beneficiado por el ALCA. Entre éstos se encuentran Chile y el Paraguay donde, en el primer caso, los sectores de papel y madera y, en el segundo caso, el sector de madera están entre los más beneficiados, concentrando cada uno aproximadamente un 6% de la totalidad de las exportaciones de los países del bloque, principalmente hacia los Estados Unidos. Para la Argentina, el Brasil y el Uruguay, el sector forestal-maderable no está entre los principales beneficiarios con la entrada en vigor del ALCA. Sin embargo, esto no quiere decir que estos sectores no se verán afectadas por el bloque. En el Brasil, por ejemplo, estudios realizados por el Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior prevén algunos impactos sobre el comercio de productos de la madera en la región. Entre ellos cabe citar el aumento de las importaciones de muebles de los Estados Unidos y Canadá desde el Brasil, a pesar de las altas tasas arancelarias practicadas (24%); el crecimiento de las importaciones de los Estados Unidos de pasta de fibra corta blanqueada desde el Brasil, el incremento de las importaciones brasileñas de papel de los Estados Unidos y el Canadá. Asimismo se puede decir que la concretización del ALCA, en términos generales, no comportará grandes beneficios u oportunidades para estos países.

CUADRO 62 Evolución del comercio de los países de la subregión del Cono Sur con Estados Unidos y Canadá
(1990-1999)
(millones de dólares EE.UU.)

Fuente: Subsecretaría General de la ALADI.

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

Con el objetivo de una integración comercial, pero también con la promoción de políticas relacionadas a accesos a los servicios de mercado, políticas de competencia y reglamentaciones, en 1991 la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay formaron el MERCOSUR. Más tarde, Bolivia, Chile y el Perú se juntaron al bloque como países asociados, y Venezuela, como aspirante. A partir de la firma del acuerdo, el comercio intraregional se intensificó. Sin embargo, era previsto que hasta 1995, los países de MERCOSUR unificasen sus políticas y normativas y se eliminasen las trabas arancelarias al comercio recíproco, con los países adoptando un arancel externo común. Además, los países se comprometieron a eliminar las barreras no arancelarias, tales como leyes de protección a productos nacionales o ventajas impositivas proteccionistas a determinadas industrias. Sin embargo, hasta nuestros días el Uruguay y el Paraguay no se adaptaron a los cambios, lo cual postergó la unificación de los países.

En los últimos tiempos, el MERCOSUR atraviesa una crisis causada, entre otros, por la situación económica de la Argentina y el Brasil, que afectó también al comercio de productos forestales entre los países del Cono Sur y los países del MERCOSUR (Figura 46).

FIGURA 46 Evolución del comercio de productos forestales entre los países de la subregión del Cono Sur y los países del MERCOSUR (1996-2001)

Fuente: Secretaría General de la ALADI.

Conforme se puede observar entre 1996 y 2001 los países de Cono Sur importaron más productos forestales de los países de MERCOSUR de lo que exportaron, resultando una balanza comercial forestal negativa para el referido período. Esto era de esperar debido a la gran distribución de Brasil en el mercado forestal de la región.

Sin embargo en los próximos años la situación debería mejorar a causa de la progresiva recuperación económica de la Argentina y el Brasil, trayendo también una recuperación del comercio de la región, principalmente a partir de 2006 cuando se espera que el MERCOSUR se encuentre definitivamente consolidado.

Acuerdos bilaterales

Conforme se puede observar en el cuadro 63 existen diversos acuerdos firmados entre los países del Cono Sur que pueden tener efectos positivos sobre el comercio en la región y obviamente en el comercio de productos forestales.

CUADRO 63 Acuerdos bilaterales firmados entre países de la subregión Cono Sur

Fuentes: Documento de trabajo ESFAL/T/1 – Socio-economic trends and Outlook in Latin America: implications for the forestry sector to 2020, Velarde 2003: 48

OBS: FTA – Free Trade Area / CU – Customs Union / MER - MERCOSUR/Tarifas sobre productos forestales.

En términos de aranceles de productos forestales, los países del Cono Sur presentan diversos comportamientos (Cuadro 64).

Así como Chile presenta un solo arancel del 7% para el universo de los principales productos forestales, la Argentina, el Uruguay y el Brasil presentan un tratamiento casi idéntico. Los tres países tienen un arancel máximo del 11,5%. El valor mínimo es del 3% en el Brasil y el Uruguay y del 2% en la Argentina. Por su parte, el Paraguay tiene un arancel de un punto porcentual por encima del porcentaje del Brasil y del Uruguay. En los próximos años los aranceles de importación deberían caer y se deberían eliminar las restricciones a la exportación, trayendo nuevos impulsos al comercio intraregional.

CUADRO 64 Aranceles para productos forestales por país de la subregión

Fuente: ALADI.

CAMBIOS EN LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Cambios Demográficos

Tal como se observa en los países desarrollados del mundo, en los próximos 20 años se prevé una disminución de la tasa de crecimiento de la población total de los países del Cono Sur. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población de la subregión creció alrededor del 1,3% anual en la última década, y se estima que en los próximos 20 años crezca a niveles menos acentuados (alrededor del 1% anual).

Considerando estos valores se presume que en 2020 la subregión contará con alrededor de 286 millones de habitantes, y que en el Brasil, debería vivir cerca del 73% de ese total (210 millones de personas). En la Argentina se proyecta una población en 2020 de aproximadamente 45 millones de habitantes, seguida por Chile (19 millones), el Paraguay (8 millones) y el Uruguay (4 millones).

En base a los indicadores de las Naciones Unidas, se hipotiza que la subregión del Cono Sur en los próximos 20 años tendrá un crecimiento global de la PEA del 27% con relación al año 2000, lo que equivale a un incremento promedio anual de aproximadamente el 1,7%. De esta forma, en 2020, la PEA de la subregión podría alcanzar 142 millones de personas. Del total presentado unos 107 millones de personas deberían estar en el Brasil (75% del total del Cono Sur).

Se estima que en las próximas décadas no habrá alteraciones en la actual tendencia de crecimiento de la población urbana y disminución de la población rural. En el 2020 la subregión del Cono Sur presentará una población urbana de aproximadamente 254 millones de personas (89%), y 32 millones en el medio rural (11%).

Se espera para las próximas décadas un aumento de las personas con más de 15 años y una disminución de las personas más jóvenes, o sea con menos de 15 años. De esta forma, en 2020, aproximadamente un 8% de la población debería tener entre 0 y 4 años, 17% entre 5 y 14 años, 61% entre 15-59 años y 14% con más de 60 años. Esto comportará un aumento de la edad poblacional de la subregión, debido a una disminución del número de niños y jóvenes y un aumento del número de adultos y ancianos.

Se espera que en un futuro próximo pueda existir una alteración en la distribución de la población en algunos países de la subregión del Cono Sur. En el Brasil, por ejemplo, se estima que tendrá lugar un aumento de la representatividad de las regiones nordeste y centro-oeste debido al desarrollo de nuevos centros económicos (región centro-oeste) y particularmente por el crecimiento de las tasas de natalidad en el caso de la región nordeste. En los demás países en la actualidad no existen indicadores de cambios significativos en este sector.

Cambios Económicos

Con base a las estimaciones del Banco Mundial, los países del Cono Sur deberán presentar en las próximas dos décadas tasas de crecimiento del PIB superiores al 4% anual, siendo las tasas de crecimiento del Paraguay y el Uruguay relativamente menores (cerca 3% anual).

En la figura 47 se presentan las proyecciones del PIB hasta 2020 de los países de la subregión del Cono Sur en su totalidad y separadamente, considerando los valores corrientes del PIB de 2000 para cada uno de los países de la subregión y utilizando las tasas de crecimiento estimadas por el Banco Mundial.

Con base a las estimaciones, en 2020 el PIB total de la subregión deberá alcanzar poco menos de 270 mil millones de dólares. De ese total, el PIB del Brasil abarcará alrededor del 66%, siendo estimado en aproximadamente 180 mil millones de dólares EE.UU. La Argentina le sigue con un PIB estimado para el 2020 de aproximadamente 60 mil millones. A continuación deberán posicionarse, respectivamente las economías de Chile (27 mil millones de dólares), el Uruguay (3 500 millones) y el Paraguay (1 600 millones).

FIGURA 47 Proyecciones del PIB total y por país de la subregión del Cono Sur

Fuentes: Banco Mundial y la FAO.

Como ya se ha mencionado anteriormente está prevista una reducción de las tasas de crecimiento poblacional y un aumento del PIB total, resultando en un aumento del PBI per cápita en la subregión del Cono Sur.

En la figura 48 se presentan las proyecciones del PIB per cápita por país para la subregión del Cono Sur en los años 2015 y 2020. Para ese cálculo se consideraron las estimaciones del PIB total presentada en la figura 47 y las estimaciones de la población total de los países en los respectivos años hechas por la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, se proyecta que la subregión del Cono Sur deberá tener un PIB per cápita promedio de 9 400 dólares EE.UU. en 2020. Chile alcanzaría en 2020 un PIB per cápita de aproximadamente 14 200 seguido por la Argentina y el Uruguay con valores proyectados para el 2020 de alrededor de 13 200 y 9 300 dólares, respectivamente. El Brasil presentará un valor de 8 500. Para el 2020 el Paraguay deberá alcanzar niveles de PIB per cápita de 1 800 dólares.

FIGURA 48 Proyecciones del PIB per cápita por país de la subregión del Cono Sur

Fuente: Banco Mundial.

Como fué observado en el capítulo 1 del presente informe, los países del Cono Sur, en general presentan una mala distribución de la renta. Para que esta situación tenga cambios significativos, serían necesarios crecimientos por encima de los proyectados para el PIB. Sin embargo, no hay cambios previstos a mediano y largo plazo, lo que quiere decir que no habrá mejoras en la distribución de la renta de los países separadamente o de la subregión en general.

Como también se ha observado en el capítulo 1, el índice de precios al consumidor (inflación) de los países del Cono Sur han sufrido grandes oscilaciones a lo largo de las últimas décadas. Esto demuestra la fragilidad económica de los mismos, siendo afectados por cambios y crisis económicas a escala mundial. En las próximas décadas se estima que habrá una disminución de la inflación principalmente en la Argentina y un mantenimiento de ese indicador a niveles constantes. Se prevé que una mayor estabilidad económica tendrá un efecto positivo en la subregión, como por ejemplo un incremento de las inversiones externas y del consumo interno en los países.

Como resultado de la puesta en vigor de acuerdos internacionales como el ALCA, previsto a muy corto plazo, se espera un crecimiento del comercio internacional de los países de la subregión del Cono Sur en las próximas décadas.

Se espera una disminución de la tasa de interés actual a mediano y largo plazo, lo cual dará como resultado mejores condiciones de crecimiento económico en los países de la subregión del Cono Sur. En Chile, donde las tasas ya son bajas, se espera un mantenimiento de tal situación, ya que forma parte de la política interna del país aplicar tasas de interés a los mismos niveles internacionales.

Se estima que el sector forestal de la subregión del Cono Sur genera 1,7 millones de empleos directos y 3,4 millones de empleos indirectos. La disminución de las tasas de interés previstas impulsará el crecimiento económico de los países de la subregión, particularmente del Brasil y la Argentina en los próximos 20 años y se prevé que comportará un aumento sustancial de la oferta de empleos, siendo estimado este crecimiento de hasta dos veces superior. De esa forma, se estima que en 2020 el sector forestal empleará aproximadamente 3,4 millones de personas en forma directa y suministrará otros 7 millones de empleos indirectos.

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS

Factor extrasectorial

Factores como el PIB, las tasas de interés y de cambio, la carga tributaria, la infraestructura económica, el crédito, los subsidios y los tratados de libre comercio pueden traer consecuencias al sector forestal de la subregión del Cono Sur. Como algunos de ellos ya han sido mencionados anteriormente, a continuación se presentan algunos aspectos relacionados a políticas y programas involucrados al tipo de cambio (moneda), carga tributaria, acceso al crédito y subsidios para los países de la subregión.

Las monedas de los países que forman parte de la subregión del Cono Sur, así como sus cotizaciones frente al dólar estadounidense y las principales políticas de cambio de los respectivos gobiernos nacionales se exponen en el cuadro 65.

CUADRO 65 Moneda, cotización y política cambiaria

¹ relativa a junio de 2004 en relación al dólar estadounidense.

Fuentes: Banco Central de los países.

La carga tributaria total (suma de los tributos federales, de los estatales y municipales recaudados) como porcentaje del PIB para los países de la subregión se presenta en la figura 49. Como se puede observar el Brasil concentra la carga tributaria más alta como porcentaje del PIB entre los países de la subregión.

FIGURA 49 Carga tributaria en % del PIB (2003)

Fuente: Banco Central de los países

En la mayoría de los países de la subregión fueron hechos recientemente ajustes al sistema tributario, que en general aumentaron la carga de impuestos, particularmente el de las personas físicas con salarios altos y de las empresas para ayudar a mejorar los ingresos y la economía.

En el Brasil, considerando las dos últimas décadas, la carga tributaria ha crecido significativamente. En 1984 el porcentaje de tributos en relación al PIB era del 24,3% y en 2003 ha alcanzado el 37,6%, es decir, un incremento superior al 57%. El actual gobierno federal ha elaborado un proyecto para la reforma tributaria del país. Aunque bastante controvertido, el proyecto fue aprobado por el legislativo nacional y está en vigor. El principal punto de la reforma tributaria que ha generado polémica en el país es que conceptualmente deberá comportar aumentos de la carga tributaria tanto para las personas físicas como para las empresas. Las expectativas de nuevos aumentos deberán confirmarse y se estima que en 2004 la carga tributaria del Brasil como porcentaje del PIB pueda llegar al 39%, es decir, un aumento de aproximadamente un 4% en relación al 2003.

En el Brasil, el sector privado en general tropieza con grandes dificultades para acceder a un crédito, debido principalmente, a las altas tasas de interés practicadas en el país. Tal situación tiene también un impacto negativo en el sector forestal. En el caso de las actividades forestales, esto se agrava por la inexistencia de líneas específicas para la ordenación de bosques nativos y, considerando las plantaciones forestales, la existencia de mecanismos de crédito poco adecuados a largo plazo para este tipo de inversión.

En realidad, los mecanismos de crédito para la promoción del establecimiento de plantaciones forestales en el país no han atraído grandes inversiones, el motivo es la política de altas tasas de intereses practicados por los mecanismos de financiación. Los actuales mecanismos están básicamente relacionados a las líneas de crédito específicas suministradas por el Banco Nacional de desarrollo Económico y Social (BNDES) (Recuadro 2).

A su vez, la industria forestal sólo tiene acceso a líneas de crédito generales a la financiación de la actividad industrial, provistas por la banca comercial y por el BNDES, no existiendo ningún mecanismo específico a la actividad forestal. En el caso del BNDES, a pesar de practicar tasas de interés más atractivas, sus líneas de financiación son dedicadas casi exclusivamente a grandes empresas, lo que dificulta el acceso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).

La base para el desarrollo forestal de Chile está en sus plantaciones, especialmente las de pino radiata y eucalipto. Éstas se establecieron a partir de los distintos instrumentos de la política forestal, incluso algunos en los que el Estado actuó como forestador, financista o fomentador. Los principales instrumentos han sido el Decreto Ley 701 que, a partir de 1974, fomentó la forestación, su manejo y cuidado con subsidios y exención tributaria por un lapso de 20 años; y su sucesor, la Ley 19 561, del año 1998. La nueva Ley de fomento forestal tiene como principal objetivo regular la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal e incentivar la forestación en suelos degradados por parte de los pequeños propietarios forestales y también para proteger y recuperar los suelos del territorio nacional. En vista de la rentabilidad que han significado para el país las medidas de incentivo a la forestación y la ordenación de los bosques y considerando el horizonte de planeamiento propio del proyecto forestal, el período de vigencia de las obligaciones y de beneficios contenidos en la ley Nº 19 561; será una actividad que durante 20 años contará aún con el fomento estatal.

En la Argentina existe la Ley 25 080, que está destinada a promocionar el bosque implantado por un período de diez años, para lo que cuenta con un incentivo a la forestación, estabilidad fiscal por 30 o 50 años, dependiendo del área geográfica, devolución anticipada del IVA, amortización acelerada y otros instrumentos más. Esta ley es inédita en la Argentina, fundamentalmente por el horizonte de planeamiento que otorga. Sin embargo, dada la crisis económica que vivió el país, su aplicación plena no ha sido sencilla. El mecanismo de aplicación de la ley prevé la existencia de una Comisión Asesora que en el año 2003 ha retomado su funcionamiento. La aplicación de la ley, con todas las dificultades que tuvo, ayudó a generar una cuenca forestal ampliada que, en el futuro, puede tener dificultades de industrialización por falta de capacidad instalada.

Sin embargo, en el Uruguay fue en 1987, con la promulgación de la Ley 15.939 y los decretos que la reglamentaron, que el sector forestal experimentó un significativo crecimiento. Esta nueva Ley forestal fijó un conjunto de instrumentos de promoción al desarrollo forestal, ampliando los preceptos de la ley de 1968, que ha definido los terrenos forestales y se agregó la posibilidad de que un terreno sea declarado de prioridad forestal por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en función de la aptitud forestal del suelo, lo que en los hechos determinó la conformación de zonas de prioridad forestal, a lo largo del territorio nacional en los que la forestación califica para recibir los estímulos promocionales de la ley. En tal sentido, los bosques ubicados en zonas de prioridad forestal y los bosques naturales protectores, y los terrenos ocupados o afectados directamente a los mismos, reciben los siguientes beneficios tributarios: i) son exentos de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural (tributo municipal); ii) sus valores o extensiones no se computan para la determinación de ingresos a los efectos de la liquidación de los impuestos que gravan la renta ficta de las explotaciones agropecuarias y el monto imponible del impuesto al patrimonio; iii) los ingresos derivados de la explotación de los bosques no se computan a los efectos de la determinación del ingreso gravado por el impuesto a las rentas agropecuarias. Estos beneficios alcanzan a todos los tributos que en el futuro graven genéricamente a las explotaciones agropecuarias, a sus titulares en cuanto tales y a sus rentas, por el plazo de unos 12 años a partir de la implantación de los bosques. La ley mantuvo el Fondo Forestal, con recursos presupuestales del estado, para atender las erogaciones que demande su aplicación, entre las que se incluye regeneración natural del bosque, la ordenación y protección forestal.

La inversión extranjera es fundamental para el desarrollo de los países. En la Argentina, hasta 1999, el gobierno nacional ha aumentado constantemente las inversiones directas en el sector foresto-industrial subsidiando la implantación de bosques y las prácticas silviculturales. Esto fue hecho porque el gobierno tenía como uno de sus objetivos estratégicos el desarrollo de la actividad foresto-industrial del país. Sin embargo, recientemente, como consecuencia de la crisis económica que ha vivido el país, el subsidio no está siendo cumplido correctamente, reduciendo sustancialmente las inversiones gubernamentales en el sector.

El Brasil ocupa una posición de liderazgo en cuanto a su capacidad de atraer inversiones extranjeras y nacionales directas. Asimismo, la desaceleración de la economía que tuvo lugar en los últimos tiempos dio como resultado una reducción del nivel de inversión, llegando a casi un 70%, pasando de 130 mil millones en 2000, a 87 mil millones de dólares en 2002. Entre los sectores donde se efectúan las inversiones, el sector forestal se encuentra entre los 12 mayores del país. Aunque no existe información precisa con relación al monto invertido en el sector forestal, se estima que en la última década fueron cerca de 22 mil millones de dólares. Las plantaciones forestales reciben inversiones anuales del orden de 130 millones de dólares. Se espera que en los próximos años haya un aumento de los niveles de las inversiones en el país, en caso de que se confirme la expectativa del gobierno de crecimiento.

A consecuencia de una política que busca atraer los capitales extranjeros dándoles iguales o mejores condiciones que a los inversionistas nacionales, en los últimos diez años las empresas chilenas y extranjeras han invertido en el sector forestal de ese país. En la década del 1990, las inversiones forestales extranjeras han superado los 4 mil millones de dólares. En los últimos 9 años, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), las inversiones sectoriales alcanzaron los 4,135 millones de dólares, que se han concentrado preferentemente en el rubro de la pasta y papel, seguido por el de elaboración de maderas y el establecimiento de plantaciones (Cuadro 66).

CUADRO 66. Inversiones en el sector forestal en Chile (1991-1999)
Millones de dólares

Fuente: Informe nacional.

Hacia el 2010, se espera que ese monto se incremente a una cifra aproximada de 3,7 millones de dólares EE.UU.

Chile tiene desde hace algunas décadas una política de apertura al exterior, permitiendo la exportación de productos forestales tradicionales en cualquier grado de elaboración. La posibilidad de exportar madera en rollo (levantó la prohibición en 1975) y pasta de madera (en rollizos y astillas desde 1986), dieron un impulso muy significativo a la actividad del sector forestal chileno. Con lo anterior se logró elevar la expectativa de precio demostrándose que, actualmente, los precios de la madera en troza en el mercado nacional son un reflejo de los precios internacionales, lo cual favorece el negocio del productor silvícola. Aún con el objetivo de diversificar las exportaciones y permitir un mayor desarrollo del sector forestal, Chile promulgó la Ley nº 18 480 en 1985, que establece un reintegro del 10% sobre el valor FOB de los productos no tradicionales exportados posibilitando que pequeñas y medianas empresas pudiesen ofertar sus productos en el mercado externo.

El Brasil cuenta con una agencia que tiene como objetivo la ejecución de políticas de promoción a las exportaciones. Esta agencia, denominada actualmente APEX-Brasil fue reformulada en 2003, y tiene autonomía en sus servicios aunque está vinculada al Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. La agencia tiene desarrollado cuatro tipos de proyectos: Proyectos Sectoriales Integrados; que tiene por característica esencial su alcance sectorial; Proyectos Horizontales, que involucra la realización de varias acciones de alcance multi sectorial; Proyectos de Formación de Consorcios, que tiene por objetivo la asociación de empresas con intereses volcados a la exportación y Proyectos Aislados, los cuales involucran la realización de una única acción o evento. El sector de madera y muebles tiene distribución bastante efectiva en el ámbito de los proyectos de APEX. El Brasil aún cuenta con un programa (PROEX) que proporciona a las exportaciones nacionales condiciones de financiación equivalentes a las del mercado internacional. Este programa fue creado en 1991 por el Gobierno Federal y se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiamiento del comercio exterior del país. El programa apoya la exportación de bienes y servicios. Actualmente, más del 90% de los rubros de la Nomenclatura Común del MERCOSUR son elegidos para el PROEX, incluyendo los productos forestales. Los recursos del programa provienen del Tesoro Nacional y son previstos anualmente en el Presupuesto General del Gobierno Federal. Estos mecanismos contribuyen al crecimiento de las exportaciones de productos forestales del Brasil en los últimos años. Esta tendencia deberá mantenerse en los próximos años, incluso porque la política de promoción de las exportaciones es una de las principales estrategias del gobierno del Brasil.

Tradicionalmente las zonas rurales de los países de la subregión del Cono Sur han usado la madera como fuente de energía debido a su bajo costo y también porque como sucede en muchas regiones, existe un acceso gratuito al recurso.

Las estimaciones de la FAO del consumo de madera para leña y carbón vegetal, indican que los volúmenes globales han declinado en las dos últimas décadas. Esto tiene relación con las políticas energéticas de los países para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones (urbana y rural).

El Brasil cuenta con uno de los más grandes conjuntos de cuencas hidrográficas del mundo. Por lo tanto su principal fuente de energía es hidroeléctrica. Sin embargo, en 2001 en el país fue necesario el racionamiento de energía, particularmente en las regiones Nordeste, Centro-Oeste y Sudeste. Además, el consumo de energía está creciendo significativamente año tras año. Hasta 1995 el débil desempeño de economía del Brasil ha impedido que el gobierno ejecute nuevos proyectos de generación y transmisión de energía que eran necesarios. Más recientemente, después del 2002 fueron retomadas las inversiones en energía. Se prevé que la principal fuente de generación continuará siendo la hidroeléctrica, pero se espera que la matriz energética se cambie y se efectúe la complementación con fuentes alternativas, en especial la termoeléctrica basada en gas natural. Adicionalmente, está prevista la implementación de un sistema de transmisión más eficiente en los ejes Norte-Sur-Norte y Sur-Norte-Sur, como también una creciente distribución de la inversión privada en la generación, transmisión, distribución de energía en el país.

La instalación y el mejoramiento de los servicios energéticos en los países de la subregión, sin duda impulsará el desarrollo económico de la región en las próximas décadas, incrementará la productividad y mejorará la calidad de vida de sus habitantes. Es de esperar que otra consecuencia sea la disminución de la demanda de madera para combustible.

Factor sectorial e intrasectorial

Las principales políticas agrícolas en la mayoría de los países están basadas en el crecimiento de la producción con vistas a la atención de la seguridad alimentaria y la reforma agraria (Recuadro 3). Se han desarrollado también otras políticas en estos países como por ejemplo la consolidación del desarrollo rural.

La actividad agrícola a gran escala se encuentra en crecimiento y las tierras dedicadas para este fin continuarán compitiendo con las áreas de bosques plantados, ambas actividades afectarán al bosque natural, cambiando el uso del suelo y su consecuente aumento del precio de las tierras. Es posible que se verifique muy poco aumento en las superficies con bosques plantados en particular en el Brasil y la Argentina, debido a la escasés de subsidios para forestación y reforestación y también a causa de los precios de las tierras.

En el Paraguay las políticas públicas han puesto énfasis en la explotación de rubros agropecuarios con fines de exportación como una manera de contribuir al crecimiento económico a corto plazo. Es lógico esperar este comportamiento si tenemos en cuenta dos factores: que la tierra en el Paraguay, desde la posguerra, o sea desde 1865-1870, ha quedado casi en su totalidad en manos del sector privado y que la rentabilidad a corto plazo que poseen los rubros agropecuarios son más atractivos para los propietarios que la reforestación o la ordenación de bosques nativos, que son a mediano y largo plazo. En congruencia con esta política agropecuaria se crearon instituciones que contradecían la Ley 422/73 incentivando la actividad agrícola o ganadera a expensas del bosque, como en el caso del Fondo Ganadero, que el estado mediante esta institución incentiva créditos a largo plazo para la habilitación de tierras cubiertas por bosques para la instalación de pasturas. El Crédito Agrícola de Habilitación otorga créditos para pequeños productores rurales y brinda asistencia técnica para la habilitación de tierras para la agricultura y la producción de rubros agrícolas. El Instituto de Bienestar Rural que hasta el año 2001 (Ley 852/1963) daba la potestad de expropiar tierras no explotadas, siendo las tierras con cobertura forestal consideradas por aquel estatuto como improductivas, con el nuevo estatuto agrario (Ley 1863/2002) revierte este concepto e incluye a los bosques como productivos. Por último el Banco Nacional de Fomento creado para financiar proyectos agrícolas, ganaderos, silvícolas e industriales financia fundamentalmente rubros agropecuarios.

De manera general, no se esperan cambios significativos en las políticas y programas agrícolas o agrarios en los países del Cono Sur, y los vigentes tienden a confrontar un agudo desarrollo para el sector foresto-industrial en alguno de los países de la subregión, particularmente en el Brasil, la Argentina y el Paraguay.

Política forestal

Argentina

En 1948, la Ley Nacional N° 13 273 (Ley de la Defensa de la Riqueza Forestal), que trata de los aspectos institucionales y legales del sector foresto-industrial, es sancionada en la Argentina. Posteriormente, en 1977, la Ley Nacional N° 21 695 (Ley de Estímulos Fiscales para la Forestación) instituyó el crédito fiscal a la forestación. Esta ley tuvo vigencia hasta 1991. En 1992 se implanta el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales, administrado por la Dirección de Producción Forestal de la SAGPyA, reactivando los incentivos a las plantaciones forestales. En 1995, fue elaborado el Plan nacional de desarrollo foresto-industrial argentino, con la finalidad de convertir el sector en un generador significativo de riqueza. La ejecución empezó en 1996 disponiendo de un plazo de 5 años para su realización. El período pasó y, en la actualidad, se están llevando a cabo negociaciones con el BIRF con el intento de continuar al Proyecto Forestal de Desarrollo. Aún en 1995, con la promulgación del Decreto Nº 711/95 (Régimen de Plantaciones Forestales – Forest Ar 2000) se amplió y potenció el alcance del Régimen de Promoción de Plantaciones. Más recientemente dos leyes fueron creadas para atraer inversiones nacionales y extranjeras. La primera es la Ley Nacional nº 24 857 (Ley de Estabilidad Fiscal de la Actividad Forestal) promulgada en 1997, que sólo rige las provincias que promulguen una ley de adhesión. Ésta establece que al término de 33 años las empresas que desarrollen actividades forestales no podrán ser afectadas en su carga tributaria total con aumentos en las contribuciones impositivas y tasas en los ámbitos nacional, provincial o municipal vigentes al momento de la presentación del estudio de factibilidad respectivo. La segunda es la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados de Nº 25 080 promulgada en 1999, que tiene como objetivo lograr el rápido crecimiento de la superficie forestada en núcleos estratégicamente localizados, como forma para mejorar la eficiencia de los proyectos foresto-industriales y coadyuvar a la radicación de nuevas industrias para agregar valor a la producción forestal. Estos marcos legales fueron importantes para el sector forestal argentino, junto a programas para el desarrollo del mismo como el denominado ProSoBo entre otros con potenciales actividades de restauración y aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas o de forestación.

Brasil

Código forestal brasileño

Las transformaciones en la política forestal del Brasil empezaron con la institución del nuevo Código Forestal, revocado a través de la Ley Federal Nº 4 771, del 15 de septiembre de 1965, que perfeccionaba la legislación forestal contenida en el antiguo Código Forestal aprobado con base en el Decreto Federal Nº 23 793, del 23 de enero de 1934.

El conjunto de normas del Código Forestal instituido en 1965 persiste hasta la actualidad y representa un importante instrumento de modernización de las actividades forestales, declarando los bosques como bienes de interés común a todos los habitantes del país.

Comparativamente con la legislación instituida en 1934, la Ley Nº 4771/65 presentó una serie de evoluciones, entre éstas citamos:

• la definición de las áreas forestales y demás formas de vegetación objeto de preservación permanente;

• el establecimiento de las unidades de conservación y patrimonio indígena;

• el establecimiento del área mínima de reserva legal en propiedades rurales.

Las reformas permitieron la institución del principio de la función social de la propiedad, confiriéndoles mayores responsabilidades a los propietarios privados en relación a la conservación y al uso del suelo.

El código forestal brasileño es el sistema normativo de control y uso de los recursos forestales, que fue desarrollado con el propósito de promocionar la conservación y el desarrollo de los recursos forestales productivos, además de fijar el principio de la reposición forestal obligatoria.

La Medida Provisoria Nº 2 166-67 modificó significativamente diversos artículos del Código Forestal de 1965, y agregó nuevos artículos. El Código Forestal de 1965, con la redacción dada por las modificaciones introducidas por la Medida Provisoria 2166-67 es el que está actualmente en vigencia. Aunque la parte sobre bosques plantados no haya sido cambiada, la concepción del Código fue modificada considerablemente.

La revisión del Código Forestal es inevitable, pero es necesario enfocar aspectos conceptuales de importancia primordial a la viabilidad y al mantenimiento de las actividades forestales de producción, considerando: i) definiciones claras para distinguir los aspectos forestales de producción y de conservación; ii) directivas de acuerdo con las demás políticas de desarrollo del país; iii) simplificación de las exigencias legales relativas a los bosques plantados; iv) dar tratamiento diferenciado a las propiedades con plantaciones forestales en lo concerniente a las Áreas de Preservación Permanente y Reserva Legal y v) garantizar la estabilidad de la legislación a mediano y largo plazo.

En cuanto a la revisión del Código para las actividades de financiación se debería asegurar el mantenimiento sostenible futuro de la producción de madera, el mantenimiento de la diversidad biológica, y la ordenación forestal. Tales aspectos comportarían efectos al sector en los próximos años. Se prevé que el sector forestal basado en los bosques naturales continúe siendo profundamente reglamentado, mientras el sector que concierne a los recursos plantados debería sufrir menos reglamentaciones.

Incentivos a los plantíos

En el contexto de los cambios iniciados en 1965, con la creación del Código Forestal, fue implantada en el país la política de incentivos fiscales concedidos a empresas forestales, a través de la Ley Federal 5 106, del 2 de septiembre de 1966. Esta iniciativa del Gobierno Federal promovió la financiación para implementar la reforestación a gran escala.

La política de incentivos fiscales para la reforestación fue la iniciativa más importante articulada al externo del sector forestal, como instrumento de política económica, y dio respuestas a la cadena productiva del sector.

Durante su vigencia, el programa de incentivos sufrió dos alteraciones importantes:

• El Decreto Ley Nº 1 134, del 16 de noviembre de 1970 que aumentó considerablemente los recursos aplicados en el sector forestal; y,

• La creación del FISET – Fondo de Inversiones Sectoriales, a través del Decreto Ley Nº 1 376, del 12 de diciembre de 1974, que introdujo modificaciones en el sistema de estímulos fiscales para la reforestación.

La creación del FISET forestación /reforestación trató de ajustar la política de incentivos fiscales a la necesidad de ejecución de las metas definidas en el Programa Nacional de Papel y Pasta y en el Plan de Carbón Vegetal para la Siderurgia, de acuerdo con prioridades y directivas fijadas por el Consejo de Desarrollo Económico, con base en los Planos Nacionales de Desarrollo.

El 21 de diciembre de 1987, a través del decreto ley Nº 2 397, el porcentaje de devolución del capital invertido en reforestaciones fue reducido y su aplicación quedó restringida a las áreas de actuación de la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE), al Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais) y al estado del Espírito Santo. Como consecuencia de las políticas gubernamentales de contención del déficit del sector público, que venían siendo adoptadas desde 1986, los incentivos fiscales fueron eliminados a través de la Ley Nº 7 714, del 29 de diciembre de 1988.

Las experiencias acumuladas en el sector forestal durante la vigencia de la política de incentivos permitieron el desarrollo de segmentos específicos de la actividad forestal (papel, pasta y siderurgia) que aprovecharon con eficiencia la disponibilidad de recursos. El programa de incentivos fiscales a la reforestación dejó como saldo un área plantada de 6 millones de hectáreas.

En este contexto se destacan a continuación algunas de las transformaciones positivas verificadas en el sector forestal, resultantes del estímulo a la reforestación:

• el fortalecimiento de la iniciativa privada, en el inicio y consolidación de sólidas empresas forestales;

• el perfeccionamiento de la administración del sector privado forestal, resultante de la significativa formación de recursos humanos;

• el crecimiento de la industria de base forestal, especialmente en referencia a la pasta y papel, la siderurgia integrada al carbón vegetal y la madera sólida;

• el desarrollo científico y tecnológico de la silvicultura de especies de rápido crecimiento, especialmente de los géneros de pino y eucalipto.

Actualmente, la mayoría de las áreas de plantaciones en el Brasil pertenecen a sectores productivos privados y basados en la iniciativa pública, considerando no obstante pocos Estados del país. Tales iniciativas deben continuarse a mediano y largo plazo, nuevos incentivos, similares a los establecidos en 1988 no están previstos y en ese caso no se verificarán cambios en las áreas de plantaciones motivadas por el poder público federal.

Programa nacional de bosques (PNF)

Al final de los años ochenta, los programas gubernamentales volcados hacia el desarrollo forestal fueron desactivados y posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1988, el aspecto ambiental pasó a absorber la mayor parte del esfuerzo de las acciones gubernamentales. En este período también fue creado el IBAMA, como institución reguladora del sector forestal.

En un denodado esfuerzo para invertir la situación, fue lanzado por el Gobierno Federal en 2000 el Programa Nacional de Bosques - PNF, promulgado a través del Decreto 3 420 de abril del 2000.

El PNF abarca la producción sostenible de bienes y servicios forestales, la conservación de los ecosistemas y la mejora de la calidad de vida y tiene los siguientes objetivos generales:

• el estímulo al uso sostenible de bosques nativos y plantados;

• el fomento de las actividades de reforestación, principalmente de pequeñas propiedades rurales;

• la recuperación de las áreas de preservación permanente, de reserva legal y alteradas;

• el apoyo a las iniciativas económicas y sociales de las poblaciones tradicionales e indígenas que viven en los bosques ;

• la represión de las deforestaciones ilegales y de la extracción predatoria de productos y subproductos forestales;

• la prevención y contención de los incendios intencionales para uso de la tierra e incendios forestales.

El PNF está compuesto de tres programas el Programa de bosques sostenidos, Sustentar; el Programa de expansión de la base forestal, Forestar; y el Programa de prevención y combate a deforestaciones, contención de incendios intencionales para uso de la tierra e incendios forestales, Florecer.

Además del PNF, existen ejemplos de otros esfuerzos que se han realizado como el Foro de Competitividad de la Cadena Madera-Muebles, coordinado por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio; la creación del CERFLOR, bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero abarcando, también, a otros ministerios y a la iniciativa privada; la creación del PRONAF Forestal, trabajo en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de la Reforma Agraria, los ministerios del área económica y el BNDES; y la inclusión de la silvicultura en el crédito rural, por el Ministerio de la Agricultura.

Uno de los principales objetivos del PNF es estimular las actividades de reforestación en el país. La estrategia es el apoyo técnico y financiero a los pequeños y medianos productores rurales en la implantación de bosques. Otra estrategia pasa por la simplificación de los procedimientos legales y administrativos para el plantío, la cosecha, el transporte, el procesamiento y la comercialización de productos y subproductos forestales. En ese aspecto, se esperan algunos cambios en el sector forestal, como por ejemplo una menor reglamentación para actividades forestales en general. Además, otro objetivo es la promoción y ampliación de la ordenación sostenible de los bosques nativos.

Chile

El primer cuerpo legal en Chile que puede considerarse como un instrumento de una política de incentivo para el desarrollo forestal fue la Ley de Bosques (D.S. Nº 4 363 de 1931). Con este D.S. se eximió de impuestos territoriales a los propietarios de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. En 1974 dada la necesidad de acelerar el crecimiento del sector forestal, se dicta el Decreto Ley Nº 701 de Fomento Forestal, con la doble intención de preservar los bosques existentes e incorporar nuevos terrenos al proceso de forestación. Durante sus 20 años de vigencia el decreto subsidió la plantación de aproximadamente 800 mil hectáreas. En 1985 se comienza a discutir el Proyecto de Ley de Bosque Nativo, con el fin de buscar un equilibrio entre el aporte económico, social y ambiental de ese recurso. En 1992 el proyecto es presentado al Congreso Nacional, siendo aprobado en 1994. En 1998 es aprobado por el Senado y remitido a la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, donde actualmente se encuentra en discusión. En 1998 fue publicada la Ley 19 561 que modifica el antiguo Decreto Ley Nº 701 de 1974. La nueva Ley de fomento forestal tiene como principal objetivo regular la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal e incentivar la forestación en suelos degradados, en especial por parte de los pequeños propietarios forestales y la necesaria para proteger y recuperar los suelos del territorio nacional. Por otro lado se están siguiendo programas como el establecido en la Agenda de Trabajo para el Desarrollo Forestal Campesino, mediante el cual se forestaron 32.653 hectáreas de pequeños productores, lo que significó superar en un 8% la meta establecida de 30.000 hectáreas. En este mismo ámbito, se consolidó el Programa Nacional deTransferencia Tecnológica Forestal realizándose 49 eventos de transferencia técnica durante el año 2004

Paraguay

En 1973 se crea en el Paraguay el Servicio Forestal Nacional encargado de regular el uso de los bosques. En 1986 se aprueba la resolución Nº 18 831 con el objetivo de reforzar las normas ya existentes. En 1999 fue constituida una mesa forestal nacional en la que participan diversos grupos de interés gubernamentales y no gubernamentales. Esta estructura tenía como objetivo alcanzar una concentración nacional sobre los recursos naturales y el medio ambiente, definir una política nacional y actualizar su legislación forestal. Se presentaron delineamientos de la política forestal nacional, consensuados en el ámbito de concertación de la Mesa Forestal Nacional, para la formulación, entre septiembre 2001 y agosto 2002, del Plan de Acción Forestal del Paraguay. El mencionado Plan propone el cambio y la mejoría de los enfoques de las políticas, con el fin de promover un desarrollo sostenible del sector forestal. El Plan Agropecuario y Forestal para el Desarrollo del Campo del 2002 se desarrolló para garantizar la implementación del Modelo de Desarrollo Sustentable en el sector agrario, priorizando la implementación de aquellas medidas relacionadas directamente con la producción, tales como el manejo del suelo, bosque y aguas, utilización de sistemas productivos conservacionistas, el fomento de la agricultura orgánica y el desarrollo forestal.

Uruguay

La Ley número 13 623 de 1968 fue el primer instrumento político que intentó desarrollar el sector forestal en el Uruguay. Sin embargo, el desarrollo forestal del país solamente empezó a finales de los años ochenta, cuando fue introducida una nueva política de promoción del desarrollo de los bosques en el país. En diciembre de 1987, se aprobó una nueva Ley Forestal, la número 15 939. Esta ley aportó una serie de mejoras estructurales, entre ellas, el planeamiento para el desarrollo de las actividades forestales, incluyendo una serie de incentivos para el establecimiento de los bosques. Además, la nueva Ley de Bosques pasó a proteger los bosques naturales, a promover la plantación para la producción de madera industrial y a considerar las industrias de base forestal y la economía forestal como un importante componente en la estrategia de desarrollo nacional.

Política ambiental

Brasil

La Ley 6 938/81 es seguramente el mecanismo ambiental más importante del Brasil, pues disciplina la Política Nacional de Medio Ambiente, establece sus principios y objetivos, describe los instrumentos que pueden y deben ser utilizados por la Política Nacional del Medio Ambiente, estructura el Sistema Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA), también ha creado el Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y con ello las figuras del contaminador-pagador y de la responsabilidad objetiva por los daños causados al medio ambiente.

La Ley dispone que la Política Nacional del Medio Ambiente tiene por objetivo la preservación, la mejora y la recuperación de la calidad ambiental propicia a la vida, y tiende a asegurar en el país condiciones para el desarrollo socioeconómico, para los intereses de la seguridad nacional y para la protección de la dignidad de la vida humana.

Según la Ley, el Gobierno debe actuar para racionalizar el uso del suelo, del subsuelo, del agua y del aire, planificar y fiscalizar el uso de los recursos ambientales, de la protección de los ecosistemas, la preservación de las áreas representativas y el control y zonificación de las actividades potenciales o productoras de contaminación.

El gobierno debe también conceder incentivos para el estudio y la investigación de tecnologías orientadas hacia el uso racional y la protección de los recursos ambientales, controlar el estado de la calidad ambiental, recuperar áreas degradadas, proteger áreas amenazadas de degradación, promover la educación ambiental a todos los niveles de enseñanza, inclusive a educar a la comunidad y capacitarla para una participación activa en la defensa del medio ambiente.

La Ley define los recursos ambientales como la atmósfera, las aguas interiores, superficiales y subterráneas, los estuarios, el mar territorial, el suelo, el subsuelo, los elementos de la biosfera, la fauna y la flora.

El órgano ejecutor de la política de medio ambiente es el IBAMA, cuya finalidad es ejecutar y hacer ejecutar, como órgano federal, la política y las directivas gubernamentales fijadas para el medio ambiente.

No son previstas alteraciones substanciales en el campo de la Ley Ambiental del país en los próximos años. Se estima que la Ley Ambiental limite la actividad forestal, en contrapunto con el Código forestal brasileño. Por lo tanto la política ambiental se debería adecuar para que sean compatibles los intereses del sector (producción versus conservación).

Chile

En marzo de 1994 es publicado el texto de la Ley 19 300 que es el marco que reglamenta todo los aspectos ambientales de este país. La definición de la Ley expresa en su Artículo 1º: El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia.

La Ley 19 300, como ejemplo de lo que ocurre en el Brasil, es seguramente el mecanismo ambiental más importante de Chile, pues disciplina la Política Nacional de Medio Ambiente, establece sus principios y objetivos, describe los instrumentos que pueden y deben ser utilizados por la política del medioambiente, y las figuras del contaminador-pagador y de la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente.

Uruguay

En Uruguay los aspectos ambientales son cubiertos por la Ley número 16 466 de 1994, que trata la evaluación del impacto ambiental y menciona acciones volcadas a eliminar y/o mitigar los estragos que puedan causar los problemas ambientales. Además, esta ley trata la prevención del impacto ambiental a través de la recuperación de ambientes destruidos por el hombre. La ley declara de interés nacional la protección contra estragos, destrucción o contaminación, haciendo referencia específica a los impactos causados entre otras cosas por: carreteras, puentes, ferrocarriles y aeropuertos; puertos y terminales de productos químicos; oleoducto/gasoducto y residuos de emisiones de líquidos, transporte de equipamientos y residuos tóxicos peligrosos; extracción mineral y combustible fósil; usinas de energía nuclear; transmisión de energía eléctrica superior a 150 Kw; industrias, agroindustrias u otras empresas que pueden causar daños al medio ambiente; proyectos urbanos superiores a 100 hectáreas o menores, pero que se ubiquen en áreas de interés ambiental. Esta ley no hace ninguna referencia especial a las actividades forestales. Sin embargo, sus impactos ambientales fueron muy discutidos por toda la sociedad, principalmente debido al decreto Ley N° 435/994 del 21 de setiembre de 1994, que establece que no es necesaria una autorización ambiental previa para las plantaciones declaradas por la dirección forestal como bosques de producción. Además, el país mantiene operando incentivos a la forestación y a la ordenación de bosques naturales y recientemente se aprobó una Ley que declara de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Como se evidenció, los países del Cono Sur han desarrollado políticas que demuestran la preocupación por los recursos forestales y ambientales utilizando para esto diferentes instrumentos como la prohibición o limitación a los cambios de usos de los suelos cubiertos por bosques, incentivando la forestación y la ordenación de bosques naturales, creando y manteniendo extensas áreas silvestres protegidas, promulgando diversas normativas legales destinadas a la protección o a la regulación del uso de los recursos, fortaleciendo los programas de protección contra incendios, el estudio sobre indicadores de ordenación sostenible y certificación forestal y la formulación de programas forestales nacionales. En los próximos años se espera la continuidad de aplicación de tales políticas, es decir, la permanencia del concepto de sostenibilidad ambiental.

CAMBIOS EN LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES

Sector público

Muchos países del Cono Sur han realizado reformas en sus estructuras institucionales públicas del sector forestal. A continuación se presentan los países, sus estructuras institucionales y las perspectivas de cambios a mediano y largo plazo.

En la Argentina, hasta 1991 el Instituto Forestal Nacional (IFONA) era el principal organismo público responsable del sector foresto-industrial. Con el Decreto Nº 2 284/91 el IFONA se disuelve y la competencia en materia de bosques queda repartida entre dos instituciones forestales conforme sean relacionadas a los bosques nativos o a las plantaciones. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), vinculada al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, tiene a la Dirección de Forestación como la encargada de los bosques plantados. Los bosques nativos quedan a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SayDS), que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Vinculada a la SAyDS y allí se encuentra la Dirección de Recursos Forestales Nativos, actualmente responsable por la aplicación de toda legislación o norma vinculada a la conservación, restauración y la ordenación de los bosques nativos. Además, el Instituto Nacional de Tecnología (INTA) es el encargado de la investigación y extensión forestal a nivel nacional. Los aspectos sanitarios son controlados por el IASCAV (Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal) y las atribuciones relacionadas al control genético son realizadas por el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Así como el Proyecto Forestal de Desarrollo, los tres institutos arriba mencionados (INTA, IASCAV e INASE) están subordinados a la SAGPyA. Esta nueva estructura institucional del sector foresto-industrial ha logrado mejorías en muchos aspectos. Sin embargo, hubo una distribución poco racional de las funciones técnico-administrativas, lo cual duplica acciones y dificulta la administración de políticas coherentes para el sector.

La primera iniciativa de establecimiento de una institución volcada al sector forestal fue a finales de la vieja República. En 1921 fue creado el Servicio Forestal Brasileño con el intento de organizar la administración pública de los bosques.

Los esfuerzos para la organización de las instituciones relacionadas al sector forestal persistieron. En 1938 fue creado el Instituto nacional del mate y en 1941 se creó el Instituto nacional del pino. Tales instituciones estaban vinculadas directamente al Ministerio de la Industria y Comercio y su creación tuvo por finalidad la coordinación de la producción y de la comercialización de los productos forestales que les dieron origen (yerba mate y pino Paraná), justificando así su vínculo al Ministerio de la Industria y Comercio.

En 1962, el Servicio Forestal cedió lugar a la creación del Departamento de Recursos Naturales Renovables que incorporó nuevas atribuciones, con excepción de las competencias del Instituto nacional del pino, que actuaba de forma localizada, teniendo su área de jurisdicción en los Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, regiones de principal incidencia de la referida especie.

En 1965, con la institución del Código Forestal Brasileño, el país necesitaba una reorganización de las instituciones para buscar la efectivación de las nuevas directrices del nuevo código. En este sentido fue creado el Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF), el 28 de enero de 1967, a través del Decreto Ley N° 289.

Esa institución, relacionada en esa época al Ministerio de la Agricultura fue creada con la finalidad de formular la política forestal nacional y orientar, coordinar, ejecutar o hacer ejecutar las medidas necesarias para la utilización racional, la protección y la conservación de los recursos naturales renovables y el desarrollo forestal del país. La creación del IBDF, representó un gran avance institucional para la administración pública del sector forestal, al eliminar el paralelismo de las instituciones que existía en la esfera federal.

EI BDF fue marcado por el enfoque de desarrollo característico de aquel período en el Brasil, teniendo como principal objetivo el desarrollo forestal. El objetivo del IBDF fue ampliamente influenciado por la creación de incentivos fiscales a la reforestación que, de cierta forma, condicionaron la actuación de la institución al período de duración de los incentivos.

En los primeros años de su funcionamiento, el IBDF tuvo sus principales articulaciones en la promoción de las bases del desarrollo técnico y de administración del sector forestal. Sin embargo, a lo largo de su existencia, el instituto no mantuvo la actualización técnica y científica y fue progresivamente alejándose del principal objetivo de su creación.

En ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, realizada en Estocolmo, en 1972, el gobierno brasileño creó en 1973, en el ámbito del antiguo Ministerio del Interior, a través del Decreto Nº 73 030, la Secretaría Especial de Medio Ambiente (SEMA). La creación de esa Secretaría tuvo por objetivo dotar a la administración pública federal de un espacio institucional destinado a la gestión del medio ambiente, desvinculado del sector forestal.

En secuencia al proceso de organización de la administración ambiental, iniciado con la creación de la SEMA, en 1973, fue establecida la Política Nacional del Medio Ambiente, a través de la ley 6 938, del 31 de agosto de 1981. Esa ley se transformó en el principal instrumento de la gestión ambiental del país, definiendo el papel del Poder Público y confiriendo nuevas responsabilidades al sector privado con relación a la protección del medio ambiente.

Con la creación de la Política Nacional del Medio Ambiente, fue instituido el Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA), compuesto por órganos y entidades del Gobierno Federal de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios responsables para la protección y la mejoría de la calidad ambiental. Inicialmente el SISNAMA fue estructurado teniendo la SEMA como órgano central, con competencia para promover, disciplinar y evaluar la implementación de la Política Nacional del Medio Ambiente.

La misma ley que creó la Política Nacional del Medio Ambiente, instituyó el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), constituido por órganos federales, por representantes de los Estados y del Distrito Federal, por entidades del sector productivo y de los trabajadores y por organizaciones no gubernamentales y del medio ambiente, con poder deliberativo y con competencia para establecer normas, criterios y patrones relativos al control y al mantenimiento de la calidad del medio ambiente, con vistas al uso racional de los recursos ambientales, principalmente los relacionados con el agua (recursos hídricos).

La implantación de la Política Nacional de Medio Ambiente, aunque extendiendo su acción sobre los recursos naturales, que incluye la flora y la fauna, trató de solucionar la cuestión institucional, manteniendo las atribuciones y competencias de las entidades sectoriales de la administración al IBDF (para el recurso forestal), SUDEPE (para la pesca), SEMA (para las unidades de conservación) y SUDHEVEA (para el caucho).

Debido a las circunstancias en que las actividades forestales y la protección de la biodiversidad fueron sometidas, pasando por más de una administración pública, existieron innumerables conflictos institucionales que permanecieron hasta 1989, cuando el IBDF, la SUDEPE, la SEMA y la SUDHEVEA fueron anulados. Antes de ese período, a través del Decreto N 91145, del 15 de marzo de 1985, el gobierno federal creó el Ministerio del Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, transfiriéndole la responsabilidad del CONAMA y la SEMA.

En el mismo año de extinción de esas instituciones, fue creado el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (IBAMA), incorporando, entre otras las atribuciones de los órganos extintos. El IBAMA fue creado a través de la Ley Nº 7 735, de 22 de febrero de 1989 y a diferencia del IBDF, estaba vinculado al Ministerio del Interior.

En 1990, a través de la Medida Provisoria Nº 150 del 15 de marzo se crea la Secretaría del Medio Ambiente de la Presidencia de la República (SEMAM/PR) como órgano de asistencia directa e indirecta al Presidente de la República. En ese mismo año, a través de la Ley Nº 8 028 del 12 de abril, el IBAMA pasa a vincularse a la SEMAM/PR.

En 1992, la SEMAM/PR adquiere las funciones de ministerio, y se transforma en Ministerio del Medio Ambiente (Ley Nº 8 490 del 19 de noviembre de 1992), que en 1993 se transforma en Ministerio del Medio Ambiente y de Amazonía Legal. En 1995, a través del Decreto Nº 1 361, del 1º de enero pasa a ser denominado Ministerio del Medio Ambiente, de los Recursos Hídricos y de Amazonía Legal y en 1999 vuelve a llamarse Ministerio del Medio Ambiente.

Se estima que tendrán lugar cambios significativos en los próximos años, con el objetivo de la estructuración y el fortalecimiento institucional del sector forestal brasileño. En la estela de esas alteraciones, el sector forestal deberá ser reconocido por sus funciones básicas de producción y de conservación. A cada una de esas funciones deberá corresponder una entidad institucional.

Existe una fuerte expectativa, a corto plazo, a que se contemple la implantación de una estructura organizadora funcional, constituida por una institución gubernamental volcada exclusivamente a la producción forestal que integre un gran número de acciones y políticas gubernamentales en las áreas de producción y comercialización y que pueda incluir a la actividad forestal en la agenda de las políticas prioritarias del país. Esta configuración institucional permitirá que los programas de apoyo al desarrollo forestal, inclusive el PNF puedan efectivamente comportar beneficios al sector y recibir las mismas atenciones que otras áreas como la de producción agrícola, minería y otras de relevancia para el país.

La entidad directamente encargada de la administración, promoción y desarrollo de los recursos forestales en el Paraguay es el Servicio Forestal Nacional dependiente directamente del gabinete del Ministro de Agricultura y Ganadería. Para cumplir con esta misión el Servicio Forestal Nacional posee el objetivo general de protección, conservación, aumento, renovación y aprovechamiento racional de los bosques nativos y/o cultivados

Para cumplir con sus objetivos el Servicio Forestal Nacional esta constituido por cuatro departamentos: el de la Ordenación sostenible de bosques, Reforestación, Educación, Extensión e Investigación forestal y administrativo. Dichos departamentos tienen las siguientes funciones: El de Ordenación sostenible de bosques tiene a su cargo el catastro de bosques, la aprobación y control de planes de ordenación forestal y la emisión de las guías forestales en base a estos planes. El de Reforestación tiene a su cargo la revisión de los planes de reforestación y el catastro de plantaciones. Los de Educación, Extensión e Investigación forestal tienen como función la de formar profesionales de mandos medios en el sector forestal, investigar sobre temas de interés forestal y difundir las tecnologías y conocimientos del área, se compone de cuatro centros forestales de formación de técnicos y/o investigación: el Centro Forestal Alto Paraná, el Centro Forestal Itapúa, el Centro Forestal Caapibary y el Centro de Difusión de Tecnologías Forestales. Las funciones de estos departamentos están apoyadas por oficinas descentralizadas en los departamentos de Amambay, Canindeyú, San Pedro, Concepción, Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa, Caazapa, Chaco y Central.

El Servicio Forestal Nacional cuenta con 249 funcionarios. La fortaleza de esta institución la constituye su infraestructura y alcance nacional así como su plantel técnico lo que le permite una mayor eficiencia en el control de los bosques y la difusión de nuevas tecnologías. La desventaja con que se enfrenta es su enorme debilidad como consecuencia de la corrupción imperante, y la mala imagen institucional ante la opinión pública.

Otra de las instituciones públicas relacionadas al sector forestal es la Secretaría del Ambiente, creada por Ley N° 1561/2000, dependiente directamente de la presidencia de la República, tiene por objetivo la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. Posee cuatro direcciones de las que se destacan por su relación directa con el sector forestal, la Dirección General de Gestión Ambiental, la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales y la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad. Las funciones de estas direcciones son: La Dirección General de Gestión Ambiental es la que establece e implementa la política ambiental del Paraguay. La Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales evalúa los estudios de impactos ambientales, fiscaliza la explotación de bosques, flora y fauna silvestre y fija normas e indicadores de calidad ambiental y por último la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad bajo cuya administración se encuentran las áreas silvestres protegidas, y tiene por finalidad crear, fiscalizar, manejar y controlar las áreas silvestres pertenecientes al dominio público. Estas tres direcciones están compuestas por unas 195 personas. La debilidad de esta institución radica en su débil cobertura geográfica y su escaso personal en relación a la gran amplitud de funciones que se le asigna, lo que tiende a convertirla en una institución burocrática.

El Instituto de Bienestar Rural, es un ente autónomo, autárquico y descentralizado relacionado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, creado con la Ley N° 852/1963, es la institución que concede las tierras fiscales para los asentamientos de colonias agrícolas fundamentalmente en latifundios improductivos, a largo plazo y a precios subsidiados a todo individuo que quiera acogerse a la reforma agraria, así como también se encarga del diseño y habilitación y titulación de los asentamientos rurales, el estatuto agrario por el cual estaba regido hasta el 2001, daba potestad de expropiar tierras no explotadas siendo las tierras con cobertura forestal consideradas por el antiguo Estatuto como improductivas. Afortunadamente, el nuevo Estatuto Agrario (1863/2002) revierte este concepto e incluye a los bosques como productivos. Bajo su actual administración se encuentran 936 colonias agrícolas que representan unas 9 672 645 hectáreas.

El Crédito Agrícola de Habilitación, creado por el Decreto Ley 1611/1943, tiene por objetivo el otorgar créditos y asistencia técnica a pequeños agricultores para actividades agropecuarias. Desde el año 1997 el crédito Agrícola de Habilitación ha habilitado una línea de crédito para financiar los proyectos de forestación y reforestación mediante la Ley 536/95 hasta el cobro de las bonificaciones establecidas por esta ley. Estos créditos actuaban de enlace para el establecimiento de plantaciones y debían ser devueltos el año del cobro de las bonificaciones y una vez realizadas las plantaciones.

El Banco de Fomento creado con la Ley N°281/1961, es otra entidad crediticia cuya misión principal es el desarrollo de incentivos de la economía para cuyo efecto promoverá y financiará programas generales y proyectos específicos de fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria y el comercio de materias primas y productos originarios del país. A través de este banco también se obtuvieron créditos para plantaciones hasta enlazar con las bonificaciones otorgadas por el estado.

Sector privado

Al comienzo del siglo pasado, la Cámara Argentina de Aserraderos de Maderas, Depósitos y Afines (la CADAMDA) era la primera institución del sector privado en la Argentina vinculado a la actividad foresto-industrial. Posteriormente fueron creadas otras entidades de importancia. En 1946 se creó la Asociación Forestal Argentina (AFOA), más tarde, en 1955, se creó la Asociación de Fabricantes de Pasta y Papel de Argentina. La Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines se creó en 1933 y reune a las entidades primarias y actúa a nivel nacional. Existen aún una serie de instituciones y/o asociaciones relacionadas al sector privado foresto-industrial que, sin embargo, a consecuencia de la dispersión de las mismas en sus ramas específicas y la carencia de una instancia aglutinante del conjunto, tienen poco poder político y económico por parte del empresariado actuante en el sector.

En el Brasil, las instituciones privadas y las organizaciones relacionadas a las actividades de la industria forestal en general forman el Sistema Nacional de la Industria, el cual es liderado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI). La CNI está integrada por las confederaciones de los estados, las cuales son formadas, a su vez, por el Servicio Social de la Industria (SESI), el Servicio Nacional del Aprendizaje Industrial (SENAI) y el Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Existen algunas organizaciones en el Sistema Nacional de la Industria que representan los anhelos específicos de cada segmento industrial.

La representación de la industria forestal está bastante fragmentada. Hay muchas organizaciones que representan los intereses de diferentes segmentos. Las más importantes son: la Asociación Brasileña de la Industria de Madera Procesada Mecánicamente, la Asociación Brasileña de la Industria y Tableros de Madera, la Asociación Brasileña de los Productores de Carbón Vegetal, la Asociación Brasileña de Pasta y Papel, la Sociedad Brasileña de Silvicultura, entre otras. De cierta forma esto refleja diferentes intereses y perspectivas dentro del sector.

Directamente relacionado al sector forestal, fue creado a finales de 1999 el Foro Nacional de las Actividades de Base Forestal, entidad privada que tenía la difícil misión de representar y defender los intereses del sector forestal productivo, principalmente en lo concerniente a las políticas públicas. A pesar de los esfuerzos y del relativo suceso del Foro, los segmentos participantes no son la totalidad del sector.

De esta forma, se están tomando una serie de iniciativas, como por ejemplo la creación de foros de debates y programas de desarrollo en el sentido de convergir los intereses del sector forestal productivo. Las tendencias señalan un sector privado más organizado en los próximos años, con mayor capacidad de negociación y presión y mayor poder de influencia en la Política Forestal del país.

En Chile, la Corporación Nacional Forestal, es un organismo de derecho privado que tiene la gestión del patrimonio forestal del Estado y de los programas de protección forestal y depende del Ministerio de Agricultura. Por no tener derecho de fiscalización, se estudian cambios en la institucionalidad forestal del Estado.

CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN EL SECTOR

Son muchas las posibilidades de uso de nuevas tecnologías en las actividades forestales. En la Argentina y Chile se están desarrollando proyectos de investigación relacionados con la ordenación de bosques naturales australes. Para esto existen importantes inversiones y proyectos de inversiones para intervenciones extractivas, principalmente en formaciones de lenga (Nothofagus pumilio). Chile está desarrollando proyectos de investigación sobre ordenación y mejoramiento de bosques templados, principalmente especies del género Nothofagus. Además, la Argentina, el Brasil y Chile, están trabajando intensamente en programas de mejoramiento genético de especies de los géneros Pinus y Eucaliptus, con una fuerte distribución de las empresas privadas del sector de pasta de madera y papel. El Brasil ha conseguido casi duplicar las tasas de crecimiento anual del eucalipto e incrementar la resistencia a plagas y enfermedades y el rendimiento de pasta. La Argentina ha trabajado con el mejoramiento del pino y del eucalipto de diferentes especies, también en la zona sur con Pseudotsuga menziesii. Chile ha trabajado con el mejoramiento de pino radiata y diversas especies de eucalipto, pero el mejoramiento de especies nativas es aún incipiente. El Uruguay ya ha iniciado programas de mejoramiento genético y de mejora de la ordenación en los últimos años, que deberían auxiliar la transformación primaria, principalmente de productos de alto valor.

Específicamente en el Brasil, la industria forestal basada en productos de madera sólida, las inversiones no siguieron los niveles de la industria de pasta y papel. En tanto, esa situación está gradualmente cambiando y ciertas mejoras tecnológicas deberán redundar en significativos crecimientos en el aprovechamiento de la madera, reducción de los costos, aumentos de la competitividad de las empresas y de calidad de los productos. Tal aspecto viene siendo verificado particularmente en las industrias de contrachapado del Brasil, incluso con la adopción de la gran mayoría de ellas en el Programa Nacional de Calidad de la Madera, (PNMQ) que ha incluido en un primer momento las fábricas de contrachapado, pero deberán a mediano plazo contemplar también a los demás productos (Recuadro 4).

En la mayoría de los países del Cono Sur existen actualmente inversiones para mejorar la tecnología utilizada por el sector forestal. Sin embargo, no están bien distribuidas y se concentran en la industria de pasta y papel. A medida que se busquen nuevos nichos de mercado aumentará la preocupación por el mejoramiento tecnológico, entre los cuales está el uso de tecnologías de propagación vegetativa y la biología molecular, que ofrecen amplias posibilidades para mejorar las características y lograr una mayor uniformidad en el material de plantación. En algunos países, como es el caso del Brasil, esto ya se ha puesto en marcha en la industria del contrachapado, que en su mayoría adoptaron el PNQM. Existen perspectivas que el PNQM deba abarcar, a mediano plazo, a todos los demás productos de madera.

CAMBIOS EN LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Servicios ambientales

A pesar de que los servicios ambientales aún no están incluidos en las políticas y en las legislaciones forestales de la mayoría de los países de la subregión, muchos países tienen intención de hacerlo. Las alternativas más desarrolladas hasta el momento en los países de la subregión son el secuestro de carbono y el ecoturismo, presentados anteriormente por país en este capítulo.

Estos temas cambian con relativa rapidez en los países, sin embargo se esperan cambios para los próximos años, particularmente en el sector ecoturismo, estimulados por inversiones públicas en capacitación e incentivos de financiación. En estos casos, es importante considerar que la mayoría de los gobiernos de los países de la subregión tienen como metas la generación de empleo por medio de actividades relacionadas al turismo, para generar puestos de trabajo para una gran cantidad de personas en sus servicios. El crecimiento de la actividad será pujante, más la distribución en las economías solamente serán significantes cuando se analicen localmente.

Respecto al secuestro de carbono, el potencial para la actividad es bastante grande, teniendo en cuenta el nivel actual de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera y la necesidad de expansión de la cobertura forestal de las plantaciones y la ordenación forestal sostenida en los países. Tras la reglamentación de los mecanismos del mercado de créditos de carbono, se calcula que la demanda será significativamente creciente. El número de proyectos para la compensación de las emisiones de dióxido de carbono es aún reducido y será necesaria una acumulación de experiencias para mejorar esa situación dentro del contexto y de la promoción en la subregión, lo que debería producirse en los próximos años.

Certificación forestal

La historia de la certificación en el Brasil es bastante reciente. Actualmente son dos los sistemas vigentes en el país, el CERFLOR y el FSC (Consejo de Administración Forestal en inglés: Forest Stewardship Council), que han sido erigidas como requisito para financiamientos de proyectos forestales.

El CERFLOR, es un sistema nacional que inició en los años noventa y certificó su primera área forestal a comienzos de 2003. Hasta el momento el CERFLOR sólo posee criterios e indicadores para los bosques plantados (Recuadro 5).

El FSC tuvo su iniciativa brasileña en 1994 y un Grupo de Trabajo de las tres cámaras fue formalizado en 1996 bajo la coordinación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) del Brasil. En septiembre de 2001 fue fundado en Brasília el Consejo Brasileño de Manejo Forestal – FSC Brasil, que tiene el aval del FSC Internacional.

Los bosques plantados certificados por el FSC en el Brasil totalizan 891 mil hectáreas (Cuadro 67). De ese total, aproximadamente el 68% (606 mil hectáreas) son áreas de efectivo plantío. Las áreas de eucalipto responden al 36% del total (325 mil hectáreas) y las áreas de pino representan el 28% (250 mil hectáreas). Aproximadamente las 30 mil hectáreas restantes son cubiertas principalmente por teca (Tectona grandis) y pino Paraná (Araucaria Angustifolia).

Si consideramos que las áreas de plantío de pino y eucalipto del Brasil suman aproximadamente 5 millones de hectáreas, el país cuenta con aproximadamente un 12% de su efectivo plantío ya certificado. Considerando además que la actividad de certificación es relativamente reciente en el país, ya que recién en 1997 fue certificada la primera área, se podría decir que a finales de 2002 fueron objeto de certificación 101 mil hectáreas anuales (en promedio), lo que puede ser considerado como poco significativo.

Una parte significativa está representada por las áreas de preservación permanente y reservas legales, que juntas abarcan aproximadamente el 32% (286 mil hectáreas) del total de las áreas plantadas y certificadas (Cuadro 67).

CUADRO 67 Bosques plantados certificados por el FSC, por especie en Brasil (2002)

⁽¹⁾ APP – Área de preservación permanente y RL – Reserva legal.
Fuente: STCP.

Las áreas de ordenación de bosques naturales certificados por el FSC totalizan 350 mil hectáreas. Las empresas privadas localizadas en la región amazónica representan la gran totalidad de las áreas de bosques naturales, es decir el 98,5% del total (345 mil hectáreas). Las áreas de ordenación comunitarias, son aún poco significativas y representan apenas 5 mil hectáreas, equivalentes al 1,5% del total (Cuadro 68).

El resto es aún menos significativo y está formado por áreas de yerba mate localizadas en la región sur del país (bosque atlántico).

CUADRO 68 Bosques naturales certificados por tipo de ordenación (2002)

Fuente: STCP.

Por tratarse de una actividad relativamente reciente en el sector forestal, la certificación forestal ha encontrado algunas dificultades para expandirse, principalmente en las áreas de bosques naturales localizadas en la región amazónica. Ciertos aspectos, presentados a continuación y que hoy son tratados como dificultades, deberán ser mejorados a corto y mediano plazo para que las áreas certificadas puedan aumentar más rápidamente, éstos aspectos son: la adecuación legal de la organización/empresa, tanto para los aspectos agrarios cuanto ambientales; la obtención de mano de obra adecuada para las nuevas técnicas exigidas; el entrenamiento de la mano de obra; las barreras culturales en la aceptación de nuevos métodos y nuevas tecnologías; la organización para la operación temporaria, derivada de las condiciones climáticas de algunas regiones, que ocasionan intermitencia de la mano de obra asociada; y muchas veces las empresas no consiguen implantar los cambios exigidos por los organismos certificadores ya que deben conseguir fondos para los costos de adecuación de la operación.

Se espera que a mediano plazo el sector forestal pueda ser menos reglamentado y las cuestiones agrarias (de tenencia de la tierra) puedan resolverse. Tales aspectos deberán contribuir para que el proceso de certificación forestal avace más rápidamente en el Brasil.

Las normas del CERFLOR exigirán ajustes y revisiones. Actualmente el CERFLOR con la gestión del INMETRO, forma parte del PEFC (redenominado en 2003 como Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal en inglés: Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), y eso dará mayor credibilidad al sistema y la consecuente posibilidad de aumentar el área certificada en el país.

Por ello, se espera que el área forestal certificada en el país crezca sensiblemente, pero no se prevén alteraciones significativas en la estructura de producción, en el comercio y en los precios.

En 1998, CORMA inició una activa promoción de la certificación de gestión ambiental, logrando en 1999 que un importante número de sus empresas asociadas iniciaran un trabajo conjunto con el propósito de avanzar hacia la certificación ISO 14 001. Desde fines del año 2000, una de ellas cuenta con la respectiva certificación y otras la obtuvieron en el 2001.

De esta manera, junto a otras tres empresas que habían logrado tal meta entre 1997 y 1998, el 60% de las plantaciones forestales del país, es decir, 1,2 millones de hectáreas (principalmente de propiedad de empresas medianas y grandes) cuentan con tal certificación.

Desde fines de 1999, dada la tendencia mundial de exigir el cumplimiento de estándares, CORMA comenzó a trabajar en el desarrollo de una norma nacional, homologable y de reconocimiento mutuo con las iniciativas PEFC.

CORMA considera positivo generar alternativas al FSC (Forest Stewardship Council), de manera que las empresas, y sus clientes, tengan la posibilidad de escoger entre varias opciones de certificación. Por ello, se formalizó la iniciativa de certificación chilena CERTFORCHILE, la que fue aceptada como miembro del Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC). La iniciativa fue producto de una acción conjunta entre esta corporación privada y el Ministerio de Agricultura y con un amplio respaldo de importantes instituciones y organismos vinculados al sector forestal y a actividades académicas y científicas con el objeto de velar por la distribución de cada uno de ellos. Con esta norma se espera facilitar el acceso a la certificación de productores medianos y pequeños, como es el caso de muchos proveedores de las grandes industrias.

En los próximos 20 años, la certificación forestal jugará un rol fundamental en promover la ordenación sostenible de los bosques en Chile; ello debido a que:

• ayudará a conseguir el acceso para el uso de los bosques.

• promoverá la silvicultura adecuada para los bosques naturales.

• asegurará y proyectará a largo plazo el negocio de las empresas forestales exportadoras de productos de Pinus radiata y Eucalyptus spp, mejorando la estabilidad de sus exportaciones y facilitando su acceso a mercados más exigentes y que pagan mayores precios.

Se espera que CERTFOR – Chile sea homologada por los principales sellos internacionales, Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) y el Consejo de Adminstración Forestal (FSC), de manera tal que con ellos se podrá certificar la ordenación sostenible de los bosques y plantaciones industriales del país. No se descarta que también se dé una situación de competencia con los estándares internacionales mencionados

La utilización de este sello nacional estará determinada por los mercados a los que atienda la producción forestal chilena. Las grandes y medianas empresas continuarán mejorando su gestión ambiental mediante la obtención del sello ISO 14 000, al mismo tiempo que incorporarán las exigencias de ISO 9000 para asegurar sus estándares de calidad de procesos y servicios.

En el Uruguay se está produciendo un proceso de adaptación a los requerimientos de organizaciones internacionales, como por ejemplo FSC e ISO, a partir de un proceso incipiente de certificación de la operación de las empresas con el objetivo de superar restricciones no arancelarias a la exportación de madera, acceder a algunos nichos de mercado que exigen tal certificación y satisfacer la demanda de los consumidores y la percepción pública en los países desarrollados. Las empresas que aspiran a la certificación deben cumplir con requisitos de oportunidades de empleo, capacitación laboral, seguridad, salud, derechos de organización sindical de los trabajadores y de negociación con los empleadores, consultas a grupos locales afectados por la ordenación forestal y mecanismos para resolver reclamos y para proporcionar compensaciones en caso de pérdidas o daños.

Actualmente, las empresas forestales del país han comenzado un proceso de certificación de sus productos que los llevará necesariamente a la aplicación del concepto de ordenación forestal sostenible. Esto es lo que se ha dado en llamar “Manejo de instalación” donde se pone el énfasis en la ordenación sostenible dada para el bosque de modo que se asegure un correcto desarrollo futuro para poder cumplir con las metas de producción y sostenibilidad.

Se espera que en Uruguay en los próximos años este tema crezca en importancia y las empresas presenten una mayor movilización en este sentido.

CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS FUERZAS IMPULSORAS QUE AFECTAN AL SECTOR FORESTAL

A continuación se destacan las siguientes conclusiones, sea a nivel internacional que subregional.

Contexto internacional

Se prevé que los Estados Unidos y la Unión Europea continuen siendo los grandes mercados mundiales. China debe consolidarse en uno de los principales importadores y exportadores mundiales y continuará siendo la principal economía emergente del mundo.

Contexto subregional

Aspectos macroeconómicos, infraestructura de transportes

• Carreteras: inversiones a corto plazo serán realizadas y debe producirse la descentralización en la administración a través del modelo de concesiones.

• Ferrocarriles: la red vial debe aumentar y adquirir mayor importancia en el futuro.

• Red fluvial: algunas inversiones públicas de poca magnitud deben ser realizadas a corto y mediano plazo. Además, la red debe aumentar su importancia en el futuro.

• Transporte aéreo: se implementarán nuevos terminales de carga y la tendencia de concesiones deberá ser consolidada.

• Red de telecomunicaciones: se espera que las telecomunicaciones continúen recibiendo inversiones y se confirme la tendencia a la privatización.

• A mediano plazo deberá verificarse un cambio en la matriz energética de los países, con inversiones, principalmente en las termoeléctricas y pequeñas hidroeléctricas.

• Los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales deben comportar a mediano plazo disminuciones de las barreras aduaneras y técnicas, principalmente en lo que concierne a los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente.

Aspectos socioeconómicos

• Se calcula que la población de la subregión crezca a tasas poco superiores al 1% al año y en 2020 se estima que contará con aproximadamente 286 millones de personas. La PEA alcanzará tasas de crecimientos más acentuadas y se prevé para 2020 una población total de 142 millones de personas económicamente activas. La gran mayoría de la población de los países vivirá en el medio urbano y la edad promedio crecerá (población más anciana).

• El PIB de la subregión en los próximos años alcanzará tasas de crecimientos prommedio del 3 y 4% anual, y el PIB per cápita promedio será de aproximadamente 9 400 dólares EE.UU. en 2020.

• La distribución de la renta no deberá comportar cambios significativos y continuará bastante concentrada como en la actualidad.

• Los niveles de los precios al consumidor (inflación) a mediano y largo plazo se mantendrá a niveles satisfactorios, principalmente en las principales economías de la subregión (el Brasil, la Argentina y Chile).

• Existe la expectativa de crecimiento del comercio internacional en la subregión del Cono Sur en las próximas décadas como resultado de la estabilización económica y de los acuerdos internacionales.

• Las tasas de interés a mediano y largo plazo deberán presentar una tendencia decreciente, permitiendo un crecimiento económico más acentuado en la subregión.

• Los puestos de trabajo también crecerán impulsados por el crecimiento económico esperado para la subregión.

Aspectos políticos extrasectoriales

• En la mayoría de los países de la subregión podrían ser creados mecanismos de crédito más atractivos (tasas más bajas), así como el acceso a estos créditos se verán facilitados, debiendo servir como incentivo, posiblemente al establecimiento de nuevas plantaciones.

• Las inversiones extranjeras y nacionales podrían crecer gradualmente en la mayoría de los países, considerando las economías más estables (el Brasil, la Argentina, Chile y el Uruguay), que influirán positivamente en el sector forestal.

• Los regímenes especiales de incentivos a las exportaciones deberían impulsarse y comportar resultados positivos a la balanza comercial del sector forestal de los países de la subregión, particularmente a Chile y al Brasil.

Aspectos políticos sectoriales e intrasectoriales

• El crecimiento de la actividad agrícola limita y continuará limitando la ampliación de las áreas de bosques plantados, además de desplazar la frontera agrícola hacia el Bosque Natural particularmente en el Brasil, la Argentina y el Paraguay.

• Alteraciones substanciales en el sector forestal de algunos países del Cono Sur, producto de la revisión de la legislación forestal y ambiental, deberán verificarse, como por ejemplo en el Brasil, la Argentina y Chile. Asimismo, el sector forestal basado en los bosques naturales continuará siendo fuertemente reglamentado en los próximos años, mientras que el sector de los recursos plantados deberá sufrir menos restricciones legales.

• Nuevos incentivos, volcados directamente al establecimiento de plantaciones forestales por parte del poder público y similares a los que existían en la década de los ochenta en el Brasil no son previstos, mientras la iniciativa privada debería continuar invirtiendo.

Aspectos institucionales

• Se esperan algunas reformas y cambios en el sector público, ligadas al sector forestal que deberían culminar en nuevas políticas y programas para el sector, particularmente en el Brasil y la Argentina.

• Las instituciones del sector privado volcadas al sector forestal deberán, en las próximas décadas, alcanzar una mayor organización y una mayor capacidad de negociación en diversas esferas, obteniendo mayor influencia en las políticas forestales de los países y de la subregión.