La emergencia mundial del hambre

El derecho a no padecer hambre, que se esablecía en los instrumentos internacionales de derechos humanos, era un derecho fundamental, pero también uno de los que se infringían con más frecuencia. Teniendo en cuenta el compromiso ético fundamental de la FAO de tratar de liberar a la humanidad del hambre y garantizar el acceso de toda persona a una alimentación adecuada, el Cuadro de Expertos expresó su profunda preocupación por la emergencia mundial del hambre. El mundo era actualmente más rico que en cualquier época anterior de la historia humana en lo concerniente a la capacidad de producción mundial, y existían más posibilidades que en cualquier momento del pasado, pero aun así una abrumadora desigualdad seguía causando hambre en gran escala en muchas partes del mundo.

Transcurridos más de cinco años después de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma en 1996, los compromisos contraídos en esa ocasión no habían sido seguidos de una acción eficaz. Si bien se habían realizado importantes progresos en China y en algunos otros países, en muchas otras zonas del mundo la falta de acceso a alimentos suficientes era un problema tan serio como antes, y en algunas regiones incluso había empeorado con respecto a 1996. La posibilidad de que el hambre y la malnutrición se mantuvieran prácticamente en el mismo nivel que en 1996 era motivo de grave preocupación. En el mundo en desarrollo había al menos 777 millones de personas que sufrían subnutrición crónica, de las que 180 millones eran niños menores de 5 años de edad. La subnutrición infantil podría incluso agravarse.

Si no se avanzaba rápidamente en la erradicación del hambre, la estabilidad política y económica mundial, así como los recursos naturales de los que dependían los futuros suministros mundiales de alimentos, seguirían estando amenazados. El hambre creaba o favorecía un clima propicio a conflictos violentos y guerras locales, actos violentos de desesperación y acciones terroristas. Al no tener acceso efectivo a una alimentación adecuada y una participación constructiva en el desarrollo,
muchas personas se dejaban llevar por el abatimiento o pasaban a ser fáciles presas de movimientos violentos. La existencia del hambre y la malnutrición estaba claramente reñida con las visiones en que se sustentaba el orden mundial que se esperaba establecer después de la segunda guerra mundial, basado en los derechos y el desarrollo humanos. Había también indicios claros de que en las sociedades donde el hambre estaba muy extendida, era imposible conseguir un crecimiento sostenible.

El Cuadro de Expertos consideró que era un imperativo ético afrontar de manera integral y urgente esta emergencia mundial. La subnutrición y la inanición en un mundo de abundancia debían considerarse hechos tan graves como cualquier otra violación flagrante de los derechos humanos. El Cuadro de Expertos estimó que el hambre podría ser eliminada por completo si existiera la voluntad y el compromiso necesarios de los gobiernos para adoptar medidas nacionales responsables y recurrir a la cooperación internacional, siempre que hubiera una utilización apropiada de los recursos mundiales actualmente disponibles.

El Cuadro de Expertos reconoció que las causas del hambre tenían muchas dimensiones y que los obstáculos para superarla eran numerosos. La erradicación del hambre exigiría por tanto una acción a muchos niveles, incluidas iniciativas de gran envergadura y alcance para combatir enfermedades como el paludismo y el VIH/SIDA, la prevención o resolución de conflictos devastadores en los países en desarrollo, la gestión socialmente responsable de las políticas económicas, la eliminación de la discriminación y la exclusión y la potenciación del papel de quienes habían estado anteriormente excluidos de una participación efectiva en la economía. El problema se debía en parte a que en los países en desarrollo se negaba a muchas mujeres pobres unos derechos efectivos en materia de procreación. Al no estar en condiciones de asegurar un espaciamiento responsable de los nacimientos, esas mujeres tenían que distribuir su tiempo limitado entre embarazos frecuentes, cuidando de manera insatisfactoria de sus numerosos hijos, esforzándose por alimentar al resto de la familia y tratando de obtener de cualquier modo algún tipo de ingreso, ya fuera mediante el cultivo de la tierra, el comercio en pequeña escala u otras actividades. Como resultado de ello no solo había sobrepoblación, sino también muchos niños malnutridos que no podían insertarse en las instituciones educativas, por lo que era probable que terminasen siendo tan pobres como sus madres. La falta de acceso en pie de igualdad a la educación y de oportunidades para la mujer exacerbaba esta situación.

Era fundamental velar por que en las políticas y decisiones que se adoptaban en todos los ámbitos relacionados con la agricultura y la alimentación se tuviera en cuenta la cuestión de la protección contra el hambre, teniendo presente que no se trataba sólo de un vago ideal futuro, sino también de un requisito de procedimiento en la vida cotidiana actual. Aunque toda persona y todo órgano de la sociedad en una determinada esfera de actividad debían considerarse moralmente obligados a no causar hambre a los demás, la responsabilidad formal y jurídica recaía sobre los Estados, que debían garantizar, a través de la reglamentación y la administración, que las políticas alimentarias y agrícolas aplicadas en su territorio tuvieran en cuenta la protección contra el hambre. Las políticas reglamentarias de algunos Estados a ese respecto eran deficientes, lo que ponía en peligro la seguridad alimentaria de los grupos vulnerables y daba lugar a que no se redujera todo lo posible el número global de personas hambrientas.

Los Estados no podían hacer frente por sí solos a estas tareas. La capacidad de un Estado para garantizar la protección contra el hambre dentro de su territorio podía verse afectada negativamente por las medidas adoptadas por otro o por la falta de recursos. La colaboración entre países en desarrollo y desarrollados debería canalizarse o coordinarse en gran medida a través del sistema multilateral, en el que los diferentes organismos de las Naciones Unidas habrían de tomar la iniciativa en sus respectivas esferas de competencia: la FAO, el FIDA y el PMA en lo concerniente al acceso a los alimentos; la OMS en lo relativo a la reducción y eliminación del paludismo, el VIH/SIDA y otras enfermedades; y la UNESCO con respecto a la educación, promoviendo en todas partes el acceso pleno y en pie de igualdad de todos, y en particular de las mujeres, a la educación.