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Brochure, flyer, fact-sheetEstrategias legislativas para mejorar la nutrición 2020
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La situación nutricional en América Latina y el Caribe es crítica, la presencia simultánea de desnutrición, deficiencias de micronutrientes y sobrepeso y obesidad es común en varios países de la región. Sin embargo, legislar sobre nutrición debe estar relacionado con la gran cantidad de áreas que involucran la nutrición, además de las necesidades de cada país a ser atendidas, las que serán diferentes en función de sus necesidades y las causas de la desnutrición. En este documento se abordará un acercamiento a las estrategias legislativas que actúan para la mejora de la nutrición, en concreto: i) el marco legal internacional y regional del Derecho a la Alimentación y una nutrición adecuada; ii) acciones que deben realizar los países para mejorar la nutrición de sus ciudadanos y ciudadanas; iii) las claves para legislar sobre nutrición, tomando como ejemplos la legislación regional y nacional de América Latina y el Caribe; y iv) las acciones parlamentarias necesarias para promover mejoras legislativas para avanzar en nutrición, y el ejemplo del “Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe". -
Brochure, flyer, fact-sheetLegislar para una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques
Nota de orientación jurídica para parlamentarios en América Latina y el Caribe N.o 4
2020Also available in:
La gobernanza responsable de la tenencia, basada en principios de derechos humanos, hace que el acceso a la tierra, la pesca y los bosques sea más justo. Además, protege a las personas de la pérdida arbitraria de sus derechos, incluso mediante desalojos. Sirve para prevenir prácticas discriminatorias y redunda en procesos transparentes y participativos de toma de decisiones. También garantiza la igualdad ante la ley y puede prevenir conflictos gracias a sus mecanismos de resolución de disputas. En última instancia, propicia la seguridad alimentaria garantizando el acceso a los recursos naturales y protegiendo los derechos de las personas que dependen de ellos. Este documento contiene las claves para hacer más justa esta gobernanza basada en los principios establecidos por los Derechos Humanos. Este documento abordará: i) un análisis del marco internacional y regional establecido por las bases legales en América Latina y el Caribe; ii) medidas recomendadas a los Estados para enfrentar este desafío; iii) la necesidad de incluir el tema de género en la tenencia de recursos; y iv) acciones parlamentarias necesarias para impulsar la legislación a su favor. -
Brochure, flyer, fact-sheetCambio Climático, Seguridad Alimentaria y Sistemas de Seguro para la Agricultura Familiar
Caso brasileño: Programas de seguros del clima, renta y precios.
2016Also available in:
Seguro de la Agricultura Familiar Los desastres vinculados a la variabilidad del clima generan los mayores impactos económicos en la región (el 70% de las emergencias está relacionado con el clima). Se proyectan costos anuales del orden de un 2,2% del PIB (año base 2010) para hacer frente a los desastres, de no mediar acciones de adaptación al cambio climático. El índice de riesgo climático global estimado sobre la base de información del período 1995 a 2014, apunta que 4 de los 10 países con mayor índice de riesgo están en América Latina y el Caribe: Honduras, Haití, Nicaragua y Guatemala. En la región, la tercera parte de la población vive en zonas de alto riesgo por su exposición a amenazas geológicas e hidro-meteorológicas. El cambio climático está también ampliando el área de dispersión de plagas y enfermedades de plantas y animales, además de incrementar la probabilidad de aparición de las mismas, e intensificar sus efectos. Caso brasileño: Programas de seguros del clima, renta y precios. Mediante Ley 5.969 de 1973, Brasil estableció el Programa de Garantía de la Actividad Agropecuaria (PROAGRO) para proteger los agricultores de las obligaciones del crédito rural. En 2004 creó el “PROAGRO Más”, para los productores vinculados al Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF). Actualmente, el PROAGRO protege a los medianos agricultores (PRONAMP) y el PROAGRO Más a los beneficiarios del PRONAF. El PROAGRO Más garantiza en las operacione s de costeo, hasta el 80% de la renta bruta esperada, cubriendo el financiamiento y hasta R$ 20 mil de la renta líquida estimada; y para las operaciones de inversión, el límite de cobertura es 95% de la renta bruta esperada, descontadas las coberturas realizadas por las operaciones de costeo. En las operaciones de costeo, la adhesión de los beneficiarios del PRONAF es obligatoria mientras que en las de inversión, es opcional. Garantía Cosecha En América Latina y el Caribe la agricultura famil iar es muy importante para la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población. Cerca del 81% de las explotaciones agrícolas corresponde a agricultores familiares, y dependiendo del país, provee entre el 27% y el 67% de los alimentos. La agricultura familiar genera entre el 57% y el 77% del empleo agrícola en la región, por lo que se constituye en un sector altamente empleador de mano de obra. Para continuar propiciando la seguridad alimentaria y un desarrollo sostenible, la agricultura familiar tiene tres desafíos importantes: 1) producir más alimentos, variados y nutritivos, 2) continuar generando puestos de trabajo, más seguros y estables, y 3) propiciar el uso adecuado de los recursos que son utilizados en la producción. La Garantía Cosecha es un programa que apoya a los agricultores familiares que se encuentran bajo la línea de la pobreza, con énfasis en la región del Semiárido Brasileño, donde las pérdidas por la sequía son frecuentes. Fue instituida por la Ley 10.420 de 10 de abril de 2002. Garantía de Precios para la Agricultura Familar Es un Programa del Gobierno Federal de Brasil que ofrece al agricultor familiar con el crédito del PRONAF, una protección contra la caída de precios. Actualmente, 51 productos tienen un precio de garantía. La población rural de la región vive en situación de extrema precariedad pues la población pobre más la población en situación de vulnerabilidad económica corresponden al 80% de la población rural total. En este porcent aje se encuentran muchos de los agricultores familiares cuyos medios de vida dependen en gran medida de los factores ambientales y los recursos naturales.
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