La cultura de desarrollo de Belice pareciera basada en la visión de un país en donde el recurso forestal se consideraba eterno. Hoy, con una cobertura total de 79% y una cobertura forestal arbórea de apenas un 73.4% y una tasa de deforestación de 36,000 hectáreas anuales durante la última década, nos damos cuenta de que es un recurso finito, al cual hay que conservar.
El bosque ha jugado un papel de importancia en el desarrollo del país, desde tiempos de la Colonia. En un principio, a través de la extracción de tinta del “palo de tinta” (Haemotoxylon campechanium) y posteriormente con la disminución del mercado debido a la introducción de colorantes sintéticos, entra en escena la caoba (Swietenia macrophylla), la cual se explota por más de 200 años, dando la idea de que Belice era un país de caoba.
Es interesante cómo esta visión tiene un efecto en el desarrollo posterior del país, ya que para los ingleses, en tiempos de la Colonia, la poca gente que vivía en el país debería orientarse a la extracción de la caoba, limitando el desarrollo de la agricultura. Esta situación prevaleció hasta mediados del siglo XX.
A finales de los ochenta y principios de los noventa, con la introducción de nuevas tecnologías catastrales y con el apoyo de los sistemas georeferenciados, se logra realizar un estudio de ordenamiento territorial a nivel nacional, el cual muestra que, a pesar de que el país cuenta con relativamente mucho bosque y una cobertura forestal envidiable, únicamente el 14% aproximadamente mantiene una vocación para la producción forestal sostenible. Esta producción se ubica en tres tipos de categoría de tenencia relativamente iguales:
• Terrenos nacionales o tierras nacionales.
• Áreas protegidas.
• Terrenos privados.
En forma más o menos simultánea, se realiza en el país un estudio de “Capacidades de Uso de la Tierra”, que permitió categorizar el uso del suelo de la siguiente manera:
• 16% de territorio nacional, aproximadamente, son suelos clasificados como aptos para el desarrollo de la agricultura, por mantener condiciones óptimas para esta actividad.
• 20% del territorio, aproximadamente, son suelos que por sus características edáficas podrían mantener una agricultura sostenible, siempre y cuando estén sujetos a un régimen adecuado de manejo de tierras.
• 14% aproximadamente, son terrenos aptos para la producción forestal sostenible.
• El resto del territorio debería estar bajo áreas protegidas, en donde el objetivo principal es la producción de servicios ambientales (conservación de la biodiversidad, la producción de agua, la belleza escénica y otros) y la producción de productos no maderables.
No obstante, esta clasificación no se refleja en la política nacional y mucho menos en la política forestal del país, e incluso no existe un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, lo cual limita hacer planes a largo plazo dentro del sector forestal.
La modernización de la política forestal (la actual data de 1954) conlleva no sólo la readecuación de la legislación forestal existente, sino que también debe contemplar:
• Estar basada en un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.
• Actualizar la realidad del sector forestal a las perspectivas futuras del mismo.
• Considerar los principios del manejo forestal sostenible como mecanismo único que puede asegurar la permanencia del recurso.
• Contribuir al combate de la pobreza, principalmente en las áreas rurales.
• Una mayor apertura al desarrollo empresarial del país.
• Una visión holística (integral) del sector forestal, eliminando dicotomías en la forma de ver al recurso dentro del mismo sector (conservación versus aprovechamiento sostenible).
• Fortalecer el Departamento Forestal para que pueda facilitar el desarrollo del sector sin perder su función normativa.
• Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
A la fecha, el accionar del sector forestal descansa básicamente en cuatro leyes:
• La Ley Forestal, que es la más antigua.
• La Ley del Sistema de Parques Nacionales.
• La Ley de Vida Silvestre.
• La Ley de Conservación de Bosques Privados.
La Ley Forestal y la Ley de Conservación de Bosques Privados se orientan principalmente a regular el aprovechamiento de los productos maderables y no maderables. Llama la atención que dentro de la Ley Forestal, el concepto de desarrollo sostenible se menciona una única vez, lo que pareciera reflejar la necesidad de su actualización.
Institucionalmente, a pesar de que el Departamento Forestal está evolucionando hacia una institución de servicio, moderna y orientada a facilitar el desarrollo del sector forestal sin renunciar a su función normativa, es claro que, tanto financiera como profesionalmente, tiene limitaciones importantes. Por ejemplo, cuenta sólo con 38 funcionarios permanentes para atender todas la necesidades que demanda el sector forestal del país, de los cuales 9 son de nivel profesional, 6 son técnicos forestales y 21 cumplen la función de guarda recursos.
Dentro del sector industrial forestal ha habido varias iniciativas para apoyar la creación de una asociación que represente los intereses de la industria forestal. No obstante, esta iniciativa no se ha podido concretar y se sigue manteniendo una estructura amorfa, sin una activa representación de los industriales forestales.
Las medidas de ajuste estructural promovidas por el Banco Mundial han afectado considerablemente el cumplimiento de las funciones del Departamento Forestal, el cual año tras año ha venido viendo cómo se reduce su personal. Quizás el ejemplo más claro del efecto de estas políticas extra sectoriales se observa en la zona montañosa central, donde se ubica la Reserva Forestal Mountain Pine Ridge de 41 mil hectáreas, que encierra un inmenso valor para el país por ser una cuenca hidrológica de gran importancia. Esta reserva incluye una gran parte de la cuenca del río Macal, que es un gran tributario del Río Belice. Este extenso río atraviesa toda la planicie nororiental y desemboca en Belice City, frente a arrecifes de enorme valor pesquero. Además, esta reserva es fuente de divisas debido al atractivo turístico de sus paisajes: cataratas y ríos, cuevas gigantescas, bosques de pino y especies latifoliadas, y es refugio de una gran diversidad de fauna silvestre.
Sin embargo, la mayoría de sus 22,500 hectáreas de bosque de pino productivos, compuestos por Pinus caribaea (80%) y P. Patula (20%), así como parte de las 7,000 hectáreas de bosque protegido que contiene ambas especies, están seriamente amenazadas por el gorgojo del pino (D. Frontalis). Esta plaga se ha extendido rápidamente y en la actualidad casi todo el dosel de los árboles ya fueron atacados.
Desde la creación de la Reserva Forestal Mountain Pine Ridge se conocía la existencia del gorgojo, pero no se previó su combate por no representar ningún problema inicialmente; incluso se consideraba parte del ecosistema. En 1976, sin embargo, se identificaron algunos focos del gorgojo del pino en áreas que habían sufrido incendios forestales. Estos focos no pasaron de afectar más de media hectárea. Para 1997, se presentó un nuevo ataque del descortezador. Muestras del insecto se enviaron a Inglaterra para su identificación y se confirmó que se trataba del D. Frontalis. Esta vez el ataque afectó alrededor de 1 hectárea.
Para 1995, el gobierno redujo considerablemente el presupuesto nacional del Poder Ejecutivo, como parte de las medidas de ajuste estructural, afectando fuertemente al Servicio Forestal y, dentro de éste, a la Reserva Forestal de Mountain Pine Ridge. Como consecuencia, la reserva se quedó sin presupuesto para continuar las acciones de manejo forestal que se venían ejecutando.
Los efectos de la suspensión de estas intervenciones silviculturales, se reflejan en 1999 y el 2000, cuando aparece el barrenador del pino como plaga, producto de las altas densidades y posiblemente por las inadecuadas intervenciones dentro del bosque.
Otra fuerza impulsora extra sectorial lo constituyen las políticas agroindustriales. El desarrollo de cultivos como el banano, los cítricos y la caña de azúcar, además de la tala de grandes áreas cubiertas de bosque, han traído consigo la migración externa de centroamericanos (principalmente salvadoreños y hondureños) que vienen a llenar un vacío existente en la disponibilidad de mano de obra en Belice. No obstante, estos inmigrantes, con su cultura agraria de tumba y quema, procuran siempre contar con terreno para sembrar maíz, frijol, arroz y otros cultivos. Esto va acompañado de quemas, no siempre controladas, provocando incendios y provocando fuerte presión sobre las áreas protegidas, ya que dichas actividades se realizan por lo general en las áreas de amortiguamiento. Por tanto, de no tomarse las medidas correctivas necesarias, pronto esta agricultura estará en el límite del área protegida.
La política fiscal sobre la propiedad de la tierra, mediante la cual el gobierno ha iniciado el cobro de un impuesto del 6% sobre el valor de la tierra a aquellas zonas ociosas mayores de 300 acres, podría provocar la eliminación de grandes extensiones de bosques para dedicarlas a una agricultura o ganadería de subsistencia.
Otro factor extra sectorial es el turismo, que se reconoce como una industria que puede y debe aportar al manejo y financiamiento de las áreas protegidas. Sin embargo, la contribución que dicho sector hace al sector forestal es poca comparada con los beneficios que recibe. Por ello, se sugiere una revisión más integral, que beneficie a ambos sectores. Es importante destacar que el sector turístico tiene claro el aporte que recibe de las áreas protegidas, por lo que, con un buen estudio y planteamiento, es mucho el beneficio que el sector forestal podría obtener del sector turístico.
Quizás la principal fuerza impulsora negativa que se necesita revertir es la carencia que el país tiene de una Política Forestal Moderna, la cual debe estar acompañada de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.
También es fundamental priorizar el Manejo Forestal Sostenible, utilizando el esquema de concesiones forestales, de manera que aquellos que inviertan en el sector tengan seguridad a largo plazo para desarrollarse dentro del mismo.
Otra acción importante es consolidar el Sistema Nacional de Áreas de Conservación como productor de servicios ambientales, dentro de los cuales son prioritarias la protección de la biodiversidad, la producción de agua y la belleza escénica. Será estratégico implementar un mecanismo de cobro y pago de servicios ambientales que permita contrarrestar las políticas fiscales que propician el cambio de uso del suelo.
