Prólogo

Desde hace más de 20 años, en las intervenciones estatales se ha centrado la preocupación en la forma de orientar el desarrollo con respecto a la sociedad. Las organizaciones de desarrollo, que representan a los estados, se han visto así obligadas a reflexionar sobre sus métodos de intervención y se están interesando cada vez más de las ciencias sociales. Sin embargo, las ciencias sociales no pueden aplicarse en la esfera del desarrollo adoptando meramente el enfoque mecánico que durante mucho tiempo fue el punto fuerte de las ciencias “serias”. Existe una metodología especial que se utiliza en la sociología, ciencias políticas, economía política, historia, geografía humana y derecho, que frecuentemente produce resultados ambiguos, está envuelta en dudas y asaltada por preguntas. De ahí que no puedan utilizarse métodos científicos duros en las ciencias sociales; no es posible documentar la observación de los fenómenos de la misma forma en cada momento. Los materiales en observación son heterogéneos, las fuentes inciertas y los análisis y conclusiones son frecuentemente intuitivos^[1].

Este es el trasfondo muy general de la petición que el Departamento de Pesca de la FAO realizó a la Universidad de Perpiñán^[2] en Francia. La experiencia multidisciplinaria de la universidad en el ámbito del Mediterráneo ofrecía una oportunidad científica para preparar un “resumen de derechos colectivos y sistemas descentralizados de disciplina profesional” en la pesca marítima. Sin embargo, un análisis de este tema institucional y jurídico dentro de un sector en crisis, en particular en una zona complicada, podría tener interés solamente si se examinaban también las cuestiones del buen gobierno y la administración de las pesquerías a la luz de los objetivos de la sostenibilidad.

La cuestión de la organización de las sociedades marítimas en el Mediterráneo plantea ciertamente la cuestión de la descentralización de las medidas públicas; pone también en tela de juicio los sistemas de ordenación de los recursos pesqueros utilizados hoy en día por los distintos gobiernos en esta cuenca geográfica. La publicación del Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable aumentó aún más la apertura del Departamento de Pesca de la FAO hacia el análisis de las políticas públicas. El Código consiste en una serie de recomendaciones y no puede eludirse el problema de su aplicabilidad. Por consiguiente, al estudiar la aplicabilidad del Código, planteamos también la cuestión de la administración pública y la intervención de los estados responsables de la ordenación de las pesquerías incluidas en su jurisdicción.

Se ha realizado este estudio en un momento en el que se están poniendo en tela de juicio las políticas pesqueras públicas, especialmente en el Mediterráneo, y hay mucha perplejidad sobre la aplicación de los modelos de ordenación recomendados internacionalmente. Esperamos que esta publicación provoque debates sobre las cuestiones de la ordenación que interesan también a otras regiones pesqueras del mundo con estructuras pesqueras semejantes.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las políticas estatales, científicas y centralizadas, estimularon y crearon pesquerías industriales. ¿Puede decirse hoy que este intervencionismo tuvo “demasiado éxito”? Existe ahora una flota semiindustrial en el Mediterráneo, pero hay una crisis general: crisis general de los recursos pesqueros; crisis del mercado de muchos productos pesqueros debido a la competencia vinculada con la globalización; crisis de las empresas pesqueras que se enfrentan a deudas y costos de producción crecientes; y crisis social de las sociedades marítimas, que se ha traducido en una crisis demográfica con un empobrecimiento casi universal de las poblaciones de pescadores. Y en lo que respecta a las “pequeñas pesquerías costeras” que existen casi en todas partes del Mediterráneo, continúan estando olvidadas y marginadas en cuanto tales, y se hallan también en crisis, pero de formas diferentes.

Parece ahora que los encargados del sector desean cambiar de página en las políticas de pesca y hablar de “pesca sostenible y responsable”. Ahora bien, ¿cómo se puede establecer este nuevo modelo? ¿Qué significa en términos de pesca real? Y especialmente, ¿qué debe hacer la administración estatal justo dos decenios después de haber abierto la caja de Pandora de la industrialización en las pesquerías del Mediterráneo por medio de subvenciones y transferencia de tecnología? ¿Qué decisiones pueden adoptarse con una población marítima tan indisciplinada y agotada por la erosión de sus ingresos? ¿Cómo se pueden proteger los recursos pesqueros de un instrumento de producción que en muchos casos tiene un tamaño excesivo? ¿Cómo se puede regular la evolución de la pesca con arreglo a datos científicos objetivos e información cualitativa?

Todas estas preguntas constituyen un desafío para los sistemas que forman hoy las políticas pesqueras públicas.

La primera línea de este sistema, que interactúa con la sociedad civil, es la administración pesquera en el Mediterráneo. ¿Y qué conocemos realmente sobre esta administración? ¿Se han evaluado sus intervenciones? ¿Contamos con estudios científicos administrativos sobre su historia, los medios de que dispone, la forma en que piensa, sus objetivos y métodos, la forma en que los representa o su eficiencia? ¿Hay que ponerla hoy en tela de juicio para alcanzar nuevos objetivos?

Frente a la administración, que en cierta medida decide su destino, se hallan la sociedad civil y los numerosos intereses de sus distintas categorías. En este caso se hallan en primera línea las sociedades marítimas que obtienen su sustento de la mar y explotan sus riquezas. ¿Qué sabemos sobre los hombres y mujeres que viven de la pesca hoy en el Mediterráneo? ¿Podemos encontrar en estas personas los fundamentos del nuevo sistema de ordenación? ¿Es el entorno homogéneo y monolítico? ¿O está dividido por conflictos internos? ¿Se ajusta a alguna lógica identificable?

Este estudio no trata de contestar a todas estas preguntas, ya que sería difícil en este momento reunir los datos necesarios para hacerlo. Puede considerarse como una “oferta epistemológica” en la que se analizan los problemas con que se enfrenta la pesca por medio de las relaciones entre la sociedad marítima y la administración. El proceso no tiene por qué ser exacto, ni siquiera científicamente verificable. Su finalidad es amalgamar una profusión de información heterogénea con arreglo a una serie de temas e incrementar así nuestros conocimientos.

Estos conocimientos no tienen otra función que la de contribuir a definir mejor las políticas pesqueras públicas en términos de sostenibilidad y responsabilidad.

François Féral