1. Antecedentes y propósitos del estudio
2. Metodología
3. Principales conclusiones y estrategias propuestas
Los países de América Central y el Caribe padecen los efectos de la crisis económica de los años ochenta, a los que se unen conflictos bélicos y disturbios civiles. Esta situación, agravada por el impacto de las medidas de ajuste estructural, acrecienta los niveles de pobreza, especialmente en las áreas rurales. Los sectores más afectados por la marginalidad y el deterioro social son los minifundistas, campesinos sin tierra y jornaleros y, dentro de estos grupos de población, los indígenas, las mujeres y los jóvenes rurales.
La profundidad y complejidad de la crisis han determinado que sean los propios países, a través de iniciativas conjuntas, quienes luchen por la reactivación económica y el desarrollo en la subregión.
A tal efecto los gobiernos centroamericanos vienen incorporando en sus programas acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de los grupos más afectados por la pobreza rural. Dentro de este contexto es fundamental el papel que puede desempeñar el sector agropecuario adoptando estrategias de fortalecimiento de organizaciones populares y de promoción de microempresas asociativas que nucleen a campesinos marginados.
La necesidad de la participación plena de la población en los esfuerzos y beneficios del desarrollo para obtener un sistema de bienestar y justicia económica y social fue reafirmada por los presidentes centroamericanos 1/. Los Vicepresidentes, a su vez, acordaron propiciar la formulación y ejecución de nuevos proyectos y programas regionales y nacionales relativos al desarrollo social productivo, a los asentamientos rural, minero y pesquero empresarial y resolvieron solicitar a los gobiernos de los países de la Comunidad Económica Europea y a los organismos internacionales que trabajan en el desarrollo social productivo, en la organización de la población y en el desarrollo rural, que continúen con la asistencia 2/. Por resolución conjunta consideraron, además, que las micro y pequeñas empresas centroamericanas constituyeron en los últimos 10 años el apoyo económico en momentos de crisis para miles de familias de la subregión y acordaron crear el Foro Permanente Regional de Consulta, Estrategias y Programas de Desarrollo Social, Micro y Pequeña Empresa 3/.
1/ Resolución N. 17-90, Declaración de Antigua, Guatemala, 17 de junio de 1990.El presente documento tiene por objeto identificar los aspectos jurídico e institucional relacionados con la promoción de microempresas asociativas de campesinos marginados de América Central, examinando en qué medida esta parte de la población agrícola puede organizarse desarrollando actividades que generen empleo productivo y proporcionen el sustento de la población y a la vez logren la protección de los recursos naturales en áreas con severos problemas de deforestación y erosión, es decir, en ecosistemas frágiles.
2/ Resolución N. 15-90, San Salvador, 7 de septiembre de 1990.
3/ Resolución N. 23-90, San Salvador, 7 de septiembre de 1990.
La identificación de los aspectos jurídicos e institucionales ayudará a proporcionar un marco que sirva para la formulación de políticas y actividades apropiadas para una mayor convergencia en las legislaciones y actividades de las instituciones públicas y privadas de los países del área, en el campo de la promoción de microempresas asociativas de agricultores marginados.
El trabajo comienza con un análisis breve de la situación socioeconómica y agroecológica de la subregión. Trata sobre los campesinos marginados, la tipologia de las organizaciones campesinas y los aspectos jurídicos e institucionales en relación con la participación de la población rural de escasos recursos en cinco países del Istmo: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El documento, que toma como base el Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR), convocada por la FAO en 1979, define los obstáculos de orden jurídico e institucional para la promoción de microempresas asociativas de campesinos marginados, y ofrece los lineamientos estratégicos que pueden facilitar a los países de la subregión ordenar y armonizar sus normas e instituciones en procura de tal promoción.
Para la preparación del documento se tomó como base la documentación vinculada con las organizaciones campesinas, que se halla en el Servicio de Análisis y Organización del Desarrollo Rural (ESHA) de la FAO y la colección de leyes y disposiciones existentes en el Servicio de Legislación y Desarrollo (LEGD) de la FAO. Se observa que pueden haber reformas ulteriores a las normas consultadas y que por lo tanto el trabajo no pretende ser exhaustivo, máxime si "se tiene en cuenta la falta de información exacta y actualizada en la sub-región sobre la situación y evolución de los grupos rurales marginados.
El trabajo puede constituir un punto de partida para estudios más profundizados en cada uno de los países de la sub-region, fundamentales para la elaboración de proyectos sobre promoción de microempresas de agricultores marginados.
Existen limitaciones y obstáculos de carácter jurídico e institucional que imposibilitan los esfuerzos de planificación de los gobiernos para el logro de la participación plena de la población rural marginada en el desarrollo. Esas limitaciones y obstáculos pueden sintetizarse en:
- falta de equidad en el acceso y tenencia de tierras, en particular, prácticas discriminatorias en perjuicio de la mujer en el acceso y tenencia de la tierra y otros recursos productivos y falta de garantías efectivas para que las comunidades indígenas ejerzan el derecho sobre las tierras que tradicionalmente les pertenecen;En consonancia con las limitaciones y obstáculos identificados se proponen, entre otras, las siguientes medidas estratégicas:- falta de reglamentación del derecho de libre asociación en el sector rural;
- falta de estímulos o incentivos para la promoción de organizaciones y agrupaciones locales o comunales para prácticas agro-silvo pastoriles y transformación de productos forestales, por ejemplo;
- centralización excesiva del aparato estatal y falta de coordinación entre órganos gubernamentales y no gubernamentales en perjuicio de la promoción de microempresas de campesinos marginados.
- promulgar leyes que garanticen el acceso y tenencia de la tierra y otros recursos productivos al sector rural marginado, incluyendo mujeres, jóvenes e indígenas;- reglamentar las normas constitucionales sobre libre asociación en el sector rural;
- establecer un régimen de incentivos que permita a los campesinos marginados adoptar formas integradas de cultivos, ganadería y forestación en el marco de la organización comunitaria;
- decentralizar órganos públicos y establecer una coordinación entre ellos, las organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones de base para facilitar la promoción de microempresas de campesinos marginados.
