Como hemos visto antes, la producción piscícola en los canales de riego puede adoptar dos formas: la pesca y la acuicultura. La promoción de ambas operaciones tiene consecuencias jurídicas que deben sopesarse cuidadosamente si se quiere que los proyectos tengan éxito.
El manejo de una pesquería supone la compra o la cría de reproductores para la repoblación, la contratación de personal, etc. o, por lo menos, la regulación del esfuerzo pesquero, lo que también exige personal, con los consiguientes costos anuales de mantenimiento o regulación de la pesquería. Esto plantea la cuestión de la propiedad de los recursos pesqueros en el sistema de riego. ¿Es propietario de los peces el que sufraga los gastos de manejo/repoblación una vez se han introducido los peces en los canales, o son éstos de propiedad común? ¿Quién tiene derecho a pescarlos? Estas cuestiones llevan a la conclusión de que la pesquería debe proporcionar ingresos suficientes para sufragar los costos de manejo y explotación. Estos fondos podrían recaudarse mediante licencias, impuestos, etc. Esto a su vez supone una legislación oficial, que debe prever los instrumentos jurídicos adecuados para que puedan aplicarse los reglamentos. Asimismo habrá que regular el esfuerzo pesquero, para sostener el nivel de la producción de la pesquería sin incurrir en insumos de gestión excesivamente altos.
En el caso de la acuicultura, siendo el acuicultor quien encierra a los peces, la cuestión de la propiedad está bastante clara. Sin embargo, otros aspectos deben tomarse en consideración, en particular los relacionados con el hecho de que el acuicultor aprovecha un agua que está destinada en último término a la agricultura de tierra, y que a menudo pagan, por lo menos en parte, los usuarios de las explotaciones agrícolas. El uso intensivo de agua de riego para la acuicultura puede resultar perjudicial también para el uso subsiguiente de esta agua en la agricultura, por los efectos ambientales de la actividad, o sea, enriquecimiento orgánico, obstrucción de las vías acuáticas, etc. Así pues, deberá considerarse una reglamentación formal, como un régimen de licencias, con objeto de:
obtener ingresos de las actividades de los acuicultores, que podrían complementar los ingresos obtenidos de los agricultores terrestres; y
regular la intensidad de las actividades acuícolas, de manera que no obstaculicen demasiado las actividades de los usuarios agrícolas, o pongan en peligro su propia explotación por causa del deterioro ambiental.
Estos puntos introducen la cuestión de los derechos de acceso y uso de la propia vía acuática. Esto se aplica tanto a la acuicultura como a las pesquerías. La mayoría de los sistemas de riego están construidos y mantenidos por el gobierno, que normalmente opone obstáculos legales al uso del agua en los canales. El alcance de estas medidas jurídicas puede varias considerablemente. Por ejemplo, en el caso del cultivo en jaulas y corrales en el Canadá, hay 12 licencias diferentes que deben obtenerse antes de que pueda instalarse un corral de peces, mientras que en el Tailandia sólo hay que pagar un derecho nominal de licencia y obtener el permiso del oficial pesquero (Carruthers y Clarke, 1981). En Java occidental cualquier persona que quiera dedicarse a esta explotación deberá ocuparse del mantenimiento de los canales, y de su limpieza. Asimismo deberá velar por que las redes estén situadas por lo menos a 3 metros de distancia de cualquier puente, y no podrá utilizar canales con una inclinación de menos del 2,5%. Esta medida tiene por objeto evitar que se repitan las inundaciones acaecidas en el pasado debido a las numerosas jaulas instaladas en los canales de avenamiento de zonas urbanas (Costa-Pierce y Effendi, 1988). En Egipto es menester el permiso de las autoridades de aguas antes de que pueda colocarse ninguna instalación acuícola en los canales de riego. Las autoridades tienen en cuenta si la instalación puede limitar el caudal del canal, o causar el entarquinamiento o la contaminación de sus aguas (Nour, comunicación personal).
La mayoría de los obstáculos financieros a la pesca o a la acuicultura en los sistemas de riego se deben a las circunstancias del mercado, las condiciones socioeconómicas locales, el sistema de cultivo, etc., y no guardan ninguna relación con el estado del sistema de riego. Las únicas excepciones de aplicación general a esta norma son las licencias, para la pesca o para la acuicultura, y los derechos que perciben los explotadores del sistema de riego, de los usuarios del agua agrícola.
En el caso de las licencias para la pesquería, el derecho percibido debe situarse a un nivel que no desaliente la explotación ni la haga tan atractiva que dé lugar a excesos. En la práctica, la licencia puede ser un medio útil de controlar la presión pesquera, y también las operaciones acuícolas.
En muchos sistemas de riego, los usuarios del agua tienen que pagar por el agua que utilizan, o por el derecho a utilizar el agua del sistema. Si se organizan operaciones de pesca o de acuicultura en un sistema de riego, ¿no deberían contribuir los beneficiarios de estas operaciones al costo de la construcción y el mantenimiento del sistema, como hacen los agricultores? De hecho, en el caso de las operaciones en gran escala, quizás podría considerarse una reducción de las tarifas aplicadas a los agricultores, compensando la diferencia con la imposición de gravámenes a los pescadores y a los piscicultores.
En la mayoría de los países en desarrollo las tarifas por la utilización del agua de riego se fijan a un nivel simbólico que pocas veces cubre el costo real del riego. En la India, las tarifas recomendadas se basan en el tipo de cultivo, pero de ordinario equivalen al 4–15% del ingreso bruto derivado de la tierra regada. No obstante, en realidad esta cifra suele ser inferior al 5% del ingreso bruto de los agricultores. En el Pakistán y en otros países en Europa, Australia y los Estados Unidos las tarifas son bastante más elevadas.
