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Cercano Oriente y África del Norte

RESUMEN REGIONAL

 

Situación económica general

La desaceleración económica del Cercano Oriente y África del Norte se debió principalmente a que las economías más importantes de la región registraron peores resultados.
El crecimiento económico de la región del Cercano Oriente y África del Norte en su conjunto experimentó una desaceleración, pasando del 4,8 por ciento en 1996 al 3,5 por ciento en 199724. Esta situación se debió principalmente a que las economías más importantes de la región registraron, con la importante excepción de Egipto, peores resultados.

 Así, el crecimiento del PIB en Turquía descendió del 7,1 por ciento en 1996 al 5,7 por ciento en 1997 y se prevé que el propósito del Gobierno de enfriar una economía recalentada, reducir la tasa de inflación (que en 1997 siguió siendo del 80-90 por ciento anual) y controlar la balanza presupuestaria ocasionarán una nueva desaceleración en 1998. De igual forma, en la República Islámica del Irán, la tasa de crecimiento del PIB real pasó del 5,1 por ciento en 1996 al 3,2 por ciento en 1997, principalmente a causa de los menores ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo y gas. Los malos resultados económicos de las dos economías principales del África del Norte, Argelia y Marruecos, tuvieron su origen, en buena medida, en unas condiciones meteorológicas desfavorables que influyeron negativamente en la producción agrícola. En Argelia, la sequía redujo de forma acusada la producción, contribuyendo a que en 1997 el crecimiento económico sólo fuera del 1,3 por ciento, frente al 3,8 por ciento el año anterior. El impacto económico fue aún mayor en Marruecos, donde el importante descenso de la producción agrícola de 1997 ocasionó la reducción del PIB en un 2,2 por ciento. En términos generales, los resultados de la economía marroquí durante los últimos años han resultado afectados por las importantes fluctuaciones de la producción agrícola causadas por las condiciones meteorológicas. En cambio, la economía egipcia experimentó nuevamente en 1997 un aumento del crecimiento por quinto año consecutivo, hasta alcanzar una tasa del 5 por ciento. Esta sostenida recuperación económica da fe del éxito de las políticas de estabilización y reforma de la economía que ha aplicado el Gobierno desde 1991 y que han permitido reducir la inflación, mejorar la balanza exterior y financiera y estabilizar la moneda.
 

FIGURA 33
CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE
 

  El pronóstico para 1998 apunta de nuevo a la desaceleración del crecimiento del PIB, en particular por la probabilidad de que los precios internacionales del petróleo sigan siendo bajos, lo cual frenaría la actividad económica de las economías exportadoras de petróleo de la región. Las proyecciones del FMI sitúan el crecimiento del PIB en la región en torno al 3,5 por ciento, que sería la tasa anual más baja de los años noventa, tras la crisis de 1994. Se prevé un índice más bajo de crecimiento en Turquía, derivado de la política presupuestaria restrictiva tendente a frenar la demanda y reducir el déficit presupuestario, y en el Irán, que sufrirá las consecuencias de los bajos precios de petróleo, al igual que los restantes países exportadores de este producto. Las proyecciones indican, sin embargo, una tasa más elevada de crecimiento en Argelia y Marruecos, en gran medida por la recuperación de los malos resultados de 1997 provocados por las condiciones meteorológicas. Por lo que respecta a Egipto, el crecimiento de la economía seguirá siendo vigoroso, del orden del 5 por ciento, como en 1997. Las perspectivas para 1999 son de un aumento del PIB en la región del 4,4 por ciento.
 

Resultados del sector agrícola

La producción agrícola en la región del Cercano Oriente y África del Norte registró un descenso del 4 por ciento en 1997, tras un crecimiento del 10 por ciento de la producción agropecuaria el año anterior.
 Tras los muy favorables resultados de 1996, año en que la producción agropecuaria de la región se incrementó en una cifra cercana al 10 por ciento, 1997 registró un descenso de la producción agrícola, que se estima en torno al 4 por ciento.

 Los resultados fueron extremadamente negativos en el norte de África, donde las condiciones meteorológicas desfavorables se tradujeron en una disminución de la producción agrícola, del 15 por ciento en Argelia y Marruecos, y del 3 por ciento en Túnez. En los tres países, la producción de cereales, en particular, ha fluctuado ampliamente en función de las condiciones meteorológicas de los últimos años. En Argelia, la sequía determinó que la producción de cereales, que fue de 4,9 millones de toneladas en 1996, se redujera a menos de 900 000 toneladas en 1997, el nivel más bajo desde 1966; el descenso de la producción de Túnez, de 2,9 millones de toneladas en 1996 a 1,1 millones en 1997, tuvo su origen en el mismo fenómeno. Análogamente, las precipitaciones insuficientes registradas en Marruecos a comienzos del año fueron la causa de que la cosecha de cereales de 1997 alcanzara tan sólo 4,1 millones de toneladas, frente a 10,1 millones en 1996, pero sin llegar a los niveles catastróficos de 1995, en que se recolectaron solamente 1,8 millones de toneladas.

 La producción agropecuaria también disminuyó en Turquía (a pesar del ligero incremento de la cosecha de cereales), como consecuencia de la menor producción pecuaria y de distintos cultivos alimentarios y no alimentarios, como el algodón, los cultivos oleaginosos (particularmente el olivo), las frutas y las hortalizas. Según las estimaciones, la producción agrícola también descendió en el Irán y, de forma más acusada, en la República Árabe Siria, debido a las condiciones meteorológicas desfavorables que afectaron a los cereales y a los cultivos alimentarios en general. En cambio, la cosecha algodonera de dicho país registró un nuevo récord por el importante incremento de la superficie plantada. En el Iraq, la producción agrícola experimentó una contracción en 1997, tras el aumento de 1996, con un descenso de la producción de cereales próximo al 25 por ciento. La producción agrícola per cápita del Iraq continúa estancada en unos niveles muy inferiores a los del decenio de 1980.

 En Egipto la producción agrícola de 1997 fue similar a la del año anterior, tras dos años consecutivos de fuerte expansión (el 8 por ciento anual). En cuanto a Arabia Saudita, aunque la producción aumentó por segundo año consecutivo, sólo se recuperó en un grado modesto de la fuerte caída (superior al 20 por ciento) de 1995. En particular, la producción de cereales registró un acusado descenso desde su nivel máximo de 5 millones de toneladas alcanzado en 1994, a una cifra próxima a los 2,4 millones de toneladas en 1997, lo que refleja las reducciones del sostenimiento de los precios al productor por el Gobierno. Desde el punto de vista del valor de la producción, esa reducción sólo se ha compensado parcialmente con la expansión de la producción de las frutas y hortalizas.

 En cuanto a las perspectivas para 1998, se prevé que la mejora de las condiciones meteorológicas en Argelia, Marruecos y Túnez permitirán conseguir un incremento significativo de las cosechas de cereales respecto de los niveles extremadamente bajos de 1997. Las perspectivas también son prometedoras en Turquía y Arabia Saudita, mientras que en el Iraq son más inciertas debido a la falta de precipitaciones y la persistente escasez de insumos.

 En una óptica más amplia, la mayor parte de los países han experimentado un fuerte aumento de la producción agrícola durante el último decenio, con las excepciones de Iraq, donde la agricultura ha sufrido una fuerte depresión por las restricciones de las inversiones, los insumos y el mercado vinculadas al embargo económico, y Arabia Saudita, como consecuencia de la considerable reducción de las subvenciones a la agricultura. No es posible establecer todavía una tendencia nítida en Argelia y Marruecos, donde la producción agrícola experimenta importantes fluctuaciones estacionales.

 Cuando se expresan en cifras per cápita, los resultados agrícolas alcanzados en la región durante el último decenio no son tan positivos. Entre los países de mayor tamaño, sólo el Irán y Egipto han registrado incrementos relativamente sustanciales de la producción per cápita, en tanto que en Turquía ésta se ha reducido ligeramente. En la República Áraba Siria, ha aumentado desde 1990, pero no lo bastante como para compensar los importantes descensos del decenio de1980. Tampoco en este aspecto se aprecia una tendencia clara en el sector agrícola del Maghreb, muy inestable, aunque en Túnez parece haberse registrado un cierto incremento de la producción per cápita.
 

La ordenación de los recursos hídricos

Los graves daños ocasionados por la sequía en varios países del norte de África en 1997 han puesto de relieve la importancia crucial de la ordenación de los recursos hídricos para los países de la región.
 Los graves daños ocasionados por la sequía en varios países del norte de África en 1997 han puesto de relieve, una vez más, la importancia crucial de la ordenación de los recursos hídricos para los países de la región. En Marruecos, donde los terrenos bajo riego representan el 13 por ciento de la tierra cultivable y de la superficie dedicada a los cultivos permanentes, la sequía de 1997 fue sólo el último de una serie de fenómenos similares que se registran periódicamente. Para reducir la excesiva dependencia de la agricultura de secano, el Gobierno ha establecido un organismo que se encarga específicamente de esta cuestión. Al mismo tiempo, prosigue la política de ampliar las zonas de regadío mediante un ambicioso programa de construcción de embalses. Los objetivos centrales del programa son la expansión de las exportaciones agrícolas a través del riego y el aumento del suministro de energía eléctrica. También Argelia, donde sólo es de regadío el 7 por ciento de la tierra cultivable y de la superficie dedicada a cultivos permanentes, está llevando cabo un programa de construcción de embalses y se han reanudado los trabajos relativos al proyecto de construcción de una presa de grandes dimensiones, que se abandonaron en 1993. En Túnez, la política nacional en materia de recursos hídricos prevé la construcción de presas de distintos tamaños, pero el potencial para aumentar la zona de regadío es limitado. También Turquía (particularmente con el proyecto del sudeste de Anatolia) y la Repúbica Árabe Siria han adoptado medidas para ampliar la superficie de regadío.

 En Jordania, las Autoridades del Valle del Jordán concentran sus esfuerzos en la conservación del agua y la consecución de una mayor eficiencia en el riego que permita disponer de un mayor volumen de agua para la agricultura. La situación de la República árabe Siria (donde la excavación incontrolada de pozos en épocas anteriores ha afectado al nivel de las aguas subterráneas en algunas zonas) y el Yemen, donde la capa freática está descendiendo rápidamente, ilustran los problemas derivados de la utilización del agua. En Arabia Saudita, se ha utilizado para la producción cereales acuíferos subterráneos no renovables. En los últimos años, el Gobierno ha tratado de sustituir la producción de cereales con un consumo intensivo de agua por la producción hortícola con una utilización más eficiente del recurso.

 No obstante, el plan más ambicioso de ordenación hídrica de la región es, con mucho, el proyecto del valle meridional de Egipto, que se anunció en 1997. Su finalidad es ampliar las zonas agrícolas y pobladas del país mediante la desviación de agua del lago Nasser. A la conclusión del plan, se habrá conseguido asentar a 6 millones de personas y poner en regadío 0,5 millones de ha aproximadamente. El Gobierno egipcio fijó el costo total del plan hasta el año 2017 en 300 000 millones de libras egipcias (casi 90 000 millones de dólares EE.UU.). La primera fase del proyecto consiste en la construcción de un canal de riego de 67 km de longitud para bonificar una extensión de 34 000 ha, que se ampliará posteriormente.
 

Evolución de las políticas

El proceso de reforma económica y agrícola no progresó de igual modo en todas partes y algunos gobiernos volvieron a introducir o reforzaron las medidas de intervención.
 de los países de la región prosiguieron la política de liberalización y desreglamentación del mercado. Sin embargo, el proceso de reforma económica y agrícola no progresó de igual modo en todas partes y en algunos países los gobiernos volvieron a introducir o reforzaron las medidas de intervención. Como ejemplos recientes de medidas de reforma orientadas al mercado en el sector agrícola pueden citarse la decisión de Argelia de transformar el monopolio nacional de cereales en un organismo regulador del sector cerealero y la supresión en Jordania de los controles de los precios al por menor para las frutas y hortalizas de producción nacional. En Argelia, el Gobierno ha manifestado también su intención de impulsar la privatización total del sector agrícola. En Egipto, estaba previsto que en 1997 adquiriera plena efectividad la Ley 96, aprobada por el Parlamento en 1992. La ley liberaliza las rentas de las tierras de cultivo, que no se habían modificado prácticamente desde 1952, estableciendo un período de gracia de cinco años para que los terratenientes y arrendatarios alcancen un acuerdo, fijándose al mismo tiempo un conjunto de compensaciones para los agricultores que acepten un acuerdo antes de que expire el período de gracia. La ley afectó a un número estimado de 700 000 a 800 000 agricultores arrendatarios, y en 1992 se calculaba que el 24 por ciento de la tierra estaba arrendado. En Marruecos, se adoptaron en nuevas iniciativas para vender una parte del sector azucarero en el marco del programa de privatización del Gobierno, que figura entre los más avanzados de la región. Entre las empresas cuya privatización estaba prevista en 1997, figuraban dos de las principales empresas de producción y distribución de vino del país. En la República Árabe Siria, el Gobierno prosigue la política de los últimos años de estimular la inversión del sector privado en la industria del tejido del algodón, que anteriormente era una actividad reservada por completo al sector público.


 

RECUADRO 14
LA ASOCIACIÓN UNIÓN EUROPEA-PAÍSES DEL MEDITERRÁNEO


Desde 1995, una serie de países de la región han participado en la elaboración de una asociación que debe conducir al establecimiento de una zona de libre comercio entre la Unión Europea (UE)
y los países del Mediterráneo. Este proceso se inició en una Conferencia celebrada en Barcelona en noviembre de 1995 con la participación de países del Mediterráneo, con la excepción de la Jamahiriya  Árabe  Libia, y está previsto que desemboque en la creación de una zona de libre comercio para el año 2010. Los primeros acuerdos alcanzados entre la UE y los países del Mediterráneo que participan en el proceso están encaminados a conseguir una mejor integración de esos países en el mercado mundial mediante una asociación económica y financiera.

La zona de libre comercio prevista supondría:

• libertad de comercio de todo tipo de productos manufacturados entre la UE y los países participantes en el proceso; 

• acceso preferencial recíproco para los productos agrícolas de interés para los socios;

• libertad de comercio entre todos los países del Mediterráneo.

 

 Pese a la tendencia hacia la liberalización, el Estado continúa interviniendo fuertemente en los mercados agrícolas de la región y en los últimos años ha habido algunos ejemplos notables de inversión de la tendencia. Por ejemplo, en noviembre de 1997, el Líbano introdujo restricciones a la importación para diversos productos agrícolas y alimenticios elaborados, con el propósito de reducir la factura en concepto de importación de alimentos, proteger la agricultura nacional y estimular la producción. Entre las restricciones decretadas figura la prohibición total de una serie de productos, la imposición de nuevos derechos de importación para otros y la elaboración de una lista de productos que sólo se pueden importar previo acuerdo del Ministerio de Agricultura. También en Turquía se han abandonado las políticas adoptadas en los primeros años del decenio de 1990, encaminadas a reducir la intervención del Estado en los mercados agrícolas. Este proceso, que supuso en particular la adopción de políticas más generosas de sostenimiento de los precios, comenzó durante la campaña de 1995/96. Así, en 1996, el Estado adquirió un importante volumen de cereales, que se incrementó incluso en 1997. Asimismo, los precios de sostenimiento de diversos cultivos experimentaron un importante incremento durante la campaña de 1997/98.

Las relaciones económicas con los países europeos tienen una enorme importancia para un cierto número de países de la región del Cercano Oriente y África del Norte.
 Las relaciones económicas con los países europeos, y especialmente con la Unión Europea (UE), tienen una enorme importancia para un cierto número de países de la región, en especial en lo que respecta al sector agrícola. En este contexto, en 1997 se alcanzaron nuevos progresos en las negociaciones entre Jordania y la UE respecto del acuerdo de asociación, en el marco del llamado proceso de Barcelona (véase el Recuadro 14), siendo Jordania el quinto país en alcanzar un acuerdo, después de que lo hubieran hecho Marruecos, Túnez, Egipto e Israel. En el caso de Marruecos, las relaciones con la UE también son importantes en la esfera de la pesca. El último acuerdo pesquero entre Marruecos y la UE, firmado en 1996, permitía a la flota pesquera de la UE acceder a las aguas marroquíes durante cuatro años, a cambio de una compensación, pero con una reducción global de las capturas permitidas. El Gobierno marroquí ha manifestado su intención de no renovar el acuerdo cuando expire en 1999 y ha anunciado planes ambiciosos para el desarrollo de la industria pesquera nacional, entre otras cosas, con la expansión de las instalaciones portuarias y la creación de empresas mixtas con compañías extranjeras.
 
 

LA REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN

El contexo macroeconómico

 La situación económica y la orientación de las políticas del Irán han resultado profundamente afectadas durante los dos últimos decenios por dos acontecimientos importantes: el primero es la revolución de 1979 y la adopción por el país de las normas islámicas de gestión de la economía y la política social; el segundo, la guerra que le enfrentó con el Iraq durante ocho años, que provocó fuertes pérdidas materiales y de vidas humanas, la desorganización total de la economía y un prolongado período de recuperación y reconstrucción. Otros acontecimientos que también incidieron negativamente en la economía del país durante el mismo período fueron la caída de los precios de petróleo en 1986, que se tradujo en un pronunciado descenso de los ingresos del país en un momento que su economía ya había entrado en recesión; y las restricciones comerciales impuestas por los Estados Unidos25. Sin embargo, Irán ha registrado desde entonces una importante recuperación económica. Con las elecciones presidenciales y la Cumbre Islámica celebrada en Teherán en 1997, el país ha iniciado una época de menor aislamiento económico y diplomático.

 L'Iran se classe maintenant dans la tranche inférieure des pays à faible revenu, avec un PIB de 82 milliards de dollars EU, soit 1 300 dollars par habitant (chiffres de 1996). Sa population, qui a doublé en 20 ans, compte environ 61 millions d'habitants. Le taux de croissance démographique, qui atteignait 3,2 pour cent entre 1977 et 1986, est depuis tombé à environ 1,6 pour cent grâce à une politique active de planification familiale. La croissance du PIB, estimée à 4,2 pour cent en 1995/96, a atteint en 1996/97 son taux le plus élevé depuis cinq ans, 5,2 pour cent27 , essentiellement grâce au cours élevé du pétrole en 1996. Le tassement du prix du pétrole devrait entraîner un ralentissement de la croissance en 1997/98.
 

MAPA 8
LA REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN
 

 El Irán es actualmente un país de ingresos medianos bajos, con un PIB de 82 000 millones de dólares y un PIB per cápita de 1 300 dólares (cifras de 1996). Tiene una población cercana a los 61 millones de habitantes, que se ha duplicado en el lapso de 20 años (el crecimiento medio de la población fue muy elevado –el 3,2 por ciento– durante el periodo 1977-1986, pero gracias a una decidida política de planificación familiar ha disminuido hasta el 1,6 por ciento). Según las estimaciones, el PIB aumentó el 4,2 por ciento en 1995/96 y el 5,2 por ciento en 1996/9726, la cifra más elevada de los últimos cinco años, gracias principalmente a los elevados precios del petróleo en 1996. Se prevé que las reducciones de precios del crudo registradas posteriormente originarán una desaceleración del crecimiento en 1997/98.
 

FIGURA 34
IRÁN: SUMINISTROS Y CONSUMO INTERNOS DE CEREALES
 

 En 1996, la producción de petróleo, de 3,7 millones de barriles diarios, aportó el 16 por ciento del PIB y casi el 80 por ciento de los ingresos de exportación. Se están comenzando a explotar nuevos yacimientos marinos de gas, producto que reviste cada vez mayor importancia. El Gobierno tiene el propósito de reducir la dependencia de la economía respecto del sector de hidrocarburos, y la vulnerabilidad a los movimientos de los precios de petróleo, promoviendo el desarrollo de otros sectores, en particular la agricultura.

 Tras la revolución y la guerra contra el Iraq, que exigió adoptar políticas de urgencia, el Gobierno comenzó a aplicar un modelo económico que combinaba el objetivo de conseguir la autosuficiencia con los de la liberalización y promoción del sector privado. Se inició un primer plan quinquenal de reconstrucción (1989/90 a 1993/94), encaminado a aumentar la producción y la autosuficiencia de todos los productos estratégicos, elevar la productividad en sectores económicos clave y fomentar el sector exportador de productos distintos del petróleo. La liberalización económica se impulsó en el marco de un programa de ajuste estructural nacional que incluía un conjunto de medidas como la corrección de las distorsiones de precios, la flotación del tipo de cambio y la promoción del sector privado. Durante este período, la economía del Irán creció a un fuerte ritmo y ello permitió alcanzar en buena medida los ambiciosos objetivos cuantitativos del plan.

La deuda externa y el servicio de la deuda siguen siendo problemas económicos graves para Irán, a pesar de que la situación no es tan crítica como a comienzos de los años noventa.
 Se ha aprobado un nuevo plan para el período 1994/95-1999/2000, que al igual que el anterior ha establecido ambiciosos objetivos de crecimiento. El plan confirma la decisión de liberalizar el mercado (impulsando la privatización y reduciendo la participación del Estado en las operaciones comerciales) y la pérdida de importancia del sector petrolero en favor de otros sectores. En el plano exterior, prevé la adopción de un tipo de cambio flotante, unificado y regulado, la simplificación de los procedimientos aduaneros y unos aranceles que al tiempo que protejan a los productores nacionales permitan mantener la ventaja comparativa internacional. En el sector financiero, el objetivo del plan consiste en mantener un crecimiento de la masa monetaria que no favorezca la inflación, con una serie de medidas referentes a los incentivos del ahorro y la racionalización de los intereses bancarios, la emisión de bonos del Tesoro y el fomento de la participación del sector privado. Por último, el plan formula la reforma del sistema impositivo y su administración, con la introducción de un sistema de impuestos sobre el valor añadido y la supresión de las subvenciones (creando al mismo tiempo redes de seguridad y mecanismos de ayuda para los grupos vulnerables).

 La deuda externa y el servicio de la deuda siguen siendo problemas económicos graves, a pesar de que la situación no es tan crítica como a comienzos de los años noventa. En 1993, se llevó a cabo una importante renegociación, que permitió convertir la deuda a corto plazo en obligaciones a medio y largo plazo. El Gobierno se comprometió en un ambicioso plan de servicio de la deuda, con unos reembolsos que algunos años eran superiores a los 5 000 millones de dólares. Este esfuerzo obligó a una política de austeridad presupuestaria y desencadenó presiones para frenar o invertir el proceso de liberalización. En efecto, se fijó nuevamente el tipo de cambio y se impuso una estricta reglamentación de las importaciones, con las consiguientes repercusiones negativas sobre la industria nacional. La factura de las importaciones, que en 1991-1992 ascendió a 26 000 millones de dólares, se redujo en 1995-1996 a un nivel ciertamente austero, de unos 13 000 millones de dólares.

 El Irán ha conseguido progresos importantes en materia de salud, educación y control demográfico durante el último decenio, pero son muchos los problemas socioeconómicos que todavía hay que resolver. Se estima que el 17 por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza (el 12,2 por ciento en los núcleos urbanos y el 26 por ciento en las zonas rurales, según cifras del PNUD). Las estadísticas oficiales indican que entre el 10 y el 14 por ciento de la fuerza de trabajo está desempleada, cifra prudente que subestima el excedente estructural de mano de obra existente en la economía nacional. Pese a las medidas adoptadas para reducir las subvenciones, su peso en el presupuesto nacional sigue siendo considerable.

 El Irán no es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero su eventual adhesión a la Organización ha sido objeto de debate. Para que pudiera materializarse sería necesario acometer profundas reformas, en particular en lo que respecta a la política proteccionista de los precios de los alimentos.

 Las medidas de estabilización han permitido conseguir una notable reducción de la inflación de precios al consumo que, sin embargo, sigue siendo elevada. Durante el período de aplicación del primer plan (1990/91-1994/95), la inflación era del orden del 24 por ciento anual. Después de alcanzar una cota máxima del 50 por ciento en 1995/96, descendió al 23 por ciento en el año que concluyó en marzo de 1997. Las estimaciones más recientes prevén una tasa de inflación del 18 por ciento para los cinco primeros meses del año iraní de 1997/98.

 El Gobierno se vio obligado en 1995 a abandonar la política de mantener un tipo de cambio único flotante, debido a las dificultades de su aplicación, y tuvo que introducir de nuevo, con carácter provisional, un doble tipo de cambio fijo27. El Banco Central sigue siendo un decidido partidario de un tipo de cambio flotante unificado, que se esperaba conseguir para 1999, aunque probablemente requerirá algunos años más.
 

El sector agrícola

La agricultura es un sector económico de gran importancia y potencial de desarrollo y, como tal, se le atribuye una importancia estratégica. Aporta más del 25 por ciento del PIB y un tercio del empleo total y representa también una parte sustancial de los ingresos de exportación (900 millones de dólares en 1996, es decir, un tercio de las exportaciones totales de productos distintos de petróleo).
 La población del Irán está en buena medida al margen de la inseguridad alimentaria, al disponer de un aporte energético del orden de 2 900 calorías por persona y día; casi el 80 por ciento de las necesidades de alimentos se cubren con productos de fabricación nacional.
Con un aporte energético del orden de 2 900 calorías por persona y día, cabe considerar que la población del Irán está en buena medida al margen de la inseguridad alimentaria28. Casi el 80 por ciento de las necesidades de alimentos y el 90 por ciento de las necesidades agroindustriales se cubren con productos de fabricación nacional.

 Durante los dos últimos decenios, la política agrícola se ha encaminado a fortalecer la actividad agraria para aumentar la autosuficiencia alimentaria y conseguir fuentes más diversificadas de divisas, reduciendo la vulnerabilidad a las fluctuaciones del precio del petróleo. Estos objetivos generales contenidos en los planes de desarrollo anteriores forman parte también del tercer plan y de la estrategia que está elaborándose para los próximos 25 años. Una de las principales metas consiste en alimentar a 100 millones de habitantes en el año 2023 (año islámico iraní 1400) mediante productos alimenticios de fabricación nacional.

El gran potencial de los recursos naturales agrícolas. El Irán tiene una superficie total de 1,65 millones de km2. Alrededor de 51 millones de ha  se consideran tierra labrantía, aunque sólo se cultiva el 36 por ciento de esa superficie. El país posee una gran diversidad de condiciones climáticas, que dan lugar a la existencia de zonas áridas (la llanura central y la costa meridional), semiáridas y mediterráneas (las provincias occidentales y septentrionales) y muy húmedas (el mar Caspio). Tiene una gran riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad, con un número total de especies vegetales mayor que el del conjunto de Europa. Los bosques abarcan 11,4 millones de ha, a pesar de que se ha producido una importante deforestación (se han perdido más de 5 millones de ha  desde 1960) y las praderas naturales, los pastizales, las montañas y el desierto ocupan 90 millones de ha  (el 54,6 por ciento del territorio nacional). La pesca es una actividad económica relativamente marginal, pero tiene una gran tradición y potencial exportador, gracias a los recursos combinados del mar Caspio (caviar), el mar de Omán y el golfo Pérsico.

Casi dos tercios de las aguas superficiales utilizables se destinan al riego agrícola, mientras que las aguas subterráneas se explotan al máximo, dentro del margen de seguridad.
 En gran parte, los 51 millones de ha  de tierra cultivable están ocupados por pastos (32,5 millones de ha ). Casi 8,8 millones de ha  están bajo riego29, mediante sistemas tradicionales y modernos, mientras que las tierras de secano cubren 9,7 millones de ha. En conjunto, los suelos iraníes no son muy fértiles. Los de las llanuras y los valles en los que se ubican las principales zonas agrícolas están afectados en grado diverso por los fenómenos de la salinidad y/o anegamiento y los de las mesetas tienen un bajo contenido de materia orgánica. Sólo los suelos de la cuenca del Caspio tienen un contenido elevado de materia orgánica.

 Casi dos tercios de las aguas superficiales utilizables se destinan al riego agrícola y a otros usos, mientras que las aguas subterráneas se explotan al máximo, dentro del margen de seguridad, aunque recientemente ha empezado a descender el nivel del manto freático. La eficiencia en la utilización del agua de riego es baja, del orden del 30 por ciento30, y ello constituye una limitación importante para conseguir aumentar la producción y la productividad.
 

CUADRO 8

Producción, importaciones  y consumo de determinados productos, 1985  y 1995

 
 
Trigo
Todos los
cereales
 Cultivos
oleaginosos
Légumes
Frutas
(millones de t)
Producción
 
 
 
 
 
1985 
6
10.2
0.36
4.2
8.6
1995
11.2
16.3
0.55
6.3
13.4
 
Importaciones
 
 
 
 
 
1985
5.2
7.8
-
-
-
1995
3.1
5.8
-
-
-
 
 (kg/año/per cápita)
Consumo
 
 
 
 
 
1989
166
197
-
66.3
130
1995
173 
211
79.6 
164 

 Las políticas agrícolas: objetivos ambiciosos y problemas ambientales.  La actividad agrícola es competencia de dos ministerios diferentes: el Ministerio de Agricultura tiene a su cargo el subsector de los cultivos (que representa aproximadamente el 57 por ciento de la producción agrícola) y el Ministerio de Jihad e Sazandeghi que se ocupa de la ganadería (40,8 por ciento), la silvicultura (1,5 por ciento) y la pesca (0,5 por ciento), así como del desarrollo rural y la ordenación de las cuencas hidrográficas. El Gobierno apoya activamente al sector rural y la producción agrícola desde 1979. Dos elementos clave de esta estrategia son los precios garantizados de determinados cultivos y productos y un fuerte apoyo al desarrollo rural, que ha beneficiado a millares de aldeas.

 Durante el último decenio, el ritmo de crecimiento de la producción de alimentos ha sido más alto que el de la población, y ello ha propiciado un aumento importante del consumo per cápita y ha permitido conseguir en términos generales los objetivos del primer plan. En ese mismo período también se ha alcanzado un incremento importante de los rendimientos medios.

 El país ha conseguido aumentos constantes de la autosuficiencia, que en 1997 se estimaba en el 80 por ciento para el trigo, el 90 por ciento para las proteínas de origen animal y el 100 por ciento para los productos avícolas, la leche y el queso. Los precios al productor garantizados y remuneradores para los principales productos han sido el principal instrumento para obtener esos resultados31.

 Pese a que se ha registrado una reducción sustancial de las importaciones de productos alimenticios, las importaciones agrícolas representan una parte importante, y creciente, del volumen total de exportaciones e importaciones. En el período 1989-1991, representaron el 15 por ciento de las importaciones totales; descendieron al año siguiente, pero aumentaron al 27,2 por ciento en 1995. El valor de dichas importaciones absorbió el 16,7 por ciento del valor total de las exportaciones en 1989-1991, y el 18,9 por ciento en 1995.

El trigo es el principal producto del sistema de la alimentación y agricultura en Irán.
El trigo, que aporta el 40 por ciento de la energía y el 45 por ciento de las proteínas, es el principal producto del sistema de la alimentación y agricultura. Para aumentar la producción de este cultivo, el Gobierno puso en marcha en los años ochenta una programa nacional del trigo, que incluía entre otras medidas precios de compra garantizados, subvenciones a los insumos, servicios de investigación y extensión y subvenciones a los consumidores para la harina y el pan. También se ofreció una subvención oficial indirecta mediante la subvención de los precios de la energía y los servicios de transporte y maquinaria, y del crédito. Ese conjunto de medidas se tradujo en un incremento de la producción, que casi se duplicó, pasando de 6 millones de toneladas en 1989 a 11,2 millones en 1996. Al mismo tiempo, también aumentaron significativamente los rendimientos medios de las zonas de regadío, de 2 t/ha a más de 3. La productividad y la producción han aumentado en niveles similares en el caso del arroz, la cebada y la papa32, y la superficie dedicada a los cultivos perennes ha continuado incrementándose (hasta alcanzar 2,7 millones de ha ), consolidando la tradición exportadora del Irán de pistachos, uvas, dátiles, manzanas y cítricos.

 Tras un período de crecimiento moderado en los años setenta, la producción de frutas y hortalizas recibió una mayor atención y experimentó un notable incremento. Durante el último decenio, la producción frutícola creció el 239 por ciento, y, dentro de ella, la de cítricos el 769 por ciento y la de anacardos el 294 por ciento. La producción hortícola abarca ahora 1,6 millones de ha  (el 10 por ciento de la tierra cultivada), de las cuales 1,2 millones de ha están dedicadas a los árboles frutales. Las importantes pérdidas de frutas y hortalizas después de la cosecha siguen siendo un problema muy grave, relacionado con el mal funcionamiento y la deficiente gestión de los sistemas de comercialización. El consumo aparente, del orden de 210 kg per cápita, es similar al europeo.

 Por lo que respecta a los productos de origen animal, la producción de carne y productos lácteos aumentó durante el primer plan el 4,1 por ciento anual. En la actualidad, el Irán tiene una autosuficiencia del 90 por ciento en la disponibilidad de proteínas de origen animal y el 100 por ciento por lo que respecta a la leche y el queso. La producción forestal ha pasado de 1,9 millones de m3 en 1990 a 2,2 millones en 1997 y la producción pesquera aumentó de 315 000 t en 1990 a 389 000 t en 1995. Se estima que el número de pescadores se ha multiplicado por tres, y el de embarcaciones por dos, desde 1986.

 Logros importantes en materia de desarrollo rural. Los esfuerzos que ha realizado durante el último decenio el Ministerio de Jihad e Sazandegi en colaboración con la población rural han beneficiado a casi 15 000 aldeas, en las que se ha producido una mejora importante de las condiciones de vida. En los diez últimos años, se han puesto en cultivo 2,2 millones de ha  de tierras marginales y se han controlado y regulado 13 000 millones de m3 de agua de riego adicional. Además, se han construido 51 000 km de caminos rurales de grava y 11 600 km de caminos rurales asfaltados; se ha llevado la energía eléctrica a 13 700 aldeas, 17 500 aldeas cuentan ahora con sistemas de abastecimiento de agua potable y otras 15 000 disponen de sistemas sanitarios completos; al mismo tiempo, se han desarrollado activamente la educación rural y la extensión agraria para hombres y mujeres.

 El reto de la sostenibilidad. El aumento de la producción de productos alimenticios y agrícolas ha supuesto una explotación cada vez mayor de los recursos naturales. La deforestación y la erosión han alcanzado proporciones alarmantes. Las tierras de pasto soportan un incremento del 50 por ciento del número de animales durante los últimos treinta años y se considera que a causa del sobrepastoreo sólo el 16 por ciento de los pastizales está en buenas condiciones. El pastoreo excesivo y el laboreo de la tierra para la expansión de la agricultura de secano ha ocasionado la pérdida de millones de hectáreas. Con arreglo a las estimaciones correspondientes al período 1986-1992, la deforestación afecta a 200 000 ha  anuales. El 45 por ciento de la tierra cultivable sufre los efectos de la erosión hídrica y el 60 por ciento de la erosión eólica, que causan una pérdida de unas 20 t por hectárea y año de suelo cultivable. La demanda creciente de aguas subterráneas para el riego ha hecho que se multipliquen los pozos y las estaciones de bombeo, lo que ha dado como resultado una peligrosa disminución del nivel del manto frenético. Por otra parte, el aumento de productividad se ha conseguido en buena medida mediante los precios garantizados y grandes subvenciones de los insumos, lo que conlleva distorsiones en el mercado y grandes costos para el Tesoro. Así pues, uno de los problemas fundamentales que debe afrontar el Gobierno es la sostenibilidad económica y ambiental de los rendimientos agrícolas durante los años venideros.

 Desde la formulación del segundo plan se han adoptado medidas para frenar la degradación de los recursos naturales, a través de la reforestación, la protección del suelo y los proyectos de lucha contra la desertificación. También se están aplicando medidas para la conservación de la biodiversidad, por el momento solamente en los espacios protegidos (8 millones ha, el 5 por ciento del territorio). La mejora de la gestión del agua es motivo de gran preocupación y ocupa un lugar importante en el orden de prioridades. Se han eliminado las subvenciones a los plaguicidas y su utilización se ha reducido de forma espectacular (el 75 por ciento) durante los últimos cinco años y los agricultores recurren cada vez más a sistemas de lucha integrada contra las plagas. Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer para controlar efectivamente la degradación de los recursos naturales.

 La política actual del Gobierno hace hincapié en la sostenibilidad del desarrollo agrícola y en una mejor gestión de los recursos naturales, que se esperan conseguir, en particular, mediante la participación de los usuarios de los recursos y los campesinos. El tercer plan, la Estrategia nacional para el medio ambiente y el desarrollo sostenible y la Organización para la Conservación del Medio Ambiente constituyen el marco institucional de la protección ambiental.

Fue durante la guerra con el Iraq cuando las subvenciones adquirieron importancia por primera vez.
 Precios y subvenciones. Los mecanismos de adopción de decisiones en materia de subvenciones son complejos, dado que implican a diversos organismos e instituciones. El Consejo Supremo de Asuntos Económicos, dependiente de la Oficina del Presidente, es la más alta autoridad en los asuntos económicos. Adopta las decisiones relativas a los precios garantizados al productor y las subvenciones en general sobre la base de las propuestas preparadas por la Organización de Planificación y Presupuesto y por la Oficina de Asuntos Agrícolas y Desarrollo Rural, en coordinación con la Oficina para la Protección de los Consumidores y Productores y el Ministerio de Agricultura. A continuación, se someten al Parlamento, que las rechaza, aprueba o modifica antes de su incorporación al presupuesto anual.

 Fue durante la guerra con el Iraq cuando las subvenciones adquirieron importancia por primera vez, ya que esa situación requirió iniciativas excepcionales para garantizar un suministro de alimentos equitativo y un nivel de vida mínimo. Desde entonces, el Gobierno mantuvo un importante programa de subvenciones para los consumidores y productores de productos agropecuarios. Los productores se beneficiaban de precios garantizados para sus productos, sobre la base de las estimaciones de los costos medios de producción nacional, que les aseguraban un margen de beneficios considerable, y al mismo tiempo, los precios de los alimentos al consumidor se mantenían más o menos constantes en términos reales. En el presupuesto de 1993, el costo de la subvención de los productos básicos alcanzó 2,4 billones de rials, suma equivalente al 9,4 por ciento de los ingresos estimados del Estado y al 2,5 por ciento del PIB previsto33.
En la actualidad, los productos de consumo subvencionados son el pan, el azúcar, la leche, el queso, la carne, el té, el aceite vegetal y el arroz; y se conceden subvenciones al productor respecto de las semillas mejoradas y diversos insumos agrícolas. También se benefician de las subvenciones oficiales otros sectores como el petróleo y la electricidad.34
 

CUADRO 9

Precios al productor garantizados, 1991/92  a 1997/98

 
 
1991/92
1992/93
 1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
(rials/kg)
Trigo
130 
150 
225 
 260
330
410
480
Arroz
500
550
715
900
950
1 180
1 400
Cebada
115
115
173
210
255
317
387
Remolacha
26
27
52
62
78
97
125
Papas
78
78
117
135
140
174
210

Fuente: Gobierno de la República Islámica del Irán, Ministerio de Agricultura.
 
 

CUADRO 10

Cantidades  y precios de los principales productos alimenticios subvencionados

 
 
Subvencionados, cantidades
Precios
1995/96
1996/97
1995/96
1996/97
(miles de t)
(rials/kg)
Harina de trigo
9 300 
9 400
62
93
Arroz
280
297
100
300
Azúcar
340
346
27
100
Aceite comestible
222
223
60
300
Carne roja
53
54
750
1 000
Queso
15
24
450
1 000
Total
10 210
10 344
 
 

Fuente: Organización para la Protección de los Consumidores y Productores, citado por el FMI.
 

 Se había previsto eliminar todas las subvenciones a los alimentos, incluso las concedidas anteriormente a los productos y alimentos básicos, durante los primeros años de aplicación del segundo plan, de forma que durante los dos últimos años no se pagaría subvención alguna35. Pese a ello, lo cierto es que se mantuvieron para una serie de alimentos básicos y en algunos períodos el Parlamento incluso reimplantó el elevado nivel de las subvenciones aplicadas a algunos productos en 1992. Durante los últimos años se han vuelto a adoptar algunas medidas para reducirlas. En 1997, las subvenciones a los alimentos autorizadas representaron el 1,8 por ciento del presupuesto36. En 1995/96 registraron un aumento del 22 por ciento y en 1996/97 del 12,7 por ciento, a los precios corrientes.

 El problema reside básicamente en el trigo, cuya comercialización está controlada casi totalmente por el Estado, y que representa el 70 por ciento de las subvenciones a los alimentos. En 1995/96, el precio pagado al productor por 1 kilogramo del trigo era de 330 rials, mientras que el precio al consumidor de la harina de trigo era de 62 rials por kg37. El Estado, además de esa diferencia de precios, sufragaba todos los costos intermedios adicionales, como la comercialización, el transporte, elaboración, almacenamiento, pérdidas, administración, etc. Para los restantes productos principales, existen dos mercados diferentes: el de las raciones subvencionadas y el mercado libre. Gradualmente, se están adoptando medidas para reducir la gran diferencia existente entre los precios al productor y al consumidor en el caso de los productos alimenticios subvencionados. En 1996/97, los precios al consumidor registraron un aumento importante: el del trigo pasó de 62 a 93 rials/kg, el del arroz de 100 a 300 rials/kg, el del azúcar de 27 a 100 rials/kg, el de los aceites comestibles de 60 a 300 rials/kg, el de la carne roja de 750 a 1 000 rials/kg, y el del queso de 450 a 1 000 rials/kg.38

Uno de los efectos negativos de las subvenciones ha consistido en la utilización indiscriminada de plaguicidas y fertilizantes, que ha sido una de las causas importantes de la degradación ambiental.
 Uno de los efectos negativos de las subvenciones ha consistido en la utilización indiscriminada de plaguicidas y fertilizantes a bajo precio, que ha sido una de las causas importantes de la degradación ambiental39. Al mismo tiempo, la expansión de la tierra cultivada, que fue favorecida por los precios garantizados, contribuyó a la deforestación, la degradación de los pastizales y la erosión del suelo. Más recientemente, son sobre todo la carga creciente que suponen para el presupuesto, la disfunción de la administración y las distorsiones del mercado que provocan las subvenciones (así como los retrasos acumulados en la aplicación del plan) las razones principales que inducen al Gobierno a eliminarlas. Otro factor importante es el de la equidad, pues las subvenciones no se orientan en función de criterios sociales, a pesar de que las cifras oficiales indican unos niveles de subvenciones a los alimentos per cápita más o menos iguales para las zonas rurales y urbanas.

 Los precios al consumo continúan siendo una cuestión muy sensible, especialmente para los grupos más vulnerables. Aunque uno de los objetivos del segundo plan era reducir drásticamente las subvenciones, la preocupación política que suscita un aumento acusado de los precios de los alimentos ha frenado por el momento este proceso y, en lugar de reducirse, las subvenciones se han estabilizado en términos reales, aumentando al mismo ritmo que la inflación. Actualmente, se tiene el propósito de acelerar el proceso reduciendo la lista de productos comprendidos. La secuencia consistirá en reducir primero las subvenciones a los insumos productivos, para recortar posteriormente las diferencias entre los precios al productor y al consumidor. Lo más probable es que se mantengan las subvenciones a los consumidores y los precios garantizados durante un período de tiempo indeterminado, al menos para productos básicos como el trigo, pues la supresión total de las subvenciones supondría abandonar los precios garantizados y los objetivos en relación con la autosuficiencia alimentaria.

 El régimen de tenencia de la tierra y la reforma agraria. El Irán ha puesto en práctica dos reformas agrarias, antes y después de la revolución islámica, que han transformado profundamente los sistemas de tenencia de la tierra y de producción.

A fines de la reforma de 1962-1972, las pequeñas explotaciones agrícolas familiares se habían convertido en la estructura productiva proponderante del Irán.
 Antes de la reforma de 1962-1972, la mayor parte de la tierra era propiedad de terratenientes y la trabajaban los campesinos en régimen de arrendamiento. Casi 2 millones de agricultores carecían de tierra en propiedad pero tenían derechos de cultivo en régimen de aparcería o mediante contratos fijos de arrendamiento a corto plazo. Frecuentemente, se organizaban en grupos colectivos tradicionales denominados boneh (formaban equipos de producción o se dedicaban al mantenimiento de la infraestructura colectiva, a la explotación de tierras comunales, etc.). Otros 2 millones de campesinos eran trabajadores sin tierra y sin derechos de cultivo. A la conclusión de la reforma (que se llevó a cabo en tres fases durante un lapso de diez años), alrededor de 1,8 millones de agricultores habían adquirido tierras en propiedad y la estructura productiva dominante era la pequeña explotación agrícola familiar, en que el 83 por ciento de las explotaciones tenían una extensión de menos de 10 ha . La reforma fomentó también la aparición de nuevos grupos sociales y formas de propiedad de la tierra, incluso agricultores ricos y explotaciones capitalistas privadas orientadas a la obtención de beneficios (el 13 por ciento de los hogares rurales y el 40 por ciento de la tierra), empresarios agrícolas con capital internacional, empresas agrícolas del Estado basadas en planes agroindustriales en gran escala y empresas agrarias, y cooperativas de producción. Por otra parte, la reforma dejó a 1,9 millones de trabajadores agrícolas sin tierra sin acceso a la propiedad, ya que se centró en los campesinos que ya tenían derechos de cultivo. Ello conllevó una mayor estratificación socioeconómica en las zonas rurales e hizo imposible acabar con la emigración a las zonas urbanas, tal como pretendía la reforma (se estima que 2 millones de personas abandonaron el medio rural entre 1962 y 1965).

 En marzo de 1980, el Consejo Revolucionario Islámico aprobó una ley que disponía la redistribución de las grandes propiedades. En el marco de la Ley de Reforma Agraria revolucionaria, se había clasificado en tres categorías, cada una con una reglamentación específica, la tierra susceptible de confiscación y redistribución. Las tierras confiscadas de las dos primeras categorías40, integradas por los pastizales y otros recursos naturales, así como los grandes latifundios, se situaron bajo el control del Estado, para su posible distribución y para la concesión de derechos de cultivo. La tercera categoría estaba formada por tierras cuya extensión media era más de tres veces mayor que la de las explotaciones locales de subsistencia (si la explotación agrícola media de una región determinada tenía una extensión de 5 ha, las propiedades de más de 15 ha podían ser confiscadas). No surgieron dificultades importantes para la aplicación de la reforma en las dos primeras categorías, pero se suscitaron fuertes reacciones y polémicas con respecto a la tercera (a la que se refería el artículo J de la Ley Agraria). Algunas autoridades religiosas se opusieron a ella afirmando que no se ajustaba a los principios de la ley islámica. Se invocó el concepto islámico de «propiedad de la tierra restringida pero legítima» para impedir una excesiva confiscación (era necesario impedir que se produjera una acumulación de riqueza, pero al mismo tiempo había que garantizar la propiedad personal como incentivo legítimo a la producción). Finalmente, se suspendió la aplicación del artículo J de la Ley. La suspensión está vigente todavía y el Consejo de Custodios se opuso en 1986 a la introducción de nuevas reformas más radicales propuestas por el Parlamento, invocando la «santidad de la propiedad en virtud de la ley islámica».

 Los comités de siete miembros (inicialmente un órgano revolucionario independiente, pero que desde 1984 se integró en el Ministerio de Agricultura), del que formaban parte representantes de los agricultores y del Tribunal Islámico, tenían, entre otras, la responsabilidad de gestionar y transferir la tierra que podía ser objeto de confiscación y distribución. Los comités se encargaban también de promover un nuevo sistema cooperativo llamado moshaa y de los asuntos de desarrollo rural relacionados con la reforma agraria. Las tierras confiscadas se entregaron a campesinos sin tierra y a pequeños agricultores cuyas parcelas tenían una extensión inferior a la media de sus distritos, así como a diplomados de escuelas agrarias. Según la región, la superficie distribuida oscilaba entre 1 y 15 ha. Hasta 1991 se redistribuyeron cerca de 1,2 millones de ha  entre unas 230 000 familias campesinas41. La base de la redistribución no fue la propiedad individual del suelo, sino la concesión de derechos de cultivo, no transferibles, de manera que la tierra debía ser devuelta si no se cultivaba. Simultáneamente, el Gobierno promovió y respaldó entre los agricultores la creación de un nuevo tipo de cooperativas de tamaño mediano denominadas moshaa. Comprendían, por término medio, de 20 a 60 ha  y estaban constituidas por 5 a 15 familias campesinas, sobre la base del principio del cultivo colectivo (la propiedad de la explotación se dividía entre un grupo de agricultores en parcelas del mismo tamaño, pero no se establecían los límites entre las distintas parcelas). Se crearon unas 13 000 moshaa, que agrupaban a unas 100 000 familias de agricultores, y que se concibieron con la finalidad de favorecer economías de escala y canalizar servicios de apoyo del Estado, tales como crédito, asistencia técnica y servicios de tractores y maquinaria subvencionados, así como equipo de bombeo de agua. Hoy en día son un sector importante del campesinado, pero el cultivo colectivo de la tierra ha ido dejando paso a los sistemas individuales. Se estima que casi el 80 por ciento de la tierra que integraba anteriormente las moshaa se ha dividido informalmente entre los miembros de las cooperativas para el cultivo individual o se ha distribuido entre dos o tres familias que practican la agricultura conjunta.

Por lo que respecta a la tenencia de la tierra, el elemento dominante en el Irán es la pequeña explotación agrícola familiar: el 96 por ciento de las fincas son explotadas por sus propios dueños.
 Por lo que respecta a la tenencia de la tierra, el elemento dominante en el Irán es la pequeña explotación agrícola familiar. El 96 por ciento de las fincas son explotadas por sus propios dueños, el 80 por ciento de ellas tienen menos de 10 ha  de extensión y el 66 por ciento menos de 5. Las explotaciones de más de 10 ha  forman el sector «moderno», de donde proviene, según las estimaciones, el 80 por ciento de los alimentos que se venden en los mercados. Las confiscaciones de tierra realizadas al amparo del artículo J en el período posrevolucionario sembraron la incertidumbre entre los grandes y medianos terratenientes, y supusieron un freno en sus proyectos de arrendar la tierra e invertir en sus propiedades. También la fragmentación de la tierra plantea un problema: en promedio, en cada explotación existen 15 parcelas, con una extensión media de 2 ha. Esta situación dificulta el aumento de la productividad y la prestación de servicios de apoyo.
 
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Fijación de dunas de arena para evitar la erosión
La fijación del suelo con plantas resistentes a la sequía puede ayudar a proteger los sistemas de riego y las vías de agua frente a los efectos nocivos de la erosión y la sedimentación
 

Los recursos hídricos y el riego. En el Irán, las precipitaciones no superan en promedio los 250 mm anuales y la mayor parte del territorio recibe menos de 100 mm. Los recursos hídricos se destinan sobre todo al riego: los usos agrícolas, el abastecimiento de agua para los hogares y los usos industriales absorben respectivamente el 95, el 4 y el 1 por ciento del consumo nacional de agua. Sin embargo, sólo se cultiva el 36 por ciento de la tierra labrantía, y es la escasez de agua el principal factor que limita la expansión de las zonas cultivadas y el aumento de los rendimientos.

 Se estima que los recursos totales de aguas superficiales ascienden a 105 000 millones de metros cúbicos, de los que 6 400 proceden de los países vecinos y de los ghanats (sistema tradicional iraní de acueductos para el transporte de aguas subterráneas) y 5 400 de manantiales. El volumen de agua superficial económica y técnicamente utilizable asciende a unos 63 000 millones de m3 anuales, de los cuales se utilizan unos 40 000 millones.

 Según las estimaciones, el volumen total de los recursos hídricos subterráneos es de 46 600 millones de m3, y el volumen neto disponible para el consumo de 37 000 millones. La explotación excesiva, debida a la multiplicación de los pozos y estaciones de bombeo, ha hecho disminuir el nivel del manto freático en todo el país. Esta situación alarmante ha exigido imponer restricciones y regulaciones a nivel local, y la reposición de los recursos subterráneos ha pasado a ser motivo de inquietud general.

 Los recursos hídricos están desigualmente distribuidos: el 30 por ciento de las aguas superficiales se concentran en una provincia (Khuzestán), mientras que muchas otras provincias muy pobladas explotan totalmente los escasos recursos disponibles. También los caudales estacionales y anuales de los ríos son muy irregulares y para asegurar la utilización de las aguas superficiales es necesario construir instalaciones de almacenamiento de agua. A finales de 1995 existían 31 grandes embalses y en los próximos años se pondrán en funcionamiento otros 15.

 De la superficie cultivable total, un tercio aproximadamente (8,8 millones de ha ) se riega mediante sistemas modernos o tradicionales. En la actualidad, la tasa de eficiencia en la utilización del agua de riego es en promedio el 30 por ciento (la media mundial se sitúa en el 45 por ciento): de los 14 600 m3 de agua que se consumen en promedio por cada hectárea irrigada, sólo 4 600 son utilizados realmente por los cultivos. Conseguir una mayor eficiencia en la utilización del agua es, pues, un desafío importante para los iraníes y figura como uno de los objetivos prioritarios del segundo plan quinquenal. Los tres ministerios involucrados en la ordenación de los recursos hídricos para la agricultura (el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Jihad y el Ministerio de Energía y Recursos Hídricos) están coordinando sus iniciativas para formular un programa que permita conseguir una eficiencia de entre el 40 y el 45 por ciento en los próximos 20 años.

 Es necesario abordar dos cuestiones de forma paralela: el problema técnico de la eficiencia del riego; y el de la gestión del riego, relacionado con la potenciación de las asociaciones de regantes y con la intensificación del cultivo.

 Desde el punto de vista técnico, se está haciendo un esfuerzo importante para fomentar la utilización de sistemas de riego a presión, para lo cual el país posee la capacidad de ingeniería necesaria. Se está desarrollando este tipo de sistemas sobre la base del riego por aspersión, el riego por goteo y el microrriego (el riego por aspersión alcanza una eficiencia en el uso del agua de entre el 70 y el 75 por ciento y en los sistemas de riego por goteo y de microrriego que ya existen en el Irán la eficiencia es del 90 por ciento). En el momento presente, estos sistemas se utilizan ya en una extensión de 250 000 ha  y se pretende aumentar esa superficie en 100 000 ha  anuales hasta alcanzar 1 millón de ha. La industria nacional, principalmente el sector privado, ya es plenamente operativa en lo que respecta a la producción del equipo de riego a presión.

 En cuanto a la mejora de la gestión del riego, la labor se centra especialmente en la potenciación de las asociaciones de regantes y su participación en la gestión de los recursos. Se estima que actualmente la participación y organización a cargo de los usuarios es ya adecuada en una extensión de 600 000 ha  de tierras de regadío. Se está preparando una reglamentación para los 1,2 millones de ha  en los que se aplican los sistemas modernos de riego, con el fin de mejorar la utilización del agua y reducir las pérdidas. Una de las opciones para mejorar el rendimiento de los sistemas modernos de riego consiste en transferir a los usuarios la responsabilidad de su organización y su gestión.
 

Observaciones finales

La planificación estratégica del Irán en materia de agricultura y alimentación sigue estando firmemente asentada en el principio de la autosuficiencia.
 La liberalización, que es la vía elegida para conseguir una mayor sostenibilidad y eficiencia económicas, supone abandonar las políticas proteccionistas y eliminar las subvenciones. Aunque se ha expresado claramente la voluntad política de introducir ese cambio, la reacción de los productores y los consumidores es un problema delicado, especialmente en el actual contexto de austeridad. La cuestión de mantener o suprimir las subvenciones agrícolas está vinculada también a la de la autosuficiencia. Tal vez llegará el momento en que se analizarán el costo de oportunidad y la conveniencia económica de mantener unas subvenciones agrícolas elevadas, así como el concepto de autosuficiencia, como procedimiento más adecuado para garantizar la seguridad alimentaria.
 

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