Las negociaciones internacionales que en 1982 desembocaron en la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar han tenido una influencia decisiva en el reconocimiento por todos los países, especialmente los países en desarrollo, de una «dimensión marina» en sus políticas de desarrollo. Los gobiernos han tomado conciencia no sólo de la importancia de los espacios marinos y sus recursos, sino también de la estrecha interdependencia de los distintos usos del mar, lo cual hace necesario adoptar «políticas marinas integradas».
El autor observa que toda política entraña el desempeño de cierto número de funciones esenciales, cualesquiera que sean las estructuras y los mecanismos institucionales que se utilicen. Entre esas funciones, las más importantes se refieren a la formulación, planificación, coordinación, evaluación, ejecución de programas, reglamentación y habilitación de medios. Aunque no existe un modelo absoluto de política nacional en materia de investigaciones marinas, dos países en desarrollo - India y Sri Lanka - ofrecen en este campo soluciones que pueden ser útiles a otros países.
A pesar de la complejidad de las políticas marinas integradas y las dificultades de elaboración y ejecución de las mismas, la mayor parte de los países en desarrollo han adoptado tales políticas o están a punto de hacerlo. La toma de conciencia, aunque sea limitada, de los efectos, los conflictos, las complementariedades y las prioridades debería permitir a los países en desarrollo potenciar al máximo los beneficios que pueden obtener de los espacios marinos y sus recursos movilizando de la manera más eficaz posible el capital financiero, humano o técnico frecuentemente limitado de que disponen.
El autor recuerda que Jean Carroz dedicó su vida profesional precisamente a este último objetivo. Los progresos realizados en todos los países que han podido contar con su aportación demuestran la importancia del papel que desempeño.
