M.K. Muthoo
Maharaj K. Muthoo es Director de Operaciones Forestales de la FAO.
Todos los usuarios de los recursos del medio ambiente deben compartir equitativamente los costos y los beneficios. Es indispensable idear normas e incentivos que garanticen un desarrollo sostenible y seguro para el ambiente, así como adecuar al efecto el instrumental económico. Este artículo examina algunos principios esenciales para la toma de decisiones en materia de recursos naturales renovables, y expone un método de planificación integral que permite armonizar de la mejor manera los factores ecológicos e institucionales del desarrollo.
La pobreza y la degradación del ambiente se alimentan mutuamente. Sin embargo, en los países en desarrollo no es fácil persuadir a quienes tienen que tomar decisiones, de la conveniencia de asignar algunos de los escasos recursos disponibles a la gestión del ambiente. Siempre se considera más necesario alimentar, vestir y alojar a una población en continuo crecimiento.
Otro tanto ocurre con las repercusiones sobre el medio ambiente mundial de la actividad económica de los países industrializados. Ni siquiera satisfacen más que en muy escasa medida sus propias necesidades con que mantener la calidad del ambiente.
No cabe duda de que ya es general la preocupación por la degradación del ambiente y el agotamiento de los recursos renovables. Sin embargo, en la práctica, se dedican pocos fondos a esos problemas. Evidentemente en la torna de decisiones los conceptos «abstractos» de la ecología pesan menos que consideraciones materiales más inmediatas. Para poner remedio, es preciso describir todo lo referente al ambiente, a la ecología y al deterioro de los recursos renovables en términos económicos «concretos».
Algo se ha hecho a ese respecto, pero los planificadores aún no están bien persuadidos de que económicamente vale la pena hacer asignaciones adecuadas en los presupuestos e instituir medidas fiscales, legislativas y normativas, que garanticen la conservación del ambiente.
PRINCIPIOS BÁSICOS
Una contabilidad de ingresos
Un ingreso sostenible es la cantidad que se puede consumir en un determinado período sin reducir las posibilidades futuras de consumo. La contabilidad de los ingresos es un instrumento importante y muy usado en la planificación económica y en la toma de decisiones, a pesar de lo cual la mayoría de las cuentas nacionales no registra los cambios que experimenta el caudal de recursos renovables. Tampoco refleja cómo eso puede repercutir sobre el probable ingreso futuro y mucho menos sobre el ambiente. El ingreso representado por el producto interno bruto (PIB) debe tratar adecuadamente los costos de proteger el ambiente como generadores de ingreso.
No hay más remedio que reconocer la ineptitud de la actual forma de contabilizar el ingreso, e intensificar los esfuerzos por lograr que el ambiente y la gestión de los recursos sean tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones económicas. Ahora se está perfeccionando el actual Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (SCN) (El Serafy y Lutz, 1989). Ya se ha hecho algo al respecto en Francia, cuyas «cuentas del patrimonio natural» (Theys, 1989) han sido ideadas para relacionar el crecimiento económico con los recursos naturales necesarios para hacerlo posible. Además, se hace distinción entre el costo de las operaciones y las inversiones y otros gastos generadores de capital (Bartalmus, 1987).
Se utilizarían cuentas ambientales satélites del SCN para reajustar las cuentas ordinarias del ingreso y de la producción con el fin de que reflejen la degradación del ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. Esas cuentas servirían, entre otras cosas, para saber cuál es el valor económico óptimo de los recursos naturales y lo que pueden reportar como factores de producción, así como para determinar la porción del PIB que se deba poner de lado para protección del ambiente. La meta sería incorporar al SCN la dinámica de todas las riquezas del ambiente de modo que sea un instrumento verdaderamente eficaz para la gestión económica en su totalidad.
Evaluación de los efectos sobre el ambiente
La Evaluación del Efecto sobre el Ambiente (EEA) es el método generalmente usado para sopesar los costos, beneficios, bienestar y riesgos de los proyectos, programas y políticas del medio ambiente (FAO, 1990). Por oposición al Análisis de Costos y Beneficios (ACB), la EEA tiene por objeto invertir la tendencia de los planificadores a fijarse más bien en datos económicos y en utilidades que en información sobre el ambiente y el desarrollo a largo plazo. No obstante, no tienen porqué ser antagónicos. Una bien concebida EEA puede revelar qué límites pone el medio ambiente al desarrollo económico, del mismo modo que para mejorar la calidad del ambiente se tropieza con límites económicos (Alhéritiere, 1982). Por consiguiente, para averiguar cómo deban manejarse los recursos naturales, lo que hace falta son sistemas completos que incorporen a la vez, debidamente entrelazadas y actualizadas, las variables sociales del ACB y las de sostenibilidad del EEA.
Escasez y sostenibilidad
En la forma acostumbrada de tratar la escasez de recursos se considera que las fuerzas del mercado regulan la velocidad óptima de gasto. Llegar al agotamiento de un recurso puede estar justificado si se prefiere obtener inmediatamente los máximos beneficios posibles. Pero siempre se debe evaluar el costo para la sociedad de las pérdidas - como estabilidad ecológica que así se experimentan, de acuerdo con criterios más amplios, ambientales y económicos. Los ecosistemas asimilan los subproductos de desecho del proceso económico y proporcionan otros servicios que son esenciales, para la economía, como son los de salubridad, diversidad genética y funciones climáticas (Barbier, 1990).
Para que sea sostenible el aprovechamiento de un recurso es indispensable no rebasar la velocidad con que se regenera y no dejar más desechos de los que el ecosistema puede asimilar. Hay que considerar que las capacidades de regeneración y asimilación son un capital natural. Dejar de mantenerlas equivale a consumir el capital, y entonces el proceso no es sostenible (Daly, 1990). La sostenibilidad es, por consiguiente, cuestión de equilibrio entre calidad del ambiente, por un lado, y agotamiento de recursos y generación de desechos por otro.
El agotamiento irreversible de un recurso renovable es como apostar que su valor futuro no habría sido superior al beneficio que ahora reporta su liquidación. En materia de política ambiental, dado el grado de incertidumbre, los riesgos en que se incurre con ese tipo de apuesta son, en verdad, muy grandes. No obstante, habría que sopesar los beneficios que se obtendrían esperando a tener más información contra el costo de diferir la decisión. Reservar flexibilidad para capitalizar mejor la información futura sería un valor cuasi-posible (Freixas y Laffont, 1989) que debe tomarse en cuenta en el análisis de costos y beneficios sociales. Es posible demostrar que la liquidación irreversible de un recurso y la posibilidad de que llegue información adicional sobre el recurso pueden justificar la baja del umbral de rentabilidad en los cálculos de costos y beneficios (Jewitt 1990).
Los bosques tropicales son riqueza para el provenir
Es indispensable contar con un método de evaluación económica que mida todo el valor económica de todas las funciones de cada elemento del ambiente, actuales y futuras, y compare los beneficios que hubiera reportado la conservación de dichos elementos con las utilidades netas. La finalidad de esta evaluación de costos y beneficios sería averiguar cuál es la asignación óptima de los recursos y elegir entre las diferentes tecnologías disponibles, tomando en cuenta los riesgos e incertidumbres de las diferentes maneras de manejar los recursos renovables.
Recursos comunes y concesiones
A veces hay que evaluar los efectos causados por el acceso común a recursos naturales o por la repercusión de alguna actividad económica. Por ejemplo, contribuye a la degradación del ambiente la desaparición de los medios tradicionales de regular el acceso individual a recursos de propiedad común - pastizales, bosques, pesquerías - causada por el crecimiento demográfico, invasiones, técnicas inadecuadas, etc. Con frecuencia, en la situación de libre acceso resultante, cada individuo actúa según le parece, sin pagar en manera alguna la degradación o agotamiento que ocasiona (Barbier, 1989). Sólo cuando el recurso está a punto de desaparecer se responsabiliza a todos los usuarios, a voces en proporción adversa para los más pobres.
Esa falta de coordinación tiene efectos descompensados, como erosión aguas arriba, y avenidas aguas abajo. Las grandes concesiones para la explotación de recursos renovables incluyen muchas veces anomalías como, por ejemplo, estímulos para la conversión de selva tropical a otros usos que «serían antieconómicos sin incentivos adecuados». (Repetto, 1990). Las concesiones para la cría de ganado en algunos países tropicales ha conducido al desmonte y a una ganadería que no era sostenible y que no rendía utilidades una vez que se le retiraban los subsidios y otros incentivos. En cambio, gravando la producción de acuerdo con una escala móvil se pondría límite al sobrepastoreo y al desmonte del bosque. Lo ideal sería que ese impuesto penalizara la erosión in situ y sus repercusiones sobre la productividad de otras tierras.
Se suele decir que las concesiones para la corta comercial de madera han estimulado una explotación con bajo rendimiento para el concesionario que, además, reportaba una proporción muy baja de las utilidades a los dueños. Hay casos en que los gobiernos apenas obtuvieron una tercera parte del valor potencial en madera (Grey y Hadi, 1990). Esa escasa rentabilidad priva de toda clase de estímulos a la inversión en el manejo sostenible. Otra complicación es que la concesión se hace a veces por 20 años o incluso menos aunque sea preciso hacer más prolongados los intervalos entre cosechas sucesivas. Con eso los concesionarios no tienen incentivo alguno para conservar la productividad de las cosechas futuras.
Subastando contratos a plazos más largos procuran los propietarios obtener más utilidades, pero no siempre pueden garantizar la ocupación por mucho tiempo, ni impedir ocupaciones arbitrarias. También el costo de la ordenación durante todo el ciclo de crecimiento desaconseja arriendos más prolongados. Para poner remedio a esta situación habría que crear incentivos como el otorgamiento de derechos de propiedad o la participación popular en la gestión del recurso renovable.
Incentivos e internación
Los costos sociales de la explotación para una empresa privada pueden conducir a que no se la haga en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista de la economía del bienestar. Del mismo modo cuando las personas particulares tienen libre acceso a un recurso de propiedad común, un comportamiento que sea racional para la persona, puede ser abusivo a la larga para los intereses comunes. Ejemplos clásicos son las repercusiones del cultivo de corta y quema en laderas muy pendientes, y la pesca excesiva en aguas costeras.
Con el fin de evitar que se abuse de los recursos renovables por causa de costos externos que no sean pagados por los usuarios, Costanza y Perrings (1990) han propuesto un sistema de seguridad ambiental con arreglo al cual se exige a los usuarios una fianza reembolsable como garantía de que compensarán los daños que ocasionen al medio ambiente. El objeto es poner de acuerdo los costos privados con los sociales haciendo que cada usuario satisfaga individualmente los costos sociales marginales de sus actividades. Ese concepto exige un estudio a fondo para reformar el actual sistema de incentivos, así como información adicional y una metodología apropiada para calcular el costo de los daños. Por consiguiente, toda política para el estímulo de la gestión sostenida de recursos comunales debería incluir la introducción de derechos de propiedad y disposiciones sobre tenencia de la tierra y arrendamiento. Por supuesto que esas medidas han de ser concebidas a la luz de los costos y de los beneficios con el fin de que los incentivos prevean mejorar verdaderamente la gestión abarcando las influencias descompensadas.
El análisis de costos-beneficios deberá tener en cuenta el costo de las medidas administrativas a nivel práctico. Por ejemplo, habrá que comparar el costo de medir el consumo de agua y recaudar las cuotas correspondientes, con las cantidades que así se ahorren. Además, para garantizar que la compensación sea adecuada, en el cálculo de la velocidad de aumento y de la magnitud del efecto exterior, habrá que tomar en cuenta las preferencias de los contaminadores. La contabilidad práctica de los costos se simplifica con una concepción global única del sistema de recursos renovables y con estrategias para la gestión de los recursos que tomen en cuenta diversas posibilidades para todo un sistema, por ejemplo, una cuenca hidrográfica. De ese modo, lo que en una zona o actividad sea despilfarro o economía, entra como costo o beneficio en otra parte del sistema.
Cabe, pues, decir que es posible integrar en el sistema de recursos renovables todos los efectos pertinentes y que todas las repercusiones en el exterior quedan plenamente incorporadas. De este modo se evita contar por duplicado, o dejar de contar, las consecuencias exteriores y se compensa la divergencia entre producto neto marginal privado y social.
El exceso de población puede ser causa de que se abuse de los recursos de propiedad común
CONCEPCIÓN OPTIMA DEL SISTEMA
La planificación del desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables debe basarse en una serie de análisis biotécnico, económico e institucional que asegure la mejor reciprocidad posible de la ecología y el medio ambiente. El análisis biotécnico permite determinar lo que es factible - incluso por razones ecológicas - si se pueden manipular los recursos renovables. El análisis económico indica lo que puede reportar utilidades y clasifica por orden socioeconómico las diferentes inversiones posibles. El análisis institucional revela qué oportunidades son factibles dado el estado de desarrollo de la sociedad. Combinando esos análisis, se obtienen planes para la gestión coherentes y compatibles con los objetivos globales del desarrollo sostenible.
Dentro de ese marco hay que evaluar las diferentes posibilidades de desarrollo de los recursos renovables mediante un análisis de costos-beneficios apropiado para justipreciar objetivamente las consecuencias ecológicas y económicas. Pero no basta con ese análisis para averiguar qué es lo mejor, porque algunas de las posibilidades son incompatibles o interdependientes.
Para hallar cuál es la mejor estrategia para la gestión del recurso en una situación dada, se recomienda un procedimiento de análisis de sistemas que aplique una técnica de programación basada en el análisis marginal para la asignación de recursos. Así se identifica cuál es la mejor combinación de posibilidades, en que «mejor» significa la que más contribuya al rendimiento sostenible con las limitaciones que imponen la disponibilidad de tierra, de mano de obra y de capital. Ese análisis sistemístico debe también tomar en cuenta objetivos y consideraciones institucionales subsidiarios, como son la generación de empleo, las preferencias de la población, la distribución del ingreso y las repercusiones sociales.
Ese procedimiento reiterativo explora el efecto sobre lo producido, sobre el uso de los recursos y sobre el rendimiento del sistema de incrementos sucesivos en el nivel de producción. También se toma en cuenta el calendario de los reajustes que deban hacerse en el uso del recurso incorporando para ello las posibilidades de sustitución que se presenten, y el «aflojamiento» dé las limitaciones, sobre todo las de presupuesto y mano de obra.
Variando los parámetros se puede analizar la sensibilidad de las combinaciones. Así se vería el efecto que experimenta la totalidad del sistema al variar la tasa de descuento, la situación de los recursos y la limitaciones. De este modo se puede elegir como plan más apropiado la solución óptima con las actuales limitaciones, la cual será válida en una amplia gama de situaciones. Será fácil reajustarla al evolucionar la economía o al (variar la tecnología, conservando siempre la flexibilidad.
CONSIDERACIONES DE POLÍTICA
Comercio, ayuda, deuda y desarrollo
Los países en desarrollo necesitan casi 200000 millones de dólares al año sólo para el servicio de la deuda. La situación se agrava porque han empeorado los términos de intercambio. El precio de los principales productos básicos es el más bajo desde la gran depresión del decenio de 1930. El saldo neto positivo de los fondos transferidos, que era de 40000 millones, se ha invertido en estos últimos 10 años, y ahora se registra una salida neta de fondos de análoga magnitud.
A pesar de su creciente preocupación por el ambiente, los países endeudados no tienen más remedio que gastar recursos naturales y aumentar la producción de artículos básicos. Este procedimiento relativamente racional para lograr resultados, no sirve para estimular el desarrollo agrícola a largo plazo en condiciones agroecológicas menos favorables (Barbier, 1989). Hay que sopesar los beneficios de semejante estrategia y de los incentivos económicos correspondientes, comparándolos con los costos. Entre éstos se cuentan la degradación de los recursos, la pérdida de sostenibilidad de los sistemas agrícolas y 1a aparición de prejuicios contra los intereses de los campesinos. Por ejemplo, las políticas de precios que estimulan la importación de alimentos a expensas de los cultivados en el país, y los incentivos que favorecen la adopción de tecnologías inapropiadas, socavan la sostenibilidad de muchos sistemas de agricultura, agrosilvicultura y ganadería en pequeña escala.
Raramente se piensa en la repercusión de los incentivos de precios y de otra naturaleza, ni tampoco de toda la estrategia agrícola en que se basan, sobre los recursos renovables y sobre los campesinos que viven de los mismos. Por ejemplo, algunos grupos ecológicos están haciendo presión sobre los consumidores de países desarrollados para que no importen maderas tropicales. Pero si bajan las ventas de madera por causa de ese boicot, los bosques tendrán aún menos valor y estarán más expuestos al desmonte, disminuirán las fuentes de trabajo y de ingreso, y serán menores las probabilidades de que la población local participe en la ordenación sostenible. Las propuestas de poner trabas al comercio - los embargos - son contrarias al espíritu de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que procura la plena liberalización de todo el comercio de productos derivados de recursos naturales.
Todo programa que tenga seriamente por objeto resolver problemas de deuda y comercio ha de exigir iniciativas nuevas y mecanismos internacionales para encontrar fondos que puedan ser utilizados para ayuda directa e inversión, o para enjugar deudas y subsidiar el precio de los productos básicos. Una posibilidad muy debatida es el trueque de «deuda por naturaleza» para financiar la gestión de los recursos renovables. Esos trueques implican la compra de deuda descontada para cambiarla por su valor nominal. Por ejemplo, Costa Rica recibió 12,2 millones de dólares EE.UU., con los cuales adquirió títulos a 93,3 millones de dólares EE.UU. de deuda a su valor nominal, para la protección de bosques, fortalecimiento de las instituciones y reforestación. También se están haciendo trueques de esa naturaleza en otros países como Bolivia, Ecuador, Madagascar y las Filipinas (Pérez y Quiros, 1990).
No obstante, al pensar en un mecanismo de trueque de deuda por naturaleza hay que tomar debidamente en cuenta las desventajas que puede implicar para el país deudor; por ejemplo, pueden originar fuerzas inflacionarias, porque su principal ventaja no suele ser la reducción de la deuda en sí, sino más bien la conversión de una deuda en divisas en una obligación en moneda nacional. Tampoco puede esperarse que una nación soberana acepte control extranjero de sus prioridades ambientales y monetarias. De todos modos, hay margen para concebir trueques de deuda por naturaleza consistentes en cambiar una deuda comercial en divisas por una inversión en el país o por la consagración de fondos adicionales a la gestión racional de las reservas naturales.
Pobreza y medio ambiente
La miseria de la población rural es la i principal causa de deforestación en los trópicos. El crecimiento demográfico, el desempleo y las desigualdades en materia de tenencia de tierras, son causa de que se desmonten zonas forestales para su colonización espontánea, para un cultivo migratorio o para dedicarlas a pastizales abiertos. También la extracción de leña para usos domésticos es causa de denudación. La secuela inevitable es una mayor miseria y movimientos masivos de la población rural. En todos esos procesos se entrevera cierta intranquilidad social (Thompson et al., 1986).
En las economías en desarrollo los sistemas ecológico y social dependen muy estrechamente el uno del otro. El número de los más pobres de entre los pobres ha aumentado de 600 millones en 1980 a 1000 millones en 1990. Llega a 1500 millones el número de los que padecen escasez de leña. Esta creciente marea de pobreza está erosionando la capacidad del sistema de recursos renovables para rendir alimentos y agua suficientes para una actividad humana sostenible. Es comprensible que en esas condiciones las masas rurales tengan que preocuparse ante todo de satisfacer sus más perentorias necesidades. Para ellos la conservación y el medio ambiente no tienen esa urgencia.
De todos modos son a la vez causa y efecto de la miseria en el campo la escasa productividad agrícola, la salinización de la tierra, la deforestación, el aniquilamiento de la fauna, el sobrepastoreo, el agotamiento de las pesquerías, la denudación de las cuencas hidrográficas, las inundaciones, las sequías y la desertificación. Estrechamente relacionado está el problema del subempleo y la explotación abusiva del recurso humano. A este respecto, conviene fijarse especialmente en el grupo «mujeres», por la posibilidad estratégica que tienen de sacar sus familias de la miseria y de promover una agricultura sostenible. Las organizaciones no gubernamentales pueden contribuir a motivar la población.
Para encontrar solución al problema de la degradación del medio ambiente hay, a no dudarlo, que buscar fuera del sector de los recursos renovables. Si se quiere hacer uso eficaz del agua y de la tierra y a la vez conservar los ecosistemas es indispensable reducir al mismo tiempo la pobreza rural, fomentar el recurso humano y promover el desarrollo comunitario. Esto exige nuevas instituciones y ayuda internacional para aliviar la presión económica y crear incentivos adecuados que permitan a los países en desarrollo encaminarse hacia el desarrollo sostenible sin castigar injustamente a los sectores más débiles de la sociedad.
Posibilidades macroeconómicas y globales
Los efectos macroeconómicos de dos políticas ambientales de los Países Bajos indican un crecimiento del 95 por ciento en el período 1985-2010, comparado con el 98 por ciento que se lograría sin cambiar la política (Opschoor et al., 1990). Si todos los países extranjeros adoptaran políticas análogas, el crecimiento sostenible daría como cifra equivalente el 100 por ciento. Eso es lo mismo que decir que si todos los interesados adoptan las políticas ambientales a la larga incluso se estimularía la economía.
La fatiga del recurso humano se suele traducir en degradación del medio ambiente
No obstante, el costo inmediato para la tesorería nacional es substancial, dada la escala de la intervención económica y social que se necesita. Por consiguiente, cada país ha de «hacer balance de su propia situación y evaluar los costos y beneficios de los efectos que persiga, así como los beneficios ambientales de las medidas adoptadas para limitar la emisión de gases de invernadero o para adaptarse a los cambios de clima». (Reilly, 1989).
El consejo de asesores económicos del Presidente de los Estados Unidos llegó recientemente a la conclusión de que estabilizar el anhídrido carbónico en la atmósfera costaría anualmente el uno por ciento del PIB. Las cifras que se mencionan - pura suposición - de los daños que se evitarían si se detiene el recalentamiento de la Tierra, oscilan entre 0,25 y 2 por ciento del PIB. Prescindiendo de esta incertidumbre y sin tomar en cuenta el de la pérdida de la biodiversidad y tampoco el de ayudar a los países en desarrollo a contener sus emisiones de CO2, los legisladores tienen ante sí la tarea de formular políticas con qué reaccionar la esos indicadores macroeconómicos.
La sociedad tiene que distribuir la producción lo mejor que pueda entre el consumo y los servicios para mejorar el ambiente, y decidir entre acumular cada vez más capital |y la degradación del ambiente (Barbier, 1990). A pesar de la incertidumbre acerca del recalentamiento de la Tierra, es indispensable adoptar alguna política macroeconómica. Hay peligro de equivocarse, pero el precio de no hacer nada serían efectos ecológicos irreversibles.
Un procedimiento que ya se puede adoptar sin miedo a arrepentirse sería adoptar medidas de bajo costo, como ahorrar en materia de energía. A raíz del aumento del precio del petróleo en el decenio de 1970, se empezó a sacar mayor rendimiento de las fuentes de energía y se instituyeron muchas medidas encaminadas a la conservación. Se podrían combinar ahorros de energía con reforestación, lo cual sería el medio más eficaz, en función del costo, de obtener fuentes concentradas y sostenibles de materia prima. Entre los efectos secundarios benéficos, se plantearía el control de la contaminación atmosférica y de la acidificación, y las repercusiones positivas sobre el sistema agrícola y los recursos renovables conexos.
La reducción uniforme de la contaminación acidificante transfronteriza del aire y otros efectos ambientales en los diferentes países no puede hacerse de manera eficaz para su costo; habría que adoptar algún sistema internacional que permita compartir los costos con el fin de economizar (Almoco et al., 1988). Es preciso concluir convenios de alcance mundial, pero sólo serán efectivos en la medida en que los respalde un mecanismo internacional adecuado para la provisión de fondos.
Hay varias posibilidades de financiar el mantenimiento del ambiente mundial (Banco Mundial, 1990). No son antagónicas entre sí pero deben estar concebidas de modo que aprovechen la experiencia y las facilidades de los bancos de desarrollo y del sistema de las Naciones Unidas y sobre todo de sus organismos especializados, así como los recursos de los donantes bilaterales, organizaciones privadas y organismos no gubernamentales.
Puede esperarse que todo lo anterior rinda un beneficio adicional - el dividendo de la pazque abriría nuevas perspectivas. Los gastos militares de cuatro días de todos los países del mundo equivalen a la cantidad necesaria para proteger los bosques tropicales. Los gastos de dos días servirían para sufragar lo que cuesta contener la desertificación durante todo un año. El empeño de recursos económicos en gran escala para la protección del ambiente exige el reconocimiento de la interdependencia de todos los países y la voluntad política de conciliar el desarrollo económico con un ambiente mundial capaz de sostener el crecimiento.
La actual estructura del sistema económico internacional y la desigual distribución de las riquezas de la tierra ensanchan la brecha que separa a los países desarrollados y en desarrollo y crea obstáculos al desarrollo irracionales desde el punto de vista ecológico. Es indispensable proveer apoyo institucional y financiero, y a la vez asistencia técnica. Esta incluiría la transferencia de los más recientes resultados de la investigación y el desarrollo de las técnicas más apropiadas y benignas para el medio ambiente, especialmente para las agroindustrias, el monitoreo del tiempo, control del clima, sistemas de energía alternativa, agricultura salina y biotecnología.
Los países industrializados deben limpiar su economía ya que «son todavía la mayor amenaza para el ambiente y el clima mundiales». (Colombo, 1989). No hay que permitir que las políticas de desarrollo mundial sostenido a largo plazo obstaculicen el desarrollo económico inmediato de los países en desarrollo.
Algunos cálculos de vía estrecha cifran el costo anual de un aumento mundial de la temperatura de 2,5 °C, en un tres por ciento del producto bruto (Ettinger et al., 1989). Pero eso ascendería a un cuatro por ciento del PIB de los países en desarrollo, que no se lo pueden permitir, dado que su sector agrícola es relativamente mayor y más vulnerable. No cabe la menor duda de que estos países necesitan tomar iniciativas endógenas y autosuficientes para promover en la medida de lo posible un desarrollo no acompañado de destrucción.
Los países en desarrollo no pueden invertir mucho en combatir la degradación del ambiente mundial sin poner trabas a su crecimiento económico. Lo único que pueden es compartir la carga de políticas ambientales mundiales en la medida en que los países industrializados les dejen acceso a más capitales y a tecnologías apropiadas.
CONCLUSION
La elección entre mejor calidad del ambiente a medio y largo plazo y menor crecimiento económico inmediato, exige acuerdo dentro de esta generación y con las venideras, así como voluntad de pagar para las operaciones de limpieza. Esto exige una justificación económica de las decisiones tomadas para la asignación de los fondos que resista el escrutinio más riguroso.
La economía de todo desarrollo sostenible y ambientalmente favorable obliga a calcular también los costos y beneficios de otras posibles políticas ambientales. Al hacer esa evaluación se averigua lo que costaría la degradación del ambiente implícita en un crecimiento económico sin trabas.
Los medios de que dispone la sociedad son escasos. Los recursos renovables son importantes como catalizadores del desarrollo. Es indispensable perfeccionar los sistemas nacionales de contabilidad de modo que reflejen la medida en que la economía está abusando del capital de recursos renovables, comprometiendo de ese modo las posibilidades de crecimiento para el futuro. El análisis de sistemas es un procedimiento apropiado para armonizar los aspectos económicos, ecológicos e institucionales de la gestión de los recursos renovables.
Una de las mayores amenazas para el ambiente es la pobreza. Muchas de las razones por las que los países en desarrollo depauperan su ambiente se remontan a la necesidad de sobrevivir inmediatamente, y no a la falta de interés por el porvenir. Todo plan de acción para mejorar el ambiente debe, por consiguiente, incluir programas encaminados a aliviar la miseria en el campo.
La situación económica de los países en desarrollo se ha agravado por causa de su deuda exterior y de la adversidad de los términos de intercambio. Necesitan ayuda para enjugar su endeudamiento, liberalidad en el comercio, más ayuda y más técnicas apropiadas, si es que se desea promover su desarrollo a largo plazo. Sólo si así se hace habrá esperanzas de alcanzar la seguridad ambiental de todo el globo.
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