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Ecuador | ![]() |
Año: 2015 | Fecha de revisión: 09-2015 | Tipo de revisión: Amazonas recursos hídricos |
Informe regional: | América del Sur, Centroamérica y Caribe |
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Cláusula de exención de responsabilidad |
Ecuador se encuentra situado en el noroeste de América del Sur, limitando al norte y nordeste con Colombia, al sudeste y sur con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Su territorio continental se encuentra entre las coordenadas geográficas 1°28’N y 5°01’S de latitud y los 75°11’ y 81°00’W de longitud. Ecuador también incluye el archipiélago de las Islas Galápagos o Archipiélago de Colón, situado a unos 1 000 km al oeste del país en el Océano Pacífico. Con una superficie total de 256 370 km2, se considera que la superficie cultivable del país es de 10.5 millones de ha, con una superficie cultivada en 2012 de 2.53 millones de ha (1.15 millones de ha de cultivos anuales y 1.38 millones de ha de permanentes) (Tabla 1). Administrativamente el país se encuentra dividido en 24 provincias. La capital es Quito.
La Cordillera de Los Andes divide Ecuador en tres regiones físicas bien definidas:
Debido a su proximidad al ecuador, la mayor parte del país excepto la Sierra, tiene un clima húmedo tropical. Está expuesto a la influencia de las corrientes marinas y de los fenómenos oceánicos del Pacífico, particularmente de la corriente fría de Humboldt, la corriente submarina ecuatorial y la corriente cálida de El Niño que determinan en gran medida el clima y el régimen de precipitaciones en el país, especialmente en la costa y Galápagos. La precipitación media anual del país es de 2 274 mm, siendo la distribución temporal y espacial de la lluvia poco uniforme, constituyendo la razón de las cíclicas y graves inundaciones, especialmente en la costa.
Se pueden distinguir tres regiones climáticas claramente diferenciadas:
En 2013 la población total del país ascendía a 15 738 000 habitantes, de los cuales el 31 por ciento era población rural (Tabla 1). La densidad de población media del país se estima en 61 habitantes/km2. Durante el período 2003-2013, la población creció con una tasa promedio del 1.7 por ciento anual.
En 2012, el 86 por ciento de la población tenía acceso a fuentes mejoradas de agua potable (92 y 75 por ciento en áreas urbanas y rurales respectivamente). La instalación sanitaria mejorada abarca al 83 por ciento de la población (86 y 76 por ciento en áreas urbanas y rurales respectivamente).
En 2012, el Producto Interno Bruto (PIB) ascendía a 84 040 millones de $EE.UU. La contribución de la actividad agrícola al PIB es del 10 por ciento, mientras que en 1992 era del 20 por ciento.
En 2013, la población total económicamente activa es de 7 millones de habitantes o el 47 por ciento de la población total del país. La población total económicamente activa en la agricultura es de 1.3 millones de habitantes (17 por ciento de la población total económicamente activa) de los cuales el 26 por ciento son mujeres.
La precipitación media anual es de 2 274 mm, que suponen 583 km3/año en todo el territorio continental (Tabla 2).
La cantidad de agua disponible en todos los sistemas hidrográficos del país, es de 432 km3/año. El país tiene 31 sistemas hidrográficos de los cuales 24 pertenecen a la vertiente del Pacifico, con una superficie total de 124 644 km2 (49 por ciento) y 7 a la vertiente del Amazonas con una superficie de 131 726 km2 (51 por ciento). Estos sistemas hidrográficos a la vez se encuentran divididos en 79 cuencas hidrográficas: 72 cuencas pertenecen a la vertiente del Océano Pacífico, de las cuales una parte pertenece a áreas costaneras con 123 216 km2 (48 por ciento) y otra parte pertenece a los territorios Insulares aledaños cubriendo 1 428 km2 (1 por ciento). Estas cuencas contienen el 88 por ciento de la población. Siete cuencas pertenecen a la vertiente del Amazonas con 131 726 km2 (51 por ciento) y el 12 por ciento de la población.
El potencial de recursos subterráneos utilizables en la vertiente del Pacífico se ha estimado en 10.4 km3/año. En la vertiente amazónica no existen estudios que permitan estimar los recursos subterráneos.
El Ecuador no recibe en su territorio prácticamente ningún aporte hídrico de los ríos de los países limítrofes, Colombia y Perú. El río Putumayo es un río fronterizo con Colombia que al tener afluentes tanto en Colombia como en Ecuador se incluye su caudal dentro de los recursos hídricos renovables internos de cada país, correspondiéndole a Ecuador un caudal total de 15 km3.
Las salidas hacia otros países se estiman en 163.8 km3/año de los cuales 35 km3/año van a Colombia (20 km3/año a través del río Mira y 15 km3/año a través del río Putumayo). El caudal restante de 128.76 km3/año va hacia Perú, de los cuales una parte corresponde a los ríos de la vertiente del Pacífico Zarumilla y Chira (llamado Catamayo en Ecuador), cuyo caudal medio anual es 0.29 y 3.47 km3/año, respectivamente. Los otros recursos hídricos superficiales que entran desde Ecuador a Perú, correspondientes a la cuenca del Amazonas, vienen principalmente de los ríos Napo, Tigre, Pastaza, Santiago, Morona, Cenepa y Chinchipe. Su aporte se estima en 125 km3/año.
El balance hídrico global del país es muy positivo, incluso por vertiente, pero existen cuencas deficitarias, en diferentes zonas y en algunas épocas del año. Las cuencas deficitarias se concentran en dos áreas: la provincia de Manabí (sistemas hidrográficos de Jama, Portoviejo y Jipijapa) y al este y sur del golfo de Guayaquil (sistemas de Taura, Balao y Arenillas-Zarumilla) (SENAGUA, 2011b).
En 1999 el agua residual municipal producida se estimó en 0.631 km3, de los cuales 0.158 km3 recibían tratamiento.
En 2011, la capacidad embalsada de agua destinada para hidroelectricidad, agua potable, riego, control de inundaciones y turismo era de 7.69 km3 a través de 12 presas multipropósito. El embalse de Daule Peripa, que abastece la costa, tiene una capacidad total de 6.30 km3, representando el 82 por ciento de la capacidad total del país. Le siguen a distancia las presas de La Esperanza, Chongón y Tahuin con 0.45 km3, 0.28 km3 y 0.21 km3 respectivamente. La presa de Daniel Palacios o Paute es la central hidroeléctrica más grande del Ecuador, con una capacidad de 1 075 MW (Cabrera et al, 2012; SENAGUA, 2011b).
El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) fue firmado en 1978 por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. El objetivo principal del TCA es promover el desarrollo harmónico en el Amazonas, con el fin de permitir una distribución equitativa de los beneficios y mejorar la calidad de vida de los habitantes. A través del TCA se promovieron acuerdos bilaterales.
En 1995, los países miembros del TCA decidieron crear la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y una Secretaría Permanente, valorizando de nuevo los principios y objetivos del TCA. OTCA adquirió validez legal en 1998 cuando los países miembros firmaron la Enmienda Protocolo del TCA que establecía la creación de la OTCA y la instalación de su Secretaría Permanente, establecida en Brasilia en 2002. En 2004, OTCA publicó un Plan Estratégico para los años 2004-2012 para la cuenca del Amazonas. En 2005, OTCA, con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y con la financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), firmaron el Proyecto de Manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos transfronterizos de la cuenca del río Amazonas, considerando la variabilidad y el cambio climático, llamado también Proyecto GEF Amazonas. En 2010, los países miembros de la OTCA presentaron la nueva Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica con un horizonte de implementación de 8 años.
Con el Perú se han suscrito tres acuerdos para el uso de los recursos hídricos en las cuencas binacionales: Puyango-Túmbez, Catamayo-Chira y subcuenca del río Zarumilla.
En 2005, las extracciones de agua totales son 9.918 km3, de las cuales 8.076 km3 o el 81 por ciento son para uso agropecuario, 1.293 km3 o el 13 por ciento para uso municipal, y 0.549 km3 o el 6 por ciento para uso industrial (Tabla 3 y Figura 1). La alta disponibilidad de recursos hídricos ha evitado la competencia entre sectores productivos.
La alta disponibilidad de recursos hídricos superficiales y los costos que suponen la extracción de aguas subterráneas ha restringido su utilización para riego, a pesar de su importante riqueza. La extracción de aguas subterráneas es principalmente para uso municipal e industrial, estimándose en 0.312 km3 (Figura 2) (MAGAP, 2011). Muchos abastecimientos de agua pequeños y rurales dependen de fuentes de agua subterránea (Cabrera et al, 2012).
En 1990, el agua desalada se estimó en 2.2 millones de m3.
La superficie potencial de riego se estima en 3.14 millones de ha, considerando la aptitud de los suelos para el riego y los recursos hídricos disponibles.
Ya en la época prehispánica existían grandes sistemas hidráulicos, con funciones de drenaje y riego. En la época colonial, los españoles rehabilitaron las acequias, y se formaron las grandes propiedades agrícolas. También se realizaron nuevas obras para ampliar las áreas regadas. Las comunidades indígenas trabajaban deforma gratuita asemejando una relación de tipo feudal. Este despojo de la tierra y del agua ocurrió durante varios siglos. Las políticas del Estado republicano nacido en 1830 reconocían los derechos del agua y privilegios de las familias de los antiguos propietarios españoles. Fue sólo a partir del siglo XX, cuando algunas haciendas desaparecieron o se dividieron entre varios propietarios, gracias a las reformas agrarias de los años 1960s y 1970s. Sin embargo, aún permanecen grandes propiedades agrícolas en varias provincias del país (MAGAP, 2011).
En 1944, se expidió la Ley de Riego y Saneamiento, que otorgaba responsabilidades más específicas al Estado sobre el riego. En este período se creó la Caja Nacional de Riego para estudiar, construir y administrar los proyectos de riego del país. A su gestión se debe gran parte de los sistemas Pisque, Arenillas, Milagro y el inicio de otros proyectos. La Caja Nacional de Riego subsistió hasta 1966, año en que se crea el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI). En este período, el INERHI construyó los primeros y más importantes sistemas de riego estatales, estando a cago tanto de la ejecución de obras como de la definición de las políticas. A través de esta gestión, el Estado central tuvo un importante rol en la conformación de una red pública de riego. El riego privado-particular y el comunitario/asociativo, por su parte, llegó a controlar alrededor del 80 por ciento del área regada en el país (MAGAP, 2011).
Hasta los años 1990, el INERHI, siguió unos planes orientados hacia el aumento de las superficies bajo riego, a través la construcción de grandes obras hidráulicas que respondían a las demandas de generación hidroeléctrica, agua potable y riego (MAGAP, 2011).
En 2010, se estiman 1 152 000 ha con infraestructura de riego, superficie obtenida a partir de la Subsecretaría de Riego y Drenaje (SRD) (Ex-INAR) y de la Secretaría del Agua (SENAGUA). Sin embargo, se estima que alrededor de 348 000 ha adicionales están siendo regadas sin concesión y por lo tanto no aparecen en las estadísticas oficiales, obteniendo de esta manera un total de 1 500 000 ha equipadas con riego. De este total, 266 000 ha o el 18 por ciento corresponde a la superficie con infraestructura construida por el Estado que corresponde a los 76 sistemas públicos de riego; 466 000 ha o el 31 por ciento corresponde a los sistemas comunitarios y asociativos; 420 000 ha o el 28 por ciento corresponde a los sistemas privados-particulares, y 348 000 ha o el 23 por ciento corresponden al uso del agua sin concesión. La superficie con infraestructura de riego efectivamente regada es de 942 000 ha debido a los múltiples problemas que presentan principalmente los sistemas de riego públicos y los sistemas de riego comunitarios/asociativos, de los cuales tan sólo se regó el 61 por ciento y el 50 por ciento de la superficie equipada respectivamente. Los sistemas privados/particulares se estima que regaron el 78 por ciento de la superficie equipad (MAGAP, 2011).
En 2000, según el III Censo Agropecuario, la superficie total con infraestructura de riego fue de 853 400 ha, de las cuales 663 900 ha o el 78 por ciento utilizan riego por gravedad, 170 100 ha o el 20 por ciento riego por aspersión y 19 400 ha o el 2 por ciento riego localizado (MAGAP, 2011) (Tabla 4 y Figura 3). Para el riego de pastos en la sierra se utiliza el riego por surcos, melgas e inundación, mientras que la inundación en el cultivo del arroz y el riego por surcos en la caña de azúcar y oleaginosas de ciclo corto son muy utilizados en la costa. La tecnología en el riego por superficie en las zonas andinas, ha mejorado substancialmente, en especial en el riego de hortalizas, raíces y tubérculos y en el aprovechamiento de suelos con pendientes transversales fuertes, en donde el cultivo en curvas de nivel y fajas es generalizado. El riego por aspersión y localizado se ha desarrollado especialmente en la costa para cultivos de exportación como banano, flores, hortalizas y frutales en la costa y en la producción de flores, así como en frutales y espárragos, donde la alta rentabilidad de estos cultivos ha inducido a los agricultores a realizar inversiones en las instalaciones.
En 2000, de una superficie equipada para el riego de 853 400 ha, 362 288 ha o el 42.45 por ciento se situaban en la región de la Sierra, 490 417 ha o el 57.47 por ciento en la región de la Costa, 614 ha o el 0.07 por ciento en la región del Amazonía y 81 ha o el 0.01 por ciento en Galápagos (MAGAP, 2011).
En cuanto al tamaño de las parcelas de riego, en 2000 las parcelas pequeñas (< 10 ha) abarcaron 219 200 ha, parcelas medianas (10 - 100 ha) abarcaron 286 500 ha, y las parcelas grandes (> 100 ha) abarcaron 347 700 ha (Figura 4). No está disponible información sobre tamaño de parcela más actual (MAGAP, 2011).
En 2000, el agua de riego proviene fundamentalmente de los recursos hídricos superficiales, un 97 por ciento proviene de derivaciones de ríos, un 1 por ciento de bombeo directo de ríos, un 1 por ciento de embalses y un 1 por ciento de aguas subterráneas (Figura 5).
En el año 2001, existían 80 hectáreas de cultivo que eran regadas con el agua residual tratada proveniente del sistema de cuatro lagunas de estabilización (Cabrera et al, 2001).
La alta disponibilidad de recursos hídricos superficiales ha restringido, a pesar de su gran riqueza, la utilización de las aguas subterráneas para riego. Excepto en las Hoyas de Quito y Latacunga, el grado de aprovechamiento de los acuíferos para riego en 1998 era muy limitado. Son pocos los sistemas de riego que utilizan aguas subterráneas en la sierra, en parte debido a los costes de alumbramiento y operación y mantenimiento. De hecho, buena parte de los pozos en operación han sido abandonados, especialmente aquellos pertenecientes a los distritos de riego públicos al quedar en manos de sus beneficiarios. Sin embargo, cuando el agua ha sido utilizada para cultivos de alta rentabilidad, como en el caso de las flores, su uso se ha mantenido. En la costa es más generalizado el uso de mantos freáticos favorecido por la escasa profundidad, el gran volumen de extracción y la alta rentabilidad de los cultivos, especialmente el banano. Los acuíferos costeros pueden presentar problemas de salinidad debido al ambiente marino en el que se formaron y cómo se depositó el agua subterránea. Por este motivo es importante que en estas áreas se determine la salinidad del agua y se evalúe la tolerancia de los cultivos (MAGAP, 2011).
Según estudios de algunas instituciones que trabajan en riego campesino, se han encontrado eficiencias de riego que van del 35 por ciento a 55 por ciento (MAGAP, 2011).
Según el III Censo Nacional Agropecuario (2000), la superficie total cosechada de cultivos con infraestructura para el riego en el año 2000 ascendía a 666 320 ha, de las cuales los más importantes son el arroz con 153 860 ha (23 por ciento del total), los bananos con 148 480 ha (22 por ciento), la caña de azúcar con 90 830 ha (14 por ciento), las hortalizas con 80 740 ha (12 por ciento) y el maíz con 60 640 ha (9 por ciento) (Tabla 4 y Figura 6).
Los principales cultivos con riego en la sierra son: maíz, papas, hortalizas (cebolla, zanahoria, remolacha), alfalfa, oca, melloco, leguminosas de grano y frutales de clima templado (manzana, pera, ciruela y durazno). En la costa destacan el banano, cacao, arroz, café, caña de azúcar, maíz y frutales. Estos cultivos constituyen la partida exportadora más importante del país.
En Ecuador, casi las tres cuartas partes de las personas productoras y dueñas de las unidades de producción son hombres, aunque las mujeres constituyen alrededor del 42 por ciento de la población activa agrícola. A pesar de que las mujeres campesinas son las principales responsables del proceso agro-productivo, existen claras brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito rural que impiden a las mujeres acceder y gestionar de forma equitativa los recursos y servicios productivos y agro-ecológicos, como son la tierra, el agua y las semillas (García Romero y Astete Muñoz, 2012).
Un estudio realizado a finales de los años 90 sobre la participación de la mujer en la agricultura de regadío en dos canales privados de riego en la provincia de Carchi mostró que el control y el acceso a los recursos hídricos está influenciado entre otros factores por la tenencia de la tierra y el sexo, teniendo los hombres un mayor acceso a los recursos hídricos. La participación de las mujeres en las asociaciones de usuarios de agua es baja. Aun así, mujeres con una educación superior a la media ocupan puestos de liderazgo en dichas organizaciones. El riego en general se considera una actividad masculina, pero tras preguntar explícitamente a las mujeres sobre su participación en las actividades de campo los resultados mostraron que aproximadamente un 41 por ciento de las mujeres se ocupaban del riego (Bastidas, 1999 y FAO, 2001).
Varios proyectos llevados a cabo en las últimas décadas por el Banco Mundial en Ecuador, han permitido a las mujeres aumentar su capacitación y ser las promotoras y líderes de diferentes proyectos. Por ejemplo, su inclusión en la lista de turnos para el riego a finales de los años 90 dio visibilidad al rol de la mujer en el riego y les ha permitido obtener más derechos (Songco, 2002).
La costa y amazonía, son las regiones más vulnerables al anegamiento de sus áreas productivas, por su topografía, exceso e intensidad de las precipitaciones o por el desborde de los cursos de agua en la época invernal y por lo tanto en ellas el drenaje agrícola es un requerimiento generalizado. En la sierra, también existen requerimientos de drenaje agrícola, pero están más localizadas y la topografía de la región posibilita un mayor drenaje natural. (MAGAP, 2011).
El drenaje agrícola en Ecuador, ha sido muy descuidado, tanto en superficies regadas como en zonas húmedas, lo que ha causado efectos de degradación de los suelos (salinización) y limitaciones severas de aprovechamiento de áreas productivas. Esto ha producido la disminución significativa de los rendimientos de los cultivos, por lo que muchos agricultores se han visto obligados a ampliar la frontera agrícola (MAGAP, 2011).
En 1998, se estimaba una superficie con infraestructura de riego drenada de 52 030 ha.
Las instituciones que tienen un papel más relevante en relación a los recursos hídricos y su uso en la agricultura se presentan a continuación:
Con la nacionalización del agua a partir de la Ley de Aguas de 1972, el INERHI se responsabilizó de la gestión del recurso. Los usuarios debían presentar una solicitud de concesión, lo cual generó conflictos por los derechos de agua que se venían ejerciendo desde hace varios siglos. El Estado nunca pudo controlar todos los sistemas estatales. A día de hoy, por ejemplo, los que deciden sobre el reparto del agua o los padrones de cultivos son las organizaciones locales y los usuarios de los sistemas (MAGAP, 2011).
A partir de 1995 se inició la ejecución de un Programa de Transferencia de los Sistemas de Riego a los Usuarios, con el apoyo financiero del Banco Mundial cuyo objetivo es transferir la administración, operaciones y mantenimiento del Estado a los propios beneficiarios.
El país no tuvo por mucho tiempo un objetivo nacional coherente sobre el agua y su rol en el desarrollo del país. Esto ha llevado durante muchos años a una ineficiencia en la administración del recurso hídrico, generando problemas como la sobre concesión de caudales, o la inexistencia de mecanismos que permitan controlar el agua utilizada por parte de los usuarios. Con la SENAGUA, como la entidad rectora del agua y lo planteado al respecto en la Nueva Constitución de 2008, se han dado los primeros pasos para construir una nueva visión nacional (MAGAP, 2011).
La Constitución de 2008 introduce un nuevo enfoque sobre los recursos hídricos, estableciendo que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable y patrimonio nacional estratégico de uso público; el Estado será responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos; así mismo hace precisiones importantes en cuanto a la gestión del riego y drenaje (Cabrera et al, 2012; MAGAP, 2011). Con esta nueva organización, se creó las nuevas Demarcaciones Hídricas descentralizadas que responden a la nueva lógica de gestión por cuencas hidrográficas, que funcionarán en base a un modelo que les permitirá articularse con otras entidades gubernamentales.
La SENAGUA dando cumplimiento a una de sus competencias formula el Plan Nacional del Agua, que contiene las siguientes líneas de acción: 1) gestión integral del agua; 2) formulación participativa de una nueva Ley de Aguas; 3) creación de una estructura organizativa enfocada hacia una operación por organismos de cuenca; 4) ejecución de balances hídricos para el reparto equitativo del agua; 5) aseguramiento de la calidad del agua; 6) conservación de páramos, riberas y fuentes de agua; 7) solución definitiva de los trámites por concesiones; 8) mejor atención a los usuarios; 9) tarifas diferenciadas, justas y solidarias; 10) diálogo nacional por el agua, comunicación permanente entre las comunidades y SENAGUA; 11) manejo de riesgos hídricos para la prevención de desastres; 12) la nueva cultura del agua; 13) rompiendo fronteras en cuencas binacionales.
El Plan Nacional de Riego y Drenaje 2011-2026 tiene como objetivo general desarrollar los sistemas de riego y drenaje para garantizar la soberanía alimentaria y la agroexportación, con prioridad en la agricultura familiar. Los objetivos específicos son: (a) mejorar la eficiencia y ampliar el patrimonio público y comunitario de riego y drenaje de manera sostenible; (b) fortalecer a las organizaciones comunitarias y de regantes para asumir la gestión de una manera sostenible y eficiente; (c) fortalecer la institucionalidad y las capacidades del sector para impulsar la política integral y redistributiva del riego y drenaje (MAGAP, 2011).
Existen tres tipos de tarifas: (i) una tarifa por autorización de derechos de uso y aprovechamiento del agua, a la que están obligados todos los usuarios de agua que consiste en una tarifa anual a la entidad rectora del agua (ahora SENAGUA); (ii) la tarifa básica de riego, estaba dirigida a recuperar las inversiones públicas realizadas en infraestructura, a partir del cobro a todos los usuarios de los sistemas públicos; a día de hoy sólo están obligados a pagarla los usuarios de los sistemas públicos no transferidos, ya que esta disposición sufrió una modificación en la Codificación de la Ley realizada el año 2004; (iii) la tarifa volumétrica está dirigida a cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego. Para los sistemas públicos, su monto anual responde al volumen de agua consumido, que será recaudado y administrado por las organizaciones de usuarios de los sistemas de riego. En el caso de los usuarios de sistemas privados y comunitarios, la cantidad está fijada en los estatutos de sus respectivas organizaciones (MAGAP, 2011).
En 1944, se expidió la Ley de Riego y Saneamiento, que otorgaba responsabilidades más específicas al Estado sobre el riego.
En 1972 se aprobó la primera Ley de Aguas, que sufrió varias modificaciones como por ejemplo en 2004 cuando se aprobó la Ley reformatoria a la Ley de Aguas (MAGAP, 2011 y GWP-SAMTAC, 2003). En 2014, la Asamblea Nacional ha aprobado una nueva Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
En la actualidad, la SENAGUA, está elaborando el Plan Nacional de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos de las Cuencas y Microcuencas Hidrográficas del Ecuador (Iagua, 2012).
Adicional a lo relacionado al agua en la Constitución de 2008, existe un amplio marco legal que dispone acciones relacionadas con el agua. En particular cabe mencionar: i) reglamento general para la aplicación de la Ley de Aguas; ii) código civil; iii) códigos orgánicos de organización territorial, autonomía y descentralización y de finanzas públicas; iv) código penal; v) Ley de Regulación de mercados; vi) Ley de Derechos colectivos de los pueblos negros Afro Ecuatorianos; vii) Ley de Fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado; viii) Ley de Fomento y desarrollo agropecuario; ix) Ley de Gestión ambiental; x) Ley de Minería; xi) Ley Forestal; xii) Ley Orgánica de régimen de la soberanía alimentaria; y xiii) Ley Orgánica de salud (Cabrera et al, 2012).
La calidad del agua está en constante deterioro, especialmente cerca de las áreas pobladas. La mayor parte de los ríos del país tienen una preocupante calidad bacteriológica (microorganismos patógenos). La actividad agropecuaria, con alto uso de agroquímicos utilizados se convierte en otro factor contaminante de las aguas. También existe contaminación en muchos ríos del país por residuos industriales, por procesamiento de hidrocarburos y por productos mineros (MAGAP, 2011). Existe una falta de control en el vertido de las aguas residuales de las ciudades (Cabrera et al, 2012).
El Fenómeno del Niño del período 1997/1998 afectó en el Ecuador a una superficie agrícola de 843 873 ha. Adicionalmente, se vieron afectadas 152 300 ha de pastos, lo que condujo a la pérdida de miles de cabezas de ganado (MAGAP, 2011). Las inundaciones que afectaron a Ecuador en 2008 llevaron consigo una destrucción de 114 384 ha de tierra agrícola siendo las provincias costeras las más afectadas (Banco Mundial, 2008).
El gobierno de Ecuador tiende a un nuevo modelo de gestión de los territorios bajo riego en el que los regantes tengan una responsabilidad creciente y el Estado se encargue de ofrecer apoyo (MAGAP, 2011).
De cara a una mejor gestión de los recursos hídricos y solucionar los problemas que existen a día de hoy, se plantean estas soluciones en el país (SENAGUA-DHPC, 2013):
Banco Mundial. 2008. Climate change aspects in agriculture
Bastidas, E.P. 1999. Gender Issues and Women’s Participation in Irrigated Agriculture: The Case of Two Private Irrigation Canals in Carchi, Ecuador. International Water Management Institute.
Cabrera, H., Garcés, M. y Paredes, P. 2012. Producción de aguas servidas, tratamiento y uso en el Ecuador. Proyecto de desarrollo de capacidades para el uso seguro de aguas servidas en agricultura. FAO, WHO, UNEP, UNU-INWEH, UNW-DPC, IWMI e ICID.
CEDEX. 2013. Página web CEDEX. Las obras. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
FAO. 2000. El riego en América Latina y el Caribe en cifras. Informe sobre temas hídricos de la FAO nº20. Roma.
FAO. 2001. Guía sectorial riego. Análisis socioeconómico y de género.
FNRH. 2011. Transferencia de competencias de riego para el desarrollo. Foro Nacional e los Recursos Hídricos.
García Romero, A. Astete Muñoz, S. 2012. Género, interculturalidad y sostenibilidad en la agenda de desarrollo de los pueblos originarios de Ecuador. La situación de las mujeres de Cayambe y Colta en torno a la gestión comunitaria del agua.
GWP-SAMTAC. 2003. La gobernabilidad de la gestión del agua en el Ecuador. Global Water Partnership- Comité Técnico Asesor para Sud América.
Iagua. 2012. La Secretaría Nacional del Agua de Ecuador firma por 15 millones de dólares la consultoría para la formulación e implementación del Plan Nacional del Agua.
INEC. 2002. III Censo nacional agropecuario 2000. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
MAGAP. 2011. Plan nacional de riego y drenaje 2011-2026. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Subsecretaría de Riego y Drenaje.
SENAGUA. 2011a. Calidad del agua en el Ecuador. Secretaría Nacional del Agua.
SENAGUA. 2011b. Estado situacional del Ecuador en cuanto al manejo de los recursos hídricos. Oferta y demanda hídrica en Ecuador. Secretaría Nacional del Agua.
SENAGUA. 2014. http://www.senagua.gov.ec. Página web de SENAGUA. Secretaría Nacional del Agua.
SENAGUA-DHPC. 2013. Gestión de recursos hídricos en el Ecuador. Secretaría Nacional del Agua – Demarcación hidrográfica de Puyango Catamayo.
Songco J. 2002. Do rural infrastructure investments benefit the poor? Evaluating linkages: A global view, a Focus on Vietnam.
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