Cooperación entre la ARAP e INCOPESCA con apoyo de FAO, permite iniciar el proceso de implementación de las (Directrices PPE) en Panamá.

Langosta es el principal recurso pesquero de la comunidad indígena ubicada en la provincia de Bocas del Toro.

Punta Alegre, dentro de la comarca indígena Ngäbe-Bugle  es la primera comunidad panameña que recibe una capacitación sobre las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (Directrices PPE), en el contexto de la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza, con enfoque de pueblos indígenas y gobernanza.

Ubicada en el conjunto de islas que forman la provincia de Bocas del Toro en el Caribe de Panamá, los indígenas de esta comunidad se dedican, en mayor medida, al desarrollo de la pesca de langosta para la venta en las zonas turísticas e islas aledañas a Punta Alegre del distrito de Kusapin a donde pertenecen.

Esta actividad, representa su principal recurso de generación económica, pero una serie de factores sociales y legales entraban su desarrollo, y deprimen sus oportunidades de superación comunitarias.

Para esta comunidad, los tiempos de veda, el acceso a un seguro social para los buzos pescadores de langosta, el manejo de los recursos naturales, el uso de su conocimiento tradicional, el mejoramiento de los precios de venta de langosta en los comercios locales y la permisión de acceso al mar para desarrollar su actividad, son los ejes prioritarios de discusión que plantearon a la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en el contexto de las Directrices PPE.

“Este camino (las Directrices PPE) es el correcto para nosotros. Por muchos años no nos han permitido tomar las decisiones por nuestras tierras y gente, entonces consideramos que este es de los mejores métodos para poder expresar nuestras necesidades y conocimiento ya que no muchos conocen el derecho del pueblo Ngäbe, pero esto nos permite conocer nuestros deberes y derechos, y proteger a nuestros pescadores”, aseveró Alfredo Howard, Cacique de la Comarca.

Alfredo Howard consideró también, que este proceso significa para la comunidad un punto de igualdad entre ellos y el resto del pueblo panameño. La ARAP afirmó estar dispuesto a considerar las opiniones de estos indígenas y trabajarán con ellos en la correcta ejecución de las Directrices PPE.

La ARAP afirma que la mayor urgencia que identifica en la comunidad es la de dotar a los pescadores con un seguro de vida y atención médica, debido a que son quienes más expuestos están por el desarrollo de su actividad.

“En comarcas como la Ngäbe Bugle, la prioridad es la seguridad social, debido a que la actividad de pesca que desarrollan representa un gran riesgo para ellos y no poseen ningún tipo de seguridad”, dijo Epiménides Díaz, asesor técnico del despacho superior de la ARAP.

Este primer paso del proceso de diálogo nació gracias a la cooperación técnica entre la ARAP y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) quienes desarrollaron el taller, realizando una  labor de campo, así como la  evaluación de las necesidades de manera participativa con los integrantes de la comarca Ngäbe Bugle, con apoyo  de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Para la ARAP, Costa Rica  posee experiencia en la implementación de las Directrices PPE y la búsqueda de metodologías de sostenibilidad y dignificación de los pescadores artesanales, por esa razón, decidieron solicitar asesoría y capacitación.

“Para nosotros ha sido un punto de gran importancia contar con la participación de Costa Rica debido a que poseen muchos más avances de los que podemos tener nosotros, entonces, cuando se presentó la oportunidad de trabajar en conjunto decidimos aprovecharla, para conocer cómo se ha desarrollado, qué se ha logrado y ganado, y encontrar la manera de implementar eso aquí”, señaló Díaz.

Las Directrices PPE son una herramienta que promueve el mejoramiento de las condiciones sociales de los pescadores artesanales. El INCOPESCA, como ente responsable de la ejecución en Costa Rica, ha sido apoyado por la FAO, la Sociedad Civil, las Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR) y la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, quienes han sido parte de la construcción del proyecto de ley para oficialización de las mismas.

“Es fundamental la participación de los pescadores artesanales sin excepción, porque al final las Directrices fueron creadas por ellos y este proceso debe ejecutarse de la mano con los órganos del Estado, las instituciones autónomas, los Gobiernos locales y con quienes se pueda generar política pública para mejorar su situación”, afirmó Víctor Fernández, encargado del Departamento de Cooperación Internacional del INCOPESCA.

Además, Fernández afirmó que en el momento en que se planteó trabajar en conjunto con ARAP, se hizo bajo un esquema de cooperación SUR-SUR. Esto quiere decir que la labor se desarrolla entre países en iguales condiciones económicas y técnicas; con esto, la experiencia y las lecciones aprendidas por el INCOPESCA, pueden ser tomadas por el ARAP y así iniciar el proceso de comanejo de los recursos y oportunidades con las comunidades de pescadores, la FAO y la Sociedad Civil.