OBSERVACIONES DEL GRUPO DE EXAMEN COLEGIADO EXTERNO INDEPENDIENTE ¹⁷

i.     El Grupo de Examen Colegiado ratifica firmemente los resultados y recomendaciones de la evaluación. El proceso de evaluación fue ejemplar. Combinó la evaluación de equipos con inclusión de consultores independientes, de una amplia muestra de intervenciones sobre políticas/proyectos a nivel nacional; conversaciones y cuestionarios con los gobiernos de los Estados Miembros y los asociados en el desarrollo; exámenes internos preliminares de los resultados; y un Grupo de Examen Colegiado externo independiente. Este proceso permitió el diálogo, un análisis detenido de las cuestiones y la obtención de numerosos elementos valiosos.

ii.     Los miembros del Grupo comparten las conclusiones generales de que la formulación de políticas es una esfera de máxima prioridad en el servicio a los Estados Miembros y que la FAO debe concentrarse en sectores en los que puede tener una ventaja relativa para el apoyo a las políticas. El Grupo también concede particular importancia a los siguientes resultados y recomendaciones del informe, junto con los sectores en los que pueden introducirse mejoras, y desea señalarlos a la atención de la administración:

1. Hay que identificar las prioridades en la asistencia en materia de políticas. En opinión del Grupo, los exámenes amplios del sector agropecuario deben tener menos prioridad que el apoyo a los procesos de formulación de políticas nacionales. Esto puede conseguirse prestando asistencia a los ministerios de agricultura y desarrollo rural en el diagnóstico de cuestiones normativas particulares y ayudando a integrar el trabajo de estos organismos en procesos los más amplios de las políticas nacionales. También se debe conceder atención a los aspectos que están olvidados desde el punto de vista normativo, como por ejemplo la ganadería.
   
   
2. Tomando como base el Marco Estratégico de la FAO y el mandato de trabajar en relación con la seguridad alimentaria y los aspectos agropecuarios del alivio de la pobreza, la asistencia en materia de políticas debe orientarse hacia las políticas de desarrollo rural, cuando proceda, y no simplemente a las políticas agropecuarias. Reconocemos el peligro de que la Organización se disperse demasiado, pero el trabajo eficaz en relación con el desarrollo rural y agrícola y el alivio de la pobreza rural exige una orientación más amplia hacia el desarrollo rural. Esto es aplicable a los países de bajos ingresos, donde la pobreza rural sigue siendo un problema persistente y escasamente reconocido.
   
   
3. La FAO puede desempeñar una función aún más activa que en la actualidad en el fortalecimiento de la capacidad nacional para analizar las cuestiones relativas a las políticas agrícolas y rurales. Su función en apoyo de la formulación nacional de políticas debe ser catalítica, promoviendo de esta manera el “control” nacional de las reformas de las políticas. La función básica de la FAO en la esfera de las políticas consiste en promover procesos racionales de su análisis, formulación y aplicación. A este respecto, debe seguir alentando los sistemas participativos de formulación de políticas que abarquen no sólo a otros ministerios sectoriales, sino también a las ONG, el sector privado y otros organismos de las Naciones Unidas y bilaterales. El Grupo pone de relieve la función esencial de la FAO tanto para proporcionar puntos de vista alternativos a los gobiernos como para respaldar los procesos que promueven el control nacional de las políticas.
   
   
4. La Organización también puede desempeñar una función dinámica en relación con las Naciones Unidas y los países donantes con respecto a la formulación de políticas, a fin de garantizar que se reconozca debidamente la importancia de la seguridad alimentaria, la agricultura y el sector rural.
   
   
5. En muchas circunstancias, la FAO puede trabajar en estrecha colaboración con las instituciones financieras internacionales (IFI) y con otros donantes. En otras situaciones, se le puede pedir que ayude de manera independiente a los gobiernos de los Estados Miembros a formular políticas. Estos aspectos no son incompatibles, pero es necesario que quede clara la independencia de la FAO y la función con la que está actuando en cada una de las situaciones, tanto desde el punto de vista interno como del de otras partes interesadas. Esta función independiente es muy valiosa, pero puede requerir una actuación cuidadosa en situaciones en las cuales la FAO se comunique también con IFI.
   
   
6. El Grupo cree que es necesario disponer de más recursos para la labor normativa en los países. Con el fin de prestar una asistencia eficaz al respecto, es necesario disponer de mecanismos flexibles y una respuesta rápida. El PCT ha sido el principal mecanismo para las intervenciones en materia de políticas. Tiene inconvenientes importantes, en el sentido de que sus necesidades operacionales en muchos casos son incompatibles con una respuesta rápida de calidad. En particular, las limitaciones en cuanto a las sumas que pueden gastarse en expertos internacionales y los requisitos para el uso de la CTPD a menudo no son apropiados para la labor normativa. El Grupo también respalda la recomendación de que se aumente la proporción de recursos que no son de personal con respecto a los de personal en el marco del Programa Ordinario y que se proteja esa proporción de los recortes presupuestarios.
   
   
7. Los expertos en materia de políticas están ahora dispersos en numerosas dependencias de la FAO y hay una coordinación e intercambio de información escasos entre las dependencias. Esto puede dar lugar a una duplicación de esfuerzos y ciertamente provoca la pérdida de posibles beneficios del intercambio de ideas y experiencias. Es necesario que el grupo de acción recomendado, con su presidente como “centro de información”, sirva de enlace y coordinación y al mismo tiempo sea centro de intercambio de conocimientos. El Grupo reconoció que dentro de la Organización existían muchas vinculaciones creativas basadas en redes de personal y relaciones profesionales, pero que podrían fortalecerse mediante una estructura más oficial para la labor normativa. Dicha coordinación no está exenta de costos. Es necesario crear nuevos incentivos y mecanismos para facilitar la colaboración mencionada entre las dependencias, y el centro de coordinación debe disponer de recursos para esto. Su valor añadido se ha demostrado en varias esferas, por ejemplo en el trabajo sobre el comercio.
   
   
8. Los Representantes de la FAO constituyen la presencia de la Organización en el país y el punto de contacto para un diálogo constante. Son un punto de entrada decisivo para las solicitudes de asistencia en materia de políticas por parte de los gobiernos. Por consiguiente, los criterios para la contratación de los Representantes deben reflejar este requisito de conocimientos prácticos. Además, se necesita capacitación para garantizar que los Representantes de la FAO tengan un conocimiento general de las cuestiones normativas, especialmente las que tienen prioridad regional. También necesitan un apoyo técnico más sólido y más información. La CEI y otros países de Europa oriental de bajos ingresos deben tener Representantes de la FAO con carácter de urgencia, a fin de facilitar el trabajo de asistencia en materia de políticas.
   
   
9. Las instituciones con éxito son organizaciones con un aprendizaje continuo. Si la FAO desea fortalecer su compromiso en relación con el análisis y asesoramiento en materia de políticas, se necesita con urgencia impartir mayor capacitación sobre cuestiones normativas a todo el personal de la Organización. Esto debe comprender cursos de capacitación y actualización para los especialistas actuales en políticas y la asistencia a reuniones profesionales. El fortalecimiento de la capacitación tiene repercusiones presupuestarias manifiestas, pero esta actividad se debe considerar de máxima prioridad para potenciar y conservar la excelencia de los conocimientos técnicos de la FAO. La atención a la calidad también exige un ajuste más preciso del personal a las necesidades de puestos.
   
   
10. Hay que mejorar la gestión de los conocimientos, en particular la información sobre los países y la solidez de los vínculos entre la labor normativa y la cooperación con los países. Hay una gran demanda de estudios monográficos acerca de la manera en que se han abordado las cuestiones normativas y se han solucionado con éxito y deben redactarse tanto para uso interno como para los clientes. La Organización no realiza un trabajo óptimo en el aprendizaje a partir de su propia experiencia y la de otros, dando una amplia difusión a este tipo de información específica.
    
    
11. La definición operacional de políticas debe permitir incluir la fase de aplicación cuando proceda. La labor normativa adecuada se basa a menudo en el reconocimiento desde el principio de los canales para la aplicación, pudiendo incluir la asistencia para la organización de la fase de aplicación y su supervisión.
    
    
12. Por último, el Grupo estima que una función normativa fortalecida requerirá mayores asignaciones presupuestarias con ese fin, junto con un mandato institucional claro para llevar a cabo las recomendaciones del informe.

iii.     La evaluación es justa, profunda y objetiva. Las recomendaciones formuladas son constructivas y oportunas. Conducen, junto con el examen interno en curso de la evolución del Programa de Campo y del Departamento TC, hacia una definición más clara del mandato de la Dirección de Asistencia para las Políticas y sus vinculaciones con otras partes de la FAO. Se ratifican los principales resultados de la evaluación y en varios sectores básicos ya se han puesto en marcha medidas para introducir los cambios necesarios.

iv.     Se está de acuerdo en que las políticas de desarrollo agrícola y rural son una esfera de importancia cada vez mayor para los países en desarrollo y que requieren asistencia para la formulación de políticas apropiadas encaminadas a conseguir la seguridad alimentaria y medios de subsistencia sostenibles, en particular para su población rural pobre, así como para la ordenación sostenible de sus recursos naturales. La FAO concederá una importancia general mayor a la labor normativa, y en la medida de lo posible destinará un volumen superior de recursos presupuestarios a este fin. Para ello, en el marco del RPLP 2002-03 se proponen nuevos recursos limitados, la mayoría de los cuales no son de personal y están destinados a las oficinas descentralizadas, cuya necesidad se pone de relieve en este informe. Hay que reconocer que en el ámbito de una hipótesis reducida en cuanto a los recursos globales este aumento será difícil de mantener, teniendo en cuenta otras actividades con prioridad elevada, como la inversión de la tendencia descendente de las actividades del programa de campo de la FAO que no tienen carácter de urgencia, así como las numerosas actividades normativas importantes que también cuentan con un firme respaldo de los Miembros.

v.     En el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y en el Marco Estratégico se han establecido temas prioritarios para la labor de la FAO. La administración coincide en que se deben promocionar más dichos temas, que están incorporados en el Objetivo Estratégico A de la FAO: Lugar central de la seguridad alimentaria, así como en la estrategia para toda la Organización, Transmisión de los mensajes de la FAO. Las prioridades para la labor normativa de la Organización se basarán en su ventaja comparativa señalada en la evaluación. La administración está de acuerdo con la importancia concedida a las políticas a nivel subsectorial (en lugar de los exámenes generales del sector agropecuario) y a la garantía de un respaldo normativo efectivo para las políticas.

vi.     Los procesos participativos en la formulación de políticas, la relación entre la tecnología y las políticas y la integración de los costos y los beneficios en la labor normativa subsectorial se potenciarán mediante una colaboración más estrecha y profunda entre todas las dependencias normativas de la Sede y de las oficinas descentralizadas. En las Oficinas Regionales y Subregionales en particular, esto se conseguirá mediante una integración mayor de las subdirecciones y dependencias de asistencia para las políticas con los grupos de los departamentos técnicos y los equipos multidisciplinarios. La capacidad técnica disponible en las distintas direcciones técnicas se fortalecerá en relación con la labor normativa, incluso en los sectores de la extensión y la investigación, mientras que los oficiales de políticas de la TCA, recibirán, siempre que sea posible, una orientación más técnica. También hay que insistir en la importancia de los aspectos intersectoriales de la labor normativa, por ejemplo las dimensiones ecológicas de la formulación y aplicación de políticas agropecuarias y las cuestiones relativas a la paridad hombre-mujer y al VIH/SIDA.

vii.     La concentración recomendada en los PBIDA es muy oportuna, no obstante las limitaciones que pueden surgir en la capacidad de absorción. Esta atención se habrá de equilibrar de manera apropiada con las solicitudes de asistencia para las políticas por parte de los países de ingresos medianos en esferas como los nuevos temas de desarrollo. También se está de acuerdo en que hay que ampliar la asistencia para las políticas a la CEI y países análogos, estableciendo la capacidad especializada pertinente en esos países según lo permitan las limitaciones globales de los recursos disponibles. En la evaluación se ha mencionado la ausencia de Representantes de la FAO en los países de la CEI. Aunque el Consejo aprobó en su 119º período de sesiones la propuesta del Director General de establecer nuevas oficinas en los países en ciertas condiciones, estos países no se han ofrecido en general a participar en el plan. Por consiguiente, los costos de las tareas de enlace o de representación en tales países no se han incluido en la hipótesis de crecimiento del PLP. Sin embargo, la Organización está examinando su plan a este respecto.

viii.     En la evaluación se destaca la función decisiva de la FAO, en los equipos de las Naciones Unidas y a nivel nacional, para garantizar que las cuestiones relativas a la agricultura y a la seguridad alimentaria queden plenamente reflejadas en las macropolíticas, en particular el alivio de la pobreza y los medios de subsistencia sostenibles en el medio rural. Esta función no siempre está reconocida por algunas de nuestras instituciones asociadas o por algunos de los propios países. El Departamento Económico y Social está terminando un documento para toda la Organización encaminado a definir con mayor precisión la base conceptual del trabajo de la FAO sobre las vinculaciones entre pobreza, seguridad alimentaria, agricultura y desarrollo rural. También se están preparando mecanismos para aumentar la colaboración con los organismos de las Naciones Unidas y las IFI en las actividades del UNDAF, la CCA, el CDF, los PPME y la PRSP. Recientemente se ha prestado apoyo financiero adicional a los Representantes de la FAO por medio de un servicio especial del PCT, a fin de aumentar la prontitud de su respuesta a las necesidades de los países y contribuir a estos procesos.

ix.     Tal como se indica en la evaluación, la contribución de la FAO a la promoción de los mecanismos consultivos para la formulación de políticas y la participación de la sociedad civil se ampliará ulteriormente. Esto se hará mediante la aplicación con mayor eficacia de la política y estrategia de la FAO para la cooperación con las ONG y las organizaciones de la sociedad civil (entre ellas las organizaciones y grupos de mujeres rurales), que se definió en el Marco Estratégico y se ha elaborado después.

x.     Se está de acuerdo en que actualmente los expertos en materia de políticas están dispersos en numerosas dependencias de la FAO y que la coordinación y el intercambio de información son insuficientes, a pesar de la cooperación interdisciplinaria existente, tanto especial como institucionalizada. Por consiguiente, se respalda la recomendación de establecer un Grupo de Acción para las políticas y centros de coordinación para decidir mejor las prioridades; fortalecer el respaldo normativo a la labor sobre políticas; preparar mecanismos para facilitar la colaboración entre las distintas dependencias; y formular directrices sobre políticas con respecto a la manera de mantener una relación eficaz con el proceso normativo de ámbito nacional y facilitarlo. Es más, los resultados de la evaluación refuerzan el convencimiento de la administración de que las mejoras en todas estas esferas aumentarán la influencia que ha tenido la FAO tanto en el proceso como en la aplicación de las políticas en los Estados Miembros en desarrollo. Se establecerá un mecanismo de coordinación interdepartamental para fomentar la relación entre las políticas y la tecnología, así como entre las actividades normativas y operacionales, con particular atención al desarrollo rural. Los centros de coordinación para la labor normativa en la Organización recibirán recursos adicionales, siempre que se disponga de ello, si así lo determinan los Miembros, con el fin de garantizar en las políticas la relación entre la labor analítica normativa y la de promoción/asistencia.

xi.     El Departamento TC ya está actuando en relación con la necesidad de que la FAO mejore la “información sobre los países”, habiendo iniciado el establecimiento de un sistema de información sobre los países basado en Internet para uso interno, primordialmente para prestar mayor atención a los países y para el fomento del Programa de Campo. Una vez en funcionamiento este sistema, su gestión estará a cargo de las subdirecciones y dependencias de asistencia para las políticas, en estrecha colaboración con los Representantes de la FAO. No abarcará los sectores especializados de la información para los cuales mantienen bases de datos los departamentos técnicos.

xii.     La administración también está de acuerdo en que las actividades de fomento de la capacidad de la FAO en la formulación y análisis de políticas se deben potenciar, particularmente a fin de fortalecer la capacidad de base amplia de los ministerios de agricultura para participar como asociados en los debates sobre macropolíticas. Se está dando una nueva orientación al sentido y a las actividades de la TCA en relación con el fomento de la capacidad, a fin de llegar a las autoridades de nivel superior de los gobiernos y tener mayores repercusiones tanto en los procesos normativos como en su contenido. Sin embargo, este cambio será progresivo, ya que hay que aumentar la capacidad profesional de la TCA y se requieren recursos con objeto de prestar una asistencia eficaz a los Estados Miembros en desarrollo para el fomento de su capacidad en la formulación de políticas.

xiii.     En la evaluación se señala que, a fin de elevar la productividad y la eficacia de las subdirecciones y dependencias de asistencia para las políticas, hay que mejorar los procedimientos de trabajo de las Oficinas Regionales con vistas a conseguir una mayor integración interdisciplinaria en el trabajo. El análisis realizado por el Departamento TC de los resultados de estas dependencias y sus repercusiones, tanto en la prolungación del programa de campo como en la asistencia para las políticas, ha llevado a conclusiones análogas. Por consiguiente, se están impartiendo directrices a fin de establecer grupos de acción para los países en las Oficinas Regionales y enviar misiones multidisciplinarias de programación con una orientación más definida, en estrecha colaboración con los gobiernos y los Representantes de la FAO. Estos mecanismos ayudarán a definir con mayor claridad y establecer prioridades regionales, tal como se indica en la evaluación, y a trasformarlas en servicios determinados por la demanda para los Estados Miembros. La administración acepta el concepto de un elemento común de los programas en el PPM, puesto que así se aumentarían los incentivos para llevar a cabo la labor normativa de manera integrada y eficaz. El marco para dicho elemento común de los programas se preparará en consulta con las oficinas descentralizadas. También se está realizando un examen detenido de la capacidad existente en las subdirecciones y dependencias de asistencia para las políticas.

xiv.     En la evaluación se subraya acertadamente que el Representante de la FAO es un punto decisivo de entrada para las solicitudes de asistencia normativa de los gobiernos y es esencial para ayudar a los países en el proceso normativo. La administración está de acuerdo con esto. La Organización ha definido los criterios utilizados en la selección de los Representantes de la FAO ¹⁹ . Por consiguiente, las preocupaciones expresadas en la evaluación sobre la capacidad de los Representantes de la FAO son más bien una cuestión de información y capacitación apropiadas, habiéndose tomado nota de las propuestas y recomendaciones a este respecto. Hay que señalar también que la Organización está examinando los recursos de personal puestos a disposición en los países para ayudar en la labor complementaria de las actividades normativas y operacionales, en particular las operaciones de los proyectos.

xv.     Se ha mejorado la información y la asistencia técnica directa que proporcionan en la actualidad las subdirecciones y dependencias de la TCA a los Representantes de la FAO. Estas oficinas descentralizadas prestarán un apoyo oportuno a los Representantes cuando soliciten asesoramiento sobre políticas.

xvi.     Las recomendaciones para mejorar la formulación de los proyectos orientados a políticas son apropiadas y se aplicarán a futuras intervenciones. También se ha tomado nota de las relativas a las deficiencias en la preparación de la cooperación técnica. Entre ellas, la afiliación de los mecanismos del PCT se realizará en la medida en que se sigan las normas existentes para los proyectos del PCT y teniendo presente que estos proyectos, al igual que otros de la FAO, se formulan y ejecutan a petición de los gobiernos. Con el fin de mejorar la flexibilidad de la respuesta a las necesidades en materia de políticas y la información presupuestaria, se agilizarán los procedimientos administrativos y se potenciará ulteriormente la adopción de decisiones descentralizada.

xvii.     La propuesta presentada en la evaluación de que se aumente la proporción de los recursos con respecto al personal mediante la eliminación de puestos se acepta en principio y se examinará caso por caso. Como se ha mencionado más arriba, en el RPLP 2002-03 se propone un aumento de los recursos que no son de personal. Por último, se está totalmente de acuerdo en que hay que movilizar recursos de donantes en orden a establecer fondos de cooperación para las políticas, tanto a nivel mundial (para la relación en materia de políticas entre las direcciones normativas y técnicas de la FAO) como regional (posiblemente tomando como modelo la iniciativa del Cuerno de África).

(Informe del 85º período de sesiones, mayo de 2001 ²⁰ )

xviii.     El Comité acogió con satisfacción el informe de evaluación, que consideró un modelo para futuras evaluaciones del programa en el contexto del Marco Estratégico y el Plan a Plazo Medio de la FAO. Apreció, en particular, la orientación estratégica y con miras al futuro de la evaluación, así como su profundidad y franqueza y sus recomendaciones bien centradas. La evaluación había combinado encuestas basadas en un cuestionario enviado a países miembros en desarrollo, un examen de las actividades realizadas por misiones en 21 países de cada una de las regiones en desarrollo, y un amplio estudio de materiales y debates en la Sede y las oficinas regionales. El recurso a servicios de expertos externos en forma de consultores independientes para las misiones a los países y el empleo de un grupo de examen colegiado habían reforzado tanto la calidad como la credibilidad de la evaluación. Al tiempo que reconoció las consecuencias para los costos de una evaluación tan amplia, el Comité subrayó la importancia de la calidad e integridad y no de la cantidad de las evaluaciones.

xix.     La evaluación confirmaba que laasistencia de la FAO en materia de políticas era muy apreciada por los países y los asociados internacionales y que su calidad técnica era tan buena o mejor que la de otros organismos, y que esa asistencia contribuía notablemente a los procesos de formulación de políticas. La FAO tenía una ventaja comparativa en el subsector agrícola, la pesca y la silvicultura, así como en el enfoque consultivo de su colaboración con los gobiernos. La evaluación llegaba a la conclusión de que la asistencia en materia de políticas debía recibir una prioridad proporcionada a su importancia y ser reforzada ulteriormente. La FAO debía centrarse en sus ventajas comparativas y subsanar sus deficiencias, especialmente mejorando su capacidad para dar una respuesta flexible y rápida mediante un trabajo mejor coordinado entre las múltiples partes interesadas en los países, las regiones y la Sede.

xx.     El Comité estuvo de acuerdo con las recomendaciones de la evaluación y las refrendó. En particular, instó a que la Secretaría aplicara las líneas de acción que se esbozaban en la respuesta de la administración, prestando especial atención a los siguientes aspectos:

• mejora de la flexibilidad y rapidez de la respuesta, insistiendo en la función de las oficinas descentralizadas a este respecto y valiéndose de las medidas ya adoptadas y ampliándolas para aumentar la eficacia del apoyo del PCT;
  
  
• nuevas medidas para reforzar la función central de los representantes de la FAO, que necesitaban recursos y autoridad suplementaria para responder a las peticiones de apoyo en materia de políticas con un respaldo técnico apropiado;
  
  
• cooperación con otros organismos e instituciones financieras internacionales en los países como parte del equipo de las Naciones Unidas;
  
  
• fortalecimiento de la labor conjunta y de la interacción entre los departamentos de la Sede y con las oficinas descentralizadas;
  
  
• apoyo al fomento de la capacidad de los encargados de formular políticas; y
  
  
• necesidad de asegurar el control de los países sobre las actividades en materia de políticas.

xxi.     El Comité apreció también el carácter factible de la respuesta de la administración a la evaluación, con las líneas de acción propuestas para ejecutar muchas de las recomendaciones. El Comité reconoció que se estaban tomando ya medidas para aplicar las conclusiones de la evaluación y pidió que las medidas adoptadas se reflejaran en las propuestas del PLP completo para 2002-03. Sin embargo, al mismo tiempo estimó que no se habían tenido plenamente en cuenta algunas de las recomendaciones de la evaluación. Por consiguiente el Comité pidió que, en el plazo de unos dos años, se presentara un informe sobre los progresos realizados en el cumplimiento de las recomendaciones.