V. ACCESO A LOS ALIMENTOS BÁSICOS

1. Evolución de la Canasta Alimentaria y su Costo
2. Situación Global de la Pobreza
3. Composición de los Hogares en la Región
4. Mecanismos de Prevención y Mitigación de Desastres
5. Posición de la Comunidad Internacional con Asistencia de Emergencia
6. El Efecto Migratorio Interno y Externo
7. Políticas Nacionales de Seguridad Alimentaria

1. Evolución de la Canasta Alimentaria y su Costo

Los costos mensuales de la canasta alimentaria, lo mismo que de la canasta alimentaria ampliada y la canasta básica¹⁷, después del Mitch han sufrido aparentemente poca movilidad en su costo y ello se debe fundamentalmente a que el proceso de la paridad cambiaría y los valores que se manejan no reflejan las dificultades de acceso a las mismas.

En efecto, al observar las tendencias en los distintos países, los índices de precios al consumidor reflejan crecimientos importantes en el IPC de alimentos en el caso de Honduras y Nicaragua con un crecimiento del 25% y 21% al compararse 1999 con el año 1997, sin embargo las canastas alimentarias y básicas de ambos países reflejan un tendencia un poco menos sesgada y ello se debe al efecto de la dolarización aplicada en las canastas, pues los deslizamientos de las monedas de los países con relación al dólar, no corresponden en la misma forma que el nivel de ingreso de la población en sus monedas locales.

Cuadro N°18. Costos de las Canastas Alimentaria, de Alimentos Básicos y Canasta Básica - Diciembre 1997 a Diciembre 1999

Países	Años	IPC %		Costo Mensual de Canastas US$
		General	Alimentos	Alimentaria	Alim. Básicos	Básica
Belice	1997	110.6	111.2	N/d	N/d	N/d
	1998	109.7	110.1	N/d	N/d	N/d
	1999	108.4	108.3	N/d	N/d	N/d
	1999/97	0.98	0.97	N/d	N/d	N/d
Guatemala	1997	827.0	940.7	124.5	184.3	336.4
	1998	911.3	1028.7	114.0	169.5	308.0
	1999	927.6	1005.6	99.5	147.8	269.0
	1999/97	1.12	1.07	0.80	0.80	0.80
El Salvador	1997	148.8	159.5	142.7	N/d	285.6
	1998	155.0	170.4	140.6	N/d	281.2
	1999	153.5	161.5	135.6	N/d	271.3
	1999/97	1.03	1.01	0.95	N/d	0.95
Honduras	1997	75.2	77.0	114.0	124.5	151.8
	1998	85.5	85.9	123.1	134.6	164.1
	1999	95.4	96.2	129.4	141.5	172.5
	1999/97	1.27	1.25	1.14	1.14	1.14
Nicaragua	1997	135.2	136.0	22.40	89.62	140.28
	1998	152.9	155.4	22.44	89.76	141.04
	1999	170.0	163.9	21.19	84.78	137.57
	1999/97	1.26	1.21	1.16	1.16	1.21

N/d = No disponible; Fuente: Institutos de Estadísticas y Censos, Informes Bancos Centrales

Tomando como referencia el cuadro N°18, son notables las diferencias entre los valores de las canastas de un país a otro. Si se considera solamente la canasta alimentaria, El Salvador tiene el mayor costo de los 11 productos que ésta contiene, lo mismo sucede en la canasta básica; en cambio, Nicaragua tiene un costo sensiblemente reducido comparativamente con todos los países de la región en sus canastas alimentaria y básica, los cuales son de hasta 4 y 5 veces más baratos para la primera y desde un 96% hasta un 125% para la segunda.

La razón por la cual ocurre este costo reducido, es que este último país es el más pobre en términos de ingreso per cápita (menos de US$500/mes) y tiene los precios más bajos de la región. De hecho, los precios internos de los granos básicos y las hortalizas son muy baratos y frecuentemente son adquiridos por compradores de los países vecinos.

El ingreso promedio mensual de los trabajadores para cubrir el costo de la canasta básica por países en función de su ubicación territorial muestra que un trabajador guatemalteco con el ingreso promedio nacional en 1997 (US$271.3), solamente podía cubrir el 81% del costo (US$336.4), al cierre de 1998 con un ingreso de US$265/mes cubría el 86% y en 1999 su ingreso (US$257.6) le alcanzaba para un 95%, con una mejoría aparente; sin embargo para un trabajador agrícola la condición era de que en los mismos años solamente cubría dicha canasta con sus ingresos, el 32%, 34% y 37%. En síntesis, los ingresos del sector rural únicamente proporcionan la posibilidad de adquirir la canasta alimentaria, los asalariados del sector urbano, tienen la opción de cubrir el costo de la canasta básica 1.5 veces. Ver cuadro N°19 y anexo N°13.

Esta misma situación con la población salvadoreña, indica que el salario promedio nacional no es suficiente para cubrir la canasta alimentaria y mucho menos la básica, pues en 1997 el ingreso mensual promedio US$97.4 no cubría la primer canasta cuyo costo era de US$142.7, es decir solo podía cubrir el 68% y par la segunda canasta el 34%; en los años siguientes existió una pequeña mejoría al pasar a niveles de cobertura de la canasta alimentaria de 74% y de la básica del 37%, para 1999 en el año inmediato después del Mitch la condición mejoró también un poco más, llegando a tener una cobertura del 77% y 39%. En el sector rural esta condición es mucho más patética ya que existió un congelamiento en los salarios agrícolas que se sustentaron en el salario mínimo, el cual fue de US$81/mes de tal forma que los trabajadores agrícolas tuvieron una cobertura del 58% para la canasta alimentaria y 29% para la canasta básica (ver cuadros N°18, N°19 y anexo N°13). Cabe señalar, que mucha de la población salvadoreña recibe un complemento de ingresos de un 28% derivado de las remesas familiares que se envían desde Estados Unidos, las cuales se cuantificaron en 1999 en US$1.600 millones de dólares, convirtiendo a esta actividad en la principal fuente de divisas del país.

En Honduras, la situación es similar a la que se observa en El Salvador, pues el salario mensual promedio de la población no cubre la canasta alimentaria ni la básica, tomando el año 1999 como referencia post Mitch, el promedio nacional alcanzó US$86.7/mes mientras la canasta alimentaria llegó a costar US$129.4/mes y la básica US$172.5/mes, de tal forma que la cobertura fue del 67% para la primera y del 50% para la segunda. En el sector agrícola, tomando el mismo año, 61% y 46% respectivamente para ambas canastas en el mismo orden.

En Nicaragua, según las cifras oficiales los niveles de ingreso de la población con empleo en ambos sectores, tiene una amplia cobertura de la canasta alimentaria, sin embargo los sectores de más bajos ingresos y el sensible porcentaje de población en condiciones de desempleo y subempleo, hace suponer que esta relación se encuentra distorsionada, pues el PIB per cápita en 1999 de US$488/año, y los métodos de medición de la pobreza por otros sectores del Estado, indican que la situación de la cobertura de los ingresos en las canastas alimentaria y básica es contraria a la de los otros países, pues los indicadores nacionales de este país otorgan al sector agrícola una cobertura de dos canastas alimentarias y contrariamente apenas del 32% a la segunda canasta en 1999; igual condición sucede con lo reportado como promedio nacional se cubre 2.2 veces la primer canasta y para la segunda solamente el 35%.

Si aplicamos el factor de población desempleada a nivel regional contra la posibilidad de cobertura de la canasta alimentaria, tendríamos que un 30% de esta población tiene acceso a la misma y enfrenta serias dificultades en adquirir la segunda. Y comparativamente con el 50% de pobreza regional promedio, los niveles de ingresos de esta población están muy por debajo de los ingresos de los sectores formales de la economía, aunque sirven de referencia para formarse una idea de la condición en la que se encuentran los pobladores afectados por el Mitch.

La sumatoria de la población que no estaría en condiciones de adquisición de la canasta básica en la región, sería de unos 15 millones de habitantes (50% del total de la población regional), en su mayoría campesinos y/o obreros agrícolas y en menor medida población de las zonas periurbanas de las capitales de los países en alto riesgo de inseguridad alimentaria, con excepción de Belice, donde las condiciones de vida son un poco mejores que las de otros segmentos de población del resto de Centroamérica.

Cuadro N°19. Empleo, Salario per cápita según Sector de actividad - Años 1997/99

Países	Años	Total		Agrícola		Urbano
		Miles de Empleados	Promedio US $	Miles de Empleados	US$ Per cápita	Miles de Empleados	US$ Per cápita
Belice		N/d	N/d	N/d	N/d	N/d	N/d
Guatemala	1997*	681.6	271.3	212.8	106.9	468.8	435.7
	1998*	709.9	265.0	204.0	104.7	505.9	425.3
	1999*	1,513.5	257.6	984.3	98.9	529.2	416.3
El Salvador	1997	3,201.7	97.4	883.7	81.0	2,318.0	132.0
	1998	3,298.5	104.2	903.8	81.0	2,394.7	144.0
	1999	3,474.0	104.7	1,005.4	81.0	2,468.6	144.0
Honduras	1997	1,955.0	67.2	799.7	63.5	1,155.3	70.8
	1998	2,040.9	76.2	817.1	71.7	1,223.8	80.7
	1999	2,131.3	86.7	834.9	79.3	1,296.4	94.1
Nicaragua	1997	1,369.9	49.4	574.5	44.5	795.4	79.2
	1998	1,441.8	46.7	609.2	43.4	832.6	56.7
	1999	1,544.2	47.6	655.3	44.3	888.9	55.7
Promedio	1997	7,208.2	121.3	2,470.7	74.0	4,737.5	179.4
	1998	7,491.1	123.0	2,534.1	75.2	4,957.0	176.7
	1999	8,663.0	124.2	3,479.9	75.9	5,183.1	177.5

* Afiliados al Seguro Social; N/d = No disponible; Fuente: Ministerios de Agricultura de los Países.

Es importante hacer notar que la mayoría de la población regional que trabaja en el sector rural, no goza de los beneficios que se contemplan en la seguridad social y en los casos donde tienen los mismos, los niveles de ingresos son tan bajos que la cobertura y las necesidades no se relacionan como es debido y antes bien existe la tendencia a la descapitalización de los pocos bienes materiales para poder suplir estas necesidades y otras derivadas de los servicios básicos.

Gráfico N°13. Costos en dólares de la Canasta de Alimentos vs. Ingresos Promedios Agrícola y Urbano en cada país

Nicaragua

Honduras

Guatemala

El Salvador

2. Situación Global de la Pobreza

a. Descripción General

Los países afectados por el huracán Mitch enfrentan una de las condiciones más difíciles en términos de pobreza e inseguridad alimentaria, debido fundamentalmente a problemas estructurales donde la pobreza se ha convertido en una condición de corto plazo para los sectores de más bajos ingresos y de menos capacidad de producción, enfrentándose diariamente a un dilema de sobrevivencia donde la globalización de las economías en cada país, confrontan las rentabilidades de la producción para el consumo interno con las de exportación, con pocas expectativas para la inversión en la producción de alimentos y una insuficiente inversión social.

A lo anterior se adicionan los elevados niveles de pobreza, que afecta - a pesar de las cifras oficiales - a dos terceras partes de la población regional y dentro de esta población, a casi la totalidad de las comunidades indígenas, que viven un proceso continuo de pobreza y exclusión social que las convierte sistemáticamente, en población vulnerable y en alto riesgo de inseguridad alimentaria.

Normalmente en estas condiciones se encuentran las comunidades rurales y esta población es tipológicamente caracterizada como productora de granos básicos en extensiones menores de 2 hectáreas con complementación de sus ingresos con la oferta de su mano de obra y con actividades de producción de artesanías de bajo costo, a quienes en algunos casos se han visto compensados con remesas de dinero del exterior por parte de sus familiares, que emigraron principalmente hacia los Estados Unidos. El otro segmento importante de población es el de las ciudades tanto en las zonas periurbanas como en las zonas marginales internas de las mismas, las cuales en su mayoría son trabajadores informales con niveles de ingresos muy bajos y con muy pocas posibilidades de colocarse en trabajos estables.

Esta población tiene muy poca oferta de trabajo pues su nivel cultural y educativo es muy bajo, de hecho la escolaridad promedio en la región es de 3.7 años cursados en la escuela primaria, sin contar con que hasta muy poco tiempo le tocó sufrir los conflictos armados que azotaron a la mayoría de los países con la excepción de Belice.

Además, la llegada de la paz, no trajo consigo los programas de inversión, de acceso a facilidades crediticias, de asistencia técnica, etc, para la reconstrucción de las unidades de producción familiar y menos aún para la reubicación de poblaciones enteras que tuvieron que emigrar a países vecinos para poder subsistir.

La población en situación de pobreza extrema pasó de 13.9 millones de personas¹⁸ en 1990 a 14.5 millones en 1998, según se muestra en el cuadro N°20, afectando más - en términos relativos - a Nicaragua y Honduras con el 50% de los habitantes en esta condición de casi 22 millones de personas en pobreza en toda la región.

Cuadro N°20. Indicadores Básicos de Acompañamiento a la Pobreza

País	Población Miles de Habitantes	Nivel de Pobreza Extrema		PIB per cápita	Deuda Externa*
		Miles habit	%	US$	Millones US$
Belice	249.8	N/d	N/d	2,725	338.0
Guatemala	11,389.3	5,580.6	49.0	1,533	4,565
El Salvador	6,276.1	3,031.3	48.3	1,716	3,630
Honduras	6,597.1	3,298.6	50.0	722	5,002
Nicaragua	5,113.4	2,572.0	50.3	452	5,968
Total	29,625.7	14,482.5	49%	1,204	19,503

* en 1998; Fuente: Instituciones Centroamericanas de Estadísticas, Bancos Centrales, PNUD.

En función de sus respectivas poblaciones, en escala de los niveles de pobreza extrema se ubica Nicaragua en una primera posición con el 50.3% de su población, seguidos de Honduras (50%), Guatemala en tercer lugar (49%) y El Salvador como la nación con menos pobres extremos, sin embargo las diferencias porcentuales entre los países no son significativas, de tal forma que la región globalmente presenta el 49% de población en niveles de pobreza extrema.

Un condicionante para el incremento de la pobreza en estos países es la elevada deuda externa, que colectivamente en 1998 alcanzó los US$19,500 millones de dólares, los cuales son equivalentes al 54% del PIB anual regional total, pero que en el caso de Honduras y Nicaragua constituye 1.5 veces y 2.5 veces su capacidad productiva anual. En función de las exportaciones regionales de los países afectados, esta deuda significa 2.3 veces las exportaciones conjuntas, y para el caso de Nicaragua casi 10 veces su capacidad exportadora.

El PIB per cápita si bien para la evaluación de la pobreza no verifica la situación precisa de la población, en este caso es el reflejo de la concentración de la riqueza en núcleos minoritarios con grandes expresiones de opulencia en medio de toda una gran expresión de marginalidad, carente de servicios básicos de salud, educación, agua potable y saneamiento y con pésimas condiciones de comunicación y transportación.

En 1998, los ingresos per cápita de los países estudiados era el siguiente: Belice US$2,669; Guatemala US$1,640; El Salvador 1,850; Honduras US$740 y Nicaragua US$370. Los dos últimos países son los pobres de la región. Sin embargo las condiciones de pobreza de la población en todos ellos es más acentuada en los de mayor ingreso per cápita.

Según el informe del SICA¹⁹ la inversión social como porcentaje del PIB en los países afectados dos años antes del Mitch, era en Nicaragua del 10.7%, El Salvador 7.7%, Honduras el 7.2% y en Guatemala el 4.2%.

Cuadro N°21. Algunos Indicadores que Cuantifican la Pobreza

Países	Cobertura Agua Potable		Déficit Habitacional	ÍDH PNUD			Escolaridad Años
	Urbano	Rural	En miles	98	99	00	Estudiados
Belice	N/d	N/d	N/d	63	83	58	N/d
Guatemala	96	68	1,390.0	111	117	120	3.2
El Salvador	92	25	550.0	114	107	104	4.1
Honduras	89	53	700.0	119	114	113	4.3
Nicaragua	89	35	380.0	126	121	116	3.8
Totales	92	45	3,020.0				3.7

Fuente: IDH - PNUD, SICA.

Con los terremotos de El Salvador en enero y febrero de 2000, las viviendas destruidas se contabilizan en unas 150,000 y otra cantidad igual de viviendas dañadas, con lo cual las necesidades se incrementaron aun más en dicho país.

En relación con el Índice del Desarrollo Humano (IDH) que elabora anualmente el PNUD, según los documentos de los años 1998 a 2000 que en la práctica equivalen a 1996-1998, los países han experimentado en el caso de Belice un progreso en su posición en la escala de medición, de la posición 63 a la 58; Guatemala ha retrocedido sus condiciones de un puesto 111 al 120; Honduras ha mejorado del puesto 119 al 113 a pesar del Mitch; finalmente El Salvador y Nicaragua son quienes han tenido un mejor comportamiento al disminuir 10 peldaños, del 114 al 104 y de la posición 126 al 116 respectivamente en los tres años de referencia.

El país con mejores condiciones de escolaridad es Honduras con 4.3 años estudiados como promedio por su población, El Salvador tiene un promedio un poco inferior (4.1 años) y los restantes países se encuentran en el rango entre 3.2 y 3.8 para Guatemala y Nicaragua respectivamente.

La población de Centroamérica está distribuida en un 48% en las zonas urbanas y se espera que en función del efecto migratorio del campo a la ciudad, para el año 2020 este porcentaje podría llegar a alcanzar el 64% en las ciudades, que para ese entonces, significará 32 millones de personas (casi la población actual) viviendo en las urbes metropolitanas²⁰.

Esta condición migratoria obedece principalmente a la concentración del empleo en las zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales la pobreza se acumula de manera alarmante. En efecto, en todos los países de la región, los indicadores de pobreza se magnifican en las zonas rurales alcanzando en el caso de Guatemala una condición global del 66% y en la región norte donde se concentra la mayor parte de la población indígena, este porcentaje alcanza el 80%; en El Salvador el indicador nacional de pobreza rural alcanza el 62% de los hogares rurales; en Honduras la pobreza rural se concentra en el 75% de la población de los cuales en condición de indigencia se cuantifica el 65%, siendo más significativo en los grupos étnicos indígenas y afro-antillanos, estos últimos con peores condiciones debido a dos afectaciones: el amarillamiento letal del cocotero y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

En Nicaragua la pobreza rural es equivalente al 75% y sus mayores concentraciones de población se ubican en las zonas del Atlántico y norte-centro del país; en Belice la pobreza también se concentra en las zonas rurales con una representatividad del 43% la cual es más representativa en la población de indígenas Maya (70%), los indígenas del este (42%) y los mestizos (35%).

Lógicamente, la mayor parte de esta población en pobreza extrema es afectada por la inseguridad alimentaria, sobre todo en aquellas comunidades (la mayoría) que dependen de la agricultura de secano y de condiciones pluviométricas estables, y cuya producción se concentra en el cultivo de granos básicos y en menor medida de fruticultura mayormente para el auto consumo.

Con el Mitch, los daños en las zonas urbanas y en especial en las zonas periféricas de las mismas, agudizaron la pobreza, pues la capacidad de respuesta institucional fue muy limitada y los recursos que se prometieron, especialmente en el caso de Honduras, no llegaron a cubrir a la mayoría de la población, la cual ha tenido que subsistir en condiciones de hacinamiento crítico con sus familiares, cuyas viviendas resultan muy limitadas para tanta gente con el agravante de las dificultades con los niños y ancianos que padecen constantemente enfermedades propias de esta condición.

Ahora bien, en muchas zonas (urbanas y rurales) la asistencia humanitaria en general que recibiera la población afectada, vino a constituir la única forma de ingreso y de mejoría relativa del nivel de vida, pues la misma se convirtió en un paliativo de necesidades acumuladas de mucho tiempo, de tal forma que en los sectores pobres más extremos de todos los países, los desastres se han convertido en una pequeña mejoría personal en medio de la tragedia, pues tienen durante un corto tiempo acceso a servicios de salud, medicinas, ropa, techo, alimentación y hasta diversión, para después volver al duro vivir con todas la limitaciones.

Cada evento similar al Mitch, viene a poner al desnudo la triste situación de la pobreza regional y a poner de manifiesto, la necesidad de inversión social y productiva para afrontar en el mediano plazo las necesidades de esta gran cantidad de población y prevenir consecuencias de violencia y desajuste social, por el cual ya se tuvieron tristes recuerdos en la década de los 80.

b. Planes y Programas

En general, los países después del Mitch han experimentado la necesidad de fortalecer sus capacidades nacionales para dar inicio a un programa de reducción de la pobreza. Sin embargo, esta necesidad no puede ser afrontada por los países individualmente, puesto que existen limitaciones en los recursos presupuestarios nacionales para poder incidir de manera efectiva en este mal que ha venido creciendo cada día.

A raíz del huracán, se han abierto foros consultivos con la comunidad internacional y las organizaciones multilaterales de apoyo, con el objeto de solicitar la asistencia para los países de la región afectados por este fenómeno meteorológico, en reuniones anuales en Estocolmo 2000 y recientemente Madrid 2001.

Los países de manera conjunta han formulado proyectos en las áreas de salud, educación, agricultura, forestería, medio ambiente e infraestructura. Entre estos proyectos, se ha hecho énfasis en el manejo de los recursos en cuencas compartidas tanto para la prevención contra los desastres, como para abordar los mimos con un enfoque integrativo de los restantes componentes, tales como salud, educación, equidad de género, producción, aspectos financieros y económicos y vulnerabilidad.

Además de los planes de reconstrucción de las infraestructuras perdidas y de las capacidades de producción, se elaboraron paralelamente documentos de estrategias para poder reducir la pobreza, los cuales contienen objetivos muy precisos, pero que requieren fuertes inversiones en la región por montos aproximados a los US$2,000 millones de dólares anuales por 4 años.

Los planes elaborados para combatir la pobreza en cada país se sintetizan de la siguiente manera:

Guatemala: La Matriz Social presentada por el Gobierno se concentra en tres ejes:

• Crecimiento económico sostenido basado en reglas claras y estables.
• Generación de empleo remunerado con base en la productividad.
• Inversión en capital humano que permita garantizar el acceso de la población a los servicios sociales básicos como salud y educación.

El Salvador: El Plan Nacional de Reconstrucción,²¹ parte de cinco anillos concéntricos de seguridad para la reducción de las vulnerabilidades:

• La organización social de las respuestas antes, durante y después de los desastres.
• Equidad en acceso a salud y hábitat con infraestructura digna, como elementos básicos de seguridad y productividad de las personas.
• Oportunidades más equitativas de inserción económica mediante el fomento a las micro y pequeñas empresas y su capacidad de organización en los mercados.
• Un medio ambiente preservado y utilizado armónicamente con las necesidades de hoy y del futuro.
• Instituciones formales e informales de gobernabilidad, fortalecidas.

Honduras: Por medio del Plan Maestro de la Reconstrucción y Transformación Nacional, se han definido cinco aspectos claves a partir del crecimiento económico rápido y sostenido:

• Disminuir los efectos del impacto del Huracán Mitch sobre las condiciones de vida de la población más vulnerable.
• Mejorar la calidad y acceso de los servicios sociales básicos.
• Ampliar las oportunidades de generación de empleo para las familias de menores recursos.
• Promover y proteger los recursos naturales y el medio ambiente.
• Ampliar y mejorar la participación de la población de menores recursos en las causas que inciden en la profundización y reproducción de la pobreza.

Nicaragua: Con la edición de la Estrategia Reforzada para la Reducción de la Pobreza, el Gobierno ha planteado tres ejes principales:

• Crecimiento equitativo de base amplia, con alta generación de empleos de calidad y énfasis en el desarrollo de la economía rural.
• Un alto nivel de inversión en el capital humano de los pobres.
• Fortalecimiento de los sistemas de protección social.

Estos planes tal como se ha mencionado, requieren de un altísimo programa de inversiones calculado en unos US$2,000 millones de dólares por país en un plazo de 4 años, que necesita del auxilio internacional tanto para la provisión de los recursos financieros, como de la asistencia técnica y montaje de los mecanismos de seguimiento y evaluación de la forma en que se priorizarán y dirigirán los recursos en los distintos campos del desarrollo que se plantean. Así mismo, la definición de los fondos y personal nacional que se involucrará en estas acciones.

Siendo que los efectos del Mitch han desestabilizado las economías de Honduras y Nicaragua, ambos países han solicitado la condonación de la Deuda Externa a la comunidad internacional a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HICP), resultando ambos países elegibles por lo que es muy posible que alcancen condonaciones del orden del 80% de la deuda actual en el futuro mediato.

Por su lado, las organizaciones no gubernamentales en todos los países cuentan con planes y programas propios que en la mayoría de los casos no se vinculan con los gubernamentales, los cuales han sido expuestos en los foros internacionales, buscando la forma al mismo tiempo de que la asistencia para enfrentar las crisis que se derivan de los desastres naturales y en el caso concreto del Mitch, se canalicen por medio de dichas organizaciones, situación en la que si bien la comunidad internacional ha expresado su mejor intención, la misma no se logra cristalizar por diversos factores que van desde la forma de operativizar los fondos, hasta la identificación de los posibles beneficiarios conjuntamente con las autoridades estatales, sin mencionar que las promesas de financiamiento para la rehabilitación, no llegaron en la medida que se solicitó.

En esto último, ha sido notorio que cuando un desastre afecta a una región en este hemisferio, si en otro continente se presenta un evento similar o peor, la tendencia de la comunidad internacional ha sido de postergar o pasar a segunda prioridad la importancia que tenía el Mitch, ello lógicamente se ha traducido en restricciones para la reconstrucción efectiva, sobre todo de los sectores más vulnerables, incluida la producción de alimentos.

3. Composición de los Hogares en la Región

Las condiciones demográficas de la región son muy parecidas y salvo Nicaragua que registra la mayor tasa de crecimiento poblacional, los demás países muestran una tendencia a reducir sus crecimientos poblacionales. Los hogares globalmente están conformados por familias entre 4.5 y 6 miembros, predominando un mayor número en las familias rurales. Las mujeres jefes de familia oscilan entre un 35 y 42% de los hogares en los países afectados por el Mitch, la mayor parte de los hogares está compuesto por población menor de 40 años en un 85%.

La mayor parte de los hogares (75%) tienen una vivienda construida de madera con techo de zinc y piso predominante en las áreas rurales de tierra o relleno con una pequeña capa de cemento. Un alto porcentaje de las viviendas urbanas están construidas con bloques de arcilla, cemento y en menor medida todavía subsisten construcciones de taquezal.²²

4. Mecanismos de Prevención y Mitigación de Desastres

a. Seguimiento y Evaluación de la Población Afectada

Dos años después del paso del huracán Mitch por Centroamérica, la memoria histórica de las instituciones y de la población, se encuentra como una referencia de una tragedia que casi agotó las capacidades del país. Las acciones de seguimiento y evaluación de lo acontecido con la población tanto desde la óptica de las instituciones de los Estados como de las organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, se ha perdido, pues otros desastres han aparecido y las prioridades se han trasladado hacia otros sectores.

De hecho, la recolección de información para conocer el estado en que estaba la población afectada antes y después del Mitch, no fue posible conocerla en cada país, pues entre otros factores que inciden en este aspecto, está el hecho de que se adquirieron compromisos con la comunidad internacional de donantes y entidades financieras internacionales, los cuales no se cumplieron en los plazos establecidos ni se tomaron en cuenta las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas para el abordaje de la vulnerabilidad en la región.

En Centroamérica, por acuerdos tomados por los presidentes de las naciones en la XX Cumbre realizada post Mitch, previa a la reunión de Estocolmo en mayo de 1999, se acordó adoptar el Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamérica, el cual contiene medidas de prevención y mitigación de daños, así como de preparación y gestión de emergencias. Este marco de acciones, planteaba la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres naturales en el quinquenio inmediato 2000 - 2004 y establecía por medio de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, la adopción de mecanismos de acción conjunta, sin embargo, las limitaciones operacionales no han podido hacer que los mandatos e intenciones logren cristalizar este esfuerzo.

b. Mecanismos de prevención y Mitigación

En todos los países se han creado organizaciones incipientes como respuestas institucionales, las cuales funcionan de la forma siguiente:

Belice: Cuenta con una oficina nacional para el manejo de emergencias la cual ejecuta sus acciones por medio de un Plan Nacional de Emergencias que coordina la National Emergency Management Organization (NEMO) en línea directa con la oficina del Primer Ministro. La NEMO tiene una oficina de coordinación que funciona con comités para cada una de las acciones sectoriales y funcionalmente bajan sus lineamientos a nivel distrital, municipal y local. El plan nacional ha sido reeducado en 1997 y está en funcionamiento permanente.

Guatemala: Se ha creado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), la cual está debidamente respaldada por una Ley y Reglamento desde el año 1996. Orgánicamente está conformada por un Consejo Nacional donde concurren las principales organizaciones ministeriales estatales vinculadas con este tipo de acciones y miembros de las sociedad civil. Sus acciones administrativas se conducen por medio de una Secretaría Ejecutiva con equipos técnicos de coordinación a nivel regional, departamental, municipal y local.

El Salvador: Cuenta con un Comité de Emergencia Nacional (COEN), el cual ha tenido hasta el momento las funciones exclusivas de emergencia, sus actividades de prevención y mitigación se encuentran en un proceso de discusión para el fortalecimiento de las Leyes de Emergencia Nacional y de Defensa Civil existentes desde 1976. Este proceso de discusión ha sido impulsado por ONG´S especializadas en desastres, los cuales en este país se han conformado como una respuesta paralela de la sociedad civil, aunque en contradicciones con la forma operativa y funcional en que se manejan los desastres institucionalmente. El COEN está operativizado a nivel regional, departamental y municipal.

Honduras: En este país se ha creado la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), que es la entidad nacional para la coordinación en el manejo de emergencias y desastres, que responde ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que coordina el Presidente de la República, aunque con un reducido espacio de funcionamiento, pues muchas de sus responsabilidades son asumidas por el Comando de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas. Esta situación ha motivado que las acciones para enfrentar los desastres se organicen en base a la regionalización militar, la cual baja posteriormente al nivel municipal y local. El PNUD y el Gobierno han creído conveniente el diseñar un Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del Riesgo y Reducción de Desastres Naturales en Honduras, en este programa se vincula estrechamente a la sociedad civil, Gobierno Nacional y Municipal.

Nicaragua: Recientemente (junio 2000), se ha puesto en marcha mediante una legislación el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, el cual es presidido por el Presidente del República y operacionalizado por una Secretaría Ejecutiva con carácter permanente. Según declaraciones del Representante Residente del Sistema de Naciones Unidas en este país, es posiblemente la organización de desastres mejor estructurada de los países de la región y su funcionalidad parte de un Comité Nacional de Emergencia en el cual concurren todas entidades nacionales vinculadas con el tema, las Organizaciones Estatales; así mismo está organizado con Comités regionales, departamentales y municipales.

c. Población en Riesgo de Inseguridad Alimentaria por Desastres

La región centroamericana como se ha mencionado, es propensa al azote de huracanes con margen de probabilidades del 36% en las costas de Nicaragua y Honduras (entre las coordenadas 20°N y 84°Oeste) y con menor riesgo para los restantes países del área²³, siendo El Salvador el que menos probabilidades tiene de sufrir los embates de un evento ciclónico.

La población en riesgo para estos fenómenos meteorológicos es del orden de los 7.4 millones de personas equivalentes al 25% de la población de la región, ocupando porcentualmente Honduras y Nicaragua la mayor cantidad de población en riesgo con relación a sus respectivas poblaciones, no siendo el mismo caso para El Salvador y Guatemala cuyos niveles de población en riesgo son del 17.1% y 17.6% respectivamente, tal como se muestra en cuadro N°22.

Cuadro N°22. Población en Riesgo de Inseguridad Alimentaria por Desastres Naturales

Países	Población Total*	Población en Riesgo (millones habitantes)
	En miles	Huracán	%	Sequía	%*	Terremoto	%
Belice	249.8	N/d	N/d	N/d	N/d	N/d	N/d
Guatemala	11,389.3	2.0	17.6	6.9	60.6	6.5	57.0
El Salvador	6,276.1	1.2	19.1	2.8	44.9	3.0	47.6
Honduras	6,597.1	2.9	44.0	3.4	51.8	4.0	60.6
Nicaragua	5,113.4	1.3	25.4	2.3	44.7	1.4	27.4
Totales	29,625.7	7.4	25.0	15.4	52.5	14.9	50.3

* 1998; Fuente: OXFAM y estimaciones del Consultor

Estando por cumplirse el ciclo del evento El Niño, las vulnerabilidades se pondrán en evidencia en países de alta población en la costa del pacífico de la región especialmente El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, de tal forma que es probable que se tenga que iniciar la alerta por esta afectación en el presente año y el próximo.

En cuanto a los terremotos, la región es una zona de alta sismicidad por el hecho que interactúan 5 placas tectónicas importantes: Coco, Pacífico, Norteamérica, Caribe y Rivera.

Habiendo ocurrido dos movimientos telúricos de dimensiones desastrosas en El Salvador en los meses de enero y febrero, cuando estaba preparando este informe, resultaron 184,000 familias afectadas, 155,000 casas destruidas y unos 1.5 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad alimentaria²⁴, al extremo que las raciones de emergencia que manejaba el PMA resultaron insuficientes para dos terremotos con un mes de duración entre uno y otro.

Lo significativo en este caso, es que los daños fueron más sensibles en las comunidades rurales, donde los campesinos productores de granos básicos, resultaron con sus viviendas dañadas o destruidas, perdiendo parte de sus granos al quedar enterrados y cuya capacidad de reconstrucción y de reposición de los bienes materiales y la del mismo Estado son en extremo limitadas, por lo que la alerta de inseguridad alimentaria se hace notoria por el hecho de que están vendiendo sus pocos bienes de capital y consumiendo las semillas para la siembra del ciclo que se inicia en el mes de abril con la preparación de tierras para esperar las lluvias de mayo.

Si esta población no es atendida con un programa emergente de dimensiones nacionales, podría presentar al país en el mediano plazo un alto riesgo de hambre en comunidades donde no será posible la siembra por falta de recursos para producir la tierra, sobre todo si se considera que los pocos recursos que están siendo entregados para la reconstrucción parcial de las viviendas.

5. Posición de la Comunidad Internacional con Asistencia de Emergencia

La ayuda de emergencia de la comunidad internacional funcionó de manera efectiva todos los países y zonas donde el Mitch provocó los peores daños. El PMA proveyó asistencia de emergencia y urgencia para unas 1,250,000 personas entre los días inmediatos (octubre 1998) a la tragedia y el mes de mayo del año siguiente, consistente en maíz, leguminosas, pescado enlatado y aceite vegetal.

Hicieron presencia con asistencia humanitaria alimentaria, implementos agrícolas y de reconstrucción de infraestructura, organizaciones como CARE, CRF, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, IICA, OIRSA, USAID, Unión Europea y países europeos, la JICA de Japón, las organizaciones internacionales de cooperación financiera multilateral con presencia regional (BID, BM, FMI, FIDA, entre las más destacadas). Mucha de la ayuda alimentaria fue utilizada bajo la modalidad de alimentos por trabajo tanto por el PMA como por las otras organizaciones internacionales como el AID en estrecha alianza con otras organizaciones de cooperación de importante presencia en los países.

Es importante hacer notar, las contribuciones de organizaciones como la Unión Europea que puso a disposición de la región US$15 millones de dólares, distribuidos dos terceras partes para Honduras y Nicaragua y el resto entre los otros dos países más afectados. De igual forma, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, puso a disposición 180,000 toneladas de trigo, 50,000 toneladas de maíz y un programa de asistencia de US$40 millones de dólares en otros productos, agregando la asistencia alimentaria por medio del programa Food for Peace.

Además las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, canalizaron asistencia de todo tipo para los sectores más vulnerables y afectados por el desastre, contribuyendo en la fase de asistencia para la preparación de acciones para la prevención y mitigación en todos los países, de manera especial la OPS con sus programas de ayuda al sector sanitario, lo mismo que la UNICEF con su ayuda a las comunidades afectadas y a las instituciones nacionales vinculadas con la niñez y la familia.

Regionalmente la FAO realizó conjuntamente con el PMA, importantes gestiones con miras a buscar las contribuciones de la comunidad internacional que totalizaran US$58.4 millones de dólares para el suministro de ayuda alimentaria durante seis meses a 1,125,000 personas en Guatemala, El Salvador Honduras y Nicaragua. Además, la FAO contribuyó con la puesta en marcha de Programas de Cooperación Técnica (TCP) en cada uno de estos países, los cuales estuvieron ligados a la recuperación productiva inmediata de los pequeños productores de alimentos.

Además, se realizaron reuniones del Grupo Consultivo de la Comunidad Donante en Washington (diciembre 1998), Estocolmo (mayo 1999) y Madrid (marzo 2001), con el objeto de revisar un marco de cooperación con la región. En estas reuniones se han comprometido fondos superiores a los US$2.800 millones de dólares, los cuales en su mayoría no han sido proveídos a los países afectados.

En cuanto a la asistencia para la emergencia sanitaria agropecuaria, tanto el IICA como la OIRSA realizaron importantes contribuciones a los países por montos aproximados a los US$300,000 y US$250,000 respectivamente, con los cuales se adquirieron vacunas y productos químicos, lo mismo que acciones de vigilancia y recolección de información para el seguimiento de posibles brotes de plagas y enfermedades de sector pecuario.

Cabe mencionar, que en la región centroamericana se ha estado tratando de consolidar el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), como organización satélite del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA), el cual aglutina a las entidades nacionales que trabajan en cada país para la mitigación de los desastres naturales.

Este centro cuenta con el apoyo de las organizaciones siguientes:

• GTZ de Alemania, la cual promueve a las estructuras locales en tareas de preparación, mitigación y prevención. Así mismo, cuenta con un programa de fortalecimiento de las organizaciones que atienden las operaciones de emergencia en cada país.
• ASDI de Suecia, concentra su atención en los sistemas de alerta temprana, de cara a la reducción del riesgo, fortaleciendo a CEPREDENAC.
• NORAD de Noruega, dirige su atención hacia la preparación contra el riesgo sísmico, teniendo como contraparte a CEPREDENAC.
• BID y Banco Mundial, concentra sus esfuerzos también en el apoyo del fortalecimiento de las Comisiones Nacionales del CEPREDENAC en cada país.
• UNESCO, apoya en la capacitación para la reducción del impacto de las catástrofes naturales teniendo como contraparte a CEPREDENAC.

La mayor parte del financiamiento de estas instituciones, ha expirado a la fecha de la redacción de este informe. Sin embargo, se encuentran en proceso de gestión fondos complementarios para suplir las necesidades de integración y coordinación, pues se tienen deficiencias en los campos siguientes:

• Desarrollo de mapas y escenarios de riesgos, por tipo de riesgo.
• Homogenización de la información regional.
• Gestión del riesgo.
• Planificación de acciones de cara a las emergencias y reconstrucción

Cabe señalar que el abordaje de la vulnerabilidad alimentaria dentro de CEPREDENAC y de sus contrapartes en cada país, no se refleja en los contenidos de sus respectivos programas, de tal forma que la incorporación de esta importante variable social, demuestra que aún no se trabaja regionalmente.

6. El Efecto Migratorio Interno y Externo

Regionalmente las instituciones nacionales no realizan labores de seguimiento de este efecto a nivel interno que permita la cuantificación de la migración del campo a la ciudad. Sin embargo, la población de la ciudades aumenta cada año y los pronósticos de la SICA, muestran que de continuar así la relación campo ciudad, se transformará en una región con predominio urbano, muy similar a las condiciones de Venezuela, con la diferencia que no existe la riqueza del petróleo en la región.

Por otro lado, es notorio y los registros de las oficinas de migración así lo demuestran, existe un flujo importante de personas (la gran mayoría) que emigran a los Estados Unidos, de tal forma que esta población se ha convertido en el caso de El Salvador, en el principal recurso nacional para el ingreso de divisas y sostenimiento de la economía familiar y nacional.

En 1999 se cuantificaban las remesas familiares provenientes del exterior de la forma siguiente: El Salvador US$1,600 millones de dólares, Guatemala: US$700 millones de dólares, Honduras US$400 millones y Nicaragua US$800 millones de dólares²⁵. Es decir, que en la región se reciben US$3,500 millones de dólares anuales equivalentes a US$118 anuales por persona, con los cuales se logra paliar un poco las necesidades de muchas familias centroamericanas, aunque en muchos de los casos, estas remesas esconden inversiones de otras personas en los países.

7. Políticas Nacionales de Seguridad Alimentaria

Las políticas nacionales en el tema de seguridad alimentaria, han sido expuestas por los Ministerios de Agricultura como la necesidad de enfrentar los desastres naturales y mejorar el nivel de vida de la población. Sin embargo, en la práctica no se logra efectuar el apoyo que se debe dar a través de las instituciones para la conformación de una estructura administrativa que ejecute las acciones que permitan realizar las evaluaciones y el montaje de los distintos mecanismos de seguimiento y evaluación.

En los distintos países las autoridades hablan del tema y se preocupan por las condiciones de vida de la población vulnerable, pero en la mayoría de los casos se vincula el concepto con el suministro de alimentos a grupos en riesgo, más que a solucionar con las medidas políticas, aquellas condiciones que hacen la inseguridad alimentaria a los grupos citados. Incluso parece que se ha perdido la óptica de todo lo que hay que hacer y muchas veces las concepciones están enfocadas hacia los mecanismos de combate a la pobreza como condición sine qua non para combatir la inseguridad alimentaria.

En ciertos países se han elaborado documentos sobre lo que se pretende hacer en materia de políticas, los cuales necesitan del acompañamiento de un programa de asistencia técnica, puesto que el abordaje en la mayoría de los casos es de carácter nutricional obviando los factores de la disponibilidad de los alimentos, de su estabilidad en el suministro, las condiciones para asegurar el acceso y la forma más rápida para consumirlos mediante una adecuada utilización biológica.

Los contenidos de las políticas nacionales son las siguientes:

Belice: En febrero del corriente año, el Gobierno presentó su Política Nacional de Seguridad Alimentaria, la cual estará bajo la responsabilidad de la Comisión de la Alimentación y Nutrición presidida por el Ministro de Agricultura, Pesca y Cooperativas, con la participación de otros ministerios, ONG y sociedad civil. Presenta seis líneas de acción, las cuales se describen a continuación:

• Información, Educación y Comunicación en la Producción, Preparación y Nutrición de Alimentos.
• Diversificación de producción alimentaria, procesamiento de alimentos, almacenamiento y movilización del crédito.
• Atención a embarazadas y lactantes, alimentación escolar y nutrición para los ancianos y grupos en extrema pobreza.
• Generación de empleo y creación de capacidades locales.
• Calidad de los alimentos.
• Análisis y Reforma a las políticas nacionales de alimentación y nutrición.

Guatemala: A mediados del año pasado, el Ministerio de Agricultura y Alimentación (MAGA), ha elaborado una propuesta que se encuentra en discusión llamada Política de Seguridad Alimentaria Nutricional 2000-2004, la cual es parte de la Política Agropecuaria del mismo período. La política de seguridad alimentaria tiene un mecanismo operacional en el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual no logra articularse funcionalmente desde su creación en 1997, fecha en que se elaboró y aprobó una primera Política de Seguridad Alimentaria Nutricional. Su implementación es parte del MAGA y como tal es el rector de las acciones que se puedan desarrollar en este contexto. Sus objetivos son los siguientes:

• Garantizar la producción, el abastecimiento sostenible, el acceso adecuado y la creación de condiciones nutricionales favorables para el consumo de alimentos básicos y nutritivos para la población urbana y rural, principalmente a los grupos de riesgos, como lo son los niños, las madres lactantes y los ancianos.
• Facilitar el desarrollo de actividades que promuevan la calidad de vida y/o actividades productivas para mejorar el ingreso económico de la población más pobre y conseguir así más capacidad de acceso a los alimentos.
• Facilitar las actividades de producción de alimentos en sistemas de producción social, económico y ambientalmente sostenibles y apoyarlas mejorando el acceso a la tecnología, recursos financieros e institucionales.
• Fortalecer los sistemas de comercialización y mercadeo de alimentos par conseguir la máxima estabilidad en la oferta y los precios.

El Salvador: Actualmente no se tiene una propuesta de política de seguridad alimentaria. En el pasado reciente (1997), se elaboró una Estrategia de Seguridad Alimentaria sustentado en cuatro ejes de desarrollo, los cuales no han sido objeto de estudio por parte de las nuevas autoridades. Sin embargo existe la preocupación de parte de ellas para iniciar algún tipo de acciones. Estos ejes son los siguientes:

• Fortalecer el incremento y la diversificación de la producción agropecuaria de los pequeños y medianos agricultores, en un contexto de rentabilidad económica y sostenibilidad del medio ambiente.
• Reforzar la agricultura de solar o de patio en las zonas rurales, para diversificar la dieta de los productores y desarrollar su función temporal generadora de ingresos.
• Fomentar la generación de empleo en las zonas rurales, buscando particularmente articular la producción agrícola con su transformación agroindustrial, mediante el apoyo al desarrollo y a la creación de polos de actividad económica en ciudades medianas del país.
• Definir el marco institucional y las herramientas técnicas que permitan formular, financiar, ejecutar y evaluar las políticas implementadas, buscando articular al nivel central como al nivel local la iniciativa pública con el sector privado y la sociedad civil.

Honduras: Hasta el momento, el Estado no ha tenido una política nacional ni institucional dirigida a la seguridad alimentaria, por lo que existe un gran vacío en la forma expedita de atender los problemas que derivan de las necesidades de la población y en especial de los grupos vulnerables e inseguros alimentarios.

Nicaragua: Hasta el inicio de la década de los años 90, era el país mejor organizado en materia de seguridad alimentaria, pues contaba con un programa nacional donde se articulaban todos los ejes conceptuales. Sin embargo, a partir de esa década referida se abandonaron poco a poco las actividades y el apoyo institucional, hasta hacer desaparecer el programa en 1997. Actualmente existe una iniciativa en el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), para iniciar algunas acciones que restituyan parcialmente los aspectos sustantivos. Paralelamente en la Secretaría de Acción Social, se ha elaborado por encargo de la Presidencia de la República una Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuyos aspectos más relevantes son los siguientes:

• Propiciar las condiciones que incidan en el mejoramiento de la producción interna de alimentos, para facilitar la disponibilidad a la población.
• Facilitar el acceso permanente de las personas a los alimentos inocuos y culturalmente aceptables para una alimentación nutricionalmente adecuada en cantidad y calidad.
• Propiciar cambios a hábitos y patrones de alimentación saludables.
• Disminuir los índices de deficiencia de micronutrientes y la desnutrición proteico-energética en los niños menores de cinco años.
• Garantizar el control higiénico - sanitario y nutricional de los alimentos.
• Ordenar y coordinar esfuerzos que realizan tanto las instituciones estatales dentro de sus asignaciones presupuestarias como instituciones privadas, nacionales e internacionales hacia la seguridad alimentaria y nutricional.
• Propiciar una educación basada en la aplicación de prácticas saludables, alimentación sana y nutritiva, recreación y cuidado del ambiente.

Estos programas no han pasado de ser documentos con muy buenas intenciones. Sin embargo, con los cambios de Gobiernos se han convertido en fuente de bibliotecas, sin llegar a cristalizarse para la atención de los grupos en riesgo y vulnerabilidad alimentaria. La puesta en marcha de los mismos, requiere al igual que en el caso de las estrategias de lucha contra la pobreza, de la formación de capacidades nacionales y de compromisos de los Gobiernos en la asignación de las partidas presupuestarias que garanticen la sostenibilidad de las acciones y metas propuestas.

El abordaje de la inseguridad alimentaria regional, debe de ser una opción de íntima colaboración y de concertación de acciones precisas como convenios o contratos en los ámbitos de la producción, la trasferencia horizontal de tecnologías de bajo costo, la comercialización y el manejo de una oferta sistemática de alimentos de consumo homogéneo y particular en cada país. La potencialidad y cultura productiva de la región puede abordarse desde el enfoque del intercambio participativo de estas acciones a nivel de los pequeños productores. Por otro lado, con la sistematización de los programas de mapeo y caracterización de la vulnerabilidad alimentaria de los segmentos poblacionales en pobreza extrema y en riesgo ante eventos de la naturaleza, para poder definir mejor los sistemas de producción y fuentes alternativas de ingresos que disminuyan dicha vulnerabilidad.