La República Mexicana se encuentra situada en el hemisferio occidental, en la parte sur de América del norte; tiene como fronteras: al norte a los Estados Unidos de Norteamérica, al sur y al oeste al Oceáno Pacífico, al este al Golfo de México y al mar de las Antillas y al sureste a la República de Guatemala y a Belice; tiene una extensión territorial de 1'969,269 Km2 y se divide políticamente en 31 Estados y un Distrito Federal (Fig. 1).
En su territorio se presentan 10 tipos diferentes de climas (García, 1973), que van desde el cálido seco hasta el tropical con lluvias todo el año (Fig. 2); de ello deriva, entre otras particularidades, su desarrollo agropecuario.
La situación geográfica de México, sus peculiaridades fisiográficas y su diversidad climatológica favorecen que en su territorio se desarrollen casi todos los tipos de vegetación. Sus bosques o selvas tropicales (Fig. 3), tienen caracteres cercanos a los del bosque ecuatorial y se localizan en las regiones de climas tropicales lluviosos con períodos de sequía bien diferenciados (Figs. 2 y 3). En grandes extensiones de su territorio se advierte la presencia de flora desértica, tanto en las regiones de clima estepario como en el semidesierto seco y extremoso.
El bosque mixto o mezclado se extiende en las zonas montañosas de altura media y en él son abundantes las coníferas (Rzedowsky, 1981).
La población del país al año de 1986, ha sido estimada en 80.9 millones de habitantes; en ese total se identifican 59 grupos étnicos que hablan 48 dialectos diferentes y en su mayoría habitan en 26 estados de la región central y sureste.
El idioma oficial es el español, mismo que se habla prácticamente en todo el país.
La densidad poblacional media es de 41 habitantes/km2, con un rango que va desde 3 habitantes/km2 en los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo, hasta 6,818 habitantes/km2 en el Distrito Federal (Tabla 1, Figura 1).
El 67.5% de la población es urbana y del total nacional sólo el 48.3% se cataloga como población económicamente activa, registrándose los mayores niveles de ocupación en los Estados de Campeche, Hidalgo y en el Distrito Federal, con una tasa media de crecimiento del 6.3%; destacan como las actividades más importantes la agropecuaria, la industrial y la de servicios (Tabla 1).
Por lo que se refiere al grado de alfabetismo, el 3% de la población es analfabeta y entre la población económicamente activa el 78.8% sabe leer y escribir. Los niveles más altos de población alfabeta se registran en los Estados del Norte y en el Distrito Federal.
Por otra parte, México es un país que tiene altas tasas de mortalidad infantil (Tabla 1); las enfermedades de las vías respiratorias y digestivas, el paludismo y el sarampión, son las principales causas (S.P.P., 1986). La mayor incidencia se presenta en los Estados del centro y del sureste que coincidentemente son los más densamente poblados.
En la situación alimentaria del país influyen en forma determinante los siguientes factores: inequitativa distribución del ingreso, la reducción en el crecimiento de la producción nacional de alimentos básicos, su desviación hacia propósitos no alimentarios y su deficiente distribución interna; no se deja de reconocer el impacto de los factores demográficos, culturales y educativos en el comportamiento del consumo, ello provoca, por un lado, el insuficiente acceso a los alimentos necesarios para ciertos sectores de la población y, por otro, el exceso de consumo y desperdicio por una minoría.
Si bien la desnutrición afecta a grupos importantes de la sociedad, se destaca que es dos veces más frecuente en las zonas rurales, es más grave en el sur, centro y sureste del país y afecta especialmente a los niños, madres gestantes y en etapa de lactancia y ancianos (PRONAL, 1983).
De acuerdo a estadísticas oficiales (INN, 1979) en 1979, 19 millones de personas presentaban graves carencias en su consumo de calorías y proteínas, de éstos, 13 millones habitaban en áreas rurales y seis en centros urbanos, en los primeros, 6 millones eran menores de 14 años y en los segundos 2.7 millones tenían abajo de esa edad.
En cuanto a los hábitos de alimentación, México presenta una gran heterogeneidad; se ha señalado que existe una continuidad en el patrón dietético del mexicano que va desde el original mesoamericano, característico de ciertas zonas rurales e indígenas, hasta el mediterráneo que prevalece en las zonas urbanas. En todos ellos, con mayor o menor importancia, el maíz siempre se encuentra presente. Del total de la población, sólo alrededor del 18 por ciento ingiere dietas variadas y equilibradas. En los últimos años se ha difundido una dieta que da énfasis al consumo de proteínas de origen animal, vinculada con el desarrollo acelerado de la ganadería. El costo mayor de la carne ha incidido negativamente en el balance nutricional de la población de bajos ingresos, ya que el volumen de proteina animal que alcanza a adquirir no compensa la proteína vegetal que deja de consumir; de igual forma, la influencia de cierta publicidad ha propiciado la sustitución de alimentos tradicionales de gran contenido nutricional por productos industrializados de escaso o nulo valor.
Entre 1966 y 1976, el consumo calórico sólo aumentó uno por ciento y el proteínico disminuyó de 46 a 43 gramos diarios (PRONAL, 1983).
40 por ciento de la población no alcanza a cubrir sus requerimientos mínimos necesarios, a pesar de que el consumo promedio de calorías y de proteínas por habitante se encuentra muy cerca de los niveles recomendados. Otro aspecto que ha incidido negativamente en esta situación es el comportamiento de los precios, los que en la década de 1956 a 1966, crecieron menos rápidamente hacia el consumidor que hacia el productor, con ello se estimulaba la producción, situación inversa se registró en la década siguiente (1966–1976), lo que desalentó la producción y dificultó el consumo al encarecerse los productos; la tendencia reciente en los precios de los alimentos ha contribuido a un mayor deterioro en los niveles de consumo, ya que el índice de precios al consumidor del sector alimentario experimentó un fuerte incremento durante 1982.
En la coyuntura actual, de elevadas tasas inflacionarias y reducción del empleo remunerado, la menor capacidad adquisitiva de los grupos de bajos ingresos incide en un deterioro de su alimentación. En las zonas marginadas urbanas, ante la pérdida de ingreso, la población sacrifica la calidad de sus alimentos para cubrir otros gastos fijos, tales como renta de vivienda y transporte.
De acuerdo a datos oficiales, el consumo energético mínimo por persona en México debe ser de 2,300 calorías por día y el mínimo de proteína debe ser 60 gr/persona/día (INCO, 1987); el consumo actual de calorías es de 2,705/día (Tabla 2), del cual el 87.9% es aportado por productos vegetales, principalmente maíz, azúcar, trigo, frijol y aceites, y el 12.1% por productos animales (tabla 3). Con respecto a la proteína, el consumo diario es de 68.1 gr del cual el 70.8% procede de productos vegetales y el 29.2% de productos animales, las fuentes proteínicas de mayor consumo son las carnes rojas, las leguminosas y los cereales (tabla 2). Estos valores al reportar un dato promedio no reflejan la realidad de importantes segmentos de la población, y que al incluir en el cálculo a la población urbana, su mayor participación en el total nacional, oculta la situación de la población suburbana y rural.
Para afrontar la grave problemática resumida, el Estado ha instrumentado diversas estrategias y las ha conjuntado en el Programa Nacional de Alimentación (PRONAL), sus objetivos constituyen la expresión cualitativa de los cambios que en materia de alimentación y nutrición promovió la Administración Pública Federal en el lapso 1983–1988. Desde un enfoque general esos objetivos son: procurar la soberanía alimentaria y alcanzar condiciones de alimentación y nutrición que permitan el pleno desarrollo de las capacidades y potencialidades de cada ciudadano mexicano.
Durante más de 25 años anteriores a 1976, la economía del país registró una situación saludable, con una estabilidad política y social aún vigente que favoreció el desarrollo de las diversas ramas de la economía. A partir de ese año se empezaron a registrar situaciones de desequilibrio económico que hicieron crisis en el quinquenio 1982–1986 cuando la inflación alcanzó una tasa promedio anual del 82.6%, tornándose más drástica la situación en 1987 cuando el índice inflacionario llegó al 160% (B. de M. 1986); una de esas situaciones de desequilibrio fue la devaluación que ha sufrido la moneda nacional, el peso, la cual desde 1958 hasta 1975 mantuvo una paridad de $ 12.50/dólar, pero que a partir de 1976 inició un deslizamiento que se aceleró significativamente en el quinquenio antes anotado llevando la moneda a una paridad de $ 1974.20/dólar al finalizar 1987.
Como consecuencia de estas situaciones, se han establecido dos tipos de cambio, el controlado y el libre; el primero orientado a fortalecer las exportaciones y a incrementar la captación de divisas por parte del Banco Central, su cotización es fijada directamente por las autoridades hacendarias; por su parte, el tipo de cambio libre está sujeto a las fluctuaciones de la oferta y la demanda y a él tienen acceso, prácticamente sin límite, todo aquél ciudadano que requiera adquirir divisas.
Otro factor importante que favoreció el desequilibrio de la economía mexicana ha sido su elevada deuda externa, misma que se estimó en 1986 en 106,828 millones de dólares. La equivalencia de la deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB) ha evolucionado de un 67.7% que representó en 1983 al 95.6% estimado para 1986. Por otra parte, el pago por el servicio (intereses), de esa deuda ha significado que se destinen importantes recursos a ello, así para 1987 se destinaron 13.1 billones de pesos, mismos que representaron el 7.1% del PIB y se estima que para 1988, el pago de estos intereses, junto con los de la deuda interna, alcanzará la cifra de 85.8 billones de pesos, equivalentes al 20.9% del PIB (B. de M., 1986).
Todo lo anterior ha propiciado que México haya caido en un proceso inflacionario que se ha acelerado conforme transcurre el tiempo.
De esta forma, durante 1986 y 1987 los precios de alimentos, bebidas, salud y transporte, entre otros, aumentaron por arriba del índice general de precios (Tabla 3), mientras que los salarios, si bien también registraron aumentos constantes, estos nunca alcanzaron el índice de la inflación; de esta manera, fuentes oficiales (S.P.P. 1986), (B. de M. 1986), citan que el salario mínimo real disminuyó un 49.8% de 1976 a 1986.
Por otra parte, el Estado ha establecido mecanismos para regular el precio de los productos de primera necesidad, con ello se pretende proteger la capacidad de compra de las clases más desprotegidas, uno de esos mecanismos es el establecimiento de precios oficiales, mismos que cada vez se intenta acercarlos más a la realidad económica del país; sin embargo, destaca que el 95% de los productos que se comercializan dentro del país no están considerados en este esquema de regulación (INCO, 1987).
Por otra parte, numerosas situaciones han favorecido que el peso haya estado subvaluado frente al dólar en repetidas ocasiones, lo que a su vez ha alentado las exportaciones de materias primas y de productos manufacturados y se ha desalentado las importaciones, impactando positivamente la balanza comercial.
En este sentido, el primer producto de exportación del país es el petróleo, le siguen en orden de importancia en el renglón agrícola diversos productos vegetales sin elaborar (café, jitomate, legumbres y hortalizas diversas); el Sector Pesquero participa en forma importante en estas operaciones exportando principalmente camarón y marismos tanto en forma natural como procesados (Tabla 1); también se registran exportaciones de cárnicos y sus derivados y en el renglón industrial y de bienes de uso y de consumo directo se comercializan en el exterior productos manufacturados, productos químicos y productos de las artes gráficas, etc.
En el período 1985–1986 el valor de las exportaciones totales del país fue de 37,695 millones de dólares; las empresas del sector público favorecieron el 59.5% de esa captación de divisas y los rubros más dinámicos fueron el de hidrocarburos y el de manufacturas.
Con respecto a las importaciones, los principales productos que el país adquiere en el extranjero son: leche, granos y cereales, fertilizantes e insecticidas, así como materias primas para la industria manufacturera de alimentos (S.P.P. 1986).
Los principales paises con los que comercializa México, en orden de importancia son: Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Alemania Federal, Canadá y el Reino Unido; además de otros más del Mercado Común Europeo, de Europa Oriental y de América Latina (S.P.P. 1986).
Esta actividad ha sido una de las ramas de la economía mexicana más importante desde la época prehispánica, en ese entonces los productos que de ella derivaban se destinaban al autoconsumo; más recientemente, a partir de la década de los 40, el sector agrícola se vio favorecido por la inversión estatal en infraestructura hidráulica, la prestación de servicios de crédito y las aplicaciones de la investigación científica, que propició a su vez la tecnificación y modernización de las áreas de riego, en lo que en su momento se llamó “la revolución verde”; sin embargo, en los últimos 20 años la actividad agrícola padece bajos niveles de crecimiento y un proceso constante de descapitalización, de donde surgió la necesidad de importar cuantiosos volúmenes de granos básicos y otros productos.
En México hay 355,084 kilómetros cuadrados (18.1% de la superficie total del país), susceptibles de explotación agrícola, 246,726 (12.6%) de pastizales para alimentación de ganado y 524,006 (26.8%) de bosques y selvas para aprovechamiento forestal. Estos tres usos del suelo ocupan 112.6 millones de hectáreas, o sea el 57.7% del territorio nacional. De los terrenos aptos para la agricultura, 4.3 millones de hectáreas son de riego, 20.1 millones de hectáreas son de temporal en áreas planas y 11 millones son de temporal de montaña. La tercera parte del total de la superficie irrigada se localiza en los Estados de Sonora, Sinaloa y Baja California.
El régimen de tenencia de la tierra tiene su fundamento en el artículo 27 de la Constitución, el cual establece que las aguas y las tierras comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, son propiedad de la nación y que el estado tiene la facultad de transmitir su dominio a los particulares; de esta forma desde 1917 el Estado ha establecido la integración de grupos sociales de campesinos en una figura denominada “ejido” cuya organización recibe del Estado en usufructo el aprovechamiento de una determinada superficie de terrenos, de acuerdo al tipo, calidad y localización de éstos; al número de campesinos (ejidatarios) que integran el núcleo agrario y a la disponibilidad de terrenos existentes. Por otra parte, entre algunos grupos sociales persiste el esquema de organización comunal que el Estado ha preservado en reconocimiento a la idiosincracia de los propios grupos y a su adaptación generacional al mismo. También se presenta el esquema de propiedad privada, en el cual la posesión de la superficie máxima permitida es regulada por el Estado, así en zonas de temporal la superficie máxima de la pequeña propiedad es de 150 a 200 hectáreas, en las áreas de riego la superficie máxima permitida es de 100 hectáreas y en las zonas de agostadero los límites fluctúan entre 400 y 800 hectáreas.
El uso agrícola del suelo refleja la dieta tradicional del pueblo mexicano. En los 16.4 millones de hectáreas en promedio que se cultivaron en el período 1970–1983, se sembraron básicamente cuatro productos: maíz, en alrededor de 7.5 millones de hectáreas (46% de la superficie total cosechada), pertenecientes en su mayoría a los Estados de Jalisco, Veracruz, México, Puebla, Guanajuato y Oaxaca; frijol en dos millones de hectáreas en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua y Nayarit; sorgo en más de un millón de hectáreas en los Estados de Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, y trigo en un millón de hectáreas de Sonora, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato. En conjunto, estos cuatro productos cubren el 70% de la superficie total cosechada; el 30% restante se utiliza para otros cultivos, plantaciones y frutales, entre ellos algunos de alto valor comercial como el algodón, el café, el jitomate y el cacao.
En el período 1983–1986 la superficie abierta al cultivo se incrementó hasta 18 millones de hectáreas en las que se cultivan aproximadamente 200 productos diferentes.
Por lo que se refiere a la importancia económica del sector, en el período de 1970 a 1983 el producto interno bruto de la agricultura, medido a precios del primer año, pasó de 31,515 a 47,954 millones de pesos (2,521 a 3,836 millones de dólares, respectivamente), a un ritmo de crecimiento medio anual del 3.2% tasa menor que la registrada por la economía en su conjunto (5.2%), por lo cual su participación descendió del 7.1% al 5.6% en el mismo período; de igual forma, la participación que registró el PIB agrícola al PIB nacional disminuyó de un 8.0% en 1984 a un 6.0% en 1985 (tabla 1). En contraposición, la participación de esta actividad al sector primario prácticamente se mantuvo estable alrededor del 58%.
La producción agrícola nacional aumentó de 69.3 a 96.8 millones de toneladas en el período comprendido de 1970 a 1983, a una tasa promedio del 2.6% anual, inferior a la del crecimiento demográfico del mismo período (3.2%), habiendo ocurrido cambios importantes en los patrones de cultivo (tabla 4), consistentes en aumentos en casi todos los rubros de la producción, con excepción de los productos industriales; destaca asimismo que mientras los productos forrajeros casi se duplicaron y algunos otros incluso se triplicaron, la producción de granos básicos apenas se incrementó 41.4% en 14 años. Las nuevas tierras aprovechables se destinaron fundamentalmente a la siembra de forrajes y la extensión dedicada a la siembra de arroz, frijol, maíz y trigo se mantuvo estable, quedando de manifiesto la pérdida de importancia de la producción de granos básicos frente a los destinados a la alimentación animal en los años que cubre el período de referencia, aunque en el período 82–83 se inicia una reorientación de esta tendencia y la producción de granos básicos se incrementa de 16 millones de toneladas en 1982 a 18.2 millones en 1983, todo ello como resultado del incremento de un 24% de la superficie cosechada en este último año.
En el aspecto del comercio exterior, en el período de 1970 a 1983 las exportaciones de productos agrícolas, incluidos los silvícolas, aumentaron de 5,275 a 159,281 millones de pesos (422.0 a 1,059.8 millones de dólares), a un ritmo de crecimiento promedio anual del 30%; y las importaciones aumentaron de 1,801 a 243,551 millones de pesos (de 144 a 1,620.5 millones de dólares), lo que significó un crecimiento anual promedio de 45.9%. En los años de 1974, 1975, 1980, 1981 y 1983 (tabla 5), los saldos de la balanza comercial agrícola fueron desfavorables. En 1983 las exportaciones ascendieron a 1,059.8 millones de dólares y las importaciones a 1,620.5 millones de dólares, la diferencia negativa fue de 560.7 millones de dólares, ello representó un decremento del 3.4% en las ventas externas y un incremento de 74.8% en las compras al exterior.
Por otra parte, mientras la participación de las exportaciones agrícolas en el total nacional ha registrado una tendencia constante a la baja al pasar de 35% en 1970 a sólo el 5% en 1983, las importaciones han crecido del 4.3% en aquel año al 21% en éste. La venta de productos que por su alto valor pueden proporcionar divisas, es muy reducida pues la mayor parte de la producción se destina al mercado interno.
En 1982 los únicos cultivos cuya exportación fue superior al 50% de la cosecha nacional fueron: ajonjolí (67%), el café (56.1%) y tabaco (53%).
Una proporción importante de los suelos fértiles del país se destinan a la alimentación directa del ganado. La mayoría de estos pastizales son naturales y no requieren de la intervención del hombre para generar su producto; en los cultivados en cambio, se induce su crecimiento mediante el uso de semillas mejoradas y la aplicación de fertilizantes. En 1981 (SARH, 1981), se tenían registradas 26.5 millones de hectáreas de pastizales, equivalentes al 13.5% del territorio nacional. Los Estados que contaban con mayores superficies de este recurso, cuyas áreas de pasto se indican entre paréntesis, son los siguientes: Chihuahua (7.6 millones de hectáreas), Sonora (3.4 millones), Veracruz (2.1 millones), Tamaulipas (1.2 millones), Chiapas (1.17 millones), Coahuila (1.17 millones), Durango (1.16 millones) y Tabasco (1.0 millones), que en conjunto representan el 71.6% del total nacional.
Esta actividad presenta las siguientes características: en general se realiza en forma extensiva, o sea que se prescinde de los adelantos técnicos y se ocupan grandes extensiones por cabeza de ganado; en el norte está orientada principalmente a la exportación; en las zonas próximas a las ciudades es intensiva, utiliza los adelantos tecnológicos y es tanto lechera como de carne, dedicándose a satisfacer la demanda del mercado interno; en las zonas rurales más densamente pobladas, ha venido siendo desplazada por la agricultura hacia terrenos de mayor capacidad forrajera, sobre todo tratándose de las especies productoras de carne.
Dentro de las actividades del sector primario, la ganadería constituye, después de la agricultura, la rama de mayor desarrollo relativo. Su producto interno bruto, medido a precios de 1970, se incrementó en un 49.6%, al pasar de $19,915 millones de pesos en aquel año (1,593 millones de dólares) a $29,208 millones de pesos en 1983 (2,336 millones de dólares); sin embargo su participación en el PIB del sector primario se mantuvo estable en el mismo período (35.5% en promedio), pero su contribución al PIB nacional se redujo del 4.4 al 3.4%.
Por útlimo, las existencias ganaderas están divididas para efectos administrativos en dos grupos: las especies mayores (bovinos, porcinos, caprinos, caballar, mular y asnal) y las especies menores (pollos, gallinas, guajolotes, abejas, patos, gansos, codornices y palomas). Dentro del primer conjunto los subgrupos catalogados como animales de sangre roja registraron la importancia relativa que se cita a continuación: bovinos el 51.4%, porcinos el 26.5%, caprinos el 13.5% y ovinos el 8.6%.
En 1983 el país disponía de un patrimonio forestal de 40.9 millones de hectáreas, 3.7 millones menos que en 1974 cuando se inició el censo de estos recursos; de ese patrimonio forestal 27.7 millones de hectáreas corresponden a bosques de clima templado y frio y 13.2 millones a selvas tropicales y subtropicales medianas y altas.
Las existencias maderables totales se calcularon en 1983 en 3.2 millones de metros cúbicos en rollo, 2.0 millones en bosques de clima templado y frio, y 1.1 millones en las selvas.
Estos recursos de las áreas de clima templado y frío tenían la siguiente distribución:
| Sierra Madre occidental: | 708.8 millones | (34.8%) |
| Sierra Neovolcánica: | 517.9 millones | (25.4%) |
| Sierra Madre del sur: | 469.9 millones | (23.0%) |
| Sierra Madre oriental: | 195.3 millones | (9.6%) |
| Sierra de Chiapas: | 126.9 millones | (6.2%) |
| Península de Baja California: | 19.7 millones | (1.0%) |
La madera en pie en las zonas tropicales y subtropicales se distribuía a su vez del modo siguiente:
| 932.2 millones (80.2%): | selvas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. |
| 124.3 millones (10.7%): | en las costas del Golfo (Veracruz y Tamaulipas) y parte de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. |
| 106.1 millones (9.1%): | en el litoral del Pacífico (Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. |
La participación de la silvicultura en el producto interno bruto del sector primario disminuyó del 4.2% en 1970 al 3.7% en 1983; y su contribución al PIB nacional decayó de 0.5% en aquel año a 0.3% en éste.
A). Pesca.
Durante muchos años la pesca mexicana se consideró una actividad casi de autoconsumo y, para efectos del mercado externo, dependiente de la monoexplotación con destino al mercado estadounidense. A partir de 1970 la actividad empezó a diversificarse y su desarrollo cobró impulso creciente: se estimuló la industria empacadora de productos del mar, se multiplicaron las pesquerías, se incrementó la flota pesquera, se pusieron en marcha programas de educación, organización y capacitación y se reordenó y expandió el sector paraestatal. En 1976, México reivindicó los derechos de soberanía de los estados ribereños sobre los recursos localizados en sus aguas, decidiendo establecer la zona económica exclusiva de 200 millas marítimas, así se incorporaron al patrimonio de México tres millones de kilómetros cuadrados que sumados a los casi tres millones de hectáreas de aguas interiores y continentales, establecieron una nueva dimensión en la pesca.
La legislación sobre la materia, tiene sus orígenes en diversas disposiciones y ordenanzas decretadas en la primera mitad del siglo XIX. En 1925 se expide la primera Ley de Pesca y durante 1936 y 1937 el trabajo organizado de los pescadores integrados en cooperativas recibió un apoyo decisivo al reservárseles la explotación de algunas de las especies de la pesca más valiosas desde el punto de vista económico. En 1972 con la promulgación de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, la actividad dispone de un instrumento normativo orientado a fomentar el aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros, asegurando la participación prioritaria de los pescadores nacionales y evitando la explotación irracional de las especies. El marco legal en vigor lo conforma la Ley Federal de Pesca promulgada en 1987 y su reglamento dictado en 1988, en éstos destaca entre muchos otros, avances de importancia que se da a la acuacultura y las diversas disposiciones que en torno a ella se establecen para su fomento y regulación.
Respecto al potencial, el país dispone de 11,592.7 kilómetros de litoral, de una plataforma continental de 357,000 kilómetros cuadrados y de 2.5 millones de hectáreas de cuerpos de agua protegidas y epicontinentales, en estos recursos y en los 3.0 millones de kilómetros cuadrados comprendidos en la zona económica exclusiva se ha identificado un potencial pesquero aproximado a los 6.0 millones de toneladas de diversas especies (Cinta, G. R. 1985).
La historia de la actividad pesquera en México puede resumirse como una constante sucesión de cambios que han conducido a un desarrollo actual de significación mundial.
En 1922, año en el que se dispone de los primeros registros de producción pesquera, se consignó una cifra de 3,800 toneladas en todo el país. En 1930 se registraron 11,000 toneladas y posteriormente en 1940 la producción pesquera nacional ascendió a 71,000 toneladas, en esos años las principales zonas de captura fueron la costa occidental de la península de Baja California en un 90% y las costas del Pacífico Sur, desde Jalisco hasta Chiapas en un 7%; el 3% restante correspondió a las demás entidades y estados interiores; las principales pesquerías eran los túnidos (67%), el camarón (7%), las sardinas (7%) y otras especies menos importantes. De esta forma y considerando la disponibilidad de recursos pesqueros anotada, la población nacional, que en 1940 era de 19.6 millones de habitantes, tenía un consumo per cápita de 0.7 Kg.
En la década de los años sesenta la actividad pesquera registró cambios importantes; la flota pesquera se incrementó a 11,521 unidades. Para 1965 la captura nacional registraba 200,000 toneladas, la composición de esas capturas también varió, el camarón pasó a ser la principal pesquería siguiéndole en importancia sardina y macarela. Respecto a las zonas de captura, Baja California seguía siendo la zona más importante seguida de Veracruz y Sinaloa. El consumo per cápita se elevó a 2.96 kilogramos. La acuacultura, aunque conocida y practicada desde un siglo antes, aún no aportaba cantidades significativas de productos.
En el período 1970–1982, aún cuando el producto interno bruto del sector pesquero se incrementó en un 175.9%, frente a un crecimiento del 94% del PIB total, la participación sectorial se conservó en un 0.2% en el contexto nacional. El PIB pesquero dentro del PIB del sector primario pasó del 1.5% en 1970 al 3% en 1982. El volumen total de la explotación pesquera registrada fue de 273,511 toneladas en 1970, de 788,289 en 1979 y de 1,160,179 en 1982. Por lo que se refiere a la población dedicada a la actividad en 1971 se registraron 52 mil personas y en 1982 la cifra se incrementó a 197 mil. Por último, el número de embarcaciones nacionales registradas en 1971 era de 17,091; el 50.5% en el litoral del Pacífico 44% en el Golfo y El Caribe, y el 5.5% restante en las aguas interiores; del total, el 48% pertenecía a las cooperativas, el 51% a los permisionarios particulares y el 0.5% al sector público.
En los últimos años, el sector pesquero desarrolló sus acciones dentro del marco del Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar 1984–1988. Los objetivos de este instrumento de planeación son: contribuir a mejorar la alimentación de la población, generar empleos en las zonas y entre los grupos más rezagados, captar divisas a través de la exportación y promover el desarrollo regional y comunitario y mejorar el nivel de vida de los pescadores.
En el período 1983–1987 se obtuvo una captura acumulada de 6.3 millones de toneladas de productos pesqueros (Tabla 6), con una tasa promedio de crecimiento anual del 8.7%. En ese período la participación de la pesca dentro del PIB nacional creció a una tasa del 4.4%, superior a la perteneciente al sector primario en su conjunto que fue del 1.4% durante el mismo lapso; la participación relativa de la actividad pesquera en el PIB nacional es del 0.3%.
En 1987 la captura nacional ascendió a 1,460,000 toneladas, de las cuales el 62% fue destinada al consumo humano directo, rubro en el que destacan las pesquerías pelágicas (atún, sardina, anchoveta, etc.) con 370 mil toneladas, registrándose la mayor concentración de recursos explotados en la península de Baja California, Mar de Cortez y Pacífico Centro (fig. 4; tabla 6). El consumo per cápita fue de 8.5 kilogramos que se aproxima al valor promedio del período 83–87 (tabla 2 y tabla 6).
En el ámbito regional, el Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar divide al país en cinco regiones pesqueras, cuya dinámica de desarrollo se caracteriza tanto por su participación en los volúmenes y en el valor de la producción obtenida en las diferentes fases de la pesca, como también por la función económica y social atribuible a cada renglón y a las pesquerías existentes en ellas (tabla 7).
En el rubro de las exportaciones, los productos pesqueros han registrado una participación importante en la balanza comercial de México; en 1987 se exportaron 165 mil toneladas de diversos productos, fundamentalmente a los Estados Unidos, con valor de 581 millones de dólares; en términos generales en el período 83–87 se ha registrado un incremento importante en la captación de divisas, salvo en el año de 1985 en que se registró el valor más bajo del período. En contraste, las importaciones dèl sector han experimentado un decremento significativo; así, en 1984 se importaron 21 mil toneladas de diversos productos y en 1987 apenas se importaron poco más de dos mil toneladas, las cuales estuvieron constituidas por grasas, aceites y harinas de animales marinos (tabla 6), ello hace que la balanza del sector registre un saldo positivo.
La ocupación generada por la actividad ascendió a 173,768 empleos durante 1987; en el litoral del Pacífico se registró la mayor ocupación del sector. Cabe señalar que de esta población el mayor porcentaje corresponde a pescadores ribereños.
B). Acuicultura.
La acuicultura nacional tiene raices históricas que se remontan a la época prehispánica, cuando algunos organismos acuáticos se cultivaban con fines diversos. En todo el período histórico posterior a la conquista y hasta después de la Revolución, salvo contadas excepciones, algunas muy destacadas como las iniciativas de Esteban Cházari y los cultivos de madreperla en Baja California Sur realizados por Gastón Vivés, prácticamente no existe mayor evidencia del desarrollo de cultivos.
En nuestro siglo, en la década de los años cincuenta se registran acciones cada vez más importantes que orientan la acuicultura hacia su fase extensiva y de consumo ocasional de los productos generados. De 1960 a 1970 su práctica empieza a generalizarse, se crean diversos organismos gubernamentales para fomentarla; en materia de cultivos destacan las acciones de propagación de la carpa por todo el altiplano del país (Juárez, P.J.R.; 1985). De igual forma se desarrollan acciones en las aguas salobres, concretadas en diversos estudios de carácter bioecológico y en 1972 se crea la Dirección General de Acuacultura.
En el período más reciente (1970–1980), la acuicultura es considerada como una actividad prioritaria y a partir del inicio de esta década (1980–1990), se incluye como elemento sustancial del sector primario en los planes de Gobierno Federal y Estatal, invariablemente vinculada a las estrategias del desarrollo rural integral y con soporte presupuestal para su fomento y financiero para su práctica por parte de los productores, en este último caso se establece el crédito acuícola y se refuerza el apoyo a los productores con el seguro acuícola.
El desarrollo actual de la actividad se encuentra fundamentado en el Programa Nacional de Acuicultura en el cual se identifica un potencial productivo superior a las 800,000 toneladas anuales para la actividad y en el que se establecen las políticas y estrategias para fomentar el trabajo acuícola. Una parte importante de este Plan es el Programa Nacional de Cultivo del Camarón de mar, en el cual se identifica un potencial de 470,000 hectáreas de terrenos salinos potencialmente útiles para el cultivo del crustáceo.
Se han identificado 136 especies con potencialidad de cultivo, de ellas se aprovechan 57 especies en la acuicultura mexicana, 13 con un dominio tecnológico que permite practicar cultivos de ciclo completo, 16 están en proceso de alcanzar una tecnología más desarrollada y el resto presentan diferentes grados de dominio en su cultivo. están representadas por peces, crustáceos, moluscos, anfibios, reptiles y algas. Dentro de las especies con tecnología de cultivo conocida la mayoría son especies de agua dulce o que pasan su estado adulto en ese medio (tabla 8).
El fomento se inicia con la operación de las unidades de extensionismo y asistencia del gobierno federal o de los gobiernos estatales y que paralelamente tienen como objetivo producir las crías, postlarvas o semillas que demanda la actividad para su desarrollo. El gobierno federal a través de la Secretaría de Pesca opera 51 centros de esta naturaleza, localizados en 29 de los 31 estados del país (fig. 5); su producción de organismos en el año de 1987 fue superior a 125 millones (tabla 9).
En el aspecto de la producción, se destaca que ésta se obtiene por la práctica de las dos grandes variantes del cultivo acuícola, la extensiva y la intensiva, siendo mayor la participación de la primera variante en el gran total nacional. En el período 1983–1987 la acuicultura mexicana produjo 720 mil toneladas de diversas especies con una tasa de crecimiento anual del 9%, superior a la propia tasa de crecimiento del sector. De esta producción la mojarra tilapia ocupa el primer lugar con 328 mil toneladas, volumen que representa el 46% de la producción total, le sigue en importancia el ostión y la carpa con 203 mil toneladas y 85 mil toneladas respectivamente, otras especies importantes por sus volúmenes de producción son el bagre y la trucha (tabla 10).
En 1987 la producción ascendió a 169 mil toneladas siendo este volumen el mayor registrado por la acuacultura mexicana en toda su historia, ello derivó del dominio tecnológico de los acuicultores que se refleja en los rendimientos promedio registrados en los cultivos en el ciclo 1986–1987 (tabla 11), los que se encuadran en la media normal de cultivos similares realizados en otras latitudes. La acuicultura extensiva se practica en poco más de 1'200,000 hectáreas de cuerpos de agua dulce y en 1'600,000 hectáreas de lagunas litorales y esteros, en tanto que la acuicultura intensiva se desarrolla en las unidades de producción de las cuales hasta 1986 se tenían registradas 1914 en todo el país (tabla 12)., (fig. 6).
En el aspecto de su aporte alimentario en beneficio de las clases sociales que demandan un mejoramiento de su dieta, la acuicultura ha incidido en el avance de ese objetivo; destaca que la producción acuícola que en 1986 alcanzó 151,000 toneladas, se integra en un 87% por especies de consumo popular, como la carpa, la mojarra tilapia y el ostión, por lo que se intuye que ha incidido directamente sobre la población objetivo identificada por el PRONAL, ofreciéndole 3.79 kg/per cápita/año de productos pesqueros, lo que representó participar en la satisfacción de la demanda proteínica con el 2.19%.
Por lo que se refiere al empleo, la población ocupada en el período 1983–1987 fué de 69 mil personas con una tasa de crecimiento del 7.3% anual (tabla 10).
Los principales procesos biotécnicos de la acuicultura mexicana se diferencian en dos apartados, el de los centros de fomento (centros acuícolas) y el de las unidades de producción; en ambos la alimentación tiene como soporte a los alimentos balanceados los que en promedio tienen un contenido del 36% de proteína (tabla 13); de acuerdo a las especies cultivadas la alimentación puede ser complementada con el proceso de fertilización, mismo que emplea productos orgánicos y/o inorgánicos, dependiendo del plan de trabajo en desarrollo. Los fertilizantes son aplicados a dosis variables dependiendo de su naturaleza y del requerimiento del plan de trabajo.
En cuanto a la investigación y la tecnología, algunos problemas son atendidos por el Instituto Nacional de la Pesca a través del COTECOPAC (Comité Técnico Consultivo del Programa de Acuacultura), al cual se integran numerosas instituciones de investigación, los esfuerzos más importantes se han enfocado a resolver los problemas nutricionales, de sanidad acuícola y de mejoramiento tecnológico.
Por lo expuesto, se concluye que la acuicultura mexicana se encuentra en expansión, con un potencial muy amplio por alcanzar y amplios recursos naturales disponibles.
El crédito para la producción agropecuaria silvícola y pesquera se obtiene del sistema bancario a través de las Sociedades Nacionales de Crédito. En el sistema se identifican dos tipos de instituciones para ello; por una parte la banca comercial que en forma directa o a través de alguna institución de garantía ofrece créditos para estas actividades; teóricamente tienen acceso a ellos todos los agricultores, pescadores y acuicultores, sean ejidatarios o pequeños propietarios, pero por el manejo mercantil de los servicios que ofrecen, en la práctica los ejidatarios, los comuneros y los campesinos de escasos recursos no tienen acceso a ellos, por el contrario, los pequeños propietarios y los pescadores, acuicultores y campesinos con propiedades que puedan ofrecer como garantía, encuentran posibilidades de apoyo en estas instituciones. La otra variante de apoyo es la banca de fomento representada por el Sistema “BANRURAL” (Banco Nacional de Crédito Rural), al cual se integran diversos Fideicomisos como el FICART (Fideicomiso para créditos en áreas de riego y temporal), el FOIR (Fideicomiso para obras de infraestructura rural), etc.; el BANPESCA y por otra parte, el Banco de México dispone de un organismo denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Silvicultura (FIRA) a través del cual se logran los descuentos de préstamos negociados con alguna - Sociedad Nacional de Crédito en condiciones mas ventajosas. Bajo este esquema durante el bienio 1982–1983 se descontaron créditos por un monto de 122,305 millones de pesos, los que registraron variaciones significativas en el incremento al apoyo para los productos básicos para la alimentación que pasó de un 77.3% alcanzado en 1982 al 81.7% logrado en 1983, en este mismo rubro los incrementos a la agricultura y la gandería de 1983 con respecto a 1982 fueron del 78.2% y 87.9%, respectivamente (FIRA, 1984). Por otra parte, la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA), proporciona la cobertura de aseguramiento que demandan los productores al negociar sus créditos.
En este rubro de la economía destacan el petróleo y la petroquímica, la minería y la electricidad. En el caso del petróleo, se destaca el crecimiento acelerado que registró el país respecto a su capacidad de producción de crudos y de condensados en el período 1970 a 1983 (15.2% anual promedio), ello hizo posible que México pasara de una situación de país importador de crudo que tuvo hasta 1974 a país exportador y que a partir de 1981 se convirtiera en el cuarto productor mundial, con lo cual el sector petrolero pasó a ser así la principal fuente de divisas del país y uno de los pivotes del financiamiento de su desarrollo, además la refinación cada vez mayor de productos del petróleo permitió disminuir la importación de éstos, del 6.6% del consumo interno en 1970 al 2% en 1983. De 1970 a 1983 el producto interno bruto del sector petrolero creció a un promedio anual del 11%, superior al 5.5% del sector industrial y al 5.2% del de la economía en su conjunto. Su aportación al PIB nacional, medida a precios de 1970, pasó del 1.9% en este año al 6.6% en 1980 y al 4% en 1983, en este año se redujo deliberadamente la tasa de crecimiento debido a la contracción de la demanda.
En el campo de la minería se hace notar que su potencial aparente es importante pero que su carácter aleatorio y el alto costo de los estudios de exploración, han favorecido que sólo se haya explorado con detalle el 15 ó 20% de la superficie del país. Hasta 1983 se explotaban 43 minerales, dos de carácter precioso (oro y plata) y el resto catalogados en otras clasificaciones. La participación de esta actividad en el PIB nacional disminuyó del 1.5% al 1.3% en el período 1970–1983; de otra parte, su PIB calculado a precios constantes de 1970 creció de ese año a 1983 a una tasa promedio del 3.9% anual, misma que fue inferior a la tasa del crecimiento de la economía en su conjunto que fue del 5.3%.
Por lo que se refiere a la industria eléctrica, también en este sector se registra un crecimiento acelerado; así, para atender la demanda nacional se ha tenido que duplicar la capacidad de producción cada diez años, con un crecimiento del 10% anual en las dos últimas décadas. La capacidad de generación instalada en 1970 ascendía a 7,414 megawatts, para 1980 era de 16,862 megawatts. La importancia de esta actividad en la economía del país no se refleja en el producto interno bruto, al cual aportó sólo el 1.1% en promedio durante el período 1970–1982. La verdadera significación de la electricidad es estratégica, pues sin el suministro de ese fluido, toda la economía del país quedaría paralizada.
De 1970 a 1983 el valor de la producción de manufacturas aumentó de 100 mil millones de pesos a 189 mil millones (8,000 millones de dólares a 15,120 millones de dólares, respectivamente), lo que significó un crecimiento medio anual del 5%, ligeramente inferior al registrado por la economía en su conjunto (5.2%), esta rama de la actividad perdió así ocho décimas de su participación en el PIB nacional, al pasar del 22.7% al 21.9%.
Por lo que se refiere a la industria maquiladora, cabe destacar que su crecimiento se inicia en 1965 con el programa de industrialización de la frontera norte cuyo objetivo principal fue fomentar la creación de empleos por medio de la instalación de plantas maquiladoras; en el primer quinquenio de operación del programa las maquiladoras proliferaron en forma acelerada al pasar de 12 plantas en 1966 con 3,087 trabajadores a 120 en 1970 que ocupaba a 20 mil personas. En ese año, el capital invertido era de $160 millones y el valor de la producción de $660 millones. De 1970 a 1974 la industria maquiladora llegó a 455 plantas y 75,977 trabajadores, lo que colocó a México en el segundo lugar mundial entre los paises que se dedicaban a esta actividad. A partir de 1976 y derivado de las nuevas concesiones logradas por los empresarios, a la recuperación de la economía de los Estados Unidos y a la devaluación de la moneda mexicana, que representó una reducción de costos en términos de dólares, la “posición competitiva” de México pudo fortalecerse. De 1974 a 1980 el número de maquiladoras aumentó a 620 permaneciendo en ese número con ligeras variaciones hasta 1983.
La industria siderúrgica por su parte está compuesta por 67 empresas, cinco de ellas, las integradas, abarcan todo el proceso de fabricación y comercialización de los productos. En 1970 se hizo evidente que esta rama de la industria se encontraba en el umbral de una nueva etapa y a partir de ese año, la siderúrgica mexicana creció a un ritmo del 8.5% anual y su aportación al PIB en promedio fue del 1%, aunque en 1978 y 1979 logró alcanzar el 1.2%. El desarrollo alcanzado hasta 1981 se dio en un complejo marco de problemas: obstáculos financieros, deficiencias tecnológicas, subutilización de la capacidad instalada, altas compras en el exterior e inadecuado sistema de precios, los cuales terminaron por hacer crisis en 1982: el PIB nacional cayó 0.2%, la inflación se elevó 98.8%, la construcción se contrajo 4.2% y la industria de bienes duraderos y de capital, principal demandante de los productos siderúrgicos, registró a su vez un decremento del 8.1%, además la demanda global disminuyó 32%, al tiempo que las importaciones encarecidas por la devaluación y la escasez de divisas, se desplomaron 57.9%. Para 1983 la situación se volvió aún más difícil, la producción nacional de acero alcanzó sólo 6.7 millones de toneladas, cifra similar a la registrada en 1978, aunque ahora con una capacidad instalada de 11.1 millones de toneladas anuales; el descenso global fue del 4.1% con relación a 1982.
Los servicios de comunicaciones y transportes han sido de gran importancia en el desarrollo de México y han influido en su progreso económico y en el bienestar de la población así como en el incremento de las actividades económicas propiciando la integración de las diversas regiones del país; todo ello ha favorecido la consolidación de sus mercados. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la dependencia gubernamental que tiene como función regular la operación de este sector.
El país dispone de una red de 267,079 kilómetros de carreteras de las cuales el 27.1% son pavimentadas, el 39.8% son revestidas y el 33.1 son brechas y terracerías; esta red está integrada en su mayor parte por vías troncales que unen a la capital de la República con las principales ciudades, puertos y aeropuertos del país (Fig. 7).
Con la construcción de la red carretera se ha propiciado gran dinamismo en el autotransporte de carga, el cual constituye el medio más importante para el movimiento de mercancías, habiendo desplazado al ferrocarril. El servicio de carga (Tabla 3) se divide en regular y en especializado; el primero atiende la demanda constante del servicio existente entre los centros productores y consumidores del país y se realiza con ruta fija para asegurar la oferta permanente. El servicio de carga especializado se realiza sin ruta fija, se emplea para transportar productos del campo no elaborados, ganado, productos pesqueros y otros derivados de diferentes ramas de la economía (Fig. 7).
Este servicio es administrado por el Estado y para 1983 se tenía registrada una longitud de líneas férreas de 25,799 kilómetros; el volumen de carga transportado creció de 38,195 millones de toneladas en 1970 a 53,884 millones en 1982. Los principales productos que transportan son industriales, minerales y, recientemente, algunos productos agrícolas, como resultado de las importaciones de cereales y oleaginosas que se realizan para satisfacer la demanda interna (Fig. 8).
La infraestructura portuaria está orientada al desarrollo del transporte marítimo nacional e internacional; hay 25 puertos de altura y 115 de cabotaje, los de altura son los más importantes por el volumen y el valor de las operaciones que en ellos se realizan y además porque ahí se efectúa el mayor número de operaciones de transporte derivados de los contratos de comercio internacional (Fig. 9), por otra parte, los puertos de cabotaje orientan su operación al apoyo de las actividades comerciales internas (S.P.P. 1986).
