Basado en un informe presentado a la FAO per la Dirección General de Montes, Gaza y Pesca Fluvial del Ministerio de Agricultura, Madrid.
En líneas generales, cabría dividir a España en dos grandes zonas climáticas, separadas por otra intermedia, matizada no sólo por una u otra influencia, sino por modificaciones locales de altitud, suelo y topografía. Existe así una España típicamente mediterránea, fundamentalmente xerófila, y otra puramente atlántica húmeda y con características análogas a las que influyen en la composición de los bosques de latitudes superiores o sometidos a un clima de precipitaciones elevadas. Las provincias de Murcia y Almería, de una parte, y las de Pontevedra, Asturias o Santander, de la otra, abarcan esta diversidad entre cuyos extremos cabe como zona intermedia la extensa región de las dos Castillas, Extramadura y otras provincias, con condiciones no tan extremadas en punto a pluviosidad.
En armonía con estas amplias divisiones climáticas, existen por lo menos tres tipos fundamentales de vegetación, que exigen una variedad correspondiente de tratamientos y métodos silvícolas y que, en realidad, han dado origen a sistemas distintos de propiedad jurídica de los montes, a causa de las distintas condiciones de orden regional, económico y social. Ello obliga a dar a la política forestal nacional una flexibilidad que permita su adaptación a los distintos recursos y condiciones en que va a aplicarse.
Política general
España es deficitaria en toda clase de maderas aunque existe un excedente de otros productos, como la resina, el corcho y el esparto, que pueden abastecer a los mercados de exportación.
La renta maderera española puede calcularse actualmente en unos 2,8 millones de m.³, pudiéndose cifrar sus necesidades de esta forma:
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Millones de m.³ |
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Madera de construcción |
1,30 |
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Madera para minas |
1,00 |
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Madera para transportes |
0,35 |
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Madera para papel |
0,50 |
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Madera para postes |
0,40 |
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Madera para envases |
0,60 |
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Aplicaciones diversas |
0,15 |
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Total |
4,30 |
Es lógico, pues, que la política forestal general se encuentre dirigida por estas consecuencias y que tienda, por tanto, a nivelar el balance desfavorable por medio de las dos soluciones que más directamente pueden contribuir a tal fin, o sea, merced a la repoblación de los terrenos improductivos y aumentando la renta en especie de las superficies pobladas, sin suponer por ello que pueda aspirarse a un autoabastecimiento completo de madera, ya que existen especies imposibles de aclimatar en las condiciones españolas de estación y cuya importación será siempre precisa.
El principio fundamental de la política forestal quizás sea la repoblación de los predios desarbolados y los problemas son distintos según la región geográfica. En el Norte, Noroeste e incluso en la faja atlántica, próxima a la frontera meridional de Portugal, las circunstancias estacionales permiten la repoblación con especies de crecimiento rápido que hacen factible la colaboración del interés privado con la iniciativa estatal al significar prontos y ricos rendimientos a las inversiones de capital.
No ocurre igual en las comarcas xerófilas de la costa mediterránea o en las zonas centrales de la península, donde no es fácil aclimatar otras especies que los pinos y robles tradicionales, cuyo lento desarrollo excluye las rentas inmediatas a la inversión de capital. Así, pues, en estas regiones de clima hostil los propietarios muestran una marcada preferencia por el aprovechamiento pecuario de los imantes, en lugar de dedicarlos al cultivo de árboles nuevos, con sus graves consecuencias sobre la degradación de los suelos y la aparición de los fenómenos torrenciales; pero, no obstante, el Estado procura vencer estas resistencias de los terratenientes a la tarea repobladora ofreciendo alicientes especiales.
El aumento de la posibilidad de los montes en explotación implica la creciente necesidad de someterlos a planes dasocráticos. Son ya muchos los montes españoles sujetos a planes de ordenación, pero los restantes aún dependen en su aprovechamiento de planes provisionales, redactados por técnicos de la Administración. Recientemente se ha observado una tendencia a pasar de estos planes provisionales a otros adecuados de trabajo, destinados a la conservación y constante mejora de los bosques.
El interés del Estado no se detiene en la repoblación y en el incremento de la producción. La Administración fomenta el estudio y resolución de otros muchos problemas, como la corrección de torrentes y ramblas (forma especial y típica de torrentes que es frecuente en las comarcas orientales de la nación), la corrección de aludes, la fijación de terrenos inestables, el equilibrio entre la ganadería y los montes, la protección de las cabeceras hidrográficas, la construcción y mejora de las vías de saca, la lucha contra las plagas, la defensa contra incendios, la capacitación del personal profesional, la investigación y el mejor aprovechamiento de los productos forestales.
Administración
De los 25 millones de hectáreas que, en realidad, pueden clasificarse como forestales en España (quedando aquí comprendidas las que se hallan o no pobladas de masas arbóreas) sólo algo menos de medio millón pertenecen al Estado. Su conjunto puede distribuirse con arreglo a las cifras siguientes deducidas de los últimos datos estadísticos:
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Montes de utilidad pública |
Ha. |
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Montes del Estado |
453.827 |
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Montes de los pueblos y establecimientos públicos |
5.834.194 |
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Total |
6.288.021 |
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Montes de régimen privado |
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Montes de libre disposición de los pueblos |
1.504.566 |
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Montes de propiedad particular |
16.810.169 |
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Total |
18.314.735 |
Fundamentalmente, la Administración de los montes de España se halla ligada al Ministerio de Agricultura de la nación, a través de la Dirección General de Montes Caza y Pesca Fluvial. De ella dependen directamente los siguientes Servicios Especiales y Secciones: Propiedades, Personal, Repoblaciones, Economía y Estadística Aprovechamientos y Ordenaciones.
La Dirección General también es jefatura de los 50 Distritos Forestales encargados de las cuestiones de índole forestal en las respectivas provincias. Están ligados directamente a la Dirección General de Montes, el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, máxima institución de la investigación especial, y la Escuela de Ingenieros de Montes, formadora de los profesionales que el Estado necesita para cumplir sus diversos programas. Este último Centro, como todos los relacionados con la enseñanza en España, tiene una cierta dependencia del Ministerio de Educación Nacional.
Otras entidades de dependencia directa de la Dirección General de Montes son las llamadas Divisiones Hidrológico-Forestales, cuya función específica, defensora de las cabeceras de cuencas hidrográficas, se halla relacionada con otros factores económicos, tales como los aprovechamientos hidroeléctricos, regadíos o conservación de los suelos agrícolas.
Paralelamente a la Dirección General de Montes y presidida por el propio Ministro de Agricultura, existe la Dirección del Patrimonio Forestal del Estado, cuyos fines, dada la escasa extensión de la propiedad estatal se proyectan principalmente sobre la tarea repobladora en terrenos desarbolados de propiedad del Estado, o hacia el establecimiento de acuerdos con los dueños de las fincas, regulados por una legislación especial (Ley del Patrimonio Forestal del Estado). Como ya se ha dicho, el Estado colabora en la repoblación por el capital privado, sobre una base cooperativa o facilitando subvenciones en metálico, servicios de asesoramiento técnico, plantas de los viveros oficiales o simplemente semillas.
Como organismo superior a todos los anteriores, existe el Consejo Superior de Montes, cuerpo consultivo y asesor al que se plantean todas las cuestiones de alta trascendencia forestal.
Los fondos de la Dirección General de Montes proceden de los Presupuestos Generales del Estado, pero puede emplear y de hecho emplea, el llamado 10 por ciento de mejoras que se obtiene del importe de los aprovechamientos anuales en los montes de utilidad pública de pertenencia municipal. Las cantidades obtenidas de esta forma se vuelven a invertir en los montes destinándolas a trabajos silvícolas. El Patrimonio Forestal del Estado lo financia, en su mayor parte, una gran subvención del Estado, y, por supuesto, los recursos propios, aunque éstos no son muy considerables.
Algunas actividades de la Administración
La conservación de los suelos forestales se halla garantizada por la ley, que prohibe toda clase de roturaciones que no sean aprobadas por el Ministerio de Agricultura, cualquiera que sea su situación legal de pertenencia. Aparte de otras medidas que contribuyen a la conservación del suelo, existen obras de contención de aludes realizadas en el Pirineo, así como de corrección de torrentes en la misma región y en las vertientes de Sierra Nevada. Un tipo característico de torrencialidad (la «rambla») ha sido sometido a planes de gran importancia y excelentes resultados. También están en marcha trabajos de corrección en los cursos altos de muchos ríos españoles que presentan fenómenos torrenciales pronunciados, y las labores desarrolladas en las cercanías de la ciudad de Málaga, por ejemplo, han puesto a seguro a la ciudad de un peligro periódico de graves inundaciones. Con el fin de perfeccionar la técnica de esta clase de trabajos, existe en el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias una Sección de Hidráulica Torrencial, que cuenta además con una estación de estudio en la zona de Sierra Nevada.
La fijación de los escasos terrenos inestables que posee la península (dunas en el extremo sudoeste del Golfo de Rosas) se ha logrado con éxito y ha dado lugar a importantes repoblaciones, con toda fortuna conseguidas.
En lo que se refiere a la protección de bosques, los Distritos Forestales son los encargados de combatir las plagas, contando para ello con adecuado personal especializado. Con ellos colabora estrechamente el Instituto de Investigaciones Forestales. Desde hace algún tiempo, la Administración se ocupa en dictar una ley relacionada con la prevención y lucha contra incendios, que, aunque de hecho ya existe en las Provincias Vascongadas, habrá de extenderse a la totalidad del país. Este proyecto de ley ha sido objeto de un detenido estudio y es de creer que pueda entrar en vigor en fecha no lejana.
El régimen de cortas es objeto de una fiscalización estrecha considerando primordialmente la sucesiva regeneración de la masa. La Administración también recomienda la adopción de medidas silvícolas que mejoren el estado natural de la masa e incluso la calidad de los productos.
Industrias de productos forestales
Todos los asuntos relacionados con la industria de la madera están regulados por un organismo dependiente de los Ministerios de Agricultura y de Industria, denominado Servicio de la Madera, que se ocupa de la política de precios, las licencias de funcionamiento de las industrias, transportes, distribución y comercio exterior. Son crecientes las actividades dedicadas a la utilización de trozas y desperdicios de aserrío, existiendo industrias de fabricación de tableros de fibra que utilizan tal materia prima.
Además de las de aserrío, existe una floreciente industria del tablero contrachapado, sobre todo en Valencia y Bilbao. Hay instalaciones de destilación en el norte de España y la principal fábrica de material celulósico se encuentra en la provincia de Santander, en el centro de las extensas repoblaciones conseguidas en los últimos años. La industria del papel funciona en Galicia y Vizcaya y se desarrolla progresivamente en otras comarcas.
Sin embargo, algunos de los llamados productos forestales secundarios tienen tanto valor económico, que no cabe extenderlos como secundarios, sino más bien como principales. Por ejemplo, existen unos 18 millones de pinos en resinación, con una producción anual de unos 45 millones de Kg. de miera. Esta miera se desdobla en un 20 por ciento de aguarrás y un 70 por ciento de colofonias, en cuya cifra existe un elevado porcentaje de claras. La importancia de esta industria se ha reflejado en el aumento notorio de fábricas de productos derivados. Un organismo central, Comercial de Resinas, regula las ventas, tanto en el mercado interior como en los internacionales.
El alcornoque, que se manifiesta principalmente en Andalucía y Extremadura, aunque en Cataluña y en otras provincias existen notables masas productoras, es base de otra industria de gran interés para la balanza comercial española.
También el esparto, con una cosecha anual de 1.300.000 quintales métricos, desempeña un enorme papel en la economía del sudeste de España. Se aplica a la industria oleícola y a la fabricación de cuerdas, envases, papel, etc.
Conclusión
La erosión y la protección del suelo, la repoblación de los montes, los mercados de la madera y las industrias que utilizan este producto, dan origen a problemas distintos según las diversas regiones. El correr de la Historia, con sus modificaciones del medio, la destrucción de los recursos naturales y la evolución de las formas de propiedad y colonización han influído profundamente en el panorama del campo español. Por consiguiente, es preciso crear leyes y planes gubernamentales ampliamente concebidos de forma que puedan adaptarse a una diversidad de circunstancias, y esto es lo que persigue la política forestal nacional española de nuestros días.
