J. Tohá G. y S. Barros A.
Jaime Tohá G. y Santiago Barros A. son ingenieros forestales, actualmente consultores del proyecto FAO/ TCP/CHILE «Reestructuración organizacional de la administración forestal».
Adaptación de la memoria general preparada para el XI Congreso Forestal Mundial, sobre el tema «Políticas, instituciones y medios para el desarrollo sostenible».
La correcta organización de la administración forestal debe ser considerada como un factor clave para la consecución de los objetivos de un desarrollo forestal sostenible. Este concepto ha sido reafirmado en grandes foros internacionales.
En muchos países la organización de la administración forestal pública está en proceso de análisis, tanto debido a razones internas de cada país como a motivos exógenos. En esta perspectiva, la adopción de los nuevos modelos institucionales presenta el gran desafío de incorporar elementos como la adopción de programas de ajuste estructural, la transición de economías centralizadas a economías de mercado, los crecientes mecanismos de participación y la promoción y coordinación de la masiva participación de grupos de interés.
A partir de estas observaciones Pettenella (1997) presenta algunas tendencias y formula algunos interrogantes, para orientar la discusión sobre la materia.
Tendencias externas que influyen en las instituciones forestales
Influyen en las instituciones forestales:
· el proceso de globalización de las políticas y de las instituciones, que es consecuencia de la creciente preocupación de la comunidad por la situación de los recursos naturales;
· la búsqueda de una mayor eficiencia en las administraciones públicas;
· la necesidad de extender los niveles de participación en la toma de decisiones.
El punto de partida para la formulación de cualquier enunciado de política forestal que contemple el carácter y función de las instituciones debe estar dado por una clara definición de los instrumentos de mercado y de los instrumentos públicos que forman parte de dicha política.
Cambios organizacionales
Es útil poner de relieve las iniciativas tendientes a fortalecer la cooperación entre organismos, mejorar la calidad de los servicios provistos por las entidades públicas, usar instrumentos no regulatorios, promover la descentralización, y tomar en consideración los procesos de privatización.
Estas iniciativas deben estar directamente vinculadas con el objetivo de garantizar crecientes niveles de calidad de los servicios proporcionados. Los mecanismos permanentes de control de gestión, el uso de estructuras organizacionales más planas, los sistemas de evaluación por desempeño y la retroalimentación desde los usuarios aparecen como elementos muy relevantes para aumentar la eficiencia y crear la percepción de una actuación transparente de la función pública.
Otro aspecto de la reorganización de las instituciones públicas está dado por el proceso de descentralización o regionalización, el cual pretende delegar funciones y ser un mecanismo de decisión a nivel regional y local, y facilitar la participación ciudadana.
Sin embargo, el instrumento de racionalización institucional más controvertido es el que Pettenella (1997) señala como privatización, mediante el cual se separa la administración pública forestal de carácter comercial de la que no tiene fines de lucro.
Al respecto, los autores creen conveniente comentar las bases del modelo institucional que se está estudiando en Chile, con el apoyo de FAO; este modelo pretende separar las funciones normativas y de control, propias de la administración pública, de las que siendo de responsabilidad del Estado, tales como la prevención y control de incendios forestales y de plagas, y la administración del patrimonio forestal del Estado, pueden ser ejercidas por entidades de derecho privado, que están en condiciones de emplear mecanismos de mercado, sin marginarse del control público.
Modelos institucionales
Pettenella (1997) presenta cuatro modelos principales de organización institucional:
· En algunos países las materias forestales son del ámbito del ministerio de agricultura y forestal o del ministerio de desarrollo rural.
· El ministerio forestal y sus funciones.
· En otros países, como Argentina, la actividad forestal es responsabilidad de dos ministerios: un Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, que rige el desarrollo comercial de los bosques; y un Ministerio de Recursos Ambientales, al cual compete la protección de los bosques naturales.
· En otros países como en Zambia, se ha creado un Ministerio de Recursos Naturales, en razón de que los recursos forestales se consideran un bien público.
En los últimos 30 años ha habido un gran desarrollo en materia de política forestal. Hoy, la política forestal se ha transformado en una disciplina con base propiamente científica. Sin embargo, es dudoso que esta disciplina haya sido un elemento positivo en la evolución de la realidad forestal. Merlo y Paveri (1997) explican qué componentes de la política forestal muestran progresos reales y cuáles permanecen rezagados, no obstante su actual situación de disciplina científica.
El proceso de formación de políticas ha mostrado importantes avances en el último tiempo: el debate sobre políticas forestales que ha tenido lugar en diferentes partes del mundo comprueba la creciente participación de los grupos de interés. Este proceso pone de manifiesto la participación de sectores no forestales. En la formación de las políticas forestales se tienen hoy en cuenta las políticas de otros sectores tales como las políticas agrícolas, medioambientales, industriales, fiscales, comerciales, etc., cuyos efectos son significativos en lo que concierne a la actividad forestal.
Julio (1996) destaca que en la formación de una política deben considerarse los aspectos socioculturales, económicos, geográficos y los relativos a la seguridad.
Otros avances de importancia se pueden lograr a través de la aplicación de herramientas computacionales como los sistemas expertos. Sukadri (1997) propone un diagrama de flujo que usa criterios e indicadores de manejo sostenible formulados por la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), desarrollado para mostrar las relaciones con la política. A este efecto, se emplea un modelo prototipo de sistema experto, que debe satisfacer cinco criterios principales para alcanzar el manejo forestal sostenible: la base de recursos forestales; la continuidad del flujo de producción forestal; el nivel de control ambiental; los efectos socioeconómicos, y las estructuras y principios institucionales. Evaluando los indicadores para cada criterio se puede determinar si éstos han sido satisfechos.
Es en las fases siguientes de las políticas forestales donde hay lugar para críticas, concretamente en lo concerniente a la puesta en marcha, control de los resultados, evaluación y revisión.
Merlo y Paveri (1997) señalan que en muchos países en desarrollo se han efectuado procesos de formación de políticas, sobre todo en el ámbito de los programas de acción forestal. No obstante, de las políticas muchas veces quedan sólo buenas formulaciones, porque se carece de los recursos necesarios y de voluntad política para concretarlas. Una determinada política fracasa debido a que no se cuenta con los instrumentos necesarios para su materialización.
La planificación forestal ha avanzado en forma muy importante en los últimos años. Una de las razones que explican este avance es la sensación de frustración que se había producido ya que la planificación había dejado de ser una herramienta efectiva en el proceso de toma de decisiones. La aplicación de metodologías tecnificadas durante los últimos diez años despierta dudas sobre si efectivamente la planificación forestal conduce a una mejor toma de decisiones (Contreras, 1997).
Entre los elementos que han incidido en un mejor desarrollo de la planificación forestal Contreras destaca:
· El desplazamiento del «centro de gravedad» del proceso de planificación de los asuntos de orden económico y comercial hacia consideraciones medioambientales.
· En la planificación de proyectos, una mayor habilidad para medir y valorar las externalidades de los recursos forestales a nivel local, nacional y global.
· La incorporación de aspectos sociales, que ha permitido una mejor comprensión de las perspectivas de los diferentes grupos de interés que tienen un papel relevante en el manejo sostenible de los recursos forestales.
· La compresión del hecho de que la mayoría de los factores que han incidido en el deterioro de los recursos forestales han conducido a estudiar la vinculación entre el manejo de los recursos forestales y el desarrollo de áreas afines de la actividad económica.
· La aceleración del proceso de globalización de la economía mundial que también ha exigido la planificación para reestructurar los modelos institucionales, tanto a nivel nacional como internacional, y los mecanismos para enfrentar nuevas demandas.
Los postulados del desarrollo forestal sostenible sólo se podrán materializar en la medida en que un objetivo aún más amplio, como es el desarrollo global sostenible, sea una realidad. A este fin debe concurrir el desarrollo forestal, incorporando a su racionalidad las variables políticas, sociales y económicas de su entorno.
Contreras (1997) señala algunos aspectos que han incidido en los limitados resultados de la planificación forestal, mencionando entre éstos la incertidumbre sobre ciertos aspectos no clarificados de los efectos físicos de políticas o acciones, como la explotación forestal, y limitaciones respecto de la metodología de valorización de servicios, como la biodiversidad. También hace mención de factores institucionales y, muy en especial, de los efectos negativos de la corrupción.
Se han de aplicar metodologías de planificación y evaluación que sean estables en el tiempo, y se han de considerar los impactos negativos o positivos a largo plazo. Es posible que ciertos programas impliquen un deterioro social e incluso un agravamiento de la situación de pobreza en una primera etapa. En el caso de Chile, se ha discutido mucho sobre el desplazamiento de poblaciones campesinas que se ha producido por el desarrollo de plantaciones de pino y eucalipto en la VIII Región del país. Esto ha motivado la preocupación del Congreso Nacional; sin embargo evaluaciones posteriores realizadas por el Ministerio de Agricultura tienden a demostrar que el impacto social y económico ha tenido un balance positivo, al crear una mayor cantidad de empleos directos e indirectos de mejor calidad.
Guevara (1997) plantea la necesidad de adoptar un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible, basado en la definición de la Comisión Bruntland: «El desarrollo sostenible pretende satisfacer las actuales necesidades sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan sus propias necesidades». La mayoría de las culturas orientales creen que el nivel de desarrollo de un país es directamente proporcional al nivel de educación y entrenamiento alcanzado por su población.
El desarrollo sostenible conduce a la necesidad de establecer sociedades sostenibles, y esto implica una nueva actitud ética, dentro de la cual se incluyen los recursos forestales. Dicha actitud sólo se puede conseguir a través de la educación, el entrenamiento, la investigación y la superación.
La materialización del concepto de sociedad sostenible exige un permanente intercambio de conocimientos con otras sociedades respetuosas del medio ambiente, un proceso educativo desde el primer nivel, apropiados medios para el intercambio de información y el acceso a ésta, y el aprovechamiento de la experiencia y talentos de indígenas y minorías.
En esta línea de pensamiento surgen desafíos de gran envergadura para la investigación forestal, que están vinculados a la necesidad de identificar fórmulas de contribución objetiva al bienestar de la gente.
En los bosques tropicales los métodos generalizados de explotación han mostrado ser insostenibles. Esta situación se debe a varios factores, como la extrema pobreza, consecuencia de las políticas macroeconómicas; el uso del suelo; las deficiencias estructurales e institucionales; las carencias de la educación y entrenamiento; la falta de investigación; los fallos en la transferencia tecnológica; y la insuficiente comunicación con las comunidades locales.
Existe la necesidad de más cooperación técnica, adecuados niveles de participación y políticas y legislaciones apropiadas. La correcta aplicación de este conjunto de medidas se debería traducir en un alivio de la pobreza y en un uso más adecuado de los bosques. Se han de mejorar sobre todo los niveles de especialización y semiespecialización de la mano de obra.
El desarrollo forestal integral requiere una multiplicidad de especialistas entre los que se puede mencionar a extensionistas, técnicos e ingenieros forestales, biólogos, economistas, sociólogos, antropólogos, expertos en desarrollo comunitario, trabajadores calificados y semicalificados.
La investigación básica debe tener como objeto el desarrollo forestal sostenible, y se deberían canalizar los recursos necesarios para ésta. Considerando el alto costo del desarrollo científico y tecnológico, el modelo de centros regionales o intercontinentales constituye una adecuada respuesta a este desafío.
Para que los profesionales y científicos vinculados a la actividad forestal puedan ser eficaces en su misión, deben tener la capacidad de comprender y asumir los fenómenos sociales y políticos en los cuales se inserta la actividad forestal. Guevara (1997) define las relaciones que el profesional forestal debe tener con otros fenómenos naturales y, sobre todo, con fenómenos sociales y políticos. El desarrollo forestal genuino debe contribuir a aliviar la pobreza y a incrementar la disponibilidad de bienes y servicios. Hay que difundir y socializar apropiadamente los resultados de la investigación, transformar la actividad forestal en piedra angular del desarrollo, y fortalecer las instituciones demostrando a los políticos influyentes que las actividades forestales son rentables.
Sin sostenibilidad humana no es posible construir la sostenibilidad de los recursos naturales, en un mundo en que hay abundancia de hambre, mortalidad infantil, pobreza y marginalidad. La sostenibilidad del desarrollo forestal solo será realidad en la medida que sea un aporte significativo para la superación de esos flagelos.
Nuevos imperativos surgen para la investigación a partir del hecho de que los países que han tenido un más rápido crecimiento económico son los que más han invertido en ciencia y tecnología.
Los economistas utilizan hoy los recursos invertidos en investigación y desarrollo como indicadores relativos del potencial económico y de las perspectivas de prosperidad. Muchos países industrializados invierten el 3 por ciento de su producto interno bruto en investigación y desarrollo, mientras que la mayoría de los países en desarrollo invierten frecuentemente menos del 1 por ciento. En el ámbito de los recursos naturales, la inversión en investigación y desarrollo del área agrícola fluctúa entre el 2 y 3 por ciento mientras que en el área forestal es inferior al 1 por ciento. Estudios realizados por el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) (citado por Sayer et al., 1997) indican que la inversión en investigación y desarrollo en la actividad forestal es menor a la de cualquier otra actividad humana.
La necesidad de investigación forestal ha sido reconocida en un momento en que las fuentes convencionales de recursos para la investigación pública están congeladas o tienden a disminuir. No obstante, el Banco Mundial ha señalado que algunos de los países donde se concentra una parte importante de los bosques tropicales, como Brasil, Indonesia, India y China, -países que se prevé estarán entre las principales potencias económicas- seguirán invirtiendo importantes recursos en investigación, por lo que cabe suponer que la investigación forestal será también favorecida.
Se prevé que las corporaciones forestales multinacionales tendrán un creciente papel en la utilización de los recursos forestales, razón por la cual cabe esperar que se preocuparán por la sostenibilidad de los recursos y por dedicar fondos a la investigación y el desarrollo.
En las políticas forestales de los países en desarrollo se deberán diferenciar las áreas de investigación que deben ser parte de la función pública de los institutos o centros de investigación, de aquellas áreas en que el financiamiento debe ser de responsabilidad privada.
Así como es necesario intensificar el desarrollo científico, también es necesario cambiar el concepto de cultura de la ciencia con aplicación forestal. De hecho, una parte importante de la investigación está vinculada al objetivo de aumentar los rendimientos de la producción de madera, en materias tales como genética, manejo, tratamientos silvícolas e industrias. Sin embargo, muchos de los aspectos que afectan la situación de una determinada producción forestal están condicionados por efectos exógenos a la ciencia, como la infraestructura, las políticas agrícolas y de comercio, los reasentamientos humanos, las políticas fiscales, etc. El ámbito de la investigación forestal ha de ser más universal y las investigaciones deberían comprender una cultura científica de mayor amplitud.
Uno de los problemas que afectan al desarrollo integral de la actividad forestal es la tendencia al aislamiento de profesionales y científicos. Es común escuchar la justificación de que un proyecto era bueno pero no contó con el apoyo de los políticos o de quienes adoptan las decisiones. Es necesario por lo tanto incorporar el ámbito forestal a la política y a las instancias donde se toman las decisiones. Para esto hay que hacer progresos en la investigación con una visión más universal de los fenómenos que inciden en la realidad forestal.
La globalización de las políticas, la ex tensión de la participación en la toma de decisiones y los cambios en el manejo de los bosques requieren una armonización de las políticas sectoriales e intersectoriales, las cuales deben responder también a demandas internacionales. En la actualidad se debe contar con el mejor respaldo disponible de la investigación para la formación de políticas (Solberg, 1997; Pettenella, 1997).
El análisis de Solberg se orienta principalmente a revisar cuál es la información que necesitan quienes toman las decisiones en materia de formación de políticas, a definir si la investigación está dando satisfacción a estas necesidades, y a buscar caminos que mejoren la importante interacción que debe existir entre las instancias decisorias y los investigadores.
No resulta fácil incorporar lo mejor y más reciente de la investigación a la formación de políticas. A menudo los investigadores están más interesados en sus propias inquietudes que en colaborar en la definición de prioridades para proveer de información a los políticos, y a su vez éstos culpan a los investigadores de no estar trabajando en proyectos relevantes que proporcionen la información que se necesita ahora y no dentro de indefinidos períodos de tiempo.
Cabe definir la función del Estado en materia de investigación. El Estado debe encauzar sus recursos hacia la investigación y dar satisfacción a la mayor parte de las necesidades de información de los políticos. La investigación que se realiza en el país se lleva a cabo también con otros fondos que provienen de la cooperación internacional, del sector privado, etc. (Solberg, 1997).
Es oportuno mencionar un aspecto de la nueva institucionalidad forestal que se está estudiando en Chile. En materia de investigación se está revisando y dando prioridad a la función pública, y para este conjunto de actividades el Estado concurrirá directamente a su financiamiento.
Los proyectos serán desarrollados por el Instituto Forestal y otros organismos especializados del área estatal. Para coordinar y dar prioridad a estas investigaciones y a otras que tengan diferentes financiamientos, se crearía en la Subsecretaría Forestal un Consejo de Coordinación de la Investigación Forestal, en el cual actuaría como secretaría ejecutiva el Instituto Forestal. Este mecanismo debe tender a evitar duplicaciones, a propiciar el enfoque multidisciplinario de las líneas de investigación y a desarrollar las áreas de mayor prioridad para el país y, desde luego, a poner a disposición de los políticos la mejor y más actualizada información.
La satisfacción de las necesidades del hombre-alimentos, agua, salud, energía y vivienda-depende del manejo de los recursos forestales. Los bosques son el cuerpo principal del sistema ecológico terrestre. La sostenibilidad del desarrollo forestal no puede ser asumida como un deseo, sino como un imperativo.
En muchos países los recursos forestales se encuentran en una situación precaria, debido a la aplicación de políticas incorrectas, un bajo nivel de gasto público y la existencia de administraciones débiles.
Se requiere con urgencia la movilización de recursos internacionales, tanto en forma de inversiones como en forma de catalizadores de inversiones futuras. Estos recursos pueden ser de origen nacional o internacional, públicos o privados. Los recursos internacionales a su vez pueden ser de asistencia para el desarrollo o para la inversión.
El financiamiento internacional público puede provenir de la asistencia bilateral o multilateral, como es el caso de los bancos de desarrollo y los organismos internacionales. En el caso del financiamiento internacional de carácter privado, se puede mencionar la inversión extranjera directa, los portafolios de inversión, los fondos institucionales de carácter internacional, los préstamos externos, el suministro de bienes de capital y el capital de riesgo.
En muchos países se carece de normas para el medio ambiente. Cabe preguntarse en qué casos los recursos internacionales orientados a la inversión son garantía de proyectos que incorporan los criterios de un desarrollo forestal sostenible. Chandrasekharan y Schmidt (1997) citan el ejemplo de una empresa que ha incorporado los criterios de sostenibilidad.
La cooperación internacional en el campo forestal se refuerza mediante el aumento de los flujos comerciales y con el reconocimiento de que los recursos forestales son un elemento básico para el desarrollo económico.
La asistencia oficial para el desarrollo comprende donaciones y préstamos, habiendo alcanzado, en 1993, 1545 millones de dólares, de los cuales un 71 por ciento corresponde a donaciones y un 29 por ciento a préstamos. No obstante, estas cifras representan solo el 27 por ciento de las necesidades. Este tipo de financiamiento ha disminuido en los últimos años, como en el caso de los programas de campo de FAO, que de 83 millones de dólares en 1994 cayó a 70 millones en 1995. A su vez, los préstamos del Banco Mundial disminuyeron de 278 millones de dólares en 1994 a 113 millones en 1995.
La falta de compromiso local y la baja capacidad de absorción de muchos países receptores se deben a la ausencia de un adecuado proceso participativo en la etapa de identificación y formulación de los proyectos. Se ha verificado que el financiamiento no siempre llega a los países que más lo necesitan
Así como la asistencia oficial para el desarrollo ha disminuido en los últimos años, el flujo de inversiones privadas ha tenido un neto incremento. En el caso del sector forestal es difícil precisar el monto de la inversión privada en los países en desarrollo, pero las cifras disponibles indican un nivel de 8 000 a 10 000 millones de dólares de inversión nacional, a la cual habría que agregar la inversión extranjera. Cabe indicar que la mayoría de estas inversiones se concentran en las industrias forestales y en plantaciones.
En la perspectiva de los objetivos del desarrollo forestal sostenible hay que considerar tres aspectos. El primero es que existe la necesidad de que los proyectos de inversión privada incorporen crecientemente el concepto de sostenibilidad. El segundo se refiere a la responsabilidad institucional forestal de los países, los cuales deben tener la lucidez suficiente para desarrollar modelos legislativos y reglamentarios que, sin desincentivar la inversión privada, ordenen adecuadamente los recursos. El tercero se refiere a la necesidad de que los países en desarrollo implanten legislaciones medioambientales que resguarden debidamente la sostenibilidad de los recursos naturales, sin trabar un expedito proceso de inversión privada. Al respecto, es necesario destacar que los grupos ecologistas, nacionales e internacionales, deben comprender que en el camino de superar la pobreza y el atraso es una condición indispensable alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, y que en esa óptica su misión es contribuir a que las obras e inversiones que representan progreso económico y social se hagan bien.
Pese a que la asistencia oficial para el desarrollo seguirá reduciéndose en relación con la inversión privada internacional, su función continuará siendo crucial. El desarrollo tecnológico que se puede impulsar a través de esta asistencia puede influenciar y promover la inversión privada.
Así como se verifica que la inversión pública en el desarrollo forestal es inadecuada y está en declinación, la mayor parte de la inversión privada en el sector forestal no está orientada hacia operaciones de carácter sostenible. El sector privado requiere que para que sus flujos se orienten hacia formas de desarrollo forestal sostenibles existan ciertas precondiciones, en forma de incentivos. Por ejemplo, se ha de sensibilizar a los mercados de capital acerca de las potencialidades del desarrollo forestal sostenible, se han de reducir los riesgos, en el caso de industrias forestales emergentes, y se han de cubrir los costos incrementales de la internalización de los requerimientos de cuidado del medio ambiente.
Considerando que hay una evidente relación entre comercio e inversión extranjera, y teniendo en cuenta que las corporaciones transnacionales controlan dos tercios del comercio internacional, existe la posibilidad para que en los países en desarrollo estas corporaciones tengan un gran potencial tanto para el desarrollo de industrias de transformación primaria y secundaria como para la promoción de exportaciones de productos con valor agregado, en base al beneficio mutuo.
Se han de desarrollar acuerdos de libre comercio de carácter bilateral o regional, como el Mercado Común del Sur, entre países en desarrollo, o como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre países con diferentes niveles de desarrollo.
La movilización de recursos internacionales es un elemento clave para el logro de un desarrollo forestal sostenible, y se han de proponer medidas tendientes a mejorar los actuales mecanismos y a innovar creando nuevas modalidades.
En materia de cooperación internacional, es necesario mejorar los mecanismos de coordinación, para resolver los conflictos entre donantes y agencias de asistencia técnica. Al respecto, parece positivo el trabajo conjunto realizado por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de acuerdos para los programas asociados de colaboración forestal.
A nivel nacional se requieren importantes esfuerzos de coordinación entre donantes y entre éstos y las agencias gubernamentales y el sector privado.
La forma de coordinar las acciones respecto a los objetivos perseguidos por el desarrollo forestal sostenible continúan siendo materia de debate. Además de orientar, controlar y facilitar el flujo de recursos mediante soluciones optimizadas e innovativas, también es necesario un mecanismo internacional de financiamiento programado para el desarrollo forestal en los países en desarrollo. Para este mecanismo se podría solicitar la aportación de capitales del Fondo Forestal Mundial, propuesta que surgió del IX Congreso Forestal Mundial en 1985.
Desde hace décadas la comunidad mundial viene organizando conferencias mundiales y regionales sobre los más variados tópicos, entre los que destacan en los últimos tiempos las conferencias relativas al medio ambiente y el desarrollo sostenible, que sin duda han sido de gran utilidad y de las cuales han emanado resoluciones que se han traducido en mejoramientos reales para la humanidad.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en junio de 1992, se puso de manifiesto la grave situación de los recursos forestales del mundo, especialmente en los países en desarrollo. Los países industrializados se comprometieron a revertir la actual situación de desforestación y degradación de los bosques en dichos países, y destinaron a este objetivo 56 650 millones de dólares anuales durante el período 1993-2000.
En este trabajo se ha expuesto la preocupación ante el hecho de que cinco años después de celebrada la Conferencia se ha comprobado que la situación de los bosques no ha cambiado. Se ha analizado como, desde el ángulo de la política forestal, de la planificación de las administraciones forestales, de la investigación y del desarrollo científico y tecnológico, y a través del desarrollo de los recursos humanos y de la movilización de recursos internacionales, se pueden buscar fórmulas para conducir el desarrollo forestal por la vía de la sostenibilidad.
El desarrollo forestal sostenible se debe dar en el ámbito de un desarrollo humano sostenible. El profesional y el investigador forestal no pueden estar al margen de los fenómenos políticos y sociales en que se inserta la realidad forestal. Los programas de investigación forestal deben comprender objetivos que sitúen el desarrollo forestal sostenible como un medio para proveer empleos bien remunerados y estables, asentamientos apropiados, riqueza y seguridad.
La política forestal debe asumir una categoría superior respecto a los problemas políticos, sociales y económicos de cada país sin estar desligada de dichos problemas. Las acciones aisladas de políticas forestales normalmente no logran su cometido. Se debe tender a un trabajo interdisciplinario, y profesionales y científicos forestales deben estar cada vez más impregnados de la realidad socioeconómica del entorno forestal.
La planificación y la investigación forestal de carácter público deben jugar un papel central en el desarrollo sostenible. Pasado el efecto inicial de los violentos cambios de la economía mundial en las dos últimas décadas, tanto la investigación forestal pública, la inversión en el desarrollo científico como la planificación deben tener una función estructural, la cual no carece de vinculación con el proceso de liberación de las economías. Estos elementos deben configurar las políticas del Estado para el desarrollo forestal sostenible, las cuales han de incluir, desde su gestación, la participación de los sectores público y privado, el mundo científico y los grupos de interés.
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