Lo que acontece en el sector forestal es el resultado de una cantidad de fuerzas externas que lo afectan directa o indirectamente. Por lo tanto es importante identificar las mismas y discernir cuáles pueden ser sus tendencias, determinando los cambios futuros, para poder visualizar la posible situación del sector forestal en los próximos años. En Bolivia, como en muchos otros países de Latinoamérica, el forestal es un sector de baja prioridad y lo que acontece dentro de él, está influenciado fuertemente por cambios que suceden fuera del sector. Los factores más importantes que afectan al sector forestal de Bolivia se indican a continuación.
Bolivia participa en varios procesos de integración y complementación económica en la región. Asimismo participa dentro el proceso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el cual busca la eliminación progresiva a las barreras del comercio y la inversión dentro la región. La integración económica y la creciente interdependencia entre países proveerá a Bolivia oportunidades de crecimiento económico, pero también esto significa que perturbaciones en otro país puede afectarla fácilmente, o que tendrá que estar preparada para competir con productos extranjeros. Este fenómeno ya ha experimentado la economía de esta nación, un ejemplo es la repercusión que tuvo en los últimos años la crisis económica de los países con los que Bolivia tiene relaciones comerciales como Argentina, Brasil y México y la desaceleración económica de Estados Unidos. Estados Unidos y Argentina fueron tradicionalmente los principales socios comerciales para las exportaciones de productos forestales bolivianos, por lo tanto el sector forestal se vio directamente afectado por los acontecimientos económicos en esos países.
La integración económica es un proceso que muchas veces no trae beneficios simultáneos para todos los países involucrados. Disparidades en el acceso al conocimiento, recursos económicos y mercados pueden profundizar las diferencias económicas entre los países. En caso de concretarse los tratados de libre comercio y acuerdos de integración económica en los que Bolivia participa o es potencial participante, probablemente el sector forestal boliviano, no esté preparado para competir en el mercado de productos forestales, con otros países de la región con mayor ventaja competitiva, sobre todo en lo referido a los productos con mayor valor agregado, como por ejemplo la pulpa y el papel que este país importa, aún si Bolivia esta reduciendo las tasas impositivas para estimular estas industrias23.
Bolivia tiene un mercado interno muy reducido y con escasos ingresos económicos, por lo tanto el mercado internacional es muy importante para el desarrollo del sector forestal. Una condición necesaria para que el sector forestal boliviano pueda participar de los mercados globalizados es mejorar su competitividad. Entre las medidas necesarias para elevar la competitividad del sector forestal están: bajar los altos costos de energía, mejora de la infraestructura en el país (caminos, sistemas de comunicación, incentivos a la inversión forestal, uso más eficiente de las capacidades técnicas actuales, por ejemplo la mayoría de los aserraderos trabajan solo alrededor del 50% de su capacidad instalada), incentivar el desarrollo tecnológico y la investigación tanto en el aprovechamiento, producción y mercadeo y mejorar la capacitación del recurso humano.
Este país depende fuertemente de la ayuda e inversión exterior, un 61% del total del PIB de Bolivia proviene de las Inversiones Extranjeras Directas. La Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA, sigla en inglés) también contribuye a un 6% del PBI en Bolivia, de los cuales un 35% son para cubrir la deuda intercambiaria (Ing.swap debt) y cerca un 30% para otros aspectos sociales fuera de la salud y la educación. La distribución de la O Sichuan Changjiang Timber Industry Corporation DA es una manera indirecta de conocer las áreas de prioridades para el desarrollo y cómo proyectos forestales pueden adaptarse en ellas (LAFSOS-Socioeconomictrends). En base a lo anterior, proyectos sobre las comunidades forestales tendrán mayores probabilidades de recibir subvenciones.
La situación general del país, en los últimos años se ha visto agravada por la situación económica, lo que ha determinado acciones de lucha de los grupos étnicos, campesinos, desempleados y otros grupos por alcanzar un mejor nivel de vida y solicitar que los recursos financieros que logra el país sean distribuidos equitativamente, cortando las diferencias sociales y económicas, esta coyuntura ha sido aprovechada por ciertos grupos por ejemplo los denominados “sin tierra” para la toma de tierras para destinarlas a la agricultura de subsistencia, afectando en varios casos áreas forestales de propiedad privada o bajo concesión forestal lo que determina una débil seguridad jurídica para los concesiones forestales y la inversión forestal. Estos tipos de movimientos sociales han determinado que en Octubre de 2003 tan solo un año después de su elección, el presidente tenga que renunciar. Se estima que en los próximos años estos movimientos seguirán teniendo importancia en este país.
Como se mencionó precedentemente, existe la demanda de nuevas tierras para colonos agrícolas, por presión de agricultores que indican no poseer tierras, en consecuencia, el Gobierno está obligado a otorgar tierras forestales a los sin tierra, aspecto que trae consigo, graves consecuencias negativas a los recursos maderables de los bosques nativos, al margen de complicar aun más la normativa existente. Este aspecto al igual que la fuerte presión del sector agroindustrial por ampliar su frontera agrícola (cambio de uso de suelo), inciden ampliamente en la disminución de la cobertura forestal, cada año, más de doscientas mil hectáreas, se desmontan en el Departamento de Santa Cruz, para cultivos y pasturas, según lo afirma la Superintendencia Forestal y el Proyecto BOLFOR. Se debe definir claramente los límites de la frontera agrícola para uso agrícola como ganadero y buscar estrategias en los programas de colonización para evitar los procesos acelerados de deforestación a nivel nacional.
El crecimiento de la población conjuntamente con la expansión agrícola y los programas de desarrollo agrícola son las mayores causas del cambio de la cobertura forestal (FAO, 2001). El crecimiento de la población ocasiona un incremento de la demanda por alimentos, la que es satisfecha a través de la intensificación de la producción y la expansión hacia nuevas tierras cultivables. El crecimiento de la población también ocasiona el incremento de la demanda por madera y productos de madera. Para el año 2002 la población fue de 8,6 millones de habitantes, la tasa anual estimada de crecimiento el 2003 fue de 1,63 % anual, y alcanzará los 12 millones de habitantes para el 2020 (FAOSTAT). La densidad poblacional es de 7,8 habitantes por km². Se estima que Bolivia se mantendrá con un nivel bajo de crecimiento económico y la densidad poblacional baja y con la tendencia al desplazamiento a las zonas urbanas, se calcula que para el 2020 las tres cuartas partes de la población resida en zonas urbanas24 Por estos motivos se puede concluir que no existirá presión directa sobre los bosques.
La urbanización tiene importantes implicaciones en el sector forestal porque la población rural tiende a usar los bosques como fuente de combustible, como material de construcción y hacer uso de los productos no maderables. Otro efecto del incremento de la urbanización es que las poblaciones urbanas tienden a demandar más servicios de los bosques no relacionados con la producción de madera, tales como recreación, cultura y otros. Sin embargo debido a este fenómeno es también de esperar que en el área urbana existan cambios en la demanda de madera para combustible, especialmente carbón, sobretodo cuando los ingresos son insuficientes para alcanzar fuentes alternativas de energía. También la sobre explotación de los recursos forestales en áreas que proveen de estos recursos a los centros urbanos puede ser un problema en los próximos años. Así mismo existe el efecto indirecto sobre los bosques cercanos a los centros urbanos grandes como la capital, donde se convierten tierras agrícolas en áreas urbanas para la construcción de viviendas y otros usos urbanos y posteriormente se cambia el uso de los bosques próximos en uso agrícola para satisfacer las necesidades de alimentos.
La legislación forestal que rige desde 1996, es un instrumento moderno, que aplica conceptos de un manejo sostenible de los recursos forestales, además una de las virtudes más importantes del nuevo régimen forestal ha sido la de permitir, por primera vez, el aprovechamiento de estos recursos por parte de los grupos originarios. La nueva ley forestal ha puesto a disposición de las comunidades de origen grandes superficies boscosas para su aprovechamiento. También, con la finalidad de evitar la corta ilegal, se ha otorgado superficies muy importantes de bosques naturales a todos los vecinos de las áreas boscosas que viven del recurso madera, habiendo conformado grupos de 20 o más personas en Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL). Actualmente la escasez de recursos financieros es uno de los principales problemas para la continuidad de la implementación de la legislación, ya que el organismo regulador es la Superintendencia Forestal, que no podrá continuar realizando sus controles debido serias dificultades de carácter económico que ponen en riesgo su funcionamiento. La superintendencia es una de las pocas instituciones del sector público que tiene una buena imagen entre los actores del sector forestal
Una fuerza impulsora potencial sería el “Plan Estratégico para el Desarrollo Forestal de Bolivia”, que la Dirección General de Desarrollo Forestal Sostenible dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible ha elaborado un (MDSP; Febrero 2002). Este plan ambicioso planifica que si se lograra una inversión de más de 400 millones de dólares americanos en los próximos 15 años, en 28 millones de ha del bosque tropical, mediante un manejo sostenible, se alcanzarían 5 a 9 millones de ha de bosques voluntariamente certificadas, y producirían 6 millones de metros cúbicos de madera aserrada entonces se llegarían a exportar un equivalente a mil millones de dólares americanos, una exportación con maderas certificadas de 500 millones de dólares y la generación de 250 mil puestos de trabajo.
Asimismo en agosto del 2003 se presentó el Programa Integral del Desarrollo de la Amazonía, el cual requiere de una inversión de 170 millones de dólares durante los próximos 10 años. El principal problema para la implementación de estos planes es también la obtención de recursos económicos necesarios.
Por lo expuesto tanto la legislación como los programas forestales son potenciales fuerzas impulsoras positivas, pero tanto la continuidad de la implementación de la ley como la puesta en marcha de los planes y programas de desarrollo del sector forestal dependen fuertemente de la obtención de recursos económicos. Con un gobierno con serias dificultades económicas en varios ámbitos, tomando en cuenta que el sector forestal no es prioritario para el gobierno, es poco probable que el Estado invierta recursos para el desarrollo del sector forestal en los próximos años, por lo que este sector dependerá en gran medida del apoyo económico internacional.
Bolivia posee cerca de 53,1 millones ha. de bosque tropical natural. Las plantaciones forestales abarcan solo una extensión de cerca de 50,000 ha. A pesar de que existe una gran variedad de especies forestales con potencial para ser utilizadas, a la fecha solo se emplea una pequeña cantidad de éstas y en un volumen muy reducido. Las estadísticas oficiales registraron el año 2001 un volumen aprovechado de cerca de 0,55 millones m³, lo que corresponde a 0,01 m³/ha con referencia a la superficie total de bosque. A esta cifra se debe adicionar aproximadamente 0,2 millones m³ (0,004 m³/ha con referencia a la superficie total del bosque) proveniente de aprovechamiento ilegal del bosque. Más de tres cuartas partes del volumen legalmente aprovechado de madera se concentran en 20 especies. Es necesario investigar otras posibilidades de empleo técnico de nuevas especies forestales y también se deberán desarrollar mercados para productos de las mismas. Sobretodo se deben aprovechar aquellas especies forestales tropicales ya estudiadas y que se conocen sus propiedades técnicas identificadas para aplicaciones y usos específicos. Como así también estudiar las posibilidades de comercializarlas tanto en el mercado local como en la exportación.
En lo referido a la educación, en Bolivia existe la dualidad de un índice de desempleo alto y al mismo tiempo necesidad de personas capacitadas para el desarrollo del sector forestal. A causa de la escasa alfabetización y educación existe una necesidad de mano de obra calificada que no puede ser cubierta por la masa de desocupados. Para citar un ejemplo, existía hasta el 2002 solo un total de 434 ingenieros y técnicos forestales. Se calcula que son necesarios para solo el aprovechamiento forestal por lo menos 620 ingenieros forestales y 1.240 técnicos forestales (Siforbol, 2001; Plan de Acción Forestal FAO-PAF/BOL, 1999 Pág. 31; ITTO,1996 Pág. 45). Si se desea promover el sector forestal, se tendrán que tomar medidas claras para contar con personal capacitado en las destintas áreas de toda la cadena de valor desde el aprovechamiento forestal hasta la comercialización.
El contexto externo estuvo marcado por un débil dinamismo de la economía. Los países desarrollados en general, registraron un menor desempeño de su actividad económica que se tradujo para los países en desarrollo, en una contracción de la demanda externa con la consiguiente disminución de sus exportaciones y un deterioro en las cotizaciones internacionales. La reactivación de estas economías no fue posible debido al deterioro de la confianza de los inversionistas y al aumento en la aversión al riesgo, traducida en una reducción de los flujos de financiamiento externo.
A nivel macroeconómico, la caída de las operaciones bursátiles en los países desarrollados debilitó el consumo, impidiendo una recuperación sostenida de la actividad económica y provocando una caída de las exportaciones de los países en desarrollo. La política comercial de puertas abiertas de los estados Unidos, no tuvo los efectos esperados sobre la actividad económica de los países latinoamericanos, en especial en el de Bolivia.
Entre los factores que influyeron en el desempeño de la actividad económica de esta gestión se destaca en el orden externo, la crisis económica de Argentina que afecto negativamente a la producción forestal nacional, en razón de las disminución de compras de madera, igual efecto se tuvo de México, país que también disminuyo la compra de madera.
El 2002, el sector transporte y almacenamiento creció en 5.98%, constituyéndose en el sector con mayor incidencia en el crecimiento del PIB. A diciembre de 2002 el índice General de Transporte muestra un crecimiento de 13.08 con respecto a diciembre de 2001, de acuerdo al siguiente detalle; Carretero 17.65%, aéreo 5.58%, férreo 15.76% y ductos 14.68%
Con relación al medio de transporte aéreo, existen más de 1.000 pistas de aterrizaje en Bolivia, siendo que apenas 9 de ellas son pistas de superficie permanente. Cabe mencionar que solamente 2 pistas tienen más de 3.000 m, 7 presentan entre 2.000 y 3.000 m y 146 pistas tienen 1.000 y 2.000 actualmente existen más de 10 líneas aéreas para el transporte de cargas entre los principales departamentos (Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija), articulando con rutas internacionales, con salida principalmente por Sao Paulo y Buenos Aires. Los vuelos internacionales cuentan con dos aeropuertos internacionales (Santa Cruz de la Sierra y La Paz) para articular las rutas con el exterior. Para los vuelos domésticos, existen dos principales líneas aéreas para el transporte de pasajeros.
El transporte aéreo es el único que presenta caídas tanto en transporte de carga como pasajeros, debido a la dinámica de la economía, a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 y a la caída en el nivel mundial de la actividad económica mundial.
En Bolivia, el transporte carretero se hace a través de más de 52 mil Km. de rutas, las cuales son mantenidas y conservadas por el Servicio Nacional de Caminos (SNC). Sin embargo, apenas un 5% (2.600 Km.) de estas rutas se encuentran asfaltadas.
La estructura carretera boliviana está organizada en tres redes, descritas a continuación:
• Red fundamental.- Tiene por objeto la integración nacional, interconectando a las capitales departamentales y asume una importancia nacional. Esta red tiene una extensión de aproximadamente 8 mil Km., siendo que solamente el 30% está pavimentada, el 54% está ripiado y el 16% está formado por caminos de tierra.
• Red complementaria – tiene objeto también la integración nacional, conectando las capitales de las provincias y los principales poblados, además de hacer la conexión con la Red Fundamental. La Red Complementaria se extiende por más de 6 mil Km. estando compuesta por caminos de tierra y ripio, inexistiendo prácticamente la pavimentación.
• Red Vecinal.- Tiene por objetivo alimentar a la Red Fundamental y a la Red Complementaria, a través de las vías vecinales, conectando a las poblaciones menores, comunidades o centros de producción. Prácticamente no existen tramos asfaltados y gran parte del total de más de 38 mil Km. (70%) se compone por caminos de tierra, siendo el restante, rutas ripiadas.
El sistema ferroviario boliviano cuenta con 3.608 Km. de extensión. Además de interconectar a los principales Departamentos del país, el sistema ferroviario permite realizar conexiones con Brasil, Argentina y Chile y, para facilitar el acceso a otros países, mantiene acuerdos de cooperación con otras empresas ferroviarias latinoamericanas.
La red ferroviaria boliviana está organizada en dos principales sistemas: Red Andina y Red Oriental.
Inserta en las otras reformas estructurales promovidas en Bolivia, la privatización de las ferrovías resultó en la formación de tres principales empresas que actúan en el sector: la FCO, la FCA y la ENFE Bienes y Servicios. Esta última es la empresa que administra los bienes y propiedades del Estado que no fueron considerados en el proceso de privatización.
El principal sistema de transporte fluvial utilizado en Bolivia es la vía Paraguay – Paraná, siendo de menor importancia los otros sistemas. Además de esa vía, el transporte lacustre es utilizado principalmente para el intercambio con el Perú, a través del lago Titicaca.
Independientemente del hecho de no tener salida al mar, el transporte marítimo boliviano utiliza principalmente los puertos con salida para el Océano Pacífico: Arica, Iquique y Antofagasta, en Chile, Matarani, Ilo y Mollendo, en Perú. Por el Océano Atlántico, las principales salidas se dan por los puertos de Rosario y Buenos Aires, en Argentina, y por los puertos de Santos y de Paranagua, en Brasil.
El puerto de Arica es el más importante para Bolivia y responde por casi el 40% del comercio de exportaciones e importaciones del país.
La circulación de bienes y de personas en Bolivia se da en un esquema desarrollado por el gobierno boliviano concebido en cuatro grandes corredores de integración nacional.
El programa de inversión pública y apalancamiento de la inversión privada “Obras con Empleos”, iniciado en octubre de 2002 y con metas de cobertura que llegan hasta el año 2007, busca privilegiar la inversión pública que contribuye al empleo y a sentar las bases para la transformación del aparato productivo, a través de la provisión de infraestructura productiva en las áreas urbana y rural.
La construcción y conservación de carreteras, tendrá mayores recursos públicos destinados a infraestructura vial y se buscará los mecanismos que faciliten y promuevan la participación del sector privado en la construcción y mantenimiento de carreteras, a través de la concesión de determinados tramos y la participación de micro y pequeñas empresas en el mantenimiento.
El Gobierno priorizará la construcción y mejoramiento de la ruta Guayaramerín – La Paz – Oruro – Potosí – Tarija – Bermejo y el mantenimiento y rehabilitación de la red vial fundamental. Se estima que este subprograma permitirá generar alrededor de 10,000 empleos al año.
Las tasas de crecimiento en los distintos sectores de consumo reflejan una mejora global por el lado de la demanda, pero que el sector productivo de la economía aún enfrenta dificultades en su recuperación.
El Producto Interno Bruto en el sector de Servicios Básicos (Electricidad, Agua y Gas Licuado de Petróleo) aumentó en 1.8%, entre 2001 y 2002. Este incremento se debió al aumento de 3.95% en el volumen de consumo (3.92% de aumento en el consumo de energía eléctrica), en la recuperación en el consumo de GLP (u.59), y al aumento en el consumo de agua potable (2.37%).
El crecimiento en el consumo de agua potable se explica por el incremento en el uso doméstico (3.48%), comercial (15.12%) y oficial (19.94%). Estos incrementos lograron compensar la fuerte caída de 32.6% en el consumo de los usuarios industriales
El nivel de ventas de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) tuvo un crecimiento de 3.77%. El consumo de electricidad aumentó en todos los sectores, excepto en la grande y pequeña industria, que disminuyeron su consumo en 0.4% y 1.3% respectivamente.
La política energética implementada a partir de 2002 definió como prioridad, el incremento de la cobertura de energía eléctrica en el área rural y poblaciones menores del país, dado que la cobertura de electricidad el 2001 alcanzaba únicamente el 56.6% de la población nacional y en el área rural el porcentaje llegaba sólo a 25.5%. En este sentido, se puso en marcha el Plan Bolivia de electrificación Rural en el marco del Plan Obras con Empleos y Plan Bolivia, que hasta el 2007 pretende que el 65% de la población cuente con energía eléctrica, beneficiando a 200,000 hogares del área rural.
Bolivia participa en los siguientes procesos de integración y complementación económica:
• Acuerdo de Integración de la Comunidad Andina, Zona de Libre Comercio y perfeccionando hacia la Unión Aduanera con el Arancel Externo Común, siendo miembros: Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia y Perú.
• En el marco de la Asociación Latinoamérica de Integración (ALADI) los acuerdos de alcance parcial:
– MERCOSUR (Argentina. Brasil. Paraguay y Uruguay) y Bolivia: Acuerdo de Complementación Económica No. 36 (ACE 36)
– Chile y Bolivia: Acuerdo de Complementación Económica Nº 22 (ACE 22). Se viene perfeccionando para un Tratado de Libre Comercio (TLC).
– México y Bolivia: Acuerdo de Complementación Económica No. 31 (ACE 31), es un Tratado de Libre Comercio (TLC).
– Cuba y Bolivia: Acuerdo de Complementación Económica No. 47 (ACE 47)
De preferencias Arancelarias con USA y la Comunidad Europea, con la Comunidad Andina, en el Marco de Lucha contra los narcóticos, ATPDA y SGP.
El Gobierno de Bolivia es miembro pleno de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) y otras organizaciones internacionales como el Tratado de cooperación Amazónico (TCA).
Los cambios producidos a partir de la implementación de la nueva Política Económica de 1985, han generado movimientos poblacionales importante en dirección occidente – oriente, fenómeno que a la fecha se sigue manteniendo, pero principalmente como consecuencia de las nuevas leyes implementadas, como la Ley de Participación Popular, Ley de Descentralización Administrativa, Ley de Capitalización y otras de gran importancia económica.
La implementación de la Ley Forestal, Ley del Medio Ambiente, Ley INRA han permitido que las migraciones poblaciones se dirijan en dirección del área rural de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando principalmente. Esto ha ocasionado que los recursos forestales hayan sido avasallados y sus suelos destinados a la agricultura y ganadería, aspecto que en los primeros años colmó las expectativas de los emigrantes. Sin embargo, los siguientes años no fueron los mismos en materia de productividad de la tierra, debido a que los suelos adecuados para esta actividad económica, no son aptos para la agricultura, ya que son considerados netamente forestales.
Este aspecto, ha generado que la frontera agrícola avance en forma descontrolada en perjuicio de las áreas forestales naturales. La población causante de este fenómeno sigue en ese proceso de ampliación de las áreas agrícolas, ya que sus expectativas económicas aun no han sido satisfechas, siendo estas poblaciones aun tan pobres como cuando migraron al oriente.
En el presente existen fuertes demandas de los llamados “sin tierra” para ocupar bastas áreas del oriente, para destinarlas a una explotación agrícola, en el mayor de los casos y a la ganadería posteriormente. Bajo esta presión, el gobierno actual está saneando miles de hectáreas, para determinar cuales están libres y poder disponer de ellas para su distribución en un futuro inmediato a dichas agrupaciones sociales.
Por otro lado, las leyes antes mencionadas han permitido que grupos de empresarios arriesguen sus capitales en el aprovechamiento forestal, amparados en las concesiones forestales, los cuales han generado un importante número de empleos y desarrollo de áreas que antes carecían de vinculación caminera y otros servicios básicos. Además, gracias a la Ley forestal las poblaciones originarias y las asociaciones del lugar pueden también acceder a este recurso muy importante para el desarrollo económico de sus familias y la región en sí.
Una de las actividades económicas de mayor relevancia y referente a la hora de tomar decisiones de políticas públicas es la correspondiente a la agricultura, silvicultura.
En 1990 esta actividad generaba 2.4 mil millones de Bolivianos, es decir el equivalente a 705.882 dólares americanos; en tanto que en 2001, esta cifra se triplica hasta alcanzar 7.2 mil millones de Bolivianos, vale decir 1’054.172 dólares americanos, situación que no sucede con la minería y menos con los hidrocarburos. Este mismo ritmo se observa en el subsector de la silvicultura, caza y pesca, ya que en 1990 alcanzaba a 158 millones de Bolivianos (46’470.588 dólares americanos) en el PIB a precios de mercado, incrementándose su participación en el año 2001 a 519 millones de Bolivianos (75’988.289 dólares americanos). Se demuestra así la importancia sectorial agropecuaria en el contexto nacional.
Concentrando nuestra atención al subsector forestal, es importante hacer las siguientes consideraciones: En Bolivia no se determina la participación específica de este subsector en el Producto Interno Bruto, ya que éste se encuentra englobado dentro del cálculo que corresponde a la rama de actividad de la agricultura, silvicultura caza y pesca, y muy en específico en los registros de la silvicultura, caza y pesca que consignan los productos derivados de la explotación maderera, así como los productos forestales no maderables (v.g. castaña). Sin embargo, asumiendo supuestos o hipótesis, se puede inferir que el subsector forestal aporta al PIB alrededor de 500 millones de Bolivianos (73’206.442 dólares americanos), considerando el año 2001.
De acuerdo a estadísticas oficiales el sector agropecuario tiene una participación el PIB equivalente al 14.32% 25 en el ciclo histórico entre 1990 y 2001, que se considera significativa tomando en cuenta la participación de otros sectores con la excepción del sector industrial manufacturero. Dentro del sector agrícola, la participación de los productos agrícolas no industriales alcanza al 6.49%, los productos agrícolas industriales 2% y los productos pecuarios 3.98%
Considerando el PIB sectorial agropecuario en la misma serie histórica 1990 – 2001, los productos agrícolas no industriales, tienen el mayor nivel de incidencia con una participación de 45.29% seguido por los productos pecuarios con un 27.78% y los productos agrícolas industriales con 13.93%. En este sentido llevamos a la conclusión que siendo la caza y pesca una actividad marginal su incidencia en el PIB sectorial, como en el nacional es mínima
Lo manifestado anteriormente no deja de tener importancia, aunque debe destacarse que la actividad forestal en el país ha cobrado relevancia no sólo en la escala productiva dado su crecimiento a lo largo de los últimos doce años, sino también por los niveles alcanzados en las exportaciones de productos no tradicionales, generando divisas y alentando mayores señales de ocupación permanente.
El Valor Bruto de Producción, por definición muestra la relación que existe entre la producción obtenida por unidad de medida respecto de los precios a escala productor. Entonces, realizada la revisión de la información obtenida al respecto, podemos apreciar, que dentro del proceso de extracción de maderas se pueden distinguir, por su valor económico en el mercado de exportación principalmente, como de primera y segunda clases. Las de primera comprende: mara, roble, cedro, morado, quebracho colorado; dentro de las maderas de segunda clase están: el ochoó, palo maría, nogal, laurel, yesero, almendrillo, bibosi, serebo, tajibo, eucalipto y otros.
Indudablemente, la tasa de crecimiento del Valor Bruto de la Producción ha tenido un movimiento similar al Producto Interno Bruto, por cuanto de 1990 a 1999, la progresión alcanzada ha sido de aproximadamente 243.2 por ciento, movimiento que se registra debido a la expansión de explotación maderera, aunque en un principio alcanzó a maderas seleccionadas como la mara, roble, ochoó, entre los más importantes. Esta situación se fue modificando con el tiempo por varios factores, en los que se incluyen los precios internacionales, la nueva legislación nacional con la ley forestal y la incorporación de valor agregado. No debe escapar al análisis, el contexto económico externo, principalmente de las economías comercialmente ligadas a nuestro país (v.g. crisis Argentina y de Brasil), ya que ellas contrajeron su demanda del mercado internacional, afectando nuestras exportaciones de productos forestales (maderables y no maderables).
Considerando el Valor Bruto de Producción (VBP), correspondiente a la gestión de 2000, se establecen algunas conclusiones que ratifican lo señalado respecto de la participación forestal en el Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario. En primera instancia, el VBP de la quinta rama de actividad, correspondiente a la silvicultura, caza y pesca, alcanza a los 622 millones de Bolivianos (tipo de cambio EEUU$ 1 = 6,38 Bolivianos), de los cuales el 56.89 por ciento corresponde a la extracción de la madera de primera clase, en tanto que el 20.51 por ciento pertenece a la extracción de madera de segunda clase. A ellos se suman los productos forestales no maderables, que participan en el total del VBP de la silvicultura, caza y pesca, con alrededor del 17.38 por ciento. Otro rubro dentro de esta rama de actividad 5 es el desarrollo de las plantaciones en viveros que alcanza al 8.83 por ciento del total de la rama. El restante 1.4 por ciento agrupa a la caza y pesca.
Es importante mencionar los productos de manera específica, determinar el grado de importancia y su desempeño en la gestión analizada. La mara es el principal producto de explotación en las maderas consideradas de primera clase, ya que el VBP alcanza a 257.4 millones de Bolivianos (tipo de cambio EEUU$ 1 = 6,38 Bolivianos), que representa el 72.75% del total del VBP de las maderas de primera clase. Le sigue en orden de importancia, el roble (11.53%), cedro (8.55%) y quebracho colorado (5.16%). El resto de las maderas de primera clase se ubican por debajo del uno por ciento de aporte al total del VBP de esta clase de maderas.
Con el mismo razonamiento (para el mismo año), fijamos la atención a las maderas de segunda clase, siendo el ochóo la que participa de forma relevante en el total del VBP de esta clase de maderas, alcanzando el 25.89%; seguida de el serebó cuyo Valor Bruto de Producción alcanza a 16 millones de Bolivianos y que representa en términos relativos el 12.69% del total del VBP de las maderas de segunda clase. En lo que hace al resto de los productos, se tiene al almendrillo que representa el 6.89% del total ya mencionado, tajibo (6.5%), palo maría (5.49%) y bibosi (5.33%), en ese orden de importancia.
La economía de Bolivia se encuentra en un estado de crisis desde hace algo más de 50 años. Esta crisis ha significado un deterioro ostensible del ingreso per cápita de la población, del ingreso del sector público, de las inversiones públicas, la deuda pública, así como una marcada disminución del consumo.
El PIB de Bolivia ha sido afectado significativamente por la ola de crisis que han afectado la economía de algunos países del globo desde 1998. La tasa de crecimiento del PIB que en el período 1960-1969 alcanzó un expectable promedio del 5.5 por ciento anual, se mantuvo en un rango similar (5.3 por ciento) durante el período 1971-78, posteriormente a la debacle hiperinflacionaria mostró una clara tendencia a la recuperación (3.7 por ciento anual) entre 1986-1996, para acelerar su ritmo de crecimiento entre 1997 y 1998.
La crisis asiática de 1998 repercutió profundamente en la economía nacional e inició un proceso depresivo que se acrecentó con la crisis del Brasil y se acentuó con la crisis Argentina.
A partir de 1999 se sintieron los efectos iniciados en 1998, lo que representó una evolución negativa del ingreso per-cápita del ciudadano boliviano, representando este hecho un deterioro visible de las condiciones de vida en Bolivia, situación que se corrobora con la disminución del consumo, tanto privado como público.
Para realizar un análisis de los cambios socioeconómicos (población, relación urbano/rural, ingreso per-capita, distribución del ingreso, pobreza, etc.) mas adelante vamos a considerar información proveniente de la Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE)26, dependiente del Ministerio de Hacienda de Bolivia, entidad que realizo un análisis de un escenario moderado para el periodo comprendido 1999 y el 2010.
El sector forestal desempeña un importante papel en la generación de empleo y se estima, según datos de SIRENARE27, 50 mil personas participan directamente en las operaciones de extracción, transporte, procesamiento de la madera (aserraderos, plantas de chapas de madera e industrias de transformación primaria y secundaria de la madera) y comercio maderero. La recolección, extracción y producción de goma (caucho), castaña y palmito, absorbe, aproximadamente, un mínimo de 40 mil personas, que dependen directamente de estas industrias.
Lo anterior indica que entre 50 y 60 mil personas participan directamente en la corta, extracción, elaboración y comercialización de productos forestales, lo que representa entre el 3 y 4% de la Población Económicamente Activa nacional. Santa Cruz es el departamento que emplea un mayor número de personas en el sector forestal, con un 65 por ciento del total, seguido del Beni con un 19 por ciento.
En el marco de las políticas propuestas por la nueva gestión gubernamental, se destaca la política de impulso al incremento de la productividad de la economía en su conjunto y la continuidad y fortalecimiento del enfoque de Cadenas Productivas (CP), con el objetivo de vincular las actividades agropecuarias extractiva y de generación de materia prima, con actividades manufactureras de transformación y servicios.
Entre las políticas más relevantes para el sector se encuentra el impulso a las Cadenas Productivas en especial para la producción de textiles, maderas, castaña y productos agrícolas; y también a la elaboración de la Estrategia de Transformación Productiva que se propondrá en el Diálogo 2003.
Asimismo, existe el reto de aprovechar las preferencias arancelarias que Estados Unidos otorga al País, con el ATPDEA. En el corto plazo, se enfocarían los esfuerzos a la exportación de confecciones textiles y manufacturas de madera y cuero, que generaría una gran oportunidad a estos rubros para consolidarse en el mercado Norteamericano. De esta manera, se mejorarían las condiciones para competir a futuro en el ALCA.
Entre los factores que influyeron en el desempeño de la actividad económica nacional, se destaca en el orden externo, la crisis económica de Argentina que afectó negativamente a la industria manufacturera y a la agricultura del país, a través de importaciones legales e ilegales de bienes producidos por estos sectores. En el orden interno, las elecciones nacionales de junio generaron un clima de incertidumbre, que ocasiono una disminución de los depósitos del sistema financiero. Durante el presente año, se han presentado graves conflictos sociales en los meses de febrero y octubre que determinaron un cambio de Gobierno. En reste contexto, la reactivación de la actividad económica y recuperación de la demanda interna, son todavía tareas pendientes.
El Producto Interno Bruto (PIB), tuvo un crecimiento de 2.75% durante el año 2002. Respecto a su similar periodo anterior. Los sectores que más crecieron fueron construcciones y obras públicas, debido a la construcción del gaseoducto Yacuiba – Rió Grande; hidrocarburos, por los compromisos de exportación de gas natural al Brasil y transportes, principalmente por el incremento del comercio fronterizo con Argentina y Brasil:
Durante la gestión 2002 la tasa de crecimiento de la agropecuaria, forestal, caza y pesca fue de O.61%. Este crecimiento se explica a partir de un desempeño en el sub-sector forestal y una caída en los niveles de la actividad agrícola, industrial y no industrial.
La actividad forestal ha dado señales de retornar a los niveles de crecimiento de años anteriores, recuperando su nivel de exportación con respecto al 2001, a pesar de la disminución de hectáreas de bosque en explotación.
Ante la necesidad de adecuar la legislación del campo boliviano a las actuales condiciones económicas y sociales del país, en julio de 1996 se apruebo la actual Ley Forestal 1700 y su Reglamento mediante D.S. 24453 de diciembre de 1996 y en octubre de 1996 la nueva ley de tierras, Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria – INRA.
Este conjunto de normas legislativas tuvieron y tienen un fuerte impacto en el sector forestal.
La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria –INRA, de octubre de 1996 tiene como objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el régimen de distribución de tierras, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria.
En su Artículo 2º, determina que: La función económico-social en materia agraria, establecida por el artículo 169º de la Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario.
La actual Ley Forestal, es un instrumento moderno, actualizado en los conceptos de un manejo sostenible de los recursos forestales y de amplio aprovechamiento por todos los estamentos sociales del país, cuyos objetivos principales nos permitimos adjuntar.
La Ley Forestal Nº 1700 de julio de 1996, tiene como objeto: Normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país.
En el Artículo 2º determina que lo objetivos del desarrollo forestal sostenible son:
• Promover el establecimiento de actividades forestales sostenibles y eficientes que contribuyan al cumplimiento de las metas del desarrollo socioeconómico de la nación.
• Lograr rendimientos sostenibles y mejorados de los recursos forestales y garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente.
• Proteger y rehabilitar las cuencas hidrográficas, prevenir y detener la erosión de la tierra y la degradación de los bosques, praderas, suelos y agua, y promover la aforestación y reforestación.
• Facilitar a toda la población el acceso a los recursos forestales y a sus beneficios, en estricto cumplimiento de las prescripciones de protección y sostenibilidad.
• Promover la investigación forestal y agroforestal, así como su difusión al servicio de los procesos productivos, de conservación y protección de los recursos forestales.
• Fomentar el conocimiento y promover la formación de conciencia de la población nacional sobre el manejo responsable de las cuencas y sus recursos forestales.
Algunos de los cambios más significativos introducidos con la nueva ley incluyen acceso al aprovechamiento de los recursos forestales por parte de los propietarios, grupos comunitarios de origen, empresas y otros; aprovechamiento a través de planes e manejo forestal; incorporación de mecanismos de control social; regulación mediante un organismo especializado, orientador y promotor del buen uso de los recursos; entre otras. Al mismo tiempo la Ley contempla un riguroso control no soleen el manejo y aprovechamiento productivo de bosques, sino también en el desmonte, las quemas controladas y el mantenimiento de las servidumbres ecológicas.
Otra iniciativa importante de la ley es el carácter descentralizado de control, uso y manejo forestal con la inclusión de los gobiernos municipales. Se otorga un 20% de las tierras de bosques fiscales ubicadas en cada municipio con la finalidad de que estos las mantengan bajo producción forestal
Ley General del Medio Ambiente de junio de 1991, es la más importante en protección , producción sostenible y cuidado del medio ambiente que nos rodea, está Ley permitió y en cierta manera obligó a la revisión y modernización de toda la legislación que se utilizaba para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables del país.
Esta Ley respondió a una nueva concepción de ley que permita hacer frente a los problemas ambientales del país y promover procesos de desarrollo que satisfagan las necesidades y aspiraciones del pueblo boliviano, conservando la calidad ambiental.
El Objeto de la Ley es el de conservar el medio ambiente y los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos y para ello promueve el desarrollo sostenible con justicia social y sin destrucción.
La Ley del Medio Ambiente dispone la protección, conservación y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales renovables.
En lo que se refiere a los recursos forestales determina que los bosques naturales y las tierras forestales son originalmente de propiedad del Estado. Los bosques deben clasificarse de acuerdo a su finalidad de uso, tomando en consideración las necesidades de conservación y de producción.
La industria forestal debe favorecer los intereses nacionales y regionales mediante el uso y conservación de los recursos forestales y el desarrollo de una mayor capacidad de transformación y comercialización de los mismos.
También establece que es de necesidad pública la forestación y agroforestería en el territorio nacional para recuperar suelos, proteger cuencas, producir leña, carbón vegetal y otros.
En la actualidad existen proyectos de Leyes diversas, que están esperando su promulgación, entre estas podemos citar las siguientes:
• Ley Agropecuaria
• Ley de Biodiversidad
• Ley de Aguas
• Ley Ordenamiento Territorial y otras
La nueva Ley del Medio Ambiente, la Ley Forestal y la Ley INRA determinaron una serie de cambios es los aspectos institucionales, creando entidades autónomas para el control de los recursos tanto forestales como la tierra, se suprimió el manejo discrecional de los recursos eliminando las antiguas estructuras muy susceptibles a la corrupción.
Dentro del concepto de sostenibilidad, rescatado de la vigencia del nuevo ordenamiento internacional así como de los compromisos asumidos por el Estado boliviano en las cumbres de Río de 1992 y otros, el país asume el reto y pone en aplicación el modelo de desarrollo sostenible, que conlleva estrategias, política pública y acciones en torno al objetivo de la racionalización en el uso de los recursos naturales y la preservación y conservación del medio ambiente. En este sentido, este concepto ha tenido el respaldo correspondiente, con la aplicación de la Ley Forestal ( Ley 1700) que instaura un nuevo régimen forestal, el mismo que ha impactado en la cadena productiva relacionada a la actividad forestal, así como la aceptación de la certificación forestal voluntaria, asumida por la mayoría de las empresas dedicadas al aprovechamiento forestal. Ello debe considerar la siguiente realidad y potencialidad del sector forestal boliviano, derivado de la información que se desprende del presente documento.
La nueva Ley Forestal, tiene como objeto normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. La estructura institucional del sector forestal publico de Bolivia está definida por la indicada Ley Forestal y su norma reglamentaria (Decreto Supremo Nº 24453), que establece un marco institucional y que fue modificado posteriormente, con la aprobación de la nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº 1788 del 14 de septiembre de 1997 y Decreto Supremo Nº 24885. Como consecuencia, las atribuciones concernientes a la problemática forestal son asignadas a dos Ministerios.
El régimen forestal de la Nación, según la Ley Forestal está a cargo del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación como organismo rector; la Superintendencia Forestal como organismo regulador y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) como organismo financiero. Participan en apoyo del régimen forestal de la Nación las Prefecturas y Municipalidades conforme indica la norma legal establecida y vigente.
Ley LOPE en su Capítulo V, Artículo 11, establece las atribuciones específicas del Ministerio de Desarrollo Sostenible:
a. Ministerio de Desarrollo Sostenible
Formular la planificación estratégica del estado y el ordenamiento territorial. Promover el desarrollo sostenible del país, articulando armónicamente el crecimiento económico, social y tecnológico con la conservación del medio ambiente y de la biodiversidad, como instrumentos del desarrollo sostenible, b) Manejo de los recursos naturales renovables y no renovables en cuanto a la preservación y restauración, c) Fomentar el fortalecimiento institucional a nivel regional y municipal así como fortalecer la participación popular, d) Formular políticas y estrategias, así como supervisar programas y proyectos relacionados con los asuntos de género y generacionales, e) Formular políticas y estrategias, así como supervisar programas y proyectos relacionados a los asuntos indígenas y pueblos originarios.
b. Superintendencia Forestal
Es el organismo regulador del sector, siendo sus principales funciones de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, las que sigue:
• Vigilar el cumplimiento del Régimen Forestal disponiendo medidas correctivas y sanciones pertinentes.
• Otorgar concesiones, autorizaciones y permisos forestales, prorrogarlos, renovarlos, declarar su caducidad, nulidad o finalización; aprobar los planes de manejo y programas de abastecimiento y procesamiento de materias primas.
• Llevar el registro público de concesiones, autorizaciones y permisos forestales incluyendo las correspondientes reservas ecológicas.
• Efectuar decomiso de productos ilegales y medios empleados para su aprovechamiento, depositar y facilitar el remate de los mismos, destinando los fondos recaudados conforme la Ley.
• Disponer la realización de auditorias forestales externas.
• Verificar el pago oportuno de las patentes forestales y vigilar su debida distribución.
• Realizar bajo su responsabilidad, las delegaciones que estime pertinentes a instancias Municipales.
c. Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE)
Organismo financiero que tiene la finalidad de promover la utilización sostenible y la conservación de los bosques y tierras forestales, a través de la búsqueda y apoyo financiero de todas las iniciativas en el objetivo definido. Esta instancia hasta el momento no ha sido puesta en funcionamiento a pesar del tiempo transcurrido desde su creación (julio de 1997).
Son las encargadas de formular y ejecutar los planes de desarrollo forestal departamental, establecidos en estrategias, políticas, normas y planes al nivel nacional. También desarrollan programas de fortalecimiento municipal. Formulan y ejecutan programas y proyectos de inversión publica en investigación, extensión técnico - científica en el campo forestal y de la agroforestería, rehabilitación de cuencas y tierras forestales, forestación y reforestación, conservación y preservación del medio ambiente, entre otros.
e. Municipalidades o Mancomunidades Municipales
Participan en el régimen forestal de la Nación cumpliendo funciones de fiscalización, de prevención y control, de apoyo a la elaboración e implementación de planes de manejo y otros. Además, pueden proponer a las autoridades correspondientes la delimitación de áreas de reserva destinadas a concesiones para las agrupaciones sociales del lugar. También proponen a la Superintendencia Forestal realizar auditoria de cualquier concesión, cada cinco años.
f. Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
Actúa bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, con actividades relacionadas a la colonización y titulación de propiedades rurales, todo ello enmarcado en las normas correspondientes, incluida la Ley INRA.
La Ley Forestal Nº 1700 de 12 de julio de 1996, determinó una nueva política forestal, modificando la estructura institucional, la tenencia del recurso bosque y otorgando concesiones madereras por 40 años. Uno de los principales cambios fue la de otorgar el aprovechamiento forestal a dos instancias sociales muy importantes, como ser las Asociaciones Sociales de Lugar, o sea los vecinos de las poblaciones rurales que de una u otra manera viven de la madera, con esta instancia se trata de eliminar los aprovechadores piratas del recurso o cuartoneros. A la fecha ya se han registrado más de 70 solicitudes de organizaciones de este tipo, de las cuales 49 ya cuentan con los permisos respectivos para realizar aprovechamiento de los bosques en tierras fiscales, con permisos para un millón de has.
Otra organización importante es la correspondiente a las de los grupos étnicos nativos, los cuales reciben en condición de propiedad Territorios Comunitarios de Origen y reciben autorización de aprovechamiento en tierras de propiedad privada. Existen 9 TCOs en operación en Bolivia, con permisos para aprovechamiento en 331.484 ha.
g. Concesiones a la Empresa Privada
La empresa privada, en el anterior régimen forestal, estaba representada por más de 180 empresas madereras con permisos de aprovechamiento sobre algo más de 22 millones de hectáreas. Con la implantación de la nueva legislación de concesiones forestales esta representación ha bajado a 86 empresas madereras con 5.49 millones de ha en concesiones forestales para su aprovechamiento.
Desde la vigencia del nuevo Régimen Forestal28, hasta 2002 han sido devueltas al estado un total de 748.378 ha de concesiones forestales, lo que representa un 25% del total de superficie original y un 10,8% respecto del total de las tierras bajo manejo forestal.
La situación de estas concesiones a diciembre de 2002 era la siguiente:
Setenta y cinco (75) concesiones forestales a empresas se encuentran vigentes con una superficie de cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil has. (4.956.487 has) de las cuales setenta y tres, se encuentran reguladas mediante Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) aprobados y dos (2) concesiones que no cuentan con PGMF (15.960 ha)
Una de las instituciones afectadas en el aprovechamiento de los recursos forestales es la Cámara Forestal de Bolivia, la misma que ve limitando las actividades de sus afiliados, por falta de apoyo del Gobierno, debido a los siguientes aspectos:
• Débil seguridad jurídica y protección física de los derechos forestales,
• Ausencia de licitaciones a nuevas áreas de aprovechamiento forestal,
• Inexistencia de incentivos a la certificación,
• Carencia de incentivos a las inversiones,
• Alto costo del financiamiento,
• Infraestructura caminera deficiente.
Estos aspectos anteriormente nombrados están afectando la economía de las empresas madereras, aspecto que está determinando la devolución de concesiones forestales al Gobierno Central, reduciendo de manera continua áreas bajo aprovechamiento maderero. La poca respuesta que los gobiernos de turno están dando a las demandas de la empresa privada maderera, está generando estas reversiones y una mora en el pago de la Patente Forestal, lo que podría disminuir seriamente el número de concesiones forestales, poniendo en riesgo el nivel de producción maderera y el cumplimiento de metas futuras.
En atención a la solicitud de la Cámara Nacional Forestal, el Gobierno boliviano a determinado cambios en la aplicación de la Patente Forestal, en el sentido de que, a partir de mayo del año 2003, ya no se pagará anualmente un equivalente a un dólar americano por toda la superficie de la concesión, sino únicamente un dólar americano por la superficie anual a aprovecharse. Con está medida se pretende hacer más competitiva la industria forestal por un lado y por otro, dar el mismo trato a los tres tipos de concesiones que otorga la Superintendencia Forestal.
Se define como el Área Aprovechable a aquella extensión definida en el Plan General de Manejo Forestal, para la intervención anual y constituye la base de cobro de la Patente Forestal de Aprovechamiento (Art. 3, D.S. 27024).
Antes de la implantación de la nueva Ley Forestal (1996), existían en Bolivia 22 millones de ha de áreas forestales en producción. Sin embargo, a partir de la promulgación de la nueva Ley Forestal ocurrió una abrupta reducción de las áreas de bosques en producción por devolución de las áreas bajo concesión.
h. Contratos de aprovechamiento a largo plazo
La Superintendencia Forestal confirmó en el año 1997 los Contratos de Aprovechamiento a Largo Plazo a cuatro empresas que se mantuvieron en el régimen contractual. La situación actual de los mismos a diciembre del 2001 era la siguiente:
Un CLP se encuentra vigente y es regulado mediante PGMF abarcando una superficie de 112.000 ha y los otros tres CLP han sido revertidos al Estado.
i. Concesiones Forestales a Agrupaciones Sociales del Lugar
Las Agrupaciones sociales del lugar son colectividades de personas con personalidad jurídica o que la adquieran para tal efecto, conformadas por usuarios tradicionales, comunidades campesinas, pueblos indígenas y otros usuarios del lugar que utilizan recursos forestales, dentro de la jurisdicción de una Municipalidad o Mancomunidad de Municipalidades, constituidos y calificados conforme a la Ley y sus Reglamentos para ser beneficiarios de concesiones en las áreas de reserva destinados para tal fin.
Existe una clara tendencia de una socialización en el aprovechamiento del recurso forestal. En este sentido las Asociaciones Sociales del Lugar tienen mayores ventajas que las empresas madereras. Por ejemplo en el caso de la Patente Forestal, estas organizaciones pagan un equivalente a un dólar americano por hectárea intervenida, gran diferencia con las concesiones forestales que pagan un dólar por hectárea de la superficie total, otros aspectos importantes en beneficio de las ASL son:
• Tienen patentes más reducidas.
• El MDSP determina el área de reserva para otorgar concesiones a las ASL
• La SIF otorga concesiones sin proceso de licitación
Las ASL, por su característica, revisten importancia para el Estado, en la medida que buscan mantener a la población rural y campesina lejos de los centros urbanos, evitando el éxodo rural. Además, las ASL permiten regularizar la informalidad de los “motosierristas”.
En virtud de estos y de otros aspectos, la formación de las ASL ha sido de cierta forma, estimulada por el Gobierno, principalmente a través de condiciones diferenciadas y beneficios para la obtención de concesiones. Esta situación ha generado tensiones entre el gobierno, las ASL y las empresas privadas, en la medida en que las condiciones para mantener las concesiones, especialmente por el valor de la patente forestal, es más severa para las empresas privadas.
Hasta diciembre del 2002, se han asignado concesiones por un total de 1’449.099 hectáreas, significando que la Ley 1770 ha contribuido positivamente para el acceso democrático al uso del bosque.
j. Concesiones Forestales a Tierras Comunitarias de Origen – TCO
El Estado boliviano a través del artículo 171 de la Constitución Política del Estado(CPE) reconoce los derechos sociales, económicos y culturales de los Pueblos Indígenas que habitan el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras Comunitarias, que implica el reconocimiento a su identidad, sus valores, costumbres, lenguas, autoridades naturales y sobre todo, su derecho de acceder al uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes dentro de su territorio, sobre la base de sus costumbres y sistemas normativos, garantizando la sostenibilidad de los recursos.
Con la Ley Forestal (Ley 1700) se garantiza la exclusividad en el aprovechamiento forestal, a través de la aprobación de planes generales de manejo forestal, a pueblos y comunidades indígenas, constituidos en TCOs titulados o con demandas admitidas.
El 13.30% del total de la superficie del territorio boliviano, corresponde a Territorio con presencia indígena, legalmente reconocido como Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) con un total de 14.607.646 ha29.
Hasta la gestión 2002, se autorizó el aprovechamiento forestal en propiedad comunal (Tierras Comunitarias de Origen – TCO) a varias comunidades, aprobándose sus planes de manejo (PGMF) para una superficie de acumulada de seiscientas noventa y seis mil setecientas cuarenta y un hectáreas (696.741 ha).
k. Cambios tecnológicos en el sector
Los cambios más importantes en el aspecto tecnológico han sido determinados por la Ley Forestal y su Reglamento, donde establecen la clasificación de los bosques, Normas técnicas sobre planes de ordenamiento predial. Normas Técnicas para la elaboración de instrumentos de manejo forestal (censos comerciales, planes de manejo, planes operativos y mapas); Reglamentación especial de desmontes y quemas controladas, así como el de la cadena de custodia de la madera y muchas otras normas técnicas destinadas a desarrollar un aprovechamiento sostenible del recurso.
Bolivia debe ser uno de los pocos países con tanta riqueza forestal que no ha dedicado ni tiempo ni recursos para la promoción y el desarrollo de la investigación forestal. Esta ha sido realizada por algunas organizaciones privadas, pero sin apoyo desde el Gobierno central. Es importante tener una mayor y mejor utilización de los recursos forestales de que se dispone en el país en base a una mayor integración con países desarrollados y para ello se deben buscar alianzas estratégicas mediante convenios con centros de investigación forestal. De igual manera, los programas de investigación que lleven adelante las universidades con sus facultades forestales deberán responder a la demanda de la industria forestal.
Por las características de la actividad forestal, que están más orientadas a la explotación selectiva en los bosques y en la transformación primaria, siendo casi nula la presencia de investigación, extensión, repoblamiento forestal, etc.; otras razones para está situación van desde la falta de políticas de desarrollo forestal, basada en la sostenibilidad, hasta la estructura social, económica, cultural del país.
Se debe potenciar una relación más estrecha entre el sector público, el sector privado y universidades que permita desarrollar la capacidad de investigación forestal del país. Es importante definir una estrategia agresiva para conseguir mayores recursos destinados a la investigación forestal a nivel nacional e internacional.
En una economía de mercado, la eficiencia productiva y la competitividad exigen la adopción masiva de tecnología y conocimiento. Esto revalúa la ciencia y tecnología como herramientas claves para el desarrollo.
Un aspecto que influye en este panorama es la falta de investigación y extensión forestal en diferentes rubros como ser: silvicultura tanto de bosques naturales como de bosques implantados, tecnología de la madera, aprovechamiento de los productos no maderables, ecología y los diferentes comportamientos del bosque a las intensidades de aprovechamiento.
En la última década universidades y principalmente algunos proyectos como PLAFOR, BOLFOR, IBTA-CHAPARE y otros han desarrollado alguna investigación forestal, especialmente en el campo de la producción, identificación de especies, identificación de tipo de bosques, clasificación de especies forestales y otros estudios. En el presente año en la ciudad de Santa Cruz se ha creado el Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), en principio para realizar investigación forestal en las parcelas permanentes, que se están estableciendo como parte del manejo forestal de las concesiones forestales.
El Ministerio de Desarrollo Sostenible a través de la Dirección General Forestal debe fomentar la ejecución de programas y proyectos de investigación relacionados con aspectos forestales, sociales, económicos y técnicos de los recursos forestales, para que le permitan establecer las siguientes estrategias:
• Formular un programa integral y concertado de investigación y capacitación forestal incluyendo mercados, costos de producción, mejora de procesos productivos, mejoramiento genético, manejo de plantaciones forestales y de bosques naturales y estudiar prácticas silvopastoriles.
• Realizar estudios de investigación para ajustar las tasas estatales para productos y servicios forestales a niveles “reales”; e identificar y formular metodologías para valorizar los recursos.
• Estudiar y promover formas de comercialización que permitan “capitalizar” valores más reales para los productos forestales.
El área de bosque con certificación de manejo forestal ha alcanzado hasta el año 2003 un total de un millón de hectáreas, todas certificadas por el organismo de certificación Smart Word. Esta superficie de bloques naturales es la mayor entre todos los países tropicales.
Las operaciones certificadas tienen un certificado combinado de manejo forestal y Cadena de custodia hasta el aserradero, lo que les permite vender troncas y/o madera aserrada certificada a los centros de procesamiento secundario con Cadena de custodia certificada.
Los troncos y/o madera serrada que sale de los bosques certificados pasa por procesos de transformación primaria y secundaria en plantas de procesamiento industrial y comercialización antes de llegar a los consumidores finales como productos terminados y etiquetados con el logotipo FSC.
Actualmente existen 13 empresas con certificación de Cadena de custodia, incluyendo 12 fábricas de diversos productos como parquet, muebles, puertas y ventanas, partes y piezas, laminadas y otros.
El modelo boliviano se complementa con un sistema internacional privado y voluntario de certificación, con el emblema “FSC”. La certificación se constituye en un instrumento que identifica el pleno cumplimiento del manejo forestal con estándares de desempeño reconocidos y aceptados internacionalmente, Involucra la evaluación independiente de operaciones de manejo forestal de acuerdo a estándares ecológicos, sociales y económicos. Por otro lado, involucra la inspección de cadenas de custodia, con lo que se garantizan que los productos forestales proceden de bosques bajo manejo y estos se controlan a lo largo de los procesos de transformación.
En el año 2001 WWF, otorgó a la Cámara Forestal de Bolivia, el prestigioso premio “Regalo a la Tierra”—testimonio de reconocimiento a nivel internacional de los logros importantes del modelo forestal en el país. La industria reporta buenas perspectivas de expansión “La certificación se ha convertido en una carta de presentación de Bolivia con los clientes potenciales del exterior.
Se puede considerar como la principal, es que Bolivia fue desde hace más de cuatrocientos años, país minero por excelencia, recién a mediados del siglo pasado, ingresa en la explotación comercial de sus recursos forestales, cuando se abren las primeras carreteras al oriente boliviano, con el aprovechamiento masivo de la Mara o caoba (Swietenia macrophylla), esta explotación duro por casi cincuenta años, hoy la presencia de este especie es más esporádica y en el presente requiere de permisos especiales para su comercialización por estar registrada en el Apéndice II del CITES.
Ante la ausencia abundante de la mara (Swietenia macrophylia) y en cumplimiento a las nuevas regulaciones de aprovechamiento los madereros, deben aprovechar especies maderables que antes no las tocaban y que hoy tienen un buen mercado en el comercio internacional, tal es el caso de la especie Ochoo (Hura crepitans), que es una madera liviana y que con un buen tratamiento se puede elaborar puertas, ventanas y otros productos de buena aceptación en el exterior. Sin embargo los bosques del país cuentan con muchas especies poco conocidas en sus características físicas, así como en su tratamiento, las cuales pueden entran en un futuro en el uso cotidiano, así como en la producción para su comercialización en el exterior. La producción maderera forestal hasta antes de la implementación de la nueva ley forestal, abarcaba no más de ocho especies a nivel comercial, hoy se explota cerca de treinta especies maderables.
La habilitación de nuevas áreas de colonización destinadas a la agricultura afectan gravemente al sector maderero, por que miles de hectáreas de bosques se dedican a nuevos cultivos, igualmente ocurre con nuevas tierras que se destinan a la explotación ganadera.
Los bosques actualmente se encuentran sujetos a una variedad de perturbaciones antropogénicas, pero los incendios forestales destacan por sus efectos considerables en la diversidad biológica, en la composición y abundancia de la fauna, en la configuración del sustrato físico y en la misma población humana, sus bienes y servicios. Las alteraciones en los bosques resultantes de los incendios forestales, producen mortandad de árboles y otros tipos de vegetación, causando desbalances en la exposición del sotobosque a la luz y temperaturas. Además, la biomasa muerta resultante ocasiona modificaciones en el hábitat para la fauna.
La dimensión del problema de incendios forestales en los departamentos de Santa Cruz y Beni en 1999, puede ser apreciada, cuando se contabilizo Doce millones setecientos cincuenta hectáreas. La mayor proporción de área afectada fue en las sabanas, lo que se deduce que es el resultado de la práctica de uso del fuego como método para mejorar pasturas y limpiar los chacos, sin medidas de control. El efecto en otros tipos de vegetación resulta de la expansión de los fuegos hacia zonas silvestres, principalmente los bosques. En cuanto a los bosques de producción, se puede ver que los más afectados en 1999 fueron el bosque Chiquitano con 2.6 millones de hectáreas, seguido por las áreas de bosque amazónico con 1.4 millones de hectáreas en Santa Cruz y Cuatrocientas cincuenta mil hectáreas en los bosques del Beni.
El ineficiente desarrollo de la infraestructura energética, vial, de transporte y lo lejano de las bosques de las áreas de producción, de los centros urbanos poblados y de los puertos de exportación, establecen elevados costos de producción, aspecto fundamental que determinan una baja competitividad de los recursos en el momento de su comercialización tanto internacionalmente como interna por el alto costo de los mismos.
La situación económica del país especialmente en la ultima década a tenido un crecimiento lento y las perspectivas futuras para mejorar la economía boliviana son también regulares, si Bolivia no asume con energía el aprovechamiento de sus amplios recursos, como ser el gas, los recursos forestales, hídricos, los mismos que con un adecuado manejo podrían salvar al país de un desastre económico-social, en el entendido que los recursos financieros beneficien equitativamente a todos los habitantes del país.
La situación general del país, en especial de grupos étnicos en los últimos años se ha visto agravada por la situación económica, lo que ha determinado acciones de lucha por alcanzar un mejor nivel de vida y solicitar que los recursos financieros que logra el país sean distribuidos equitativamente, cortando las diferencias sociales y económicas, este aspecto a determinado aciertos grupos la toma de tierras para destinarlas a la agricultura de subsistencia, afectando en algunos casos reservas forestales importantes y determinan una débil seguridad jurídica para los concesiones forestales y el futuro de las áreas de producción forestal.
23 Socio-economic
trends and Outlook in Latin America: implications for the forestry sector to
2020
24 http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html
25 Instituto
Nacional de Estadísticas INE. 2002.
26 UDAPE – BOLIVIA: Prospectiva
Económica y Social 2000-2010. La Paz Bolivia 2000.
27 Política y
economía de los recursos naturales renovables en Bolivia, La Paz,
Bolivia2003.
28 Memoria 6 años de Gestión, Superintendencia Forestal de Bolivia,
2003.
29 Superintendencia
Forestal – SIF “Situación Actual de la Tierras Comunitarias de Origen”,
2002.
