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Conferencias Magistrales (continuar)

LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN:
“LA EXPERIENCIA DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL GANADERA”

Ing. Gustavo Torres Flores
Presidente de la Confederación Nacional Ganadera

En primer lugar quiero agradecer al Dr. Benjamin Figueroa Sandoval, Director del Colegio de Posgraduados la invitación que se sirviera extendernos para participar en este Taller. Espero que las metas trazadas se cumplan y que los resultados de estos tres días de trabajo se concreten en nuevos conceptos que nos permitan entender de un modo distinto a las organizaciones de productores, las cuales tienen un papel fundamental en el desarrollo del sector rural ante los retos que nos impone las políticas económicas nacionales e internacionales.

Para empezar quiero hacer un resumen de la experiencia que ha vivido la Confederación Nacional Ganadera como organización que representa a los ganaderos mexicanos.

¿QUÉ ES LA CONFEDERACIÓN NACIONAL GANADERA?

La necesidad de contar con una organización que agrupara a los diferentes productores de nuestro país dedicados a la cría, producción, explotación, mejoramiento y comercialización de los animales domésticos, comenzó a materializarse a principios de la década de 1930, cuando se constituyeron las primeras agrupaciones de ganaderos, amparadas bajo la Ley de Asociaciones Agrícolas de 1932.

Estas primeras organizaciones, junto con otras que se fueron constituyendo poco después, contaron con el apoyo y reconocimiento de las autoridades federales del país y convocaron a la primera Convención Nacional de Ganaderos, celebrada en marzo de 1935.

De esta Convención se concluyó la necesidad de seguir impulsando la actividad y la organización de los ganaderos nacionales y, para ello, se solicitó al gobierno de la República la expedición de una ley que normara el funcionamiento de dichas organizaciones. El gobierno del General Lázaro Cárdenas, haciendo eco de la propuesta, expidió el 7 de abril de 1936 la Ley de Asociaciones Ganaderas y dos años después, expidió el Reglamento respectivo, mismo que fue derogado y sustituido por uno nuevo el 9 de octubre de 1958, que estuvo vigente hasta 1993 cuando fue sujeto a una revisión para hacerle modificaciones que lo actualizaran de acuerdo al nuevo contexto de las relaciones productivas y comerciales, siendo publicados los cambios en 1994.

Contando con este marco jurídico, que define 3 niveles de organización: local, regional y nacional, por iniciativa de las Uniones Ganaderas de Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, las Huastecas, Querétaro, Sonora y Tabasco se constituyó en 1936 lo que hoy se conoce como la Confederación Nacional Ganadera, que aglutina a todos los productores pecuarios del país, sin distinción del régimen de tenencia de la tierra que los rija.

A partir de su constitución, la Confederación ha venido promoviendo la organización de los ganaderos nacionales y, como resultado de ello, se han constituido y sumado a ella uniones nacionales de varias especies animales, uniones ganaderas regionales, asociaciones locales, especializadas y de registro cuya representación abarca a los productores pecuarios de todas las especies en el territorio nacional.

Hoy la Confederación Nacional Ganadera es la organización que agrupa a todos los productores pecuarios nacionales: ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios dedicados a la explotación y comercialización de las diferentes especies como son: bovinos de carne y leche, porcinos, ovinos, caprinos, aves, equinos, conejos, abejas y otras.

La Confederación Nacional Ganadera cuenta con cerca de 2 millones de productores asociados en diferentes organizaciones, que son:

  1. 44 Uniones Ganaderas Regionales.

  2. 7 Uniones Ganaderas Regionales de Porcicultores.

  3. 1 Unión Nacional de Avicultores.

  4. 1 Unión Nacional de Apicultores.

  5. 30 Asociaciones Nacionales de Registro.

  6. 1,889 Asociaciones Ganaderas Locales.

ORGANIZACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL GANADERA

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Asociaciones en vigor, el máximo órgano de gobierno de la CONFEDERACIÓN NACIONAL GANADERA la constituye la Asamblea General Ordinaria, que se reúne una vez al año, y que está formada por dos delgados propietarios y sus suplentes de cada una de las Uniones Ganaderas Nacionales o Regionales, quienes son electos en sus respectivas asambleas generales. La Asamblea General de la CONFEDERACIÓN NACIONAL GANADERA, discute, define y resuelve las líneas estratégicas y las políticas generales a seguir por la organización y conoce, analiza y aprueba el informe de labores presentado ante ella por el Consejo Directivo de la CONFEDERACIÓN NACIONAL GANADERA.

En la Asamblea General de la Confederación Nacional Ganadera es elegido el Consejo Directivo Nacional, compuesto por el Presidente, un Secretario y un Tesorero, así como ocho vocales propietarios y tres suplentes, electos todos democráticamente en la Asamblea. Los miembros del Consejo Directivo se reúnen una vez y ejercen las funciones ejecutivas de la Confederación, la dirigen, vigilan y representan y son los encargados de elaborar las directrices (que deberá aprobar la Asamblea General para su ejecución) que tiendan a lograr el desarrollo integral de la ganadería nacional y el fortalecimiento de sus organizaciones afiliadas. Su período de gestión dura tres años con posibilidad de reelección, de acuerdo al decreto presidencial de reforma al Reglamento de la Ley de Asociaciones Ganaderas.

En la misma Asamblea General en que se elige al Consejo Directivo, se elige también al Consejo de Vigilancia, formado por tres miembros y que tiene por funciones la supervisión de que todos los actos y medidas del Consejo Directivo y de la Confederación Nacional Ganadera en su conjunto se hagan de acuerdo a las disposiciones reglamentarias y a los acuerdos tomados por la Asamblea General.

SERVICIOS PROPORCIONADOS

En los último años, la Confederación Nacional Ganadera ha diversificado y enriquecido sus funciones, con el objetivo de dar repuesta adecuada a las necesidades y retos que el sector pecuario nacional tiene en la actualidad.

Entre las nuevas tareas y funciones que ofrece a sus agremiados, necesarias ante el cambio en el entorno producido por los acelerados procesos de integración y modernización económica y de una mayor competencia basada en la eficiencia y competitividad, se encuentran:

La organización de los ganaderos en el ámbito local y regional para la constitución de empresas comercializadoras crediticias, de mejoramiento genético, operación de estaciones cuarentena-rias, etc. que promuevan la integración vertical y horizontal de la actividad.

La realización de estudios para la identificación de oportunidades de negocios y, de manera particular, la promoción de desarrollos agropecuarios integrales en el ámbito regional.

El análisis sistemático del comercio exterior pecuario y de las formas particulares de funcionamiento de los sectores pecuarios de los países desarrollados, con el objeto de evaluar el impacto que tienen en la ganadería nacional.

El análisis y la identificación de prácticas desleales de comercio en los productos pecuarios y, en su caso, la realización de los estudios y trámites necesarios para la defensa legal ante dichas prácticas.

La asesoría y el soporte técnico especializados para evaluar la nueva normatividad relacionada con el sector pecuario y su impacto en el ámbito nacional, regional y de especie-producto, así como la participación sistemática en los comités técnicos interinstitucionales encargados de su elaboración y seguimiento.

El seguimiento y evaluación sistemáticos de las principales variables económicas del sector y su difusión mediante publicaciones periódicas.

El procesamiento y monitores sistemáticos de la movilización pecuaria que tiene lugar en el país y la elaboración de reportes periódicos para el servicio de nuestros agremiados y de las autoridades de la Secretaría de Agricultura.

La orientación y asesoría informática para el diseño de programas de cómputo que optimicen la operación de las empresas ganaderas de nuestros afiliados.

LA ASESORÍA Y EL SOPORTE TÉCNICO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNIONES DE CRÉDITO

La orientación y apoyo para la búsqueda de alternativas ante la difícil situación financiera que guardan algunas empresas pecuarias. Ante lo cual el gobierno ha implementado una serie de programas de apoyo a los deudores como han sido los SIRECA, ADE y FINAPE.

Estos servicios son una muestra de la diversificación y modernización que está teniendo lugar en la ganadería nacional y de la adaptación que ha tenido que hacer la Confederación Nacional Ganadera para cumplir con eficacia su papel de representante y promotor de los intereses de los ganaderos mexicanos.

Algunos ejemplos de proyectos emprendidos por la Confederación Nacional Ganadera son:

El Programa de Ganado Mejor. Éste ha representado en los últimos años uno de los mejores programas apoyados por el gobierno federal mediante el cual se le ofrece al ganadero una oportunidad para mejorar genéticamente sus crías mediante la incorporación a su hato de ganado de excelente calidad genética. Por otra parte, este programa representa una mejor forma de comercialización para los criadores de ganado de registro, al existir una diferencia sustancial entre el mercado de ganado vivo y el de sacrificio. Este programa es tal vez el más representativo de la iniciativa empresarial de la organización ganadera, mediante el cual se promueve el mejoramiento genético de los hatos de los ganaderos.

Así como este programa, la Confederación Nacional Ganadera y las organizaciones filiales se han esforzado por diseñar, promover, asesorar e instrumentar acciones que redunden en el desarrollo de la ganadería en México, a través de proyectos de comercialización, organizaciones auxiliares de crédito, integración a la fase industrial de la carne, abastecedoras de insumos de alimentos, medicinas e insumos en general de uso en la ganadería.

LA GANADERÍA EN LA APERTURA COMERCIAL

A raíz de la apertura comercial de nuestra economía que inicia a finales de la década de los ochenta y principalmente con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con lo cual nuestra actividad productiva se ha integrado a la economía mundial.

Ello implica que debemos mantener un cuidado especial en las prácticas desleales en el comercio internacional a las que recurren muchos de los países para penetrar a mercados nuevos y consecuentemente en eliminar la competencia doméstica. Asimismo, buscar las oportunidades de negocios que nos brindan otras economías, comprando insumos y vendiendo nuestros productos.

Por esta razón, hemos dado una gran importancia a las relaciones con otras organizaciones de productores del mundo.

La Confederación Nacional Ganadera participa en la Conferencia de la Carne de las Cinco Naciones, grupo en el cual asisten además Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. En este foro los ganaderos de los países miembros analizan la problemática del comercio internacional e intercambian avances tecnológicos.

La cercanía y el intercambio comercial con los Estados Unidos ha favorecido que sea con los ganaderos de ese país con quien hayamos desarrollado un mayor intercambio en todos los aspectos relacionados con la ganadería. En este marco es como se ha desarrollado las campañas contra la brucelosis y tuberculosis, sistemas de clasificación de ganado, canales y cortes de carne de bovino, aspectos que han beneficiado el intercambio comercial de productos pecuarios.

Durante los últimos años la actividad ganadera se ha visto mermada por varios factores, entre ellos, los grandes volúmenes de carne importada, la sequía en el norte del país, problemas financieros, etc., sin embargo, después de un periodo de ajuste y de una adecuada capacidad de respuesta la producción de la mayoría de las especies ha repuntado.

A finales de 1997 la producción de carne de ave creció 14%, la carne de porcino 3.2%, la de ovino 2.4% y la de bovino 0.8% y para 1998 las cifras preliminares nos indican un crecimiento similar.

De las actividades ganaderas la productora de carne de bovino es la que menor dinamismo ha registrado si la comparamos con las tasas de crecimiento registradas hace 20 años.

Sin embargo, en los últimos cinco años las condiciones de producción de las empresas ganaderas se han ajustado de manera acelerada a las condiciones que impone el mercado internacional.

Las empresas ganaderas además de contribuir en Producto Interno Bruto, abastecer a la población de alimentos de origen animal de buena calidad, generan empleo en las zonas rurales, es la fuente de ingresos para miles de familias mexicanas.

En la medida que las condiciones macroeconómicas del país se estabilicen y los ingresos de la población se recuperen, la demanda por la carne de bovino incrementará, además del mercado interno tenemos que considerar los nuevos mercados que se abren con las negociaciones comerciales internacionales.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ofrece una oportunidad para desarrollar nuestras actividades productivas aprovechando las ventajas naturales que tenemos. Sin embargo, para el caso de la ganadería bovina los resultados de la apertura comercial no han sido favorables hasta el momento.

Por una parte, las importaciones de carne de bovino han crecido de manera acelerada, cubriendo el déficit de carne que ha no sido posible cubrir con la producción nacional y además como mercado emergente para la sobreproducción americana.

Sin embargo, la ganadería mexicana puede crecer para seguir exportando ganado en pie para su finalización, así mismo, se ha iniciado la penetración al mercado americano de cortes finos de carne lo cual abre las posibilidades de incrementar la rentabilidad de nuestra ganadería.

La política económica de México apunta hacia la tendencia mundial de la globalización. En tal sentido nuestro gobierno mantiene negociaciones para celebrar nuevos Tratados de Libre Comercio con varios países centroamericanos, sudamericanos y europeos. Al respecto, nuestra actividad debe prepararse para competir con ellos y aprovechar los mercados donde la producción no sea suficiente, siempre y cuando no implique riesgos zoosanitarios.

EL PAPEL QUE JUEGA LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES FRENTE A LA APERTURA COMERCIAL

La experiencia nos dice que en cualquier circunstancia la organización es fundamental para poder aspirar a mejores condiciones de producción, transferencia tecnológica, comercialización, aplicaciones de los programas de fomento del gobierno, campañas sanitarias, integración vertical y horizontal, tales como rastros, empacadoras, fábricas de alimentos y medicamentos, etc.

Una posición unificada de nuestro gremio es lo que nos ha permitido enfrentar y obtener los mejores resultados ante políticas públicas relacionadas con la actividad. De esta manera nos encontramos negociando con el gobierno el marco normativo del cual existen todavía grandes espacios sin llenar, la administración de cupos de importación de los distintos productos pecuarios e insumos alimenticios que nos permiten disminuir los costos de producción.

Es definitivo que el pasar de una economía cerrada a una totalmente abierta, y con una eliminación casi total de apoyos a la producción por parte del gobierno al sector, ha implicado una gran responsabilidad para la organización de productores para identificar las acciones inmediatas y de mayor trascendencia para poder proveer al ganadero individual las alternativas que le permitan enfrentar una competencia muy fuerte con sectores productivos de otros países, en los cuales se dan mayores apoyos.

En la pasada asamblea nacional de la Confederación Nacional Ganadera, nuestra organización se pronunció por un gremio:

Unido y democrático, moderno y vanguardista, promotor del desarrollo, protagonista y no simple testigo del cambio, activo para aprovechar los beneficios que el comercio internacional nos ofrece, y enérgico para combatir las prácticas desleales que nos afectan en el mercado interno.

El pasado día 6 de enero fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Organizaciones Ganaderas, la cual es una Ley de interés público y tiene como objeto establecer las bases y procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones ganaderas en el país. Con ella se pretende actualizar el marco legal de nuestras organizaciones al nuevo entorno político, social y económico.

Las oportunidades no nacen, se hacen. Y en ello, las organizaciones de los productores juegan un papel fundamental en el cambio de mentalidad de los productores en lo individual.

EL CAMBIO EN LAS DEMANDAS DE LAS ORGANIZACCIONES DE PRODUCTORES

Ing. Margarito Montes Parra
Secretario General de la Unión General Obrera,
Campesina y Popular. “Grupo Santa Cruz”, (UGOCP)

Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores la invitación a participar en este evento y expresar alguna de las concepciones que guían el trabajo que venimos realizando en el campo en los últimos años.

En término del cambio de las demandas del movimiento campesino, podemos situar quizá, primero un marco general y luego un marco histórico y, finalmente, un marco más concreto de lo que es el sentido general de las demandas campesinas.

Tradicionalmente el movimiento campesino se mueve en dos dimensiones distintas: una primera dimensión de resistencia ante los cambios generales que ocurre en la sociedad y en el poder político, y una dimensión específica que es la de las propuestas de cambio que hacen las propias organizaciones o de los actores sociales en el campo.

Normalmente, el movimiento campesino transcurre en una situación en la que los cambios generales en la sociedad, en el Estado, en la economía, lo obligan a reaccionar y a proponerse preservar situaciones previas y resistirse ó adaptarse a las circunstancias. Es muy conocida la famosa frase de John Womack cuando dice que “los campesinos de Morelos eran unos campesinos que no querían cambiar y como no querían cambiar tuvieron que hacer una revolución…”; es decir, que tuvieron que hacer una revolución de resistencia en primer lugar, frente a cambios de una magnitud y de una naturaleza tal, que ponía en peligro la existencia misma del campesinado, de sus comunidades de sus tradiciones, costumbres, mecanismos de supervivencia. Por eso es que hay siempre una diferencia muy grande, entre lo que está escrito, entre lo que está propuesto, y lo que hace el propio movimiento campesino. Y normalmente es mucho más definitorio lo que hace a final de cuentas, que lo que logra expresar por escrito.

Por lo general, los programas agrarios son programas ignorados, a veces hasta por los mismos que los suscriben. Si uno preguntara a cualquier organización, cuál es exactamente tu programa de lucha, podría enumerar un conjunto de circunstancias, de documentos, de propuestas, pero resulta muy difícil llegar a una conceptualización precisa de las demandas de una organización, porque generalmente estas demandas y este proceso ideológico de hacer coherente un conjunto de tesis, se van expresando espontáneamente frente a cambios decisivos de la realidad.

Esto ha sido así históricamente, en cuanto a los grandes movimientos campesinos del país. No me quiero remontar demasiado a la historia, pero es indudable que el movimiento campesino de principios del siglo que dio origen a la Revolución Mexicana, no tenían ni remotamente conceptualizado lo que iban a ser los resultados finales de la propia Revolución. Por ejemplo, algunos autores sostienen, en un documento reciente, cómo en las demandas de Emiliano Zapata no está conceptualizado el ejido o el reparto agrario en cuanto tal, sino fundamentalmente está conceptualizado el problema de la recuperación de las tierras comunales y el problema del regreso de las tierras a las comunidades. Y cómo algunos herederos de Zapata, como el propio Jaramillo, corrigen el planteamiento del propio Zapatismo e introducen lo que ya era una realidad para el momento que es la posibilidad de crear ejidos a partir de un reparto de la tierra y ya no solamente de la recuperación de la tierra.

Es indudable que desde 1915 a 1936 de manera más específica, el movimiento campesino transcurre en una doble vertiente que es en la posibilidad de la creación del ejido, pero teniendo como eje vertebrador, el problema de la recuperación y la reivindicación de las comunidades indígenas, aunque no está planteado estrictamente un problema de reforma agraria.

Las grandes agrupaciones sociales de los años 20's y 30's en el campo, se guían y se constituyen mucho más específicamente en la recuperación de condiciones salariales, de condiciones laborales de los trabajadores del campo, que en solicitudes de tierras. Los grandes movimientos agrarios de hecho, de principios de la década de 1970, en Mochis, en La Laguna, en Soconusco, en Valle del Yaqui en Mexicali, en un montón de regiones, de hecho son grandes agrupamientos sindicales, que reivindican, más que el reparto de la tierra, la existencia de mejores condiciones laborales y la aplicación más que del 27, la aplicación del artículo 123 constitucional. Los instrumentos de los que se dotan estos movimientos, son más adecuados a los instrumentos del proletariado agrícola, que a los instrumentos del campesinado. De hecho, a lo que recurren los obreros agrícolas de la Laguna, es a la huelga general de trabajadores, más que a la formación de los comités agrarios. Sin embargo, un cambio radical en el propio sistema político mexicano propició una oferta distinta del propio régimen estructurado por Cárdenas, a partir de la estancia en La Laguna, en la que plantea transformar los grandes sindicatos de obreros agrícolas en ejidos. Este modelo se generaliza posteriormente en el Yaqui, en Mexicali, en el Soconusco, en Mochis, en Culiacán, en el Mante. El movimiento campesino adopta el modelo de creación de ejido y el modelo de reparto agrario, y lo convierte en el eje vertebrador de la acción campesina, a lo largo de muchos años.

Es indudable que este modelo marcó sustancialmente la ideología, las concepciones del movimiento campesino y en muchos sentidos lo siguen marcando hasta la actualidad. De hecho, las organizaciones campesinas sufren muy pocos cambios en la concepción de su proceso de organización, de creación de liderazgo, de su sustento social y de su legitimidad, sin despegarse estrictamente del problema de la tierra a lo largo de varias décadas. Lo que marca las organizaciones no es el sindicato de obreros agrícolas ya, aunque se mantengan los nombres de ligas de comunidades agrarias iniciales, no es tampoco en lo fundamental, la conformación de las organizaciones de productores o las organizaciones económicas, sino lo que define durante muchos años a las organizaciones campesinas, es la lucha de la tierra.

Cuando se comienza a dar fin a la lucha por la tierra, ocurre una diferenciación en el campo, a partir de 1947–48, entre la organización que retoma la lucha agraria radical, que es la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), formada, en primer lugar por un liderazgo sindical pero también campesino, que es la que predomina al final de cuentas durante los 50's y 60's la conducción de las mayores luchas agrarias en el país, y la organización general en el campo que es la Confederación Nacional Campesina (CNC), la cual comienza a dar pasos, hacia formas de organización nuevas como una respuesta del movimiento campesino a las nuevas condiciones de desarrollo de las políticas agropecuarias y rurales en el país.

Durante las décadas de 1950 y 1960, el movimiento campesino vive dos grandes vertientes en su desarrollo: por una parte, la generalización de la lucha por la tierra, que lleva a las grandes tomas de tierras, a la lucha por un millón de hectáreas repartidas en el caso de la UGOCM, que produce los grandes repartos del Yaqui, en gran parte de La Laguna, en Mochis y en otros lugares en donde tienen un asiento fundamental esta lucha agraria y una generalización de múltiples experiencias de organización económica, que buscan responder a la nueva realidad de la existencia de los ejidos y de las comunidades. En un debate sostenido, sistemático y en algunas ocasiones violento, entre el modelo de organización económica colectiva de preservación del ejido colectivo y nuevas formas de organización económica que están tratando de asentarse en la existencia de las parcelas individuales, de opciones de industrialización y de creación de nuevos modelos de organización económica.

Este modelo no transcurre tranquilamente, ni pacíficamente, hay una larga estela de biografías de líderes campesinos levantados en armas en algunos casos, como Jaramillo, después de haber creado el ingenio de Zacatepec, de asesinatos como el del Machi López en Sonora, de encarcelamientos y persecuciones en otros lugares, porque el Estado no alcanza, o no tiene un modelo único que ofrecer al campo.

Díaz Ordaz retoma la oferta del reparto agrario y la extiende. En las estadísticas, hay cifras hasta el infinito; de hecho es el presidente de la República que más tierras repartió, después de Cárdenas, aunque las tierras que reparte son marginales y de mala calidad en la inmensa mayoría de los casos y en gran medida en el papel. El movimiento campesino hace intentos desde principios de 1940 y hasta la década de 1960, de responder de nueva cuenta por la vía armada en la consecución de la demandas. Se da el levantamiento de los gasquistas, los levantamientos de Jaramillo, los levantamientos de Madera hasta llegar a la guerrilla guerrerense. Estos levantamientos fueron intentos de responder a los cambios de la situación que se presentaba, frente al agotamiento de la Reforma Agraria, como modelo repartidor de tierras por una parte y al hostigamiento sistemático a las distintas formas de organización económica que se daba en el campo, que chocaban en muchos casos de manera frontal, con la existencia de un modelo agroexportador en el campo, por una parte especializado en los grandes distritos de riego y un modelo enteramente corporativo de control vertical, de control total sobre los campesinos.

A partir de 1965, hay un cambio radical en la situación, se inicia la crisis del modelo perpetuado de los años 40's, un modelo que solamente duró 25 años y que todavía a finales de la década de los años setenta, muchos investigadores señalaban que el gran problema de México iba a ser el del excedente de producción de granos; sin embargo, a partir de 1965, inicia un periodo en el cual un conjunto de organizaciones nuevas, se constituyen en abanderados, adalides de la lucha agraria por el reparto, y van a operar bajo la línea fundamentalmente de la toma de tierras, del reparto agrario, de la lucha por dotar a los nuevos campesinos de tierra. Con la marcha de Tlaxcala y Puebla de abril de 1972, que arranca una oleada de luchas agrarias de gran envergadura, que van a llevar otra vez a grandes repartos agrarios en Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa, el Valle del Yaqui, la Cuenca del Papaloapan, Chiapas, en fin, para conformar una nueva geografía de cambios agrarios en varias regiones. Por la otra parte, hay una vertiente de movilizaciones de productores que ponen en el centro de la realidad una nueva problemática relacionada con los precios, la capitalización, los problemas del reparto de la riqueza y de la relación con las agroindustrias, que moviliza a lo largo del país también a grandes contingentes de productores. Se dan los grandes movimientos cañeros de los años setenta, que concluyen con los decretos cañeros de 1976. Las grandes movilizaciones de los tabacaleros que no logran revertir la crisis del tabaco, las grandes movilizaciones algodoneras iniciales que concluyen en una generalización de la lucha por la tierra en los valles del Yaquí y en general de Sonora y Sinaloa y el desarrollo de grandes movilizaciones de productores de muy diversos cultivos comerciales, que intentan revertir el desarrollo de la crisis.

Una novedad en el movimiento campesino en las dos vertientes, es la presencia de un nuevo liderazgo, que introduce nuevas concepciones de organización, nuevas concepciones de desarrollo de las propias demandas, en las que de manera mucho más específica se ponen en el centro del problema, por una parte, los problemas clásicos del reparto de la riqueza y por otra, el problema del poder político. Hay una ruptura ideológica y política, con la llegada al movimiento campesino, de manera generalizada, de un liderazgo intelectual, de intelectuales orgánicos al final de cuentas, formados, procesados, en las distintas vertientes de la politización del movimiento estudiantil y del sector profesional ligado a la propia agricultura.

La mayoría de los liderazgos que se van formando en las organizaciones campesinas, comienzan a desplazar sistemáticamente de una manera u otra al liderazgo tradicional, en algunos casos aparentemente, de manera totalmente respetuosa, llamándose asimismo, no líderes sino asesores, pero que para el caso da lo mismo, porque al final de cuentas, el asesor es el que toma la decisión de última instancia, en otros casos, claramente con el cargo de secretarios o de presidentes, o de dirigentes claramente legitimados. A finales de los setenta y desde los ochenta, prácticamente todo el desarrollo del movimiento campesino, asume un liderazgo más moderno, más formado en muchos sentidos, en las nuevas concepciones del Estado, del mercado, del reparto de la riqueza, que trasciende y va conformando nuevas estructuras económicas, para dar paso a una nueva generación de dirigentes.

En estos últimos 25 años, además de transitar en el marco de la crisis y de buscar soluciones a los problemas fundamentales de la crisis, el movimiento campesino ha venido a enfrentar tres ofertas políticas distintas del Estado. Una primera oferta política sistemática fue la que se elaboró a partir de la Ley Federal de Reforma Agraria en 1971 y que conformó las políticas fundamentales de tres sexenios, incluyendo el de Miguel de la Madrid. Es decir, es un modelo donde el Estado asume la posibilidad del movimiento campesino, negocia con ese movimiento campesino y en algunos casos promueve al propio movimiento campesino para su desarrollo, en algunos casos con fines políticos, pero en otros buscando dar una respuesta al anquilosamiento de las viejas estructuras del campo.

Este modelo perfeccionado hasta el extremo por Echeverría, es un modelo que plantea básicamente la corporativización política del movimiento, la inclusión de los campesinos en organizaciones corporativas, de conducción y control político en el campo, frente a un papel funcional del propio Estado como intermediario y regulador de la crisis agropecuaria. Como ejemplo está la crisis del tabaco, cuando el Estado se propone crear TABAMEX en medio y el control hacia abajo de organizaciones tabacaleras.

En el sector cañero, es donde el Estado lleva este modelo al extremo. Los ingenios son puestos en manos del Estado y decretos cañeros dan el monopolio de la representación campesina a la CNC y la CNPR, frente al desarrollo de la propia movilización campesina, negociada y alentada por el propio Estado.

No necesariamente esto elimina la represión, pero plantea un modelo funcional en la que el Estado se hace cargo de la crisis y busca resolver la crisis de los distintos sectores de la economía, construyendo un aparato y un anclaje económico, financiero, industrial, administrativo, que busca resolver los problemas de la crisis, intermediando frente al movimiento campesino por un lado y frente a la gran industria y al gran capital por el otro.

Ante la crisis general de la economía este modelo fue criticado y sustituido a partir de 1988 en el régimen del presidente Salinas. La oferta del Estado critica a fondo este proceso, se eliminan las empresas estatales y se privatiza gran parte de la actividad económica. En el caso de los ingenios se le venden todos a la iniciativa privada y una parte solamente a los productores, se van liquidando las empresas estatales y el modelo que se le propone al movimiento campesino, es en lo fundamental un modelo que dice “háganse cargo ustedes de la nave” en los distintos rubros… “Si van a entrar al financiamiento, hagan funciones de crédito, háganse cargo del seguro agrícola y hagan fondos de autoseguro, encárguense de la capacitación, encárguense de la comercialización, modernicen el campo…” y que al final de cuentas, constituye-una oferta suficientemente amplia, y oportunidades al movimiento campesino, que le permite mantener una interlocución decisiva en el proyecto de modernización del campo.

Este modelo plantea sustituir la vieja demanda agraria, por una negociación terminal de los problemas del campo alrededor de la reforma del 27 en la que si bien se dice, se da por terminado el reparto agrario, el Estado no abandona los compromisos previamente establecidos con los expedientes agrarios y plantea como salida la negociación de las demandas agrarias, en un marco fundamental de indemnizaciones, compras de tierras, negociaciones de conflictos y de desarrollo de proyectos productivos alternativos.

El problema es que el movimiento campesino toma la palabra en serio, se reorganiza y se generaliza a lo largo y ancho del país y surgen en un determinado momento, de 1500 a 2000 organizaciones campesinas de productores, que retoman íntegramente la oferta que se les está planteando. Se generalizan los fondos de aseguramiento, se generalizan las uniones de crédito, se generalizan las empresas agropecuarias del movimiento, las comercializadoras, los centros de capacitación, la acción concertada del movimiento campesino.

La tercera oferta surge en 1992 cuando este proceso de generalización y acción concertada del nuevo movimiento campesino, lo que llamamos el Nuevo Movimiento Campesino Mexicano, la convergencia nacional campesina choca con el desarrollo de las políticas institucionales de financiamiento y comercialización en el campo, y las pone en cuestión y al ponerlas en cuestión enfrenta al Estado al mismo dilema que ya se enfrentó en la década de los cuarenta, cincuenta y sesenta, que es, ¿qué hacer con un movimiento campesino organizado?, con un movimiento campesino demandante y con un movimiento que no se contenta con la oferta que se le hace, sino que busca introducir cambios y acelerar transformaciones fundamentales.

Por ejemplo, este movimiento campesino levantó e impuso una transformación en toda la legislación bancaria de los organismos auxiliares de crédito. Llegó un momento en que las negociaciones de este movimiento campesino con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, prácticamente hicieron que la vieja ley de organismos auxiliares de crédito quedará literalmente transformada en otra nueva ley, donde se vinieron abajo las viejas restricciones de que una unión de crédito tenía que ser especializada, o que una unión de crédito tenía que reducirse a unos cuantos municipios o que una unión de crédito tenía que dedicarse exclusivamente a determinadas actividades. Esto dio paso a formas de legislación, mucho más amplias que permitieran la organización económica real de sectores campesions en muchos lugares del país.

Así, si en un determinado momento se pactó, se consolidó y se desarrolló la iniciativa de movilizar al movimiento campesino propositivo en los encuentros campesinos de Veracruz, de Oaxtepec, y de Hermosillo, a lo largo del 92 y toda la discusión extraordinariamente importante que se dio en torno de la reforma del artículo 27; aunque la nueva Ley Agraria salió prácticamente de “Fast Track”, sin ninguna negociación con el movimiento campesino.

Se dejó el gran vacío de lo que debía ser la Ley de Crédito, que todavía hoy México es un país donde se eliminaron las leyes de crédito, ya no hay nuevas leyes de crédito rural, donde los vacíos jurídicos que vive el campo son graves como producto de una reforma totalmente incompleta, por el temor del Estado al propio desarrollo propositivo y de acción del nuevo movimiento campesino.

Esto hace que el movimiento campesino al despuntar la nueva crisis del 95 y el nuevo sexenio, se enfrente a un cambio radical de jugada, donde prácticamente todo lo que se construyó a lo largo de 4 años, vuelve a quedar fuera de moda, vuelve a quedar prácticamente obsoleto, y donde toda la iniciativa de uniones de crédito, comercializadoras, fondos de aseguramiento, centros de capacitación, etc., etc., comienzan a ser dejados de lado, bloqueados o simplemente cortados en su actividad, para ser eliminados, si no asfixiados o eliminados de manera violenta como en el pasado, simplemente quitándoles el oxígeno para que no puedan seguir operando. De tal manera que la nueva legislación que va surgiendo, primero en torno al PROCAMPO en 1994, posteriormente, en todas las áreas de la oferta institucional hacia el campo: Alianza para el Campo, etc., retoma los ejes fundamentales del neoliberalismo individualista en la que dice “para nosotros ya no hay organizaciones, lo que hay son productores individuales”. Si alguien quiere PROCAMPO, que se inscriba individualmente; si alguien quiere Alianza para el Campo, que se inscriba individualmente para recibir los estímulos, en ganado, para recibir los estímulos en todas las áreas. Se elimina prácticamente la actividad de financiamiento del Estado de manera artificial y en parte ahogar en muchos sentidos a la organización campesina.

Yo creo que si hubiera un concurso de “pinochos” en el país, se lo ganarían indudablemente las autoridades financieras del país. Todos los anuncios de FIRA, todos los anuncios de BANRURAL respecto a los financiamientos al campo, no tienen el menor fundamento en la realidad. Es decir, todas las cifras del FIRA son uno de los mayores mitos geniales que se hayan inventado en la historia del país. De hecho no reciben financiamiento en el sector privado, en el sector social de la economía y esto no me parece que sea gratuito, tiene que ver obviamente con la crisis financiera, con la crisis de los bancos, pero también con la intensión deliberada de no entrar al riesgo del crédito individual como se hace en PROCAMPO o Alianza para el Campo, y la negativa a financiar distintas formas de organización en el campo.

En las condiciones actuales, el movimiento campesino enfrenta un conjunto de retos para su desarrollo, en donde las reacciones que toma este movimiento son múltiples. Hay quienes pretenden renovar un viejo programa agrario y toman como bandera el viejo artículo 27 constitucional y defienden lo que Arturo Warman en alguna ocasión le llamó “la defensa de un paraíso que nunca existió”, en la que defienden un modelo de desarrollo agrario que nunca existió, que en realidad estuvo en permanente conflicto con el movimiento real del campesinado.

En alguna ocasión que estábamos discutiendo la reforma del artículo 27 constitucional, nosotros decíamos que muchas de las organizaciones tradicionales de la izquierda mexicana que se han opuesto y han tratado de resistir con muy poca eficacia las reformas del campo, bajo “el San Benito” de defender un programa zapatista (Gómez Villanueva), en realidad retoman la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, como el ideal de lo que sería un programa alternativo a la reforma del artículo 27, y lejos de plantearse una alternativa sustantiva en tiempo real del movimiento campesino, se plantean un programa bastante ideal, que no tiene ninguna posibilidad de revertir el fin del reparto agrario, pero que lo siguen planteando, más como una aspiración que como una lucha concreta, lo que le impide al movimiento campesino avanzar realmente hacia las soluciones de los problemas.

En esa disyuntiva, nuestra organización y nuestra corriente plantea que el movimiento campesino debe orientarse en los tiempos reales que vive la realidad rural de nuestro país, que vive el campo mexicano y no buscar simplemente construir un modelo ideal para el desarrollo del movimiento campesino. Así, nosotros pensamos que las demandas agrarias deben inscribirse en el contexto de las reformas del artículo 27 constitucional como un hecho, y que deben centrarse en concretar, en el menor plazo posible, esas reformas del 27 en el campo, llevando a cabo las negociaciones adecuadas para concluir el rezago agrario. Para obtener la mayor cantidad de tierras y mantener el reparto agrario por las nuevas vías del reparto agrario, hoy se permiten la compra de tierras, la negociación de conflictos, etc.

Para nosotros ésta ha sido nuestra práctica en los últimos siete años, a partir de la reforma del 27. En este contexto hemos hecho el mayor reparto agrario que hayamos hecho en el pasado, cuando estaba vigente la posibilidad de repartir tierras, donde repartimos muy poca tierra. Hemos comprado y adquirido mucho más tierra para nuestros agremiados en el contexto actual de la negociación del fin del artículo 27 Constitucional.

Cuando el presidente Salinas me consultó si iba a apoyar la reforma del artículo 27 y planteó ¿cuál sería la condición para que el UGOCP asumiera el apoyo a la reforma del artículo 27? La respuesta de nuestra organización fue muy simple, que ante todo debían resolverse 477 expedientes que teníamos estancados en la Reforma Agraria.

Firmar un convenio como el que firmamos el 20 de mayo de 1992 y los convenios subsiguientes, nos ha significado ganar alrededor de 60 mil hectáreas en la Cuenca del Papaloapan y resolver la mayoría de los conflictos agrarios vigentes. Nos ha representado el acceso a un financiamiento para compra de tierras por el orden de 200 millones de pesos, en la que muchas veces estos pesos se obtuvieron cuando el peso estaba a tres pesos por dólar y todavía hoy seguimos comprando tierras siete años después de que se acabó el reparto agrario. Acabamos de adquirir un predio en, Veracruz, que le costó a la Secretaría de la Reforma Agraria medio millón de dólares hace dos meses y sigue negociándose distintas opciones de compras de tierras. Para el movimiento campesino es preferible entrar al tiempo real de la negociación agraria y avanzar sistemáticamente en esta perspectiva, en lugar de soñar con regresar a la época en que se podía repartir tierras.

Segundo, nuestra propuesta de orden urbano se inscribe ya en un proceso real de urbanización del campo y de las ciudades, donde la mayoría de las poblaciones campesinas de más larga data, están conformadas por solo una pequeña cantidad ejidatarios y de solares ejidales, en relación con la población total que vive en estas comunidades. En este sentido, pensamos que no debemos reducirnos, ahora, a la organización puramente ejidal, sino que debemos introducir la dimensión del poblado rural, como una dimensión fundamental para el quehacer de la propia organización.

En el ejido donde yo nací, hay 163 ejidatarios solamente, pero la población ya es de 5000 habitantes. Si uno quiere tener una política rural, no puede tener una política solamente para 163 familias, sino para las 500 familias que viven en el lugar y esto implica una política de servicios, una política de educación, una política de salud, una política de desarrollo, de la plaza pública, de los centros de recreación, de cultura, etc., más relacionada con la vida real del medio rural, que con una existencia idílica del puro ejido mexicano, para ir hacia las poblaciones rurales en cuanto tales.

Tercero, nuestros proyectos económicos y productivos deben inscribirse en un proyecto de modernización económica y social del campo, de las economías regionales y de la inserción de la economía en la globalidad, como una realidad inevitable. Plantearse hoy una alternativa que vaya hacia atrás, que pretenda generar modelos de autosubsistencia, que no tiene ningún referente efectivo con la realidad, o que planteen aislar la economía campesina, choca contra la propia realidad.

El campesino indígena más atrasado de este país es productor de café y está ligado a lo que pase en los precios en el mercado internacional, mucho más el cañero, mucho más el productor de granos y la realidad del campo mexicano se mueve por la realidad de los precios internacionales y de las condiciones de desarrollo de la tecnología de la globalidad. Nos puede gustar o no la globalidad, pero esta existe y es un dato absoluto en la realidad con el que hay que contar a la hora de elaborar las alternativas de negociación económica y de desarrollo de los proyectos en el campo.

Nuestro proyecto social debe inscribirse en el marco de las políticas de combate a la pobreza, de desarrollo social y de servicio que oferten un nuevo marco de actuación de los programas de las políticas públicas. Los pobres deben apropiarse del combate a la pobreza y de las opciones, y creemos firmemente que a la pobreza hay que combatirla, no hay que venerarla, porque muchas organizaciones hacen una veneración y le prenden veladoras a la pobreza. Debemos luchar por un reparto más equitativo de la riqueza y que debemos tomar la pobreza como un dato de la realidad para combatirla y no para ensalzarla y no para regodearse en la existencia de la pobreza. Y en este sentido nos hemos apropiado de un debate internacional también de combate a la pobreza, en la que pensamos que debemos rechazar la Teoría del Derrame o efecto multiplicador. Pensar que un buen proyecto productivo o una inversión pública va a derramar por sí mismo el combate a la pobreza o el desarrollo de las comunidades. Pensamos que el combate a la pobreza y la elevación del nivel de vida tiene que ser un proyecto consciente y consistente y no simplemente una resultante de la actividad económica.

En ese sentido, rechazamos cualquier visión economicista que plantee que si tenemos un buen proyecto productivo en ganadería, necesariamente la casa, el hábitat, los servicios públicos de los que vive el ganadero, van a mejorar por sí mismos. La realidad muestra y ha mostrado a lo largo de muchos años, que no es así, que el proceso de superación de la pobreza y de desarrollo social tiene que ser un proyecto consciente del desarrollo de las comunidades, que implica mejorar la vivienda, mejorar los transportes, mejorar los caminos, mejorar la electrificación, el agua, etcétera, de las poblaciones rurales.

Las organizaciones hoy tienen que plantearse una política indígena, que se inscriba claramente en el debate sobre los derechos y oportunidades para las etnias, pero que hay que superar un doble reto que enfrenta el movimiento campesino. El reto, por una parte, de la actividad reformista tradicional, típica del indigenismo histórico mexicano, que plantea a los indígenas como menores de edad y que plantea simplemente llevarles algo a las comunidades indígenas. Sin embargo, si es malo esta acción paternalista, limitada, es igualmente malo enrollar a las comunidades indígenas en una lucha puramente ideológica, puramente teórica, que plantea lo que podría ser el desarrollo de las comunidades y no aterriza en lo que puede ser una verdadera reforma de las condiciones de las comunidades.

Por esta razón, nosotros nos situamos tan equidistantes de la acción del INI como de las negociaciones de Larrainzar. Las negociaciones de Larrainzar pueden ser muy buenas, siempre y cuando vayan acompañadas de una verdadera transformación de los bienes comunales, siempre y cuando vayan acompañadas de una verdadera discusión sobre los problemas del poder político municipal de las comunidades, siempre y cuando vayan acompañadas del combate de cualquier forma de autoritarismo y exclusión en el seno de las comunidades. Ya llevamos años discutiendo el problema indígena, simplemente en términos de cuál va a ser el mejor programa que se podrá traducir en la mejor ley. El problema es que si no hay una acción concreta de las comunidades y de los actores sociales que trabajamos con comunidades indígenas, nos podremos quedar con la mejor ley, pero no resolveremos el problema de los yaquis, el problema en concreto de los chintantecos reacomodados de la Presa de Cerro de Oro y de los mazatecos. Corremos el riesgo que ya corrimos en la Constitución, de tener la mejor ley, pero la peor realidad que nos alcance. Entonces, creemos que lo intermedio de la organización indígena es la propia organización de los indígenas para la acción sobre un conjunto de demandas, no solamente inmediatistas sino históricas del propio movimiento indígena en múltiples condiciones del país, donde la situación que viven los campesinos chinantecos del Uxpanapa es radicalmente distinta de la que viven los mazatecos en la Sierra Mazateca, de la que viven los yaquis y la que viven los yaquis es radicalmente distinta de la que viven los mayas, lo que los iguala es la pobreza, la opresión, la miseria, pero las condiciones especificas que viven, de nueva cuenta habrá que entrar a ellas. Y aquí de nuevo hay que entrar a las diferencias.

Consideramos que en el seno del movimiento indígena, más que hablar de los indígenas, hay que hablar de los yaquis, de los chinantecos, de los mazatecos, de los zapotecos o de los tzetzales, porque las condiciones históricas de vida de cada una de esas comunidades, es radicalmente distinta.

Nuestra organización considera que hoy en día el movimiento campesino puede dotarse íntegramente de una política de género, que promueva la igualdad de oportunidades y la equidad de derechos de las mujeres con los hombres y que esto implica, también de nueva cuenta, combatir las soluciones de aspirina para las mujeres, en las que en un reparto agrario se plantea la creación de una UAIM como alternativa para las mujeres; es decir, una parcela para cada uno de los hombres y una sola parcela para todas las mujeres de un ejido. Lo menos que podemos hacer es repartir equitativamente la tierra entre hombres y mujeres y no crear pequeños proyectos de agricultura de traspatio para las mujeres y grandes proyectos elefánticos para los hombres. Hay que manejar un nivel de equidad en la que organización real de las mujeres y el desarrollo de proyectos productivos reales, se vinculen a proyectos de salud, a proyectos de educación, a oportunidades y a condiciones de desarrollo en igualdad de condiciones de las mujeres con los hombres.

Otro principio fundamental del movimiento campesino, es manejar una política de capacitación y formación de recursos humanos, que plantee verdaderos cambios en los liderazgos políticos, generalizando lo que fue un punto de llegada y de convergencia entre líderes estudiantiles o magisteriales, o políticos, con un movimiento campesino que venía fundamentalmente dirigido en formas tradicionales y no tan tradicionales, porque siempre había abogados, ingenieros, etc., en el movimiento, pero que planteó una convergencia nueva a partir de los años 70s.

Hoy en día es necesario plantearse un proyecto de liderazgo con un proyecto real en el campo, en el que sin ningún rubor, hay que plantearse la vinculación entre los líderes naturales de las organizaciones y de las bases campesinas, con los liderazgos políticos y con los liderazgos tecnológicos que han emergido en los últimos años.

Una organización campesina, solamente puede tener un liderazgo sólido, si ese liderazgo expresa la combinación de liderazgos de representación real en las bases, con los liderazgos de orden político que tengan y transmitan un proyecto de mayor envergadura, con el desarrollo de formas de vinculación con la inteligencia de sus diversas manifestaciones, que permitan acceder más rápidamente en el movimiento y a generalizar formas de pensar y de hacer. Incluye, desde luego, líderes empresariales, líderes equitativos y desde luego, un ambiente nuevo de relaciones en el seno de las organizaciones.

En el terreno de la tecnología, el nuevo movimiento campesino debe buscar acercar a los productores a la apropiación consistente y metódica de las tecnologías disponibles; de los métodos de producción y administración más modernos y adecuados y que al mismo tiempo, aspira generar las tecnologías apropiadas, en el contexto natural y económico en el que actuamos. No se le hace mucho favor al movimiento campesino tratando de preservar, a veces, tecnologías que la gente supone tradicionales, pero que fueron tan nuevas en su momento como las que hoy existen en disposición para organizaciones.

No se trata desde luego de plantearse una inserción artificial de tecnologías en el campo, pero tampoco se trata de simplemente retomar y tratar de preservar y hacer una malla de protección de supuestas tecnologías tradicionales, que de tradicionales tienen los siglos, y que son productos en realidad de la colonización y no-producto de una supuesta edición autónoma de la tecnología. En ese sentido hay que proponer un proyecto que plantee claramente la sustentabilidad, con un proyecto de largo plazo. Que plantee consistentemente trabajos con un sector campesino que tiene muchas décadas o siglos y milenios de estar en el campo y que va a permanecer en el campo.

Debemos superar en una perspectiva de liderazgo campesino y de demandas cortoplacistas que busquen simplemente aprovechar la coyuntura, porque eso no opera ni ha operado nunca en las condiciones del campo y que las organizaciones campesinas, de manera responsable, deben plantearse un proyecto sustentable, que plantee abiertamente la preservación de la sociedad rural, al mismo tiempo que plantea su cambio.

Preservar el campo no tiene que ver solamente con el folklore. El folklore forma parte de la cultura y de las condiciones, pero tan importante puede ser un modelo de desarrollo del nivel de vida suficientemente avanzado como el que tiene cualquier granjero europeo o norteamericano, que hoy se vería como una utopía. Cuando uno va a Canadá o a Estados Unidos, o a Israel o a cualquier lado, encuentra que los productores tienen todas las condiciones de vida en sus familias.

Hoy, es posible ir introduciendo aspectos culturales de capacitación, servicios, de modo de ver y de modo de pensar, que acerquen al campesinado, sin perder muchas de sus condiciones originales, hacia un modelo de nuevo desarrollo social y político. El modelo de las organizaciones no puede ser solamente un modelo económico o solamente un modelo social y, menos aún, un modelo simplemente político, sino que tiene que ser un modelo múltiple que involucre múltiples dimensiones en su actuar, en su pensar y en la forma de desarrollar la organización. El proyecto de desarrollo y de elevación del nivel de vida tiene que concretarse de una manera plena con los miembros de la organización.

Pensamos finalmente que el modelo de organización que tenemos que desarrollar en el campo, debe abandonar el mesianismo de pretender dirigir a todos los campesinos o esperar el derrumbe de la CNC o el derrumbe de las demás organizaciones, para fortalecer las propias. Pensamos que tenemos que introducir en el modo de actuar y de pensar de las organizaciones, la idea concreta de que si representa a 100 campesinos, a esos 100 campesinos merecen toda la atención y el desarrollo de todo el proyecto, tanto como lo merecen o lo pueden hacer 100 trabajadores sindicalizados en una empresa. Debemos abandonar de manera consciente, la idea de que no es importante el presente, sino lo que esté por venir, que ha sido una perspectiva que nos daño y nos prefiguró durante décadas, en el movimiento campesino. Donde hoy ganábamos la tierra para un grupo, este grupo dejaba de ser importante, porque esperábamos que a partir de que ganábamos, nos llegaran 7, 10 u otros 15 grupos mas o hacíamos una cooperativa de producción y una vez constituida dejaba de ser importante la cooperativa de producción para avanzar rápidamente para ver que más clientela llegaba a nuestra organización.

Hoy, un cambio radical en el liderazgo, tiene que ver con un modelo superpuesto que planteé que si estoy trabajando con un grupo de campesinos y ya conseguimos la tierra, ahora lo que nos toca conseguir es el riego, y si ya conseguimos el riego, tenemos que conseguir el agua potable, la escuela, el campo deportivo, el desarrollo de la plaza pública, la salud, la educación; es decir, ver al grupo social que ya se arrimó, que ya está en la organización como el objeto de trabajo de la propia organización y no pensar simplemente que es la palanca o el boleto de entrada para ver a cuántos campesinos más logro agrupar en el futuro.

Nosotros estamos introduciendo en el seno de la UGOCP la concepción de que al final de cuentas la organización deberá avanzar hacia ser realmente una organización de miembros que luchan íntegramente por el desarrollo; es decir, de nueva cuenta, por la riqueza, por el poder, en términos concretos, pero para un grupo específico de gentes organizadas y dejar de tener una visión mesiánica de que algún día esto se va derrumbar y cuando esto se derrumbe, yo estaré presente para jalar a todo el que se caiga.

Creo que tenemos que estar actuando ya con lo que tenemos, con lo que ya logramos agrupar, con lo que ya es eficiente para la propia organización y llevar hasta sus últimas consecuencias el modelo de desarrollo y de concepción social, genérica, étnica, política, económica al que el propio movimiento campesino ha ido alcanzando en las últimas décadas.

LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES EN LA COYUNTURA POLÍTICA ACTUAL

Sen. Hugo Andrés Araujo de la Torre
Presidente de la Comisión de Reforma Agraria
Ex-Secretario General de la Confederación Nacional Campesina (CNC)

Muchas gracias a los organizadores de este evento y quiero decirles que, en efecto, es a nuestro Secretario General a quien le tocaría expresar la posición de la CNC.

En primer lugar, creo que a todos nos queda claro que las relaciones se han ido modificando en la medida en que el desarrollo económico de nuestro país ha ido transformando el papel del Estado y el papel de las propias organizaciones. No es algo estático ni definitivo en una sola vez y podemos afirmar que este proceso de transformación, lo hemos vivido, lo hemos sufrido y lo hemos también discutido en múltiples ocasiones.

En los últimos años, hay una constatación clara de la transformación del papel del Estado en la Nación, pero en particular respecto al campo. De una economía estatizada o de un Estado interventor y paternalista, hemos ido transitando en los últimos 10 ó 15 años a un Estado más abierto, liberalizado, neoliberal para otros, a un Estado que va modificando su relación con los productores rurales.

En este proceso el Estado no ha estado solo. Si ustedes hacen cortes, podría aparecer como si el Estado regulador hubiera ido determinando solo el tipo de relación que quiere guardar con las organizaciones campesinas. Primero voy a hablar genéricamente y después voy a hacer lo que entiendo por divisiones al interior de este concepto.

En forma permanente ha habido modificaciones en la política. En efecto, teníamos un Estado con una gran presencia en el proceso productivo, en el financiamiento, en la comercialización y en la vida social al interior de comunidad y ejido. Yo no diría que todas las organizaciones eran estatales, pero sí había una relación dominantemente estatizada, donde incluso quienes participaban desde la independencia y la oposición, tenían que actuar frente a ese modelo de tratamiento, de planteamiento respecto al Estado. Y aquí estamos algunos que ya llevamos ya alrededor de 25 a 30 años, en este diario batallar y supimos dar la pelea en condiciones diferentes en este Estado que se ha ido transformando, donde en cada etapa, la movilización, la gestión, la acción va de la búsqueda de la respuesta a la demanda, hasta la búsqueda de la transformación en la relación. Este esfuerzo queda mucho más marcado en la medida en que hay un planteamiento explícito de transformación del Estado con la apertura económica, con el ajuste explícito del gobierno y de sus funciones, que esto viene de los 10 últimos años y con una transformación en la relación.

La etapa anterior, una etapa yo diría de extremos, donde la intervención estatal, en efecto, generó organizaciones dependientes, peticionistas, organizaciones que aceptaban como mal necesario la intervención o que se ajustaban en las diferentes etapas a los proyectos y programas de Estado, en aras de sacar algún beneficio, estando conscientes incluso del papel regulador de la actividad del Estado. Quiero insistir que en forma permanente hubo movimientos, desde el movimiento oficial y desde el movimiento independiente para buscar rescatar un rol de actores y no simplemente seguidores de la política de Estado.

Nos encontramos que la búsqueda de la presentación de la demanda y de los proyectos campesinos, desde el ejido, desde la comunidad, desde los productores, hace 20 años, tienen elementos de búsqueda de fórmulas más abiertas, flexibles, mas que tomen en cuenta la propuesta y el planteamiento campesino. Esto debe insistirse porque en esa iniciativa que a veces hacemos del rol de las organizaciones campesinas, parecería que todos aceptaron en forma sumisa y callada. La resistencia vino de muchas partes, no quisiera referirme a este elemento histórico, pero es lo único que nos explica que precisamente cuando se plantea una modificación modelo de relaciones del Estado hacia los campesinos, las organizaciones campesinas “de todos los colores y sabores”, teníamos propuestas del qué hacer, para tratar de que en ese proceso de liberalización, hubiese la posibilidad de rescatar espacios para el control y la participación de la organización campesina, que iba desde la transferencia de funciones, el rescate de roles para la organización campesina o la búsqueda de cambios en el marco jurídico. Esto no fue solamente un planteamiento imaginado desde el Ejecutivo, sino que fue generado también desde demandas de las organizaciones campesinas y para muestra, un botón, todos estábamos cansados de la presencia exagerada de la Secretaría de la Reforma Agraria en todos los eventos de los ejidos y de la comunidad, o de la forma que tenían atada la posibilidad para formar organizaciones de segundo y tercer piso.

Entonces, quisiera referirme fundamentalmente a esta última etapa que es el motivo de la propuesta que ustedes me hicieron, y quiero señalarles que ha sido en los últimos 10 años, un permanente proceso de competencia, entre tres visiones simultáneas para poderla generalizar: Una, la vieja visión de los operadores institucionales protagónicos, autoritarios, centralizadores, que no aceptaban que en este proceso de liberalización pasara a manos de las organizaciones sociales, o de las centrales, parte del rol de la actividad campesina y de los proyectos productivos y de los planteamientos de política.

Otra parte, de aquellos nuevos operadores de la tecnocracia institucional, que planteaban dejar al libre juego de las relaciones, el ejercicio de la actividad, buscando una retirada absoluta y la desaparición de la tutela. Aquí es necesario diferenciar tutela de paternalismo. La tutela se da por ley, constitucionalmente el Estado tiene una obligación de ascendencia sobre el conjunto de la sociedad y, como parte de esa sociedad, en las organizaciones campesinas.

Y una tercera posición, que permanentemente compartimos con muchos otros, luchamos porque fuéramos actores en las organizaciones campesinas en la búsqueda de ese proceso de apertura, transferencia, cambio y liberalización. Esto coincidió además en un doble sentido no solamente de que el Estado cambiaba, sino también se modificaba el peso específico de la demanda campesina en estos últimos años. Una demanda que había sido dominantemente agraria, pasaba a cerrar un ciclo de la vida rural y se desarrollaban una serie de organizaciones campesinas, que primero en la lucha con los precios, después en la lucha por los insumos y más adelante por la lucha por el financiamiento, fueron adquiriendo a fines de los ochenta y en todos los noventa, un rol importante en la transformación del movimiento campesino.

Luego entonces en este proceso de liberalización hay una disputa por el rol que juegan organizaciones y actores institucionales. Solamente si apreciamos así el desarrollo de esta relación contradictoria en todos los terrenos. Fue así como se dio la discusión sobre la reforma jurídica, 27 Constitucional, Ley Agraria, leyes ecológicas, leyes agropecuarias, y sigue siendo así, en los cambios institucionales que se han dado producto de ese cambio en la concepción de Estado que nos debería regir, y en los cambios también respecto a las políticas. Esta discusión en primer lugar da la oportunidad de dejar plasmada en la ley fundamental el hecho de la libertad de asociación de los productores rurales, la oportunidad de adoptar las formas de organización que se consideraran posibles y, sobre todo, en no requerir más que la tutela, pero no la intervención estatal, para cada uno de los pasos de la transformación organizativa. Este momento coincide con el esfuerzo que desde muchas organizaciones se hace, para, en efecto, llevar a su fin el rezago agrario como la oportunidad del mayor reparto agrario posible.

La última oleada del reparto agrario la logramos precisamente en los noventa alrededor de la negociación de este cambio jurídico. Y viene una transformación también de la parte institucional, viejas demandas como la modificación a la existencia de los tribunales agrarios o de la Procuraduría Agraria, el cambio del rol de la Reforma Agraria y la transformación de las relaciones con la Secretaría de Agricultura, donde las organizaciones campesinas, obviamente aquí me refiero a las más avanzadas, fueron propositivas, ya no solamente en cuanto a sus demandas, sino además, en cuanto a los programas, a las propuestas presupuestales y a los proyectos productivos.

Esto, hace 15 o 20 años, era inconcebible en la medida que era al gobierno de la República a quien le tocaba decir qué programas había, cómo se iban a hacer la canalización de los recursos y hacia qué regiones iba a ser. Ahí hay una discusión, un juego de fuerzas y de presiones y además, en este recambio, nos encontramos con que ya la lucha económica se vuelve la dominante frente a la lucha agraria. Por lo tanto, soy de los que afirman que en este proceso de disputa y, por tanto, de relaciones transformadas no se ha terminado. Estamos, en efecto, en cada periodo sexenal, con modas diferentes de cómo tratar a las organizaciones campesinas desde el gobierno pero ahora estamos frente a ingredientes diferentes. Ya no solamente las organizaciones independientes o las organizaciones autónomas reclaman un trato claro, directo, respetuoso, sino además creo que esto lo hacen todas las organizaciones tradicionales y no tradicionales. Este será un elemento permanente en la coyuntura actual. La disputa, el debate por un trato entre iguales, entre los actores institucionales y los actores rurales.

Siendo la lucha económica la lucha dominante, que va desde la lucha por precios, la lucha por la comercialización, la lucha por prestación de los servicios (seguro, uniones de crédito, financiamiento) se va dando una doble convergencia. La convergencia entre las diferentes organizaciones campesinas que hace 20 años nos encontrábamos en todos los escenarios y la tarea principal era destruir al de al lado y la secundaria era ver en qué estábamos de acuerdo, creo que hoy hay un ambiente de mayor convergencia con respeto a la autonomía. Termina también un viejo fetiche y es que las organizaciones institucionales no podían coexistir con las organizaciones independientes. Hoy en el horizonte, tenemos organizaciones autónomas independientes, independientes de los independientes, institucionales, no tan institucionales, pero con una característica común que es creo que el conjunto de las organizaciones hemos rescatado el derecho a dar nuestra opinión, el derecho a debatir y a discutir nuestros punto de vista y el derecho a proponer. Hemos rescatado frente a un Estado interventor, frente a un Estado regulador y en el marco de ese neoliberalismo que todos estamos discutiendo como acotarlo, encontramos en los intersticios liberales la posibilidad de tener mucho más peso que el que se tenía en el Estado de presencia absoluta de la práctica del ejercicio gubernamental.

El otro elemento es que abandonamos el terreno dominantemente agrario para hacer una mezcla entre lo agrario y lo económico, transitamos también en el cambio de lo político para entrar a lo productivo, a lo cotidiano, a lo social como una necesidad.

Todos aquellos que nos hemos organizado, participado y luchado en los últimos años, nos hemos encontrado frente al reto de cómo atender no solamente las demandas inmediatas de la sociedad rural, sino cómo entender su complejidad, cómo entender su diversidad de demandas y cómo también abandonar el viejo discurso con el que todos nos formamos entre las demandas economicistas y las demandas revolucionarias. Pasamos a un terreno de la construcción de un horizonte donde hay un punto de convergencia, y es que el campo debe jugar un papel fundamental en el desarrollo nacional.

Y como en todo momento de crisis se generan situaciones contradictorias, hoy en esta crisis que ya nadie debatimos que no existe, sino que más bien nos apuramos en tratar, caracterizarla, nos encontramos que hay muchos terrenos de convergencia y de construcción plural. Pero la pluralidad campesina es una pluralidad que no solamente viene de las organizaciones, viene de la propia experiencia campesina, viene del ritmo y de la forma de concebir el mundo, de la sociedad rural, que nos va obligando a encontrarnos en la lucha de los cafetaleros, independientemente de venir de la CNOP o de la CNC o en la lucha de los trigueros, o en la lucha de los arroceros. La diversidad no solamente es pluralidad política, también es pluralidad territorial, porque no luchan igual los arroceros de Morelos que los arroceros del Sureste. Hay entonces una mezcla de tratamiento, que independientemente de las oleadas en la relación entre el gobierno y las organizaciones, hoy ya no es un planteamiento a aceptarse por el interlocutor dominante que era el gobierno, sino es un planteamiento que ya está en la cultura política social de los actores de campesinos y de sus organizaciones.

El otro elemento que yo quisiera destacar es que en la lucha campesina no hay una línea única de participación. La realidad es que la primera pregunta fue a qué tercer piso se referían los compañeros organizadores. Era el tercer piso de las organizaciones campesinas centrales, entonces había que hablar de los comités, los comités municipales, los comités de grupos regionales y los grupos estatales. O se referían a la organización ejidal, a las uniones de ejidos, a las uniones regionales y a las uniones de ramo.

La organización campesina en su resistencia ha aprendido a hacer política, a hacer organización política, a hacer organización productiva y a hacer organización social. Por eso entiendo la organización de este evento, como una mezcla donde hay representantes de las centrales con representantes de productores por ramo. Luego, entonces, es variada y diferente de acuerdo con la lucha que se esté dando la forma de relación. Existe un tipo de lucha por la política de precios, otra lucha distinta y más compleja se da por el manejo del financiamiento que hacen las uniones de crédito, o una lucha diferente entre los cafetaleros de zonas muy atrasadas, pero que han tenido un gran avance en la comercialización en el mercado internacional, o la lucha de los horticultores, los productores de granos, los citricultores o los ganaderos.

Hoy tendríamos que hablar de las relaciones de las diferentes instancias de gobierno con los diferentes tipos de organización, pero en ellos hay elementos comunes. Este encuentro diverso, este papel más fuerte de la pluralidad entre las organizaciones campesinas que entre los propios partidos, este esfuerzo de ser interlocutores iguales frente al gobierno, también con la capacidad de la unidad de acción o de la unidad programada. Hoy el debate dejó de ser la demanda concreta, aunque es la demanda concreta la que aglutina. Hay una maduración de las organizaciones donde lo mismo estamos discutiendo cambios legislativos, que estamos proponiendo cambios en las políticas o nuevos programas de apoyo. Esto hace años no era parte del programa de la organización campesina.

Por buena suerte tuve oportunidad de convivir con todos mis compañeros en el CAP y descubrí que el corporativismo era algo que había permeado al conjunto de las organizaciones campesinas. Esta caracterización es parte del reto del propio cambio de las organizaciones campesinas en su relación con el Estado.

¿Cuál es la nueva organicidad que se dará en los flujos campesinos para con el Estado y por la lucha?, es parte de la tesis que hay que analizar, pero un elemento cierto es que el concepto de central campesina va a tener que transformarse y modernizarse para buscar dar el paso de ser los controladores de la organización de productores o hacerlos promotores de la organización de productores.

Si ustedes me preguntaran ¿cuáles son los dos elementos fundamentales de la transformación de la organicidad?. Yo me imagino, como es en muchos de los países, en una organización de productores, diversa, compleja, donde la propiedad ya no sea el elemento diferencial, sino la región, el tamaño (pequeño o mediano), grandes productores de café o grandes productores de granos. La construcción de la convergencia en la organización de productores nacionales, dará un elemento común a todas las centrales, en un proceso de transición a esa nueva organicidad. Por otro lado, está el rescate de la política de los pueblos, o sea, la base y la punta del movimiento campesino. En esta relación coexisten diferentes formas, desde formas caciquiles más desarrolladas entre los funcionarios menores, no solamente municipales y estatales, también la vieja concepción del delegado agrario, del delegado agropecuario, hasta relaciones tan liberales como de los operadores de la política interna comercial, donde nadie fue responsable de nada y todo transcurrió como debería haber transcurrido. Hoy es fundamental continuar con este tipo de debates, como al que ustedes nos han invitado, para rescatar los elementos de mayor avance en la relación de los mejores esfuerzos, en las relaciones estado-campesinos y buscar irnos poniendo de acuerdo en el impulso a las formas de organicidad del futuro.

Hace un rato comentábamos con nuestros amigos de aquí del Colegio de Postgraduados, una discusión que quizá no hubiéramos tenido hace 10 años. Hace diez años nos hubiera interesado saber si los académicos tenían detectados algunos instrumentos de la política de gobierno, porque no teníamos información sobre la política gubernamental; hoy lo que queríamos era discutir con ellos una serie de instrumentos de informática para poder tratar de trazar políticas a corto, mediano plazo en las organizaciones campesinas.

Hoy, constatamos la presencia nuevos tipos de relaciones entre el movimiento campesino y el estado, además de las puramente estatales y las partidarias. Y es, por una parte, el cruzamiento que ha habido entre diputados y senadores, legisladores, en su relación con el movimiento campesino. Muchos de ellos provenientes del movimiento campesino. Otros estudiosos o funcionarios que hoy están actuando más sistemáticamente ante un proceso de construcción y fortalecimiento del legislativo. Lo habían actuado en otro momentos, coyunturalmente, como aliados de este movimiento campesino. Una muestra es toda la discusión que se da alrededor de la cuestión presupuestal, donde creo que hubo una convergencia partidaria con las organizaciones y una mayor relación para la comprensión. Ahora es necesario rescatar el conocimiento de cómo quedó, porque el cierre de la negociación a la mayoría no nos gustó. Es necesario rescatar cuáles fueron los resultados y pasar a otra parte del rol, que es ¿qué podemos hacer con dos actores?. Uno, por supuesto las organizaciones y otro, los legisladores federales. En este “jaloneo” surgen otros actores que se nos habían quedado en el camino, que son los legisladores locales.

Hoy hay un proceso de convergencia pluripartidista de los legisladores locales, que además de querer participar en la Ley de Desarrollo Rural y no esperar a que les llegue para su aplicación y no comprensión, han estado actuando con reuniones regulares, con encuentros con las organizaciones y hay la posibilidad de hacer un cruce. Este nuevo trato, es quizá mucho más rico que el que hemos tenido con los propios partidos. ¿Y a qué me refiero con todos los partidos?. Hay poca comprensión del rol de la organización campesina, del papel de la situación del campo más allá del planteamiento de orden general. Entonces, considero que hay que fortalecer, enriquecer esta alianza entre legisladores federales y locales con organizaciones.

Otro actor muy importante son las ONGs que con roles y pesos diferentes, incidencias distintas, han pasado de ser únicamente promotoras del desarrollo, de la comunidad a ya participantes en varias incitativas locales, regionales. Y algo que no hemos aprendido quienes somos promotores de las organizaciones campesinas y ellos lo saben hacer mucho mejor, en captadores de recursos internacionales para promover proyectos productivos, y el otro, son muchos de ustedes, desde la academia y la investigación.

Hablaré en este momento como legislador. Estoy convencido de que estamos demasiado cerca, pero a la vez muy lejos; que hay que hacer un esfuerzo consciente de convergencia como lo hicimos desde hace 10 o 15 años quienes estábamos en diferentes conformaciones políticas y pusimos por encima de nuestro rollo partidario, el rollo campesino y más adelante ya lo hemos hecho entre los legisladores. Hoy la Ley de Desarrollo Rural salió o está trabajándose en un proceso de amplia convergencia y la Ley Ganadera tuvo un rasgo fundamental al transformarla y es que todas las fracciones estuvimos porque se democratizara la Confederación Nacional Ganadera. Entonces creo que hay que hacer este proceso más consciente. No es fácil encontrarnos elaboradores, organizadores y legisladores para cumplir el interés de todos de la noche a la mañana, pero creo que en el esfuerzo que hagamos junto a los campesinos, pueden ser aportes muy importantes.

La forma en que tienen ustedes acumulados estudios, planteamientos, propuestas, enriquecería mucho el quehacer de los que hoy están en la dirigencia campesina y de quienes estamos en el legislativo.

En el caso nuestro, diríamos que tenemos una agenda legislativa abierta, una inmediata, que es la Ley de Desarrollo Rural, donde requerimos ahora sí que los puntos de referencia del debate actual, en el medio académico intelectual y lo que hemos recogido de los compañeros para, tratar de hacer una propuesta de convergencia; pero además, para convencer a las instituciones que día a día ya no es posible analizar el campo con 4 ó 5 instituciones al mismo tiempo. Que tenemos que transitar hacia una política de desarrollo rural, donde no solamente se vea a los productores, sino que se vea a todos los miembros de la sociedad rural donde algo está sucediendo, porque sigue presente, sigue creciendo, sigue desarrollándose y la tendencia a la “descampesinización” por la que discutían varios amigos intelectuales de hace 10 o 15 años, ni se dio ni parece que se va a dar. Para quienes combinamos el esfuerzo de la organización campesina al lado del legislativo, o es un esfuerzo de la organización campesina desde el mundo académico. Creo que a todos nos interesa unir esfuerzos.

El modelo general está a discusión, pero hay que meter en esa discusión el rol de lo rural; entonces, es ese mi planteamiento y diría que mucho nos falta discutir de la complejidad, de la amplitud, de las relaciones permanentemente transformadoras entre las organizaciones campesinas y el Estado Mexicano.


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