El Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición es una publicación que presenta una actualización del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe.
El informe es parte de un trabajo conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.
El Panorama 2024 informa que América Latina y el Caribe ha presentado una reducción en la prevalencia tanto del hambre como de la inseguridad alimentaria, siendo la única región con esta tendencia a nivel mundial. La prevalencia de subalimentación cayó de 6,6% en 2022 a 6,2% en 2023, continuando con la tendencia observada entre 2021 y 2022. Esto significa que 2,9 millones de personas dejaron de padecer hambre en nuestra región con respecto a la cifra previa.
La misma tendencia se aprecia respecto a la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave, que disminuyó de un 31,4% en 2022 a 28,2% en 2023. Es decir, 19,7 millones de personas en América Latina y el Caribe dejaron de padecer inseguridad alimentaria. La mejora en las cifras está impulsada por la subregión de Sudamérica. Sin embargo, las cifras del Caribe continúan siendo preocupantes.
La región sigue registrando el costo de la dieta saludable más alto en comparación a otras regiones del mundo, cifra que alcanza los 4,56 dólares PPA diarios por persona, mientras que el promedio mundial es de 3,96 PPA dólares. Como consecuencia, 182,9 millones de personas no pueden acceder a este tipo de dietas en nuestra región.
En 2022, a nivel regional un 27,7% de las personas no pudieron acceder a una dieta saludable. El 50% de la población del Caribe no tuvo acceso a una dieta saludable debido a su alto costo; en Mesoamérica, la cifra corresponde al 26,3% y en Sudamérica al 26%.
Oficial Regional de Comunicación
Comunicadora para la Prioridad Regional Mejor Nutrición
El hambre es la sensación física incómoda o de dolor causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. En este informe, el término “hambre” se utiliza como sinónimo de subalimentación que se define como la condición de un individuo cuyo consumo habitual de alimentos es insuficiente para proporcionar la cantidad de energía alimentaria necesaria para mantener una vida normal, activa y saludable.
La prevalencia de hambre es un indicador (2.1.1) que es parte del ODS 2 (Hambre Cero), particularmente relacionada a la meta 2.1 que busca, para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Éste se calcula a través de una estimación que toma en cuenta el requerimiento mínimo promedio de calorías, el consumo promedio de calorías y el coeficiente de variación del consumo diario de la población.
América Latina y el Caribe y Asia siguen siendo las únicas regiones que revirtieron la tendencia al alza del hambre que se venía observando desde 2019. La prevalencia de hambre en la región fue del 6,2 % en 2023, afectando a 41 millones de personas. Esto representa una disminución de 0,4 puntos porcentuales con respecto al 2022, o 2,9 millones de personas menos afectadas.
A nivel subregional, esta prevalencia fue de 5,2% para Sudamérica, 5,8% para Mesoamérica y 17,2% para el Caribe. Mientras que en las dos primeras se observa una disminución con respecto a la prevalencia del año anterior, en el Caribe se percibe un incremento del hambre.
La inseguridad alimentaria se refiere al acceso restringido a los alimentos para las personas o los hogares, debido a limitaciones de dinero u otros recursos. En consecuencia, se define como una falta de acceso continuado a los alimentos, lo cual disminuye la calidad de la dieta, altera los hábitos alimentarios normales y puede tener consecuencias negativas para la nutrición, la salud y el bienestar.
La prevalencia e inseguridad alimentaria moderada o grave (indicador 2.1.2 de los ODS) se basa en la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES por sus siglas en inglés). Se construye utilizando el Módulo de Encuesta FIES, que consta de ocho preguntas relativas al acceso de las personas a una alimentación adecuada, y puede integrarse fácilmente en diversos tipos de encuestas de población.
En base a la medición se puede identificar el grado de severidad, siendo la inseguridad alimentaria moderada una situación en la que las personas afrontan incertidumbres con respecto a su capacidad de obtener alimentos y se ven obligadas, en ciertas épocas del año, a reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que consumen por carecer de dinero u otros recursos. La inseguridad alimentaria grave, en tanto, es la situación en que las personas probablemente se han quedado sin alimentos, sufren hambre y, en el caso más extremo, pasan días sin comer, poniendo en grave riesgo su salud y bienestar
La prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la región fue de 28,2% en el 2023, afectando a 186,7 millones de personas. Esto marca un hito ya que por primera vez América Latina y el Caribe se encuentra por debajo de la estimación mundial de 28,9%. Se observa una disminución de 3,2 puntos porcentuales con respecto a 2022 a nivel regional, lo cual indica que 19,7 millones de personas dejaron de sufrir este tipo de inseguridad alimentaria.
En las subregiones, el Caribe presenta la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave (58,8% equivalente a 26,3 millones de personas), seguido de Mesoamérica (28,2% equivalente a 51 millones de personas) y Sudamérica (25,1% equivalente a 110.4 millones de personas). En las tres subregiones se observan disminuciones de esta prevalencia con respecto al 2022.
La inseguridad alimentaria continúa afectando de manera desigual a distintos grupos de la población, siendo las mujeres y los habitantes de zonas rurales los más vulnerables. Mientras que la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave fue de 32,2% en las zonas rurales frente a 26% en las zonas urbanas, América Latina y el Caribe es la región que presenta la mayor brecha entre hombres y mujeres en este indicador, llegando a 5,2 de puntos porcentuales.
Esto se debe principalmente a las mejoras observadas en varios países de Sudamérica, ya que, en esta subregión, ambos indicadores disminuyeron. Entre las razones se encuentran; la recuperación económica de varios países de Sudamérica, con un aumento de los niveles de empleo y una disminución de los niveles de pobreza y pobreza extrema tras los aumentos de los precios de la energía observados después de la pandemia del COVID-19 que beneficiaron a los países exportadores de energía de la región. Además, los sólidos sistemas de protección social permitieron a los países de la región responder rápidamente a los cambios, lo que es especialmente importante en tiempos de restricciones financieras.
La malnutrición es una condición fisiológica anormal causada por una ingesta inadecuada, desequilibrada o excesiva de macronutrientes y/o micronutrientes. La malnutrición incluye la desnutrición (el retraso en el crecimiento y la emaciación de los niños, y deficiencias de vitaminas y minerales), así como el sobrepeso y la obesidad.
La prevalencia de obesidad en adultos muestra un aumento del 22,4% en 2012 (91,4 millones) al 29,9% en 2022 (141,4 millones), considerablemente por encima del nivel mundial, estimado en 15,8%. Mesoamérica es la subregión que presenta la mayor prevalencia, situándose en 34,4%, seguido de Sudamérica con 28,6% y finalmente el Caribe con 24,5%.
Las nuevas estimaciones de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida presentan avances considerables con un aumento de casi 9 puntos porcentuales, pasando de 34,3% en 2012 (1,8 millones) a 43,1% en 2022 (2 millones), ligeramente por debajo de la estimación global de 48%. Todas las subregiones presentan aumentos en esta cifra, aunque de diferentes magnitudes.
La prevalencia de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años ha aumentado de manera sostenida desde el 2012, de 7,4% (3,9 millones) a 8,6% en 2022 (4,2 millones). El nivel regional se encuentra tres puntos porcentuales por encima del promedio global.
En América Latina y el Caribe, el costo de una dieta saludable alcanzó los 4,56 dólares de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) por persona al día en 2022, siendo este el costo más elevado de todas las regiones a nivel mundial. El Caribe es la subregión que tiene el costo más elevado dentro de América Latina y el Caribe, alcanzando los 5,16 dólares PPA por persona al día, seguido de Sudamérica, en 4,29 dólares PPA por persona al día y Mesoamérica, en 4,05 dólares PPA.
En nuestra región, un 27.7% de la población (182,9 millones de personas) no pudo acceder a una dieta saludable en 2022. Con respecto a este indicador se observó una disminución respecto a 2021 de 2,4 puntos porcentuales (14,3 millones de personas menos que no podían acceder a esta dieta). En el Caribe, un 50% de la población (22,2 millones de personas) no pudo acceder a una dieta saludable, en Mesoamérica, esta proporción fue de 26,3% (47,1 millones de personas) y en Sudamérica fue del 26% para 2022 (113,6 millones de personas).
El costo de una dieta saludable se actualiza utilizando datos del Programa de Comparación Internacional (PCI) coordinado por el Banco Mundial, con precios correspondientes al año 2021 publicados en la edición 2024 del PCI, a diferencia de la metodología anterior que incluía la ronda del 2017. El cambio principal respecto a años anteriores es que la edición 2024 el PCI incluyó una lista más amplia de alimentos ya que se agregaron precios de ciertos productos que previamente no estaban disponibles.
Con relación al indicador de asequibilidad de una dieta saludable, en la metodología previa, se utiliza como umbral para la compra de alimentos el 52% de los ingresos del hogar, mientras que este año se comenzó a aplicar un criterio diferenciado según las clasificaciones de países del Banco Mundial por nivel de ingresos. En concreto, se consideran cuatro niveles de ingresos de los países (alto, medio-alto, medio-bajo y bajo), y para cada uno de estos niveles se computa un porcentaje diferente de ingresos a ser destinados para alimentos. Esto hace que, respecto de estos indicadores, no sea posible comparar con los años anteriores.
La variabilidad del clima refiere a variaciones del estado medio y otras características estadísticas (desviaciones típicas, frecuencia de condiciones extremas, etc.) del clima en todas las escalas espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos concretos. La variabilidad puede deberse a procesos internos naturales del sistema climático (variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo natural o antropogénico (variabilidad externa). Por su parte, los fenómenos climáticos extremos se definen como la ocurrencia de un valor de una variable meteorológica o climática ya sea por encima o por debajo de los valores normales observados de dicha variable.
Mientras el cambio climático tiene lugar a lo largo de un período de décadas o siglos, también existen variaciones climáticas a más corto plazo (por ejemplo, en las temperaturas y las lluvias) y eventos climáticos extremos (que dan lugar a sequías, inundaciones, tormentas, y otros fenómenos) asociados a cambios periódicos o intermitentes relacionados con diferentes fenómenos naturales (como El Niño, La Niña, las erupciones volcánicas u otros cambios en los sistemas terrestres). No obstante, no todas estas variaciones climáticas a más corto plazo se pueden atribuir al cambio climático.
La resiliencia es la capacidad de las personas, los hogares, las comunidades, las ciudades, las instituciones, los sistemas y las sociedades para anticipar, prevenir, absorber, adaptar y transformar de forma positiva, eficiente y eficaz ante una amplia gama de riesgos, manteniendo un nivel aceptable de funcionamiento y sin comprometer las perspectivas a largo plazo de desarrollo sostenible, paz y seguridad, derechos humanos y bienestar para todos.
Las políticas y las intervenciones deben contribuir a desarrollar las cinco capacidades para el desarrollo de la resiliencia:
La alta exposición se define cuando un país experimenta tres o cuatro tipos diferentes de fenómenos climáticos extremos (inundaciones, tormentas, sequías y temperaturas extremas), durante los dos subperíodos de 2013-2017 o 2018-2022 o, alternativamente, cuando se producen fenómenos climáticos extremos durante al menos siete años en 2013-2022.
Los países expuestos a fenómenos climáticos extremos son: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela.
Un país se considera vulnerable si se cumple una de las siguientes tres condiciones: 1) correlación estadísticamente significativa entre la producción de cereales y algún factor climático; 2) más del 60% de la población trabaja en el sector agrícola o 3) correlación entre alertas por sequía grave con la presencia de puntos de cambio en la prevalencia de subalimentación.
Los países vulnerables son: Argentina, Belice, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y El Salvador. Si se considera también aquellos países con una correlación entre la importación de cereales y estos fenómenos, se agregan Brasil y Panamá.
Se considera que un país ha sido afectado por estos eventos si muestra una combinación de las condiciones de exposición y vulnerabilidad.
Los 13 países afectados son: Argentina, Belice, Brasil, Cuba, Ecuador, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y El Salvador.