Foto: Fabiola Alcorta/FAO

Brasilia, 23 de agosto 2018 – El próximo viernes (24), representantes de distintos Ministerios de Brasil y de países de America Latina y el Caribe estarán reunidos en la ciudad de Brasilia, Brasil, para hacer un balance final del proceso de diálogo e intercambio de experiencias llevado a cabo en la región en el marco del proyecto Fortalecimiento de Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe. 

Esta iniciativa posibilitó avanzar en la difusión, implementación y seguimiento de políticas agroambientales, en convergencia a los desafíos de la Agenda de Desarrollo 2030. Participarán de la reunión representantes de gobiernos y de distintos sectores de agricultura y medio ambiente de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá y Paraguay, así como invitados de agencias de cooperación, organismos multilaterales y representantes de la FAO. 

El objetivo de la reunión es presentar los resultados y lecciones aprendidas en materia agroambiental generados a partir del proyecto, una iniciativa de Cooperación Sur-Sur Trilateral ejecutada en sociedad entre FAO, el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil (MMA), la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y los países socios. 

Asimismo, en el encuentro se evaluarán los desafíos y oportunidades para avanzar en la implementación de principios y medidas propuestas en las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe. Además, será presentada la propuesta final de indicadores para políticas agroambientales, como un importante instrumento de soporte para el seguimiento y ejecución de las Directrices Voluntarias, en convergencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La agudización de la crisis ambiental, los desafíos que presentan el cambio climático, la pobreza rural y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe han generado la necesidad de la adopción de enfoques agroambientales en las políticas públicas.  

En este contexto, la aplicación de las Directrices Voluntarias de acuerdo con las especificidades legales de cada país, contribuirá para mejorar las políticas públicas hacia un desarrollo rural sostenible, vinculando sociedad, territorio, medio ambiente y economía de manera más integrada y armónica, con la interacción de los distintos actores sociales e institucionales. 

La coordinadora regional del proyecto, Jessica Casaza, destaca la importancia de seguir fortaleciendo compromisos interministeriales y transectoriales que faciliten la generación de estrategias agroambientales en los países y, a partir de los indicadores definidos, avanzar en la implementación. “Es fundamental crear y fortalecer capacidades identificando a nivel de los países las necesidades de desarrollo institucional inclusivo, gobernanza y gobernabilidad, que representan factores esenciales a la ejecución de políticas agroambientales”, comenta Casaza. 

Avances en la región

Algunos países de la región han avanzado en mejorar sus políticas bajo un enfoque agroambiental. 

Brasil ha iniciado el proceso de implementación de las Directrices Voluntarias para políticas agroambientales en sociedad con la Cooperación Alemana, por medio de GIZ. Un Grupo de Trabajo interministerial, constituido en el 2017 y coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente, fue conformado con el objetivo de planificar, acompañar y monitorear el proceso de formulación de la propuesta de implementación. Participan del GT los ministerios de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA); Desarrollo Social (MDS); la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República; y la Secretaría Especial de Agricultura Familiar y del Desarrollo Agrario de la Casa Civil (SEAD). 

El país también está construyendo una estrategia y un plan, que está en fase de actualización de diagnósticos e identificación y análisis de Políticas Agroambientales en implementación (105 políticas e instrumentos con adherencia a las Directrices Voluntarias); además, fueron llevados a cabo diversos talleres con técnicos y gestores de las instituciones involucradas para definir las acciones. 

La Secretaria de Extractivismo y Desarrollo Rural Sostenible del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, Juliana Simões, destaca los avances que el país ha tenido en la implementación de políticas agroambientales que, como apunta el diagnóstico, posee un marco político e institucional bien consolidado, reflejando en un buen grado la implementación de las recomendaciones de las directrices, resaltando que “todavía existen barreras a traspasar, y que los sectores involucrados deben trabajar para superarlas”. 

Con apoyo de FAO en Brasil, se inició la ejecución del Proyecto de Cooperación Técnica Territorios Inteligentes y Gobernanza Agroambiental, para apoyar la implementación de Políticas Agroambientales en el país. 

En el país vecino, Paraguay, se ha conformado una Mesa Interinstitucional para Políticas Agroambientales (MIPA), para impulsar y fortalecer la construcción de una política agroambiental para el sector agrario, que articule la gestión de acciones estratégicas y la adopción del enfoque agroambiental. 

Como resultado de las acciones de la Mesa, el país presenta una propuesta de gestión estratégica en el marco de las Directrices Voluntarias relacionada con los ODS que, en parte, define el mecanismo de acción, coordinación y soporte para la formalización de la Política Agroambiental en el sector agrario paraguayo. Este documento, denominado Plan Estratégico Interinstitucional de Políticas Agroambientales, fue elaborado de manera participativa y consensuada por la Mesa. 

En Costa Rica se ha fortalecido el trabajo de coordinación y aprobación de la Agenda Agroambiental, con participación de las dos Secretarías Ejecutivas de Planificación del Sector Agropecuario y del Sector de Medio Ambiente, la Comisión de Cambio Climático y la Dirección de Cambio Climático. La Agenda Agroambiental tiene el objetivo de promover la vinculación entre las actividades productivas agropecuarias, la conservación y uso adecuado de los recursos naturales con un enfoque ecosistémico. 

Un diagnóstico elaborado permitió sistematizar diversas políticas e iniciativas ejecutadas y que lograron éxitos. Se llevaron a cabo acciones de sensibilización entre distintos sectores. 

A partir de los diálogos sobre los indicadores para políticas agroambientales, se ha reactivado la discusión nacional sobre la pertinencia de estas herramientas de trabajo a nivel de políticas. 

Para hacer frente a los efectos del cambio climático, El Salvador ha reconocido la necesidad de realizar acciones conjuntas y coordinadas, además de incorporar una visión sistémica desde la definición del problema hasta la construcción de los objetivos institucionales para solucionarlo. 

En este sentido, desde el 2017, el país implementa el Proyecto Fortalecimiento de capacidades y desarrollo de la estrategia de implementación de las Directrices de Políticas Agroambientales, en el marco del cambio climático y la gestión de riesgos de desastres. 

Además de un diagnóstico, con las prioridades de marcos normativos; el país de Centroamérica ha   conformado un Comité Técnico Interinstitucional para el seguimiento de la implementación de acciones del proyecto; se ha diseñado una metodología de consulta técnico/territorial con enfoque sistémico para socializar las leyes y políticas a ser mejoradas y fortalecidas, con participación de 560 personas y 56 instituciones consultadas. 

Proyecto

En el marco del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, del 2012 al 2018, se ha ejecutado el Proyecto Fortalecimiento de Políticas agroambientales en países de América Latina y el Caribe a través de Diálogo e Intercambio de Experiencias Nacionales, un trabajo coordinado con diversos sectores y servicios de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá y Paraguay (Chile y Nicaragua participaron en una primera etapa). 

En seis años de ejecución, el gobierno de Brasil invirtió cerca de USD 1.080.000 dólares por parte del Ministerio del Medio Ambiente Brasil, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas agroambientales como una herramienta para la reducción de la pobreza rural y la inseguridad alimentaria en el contexto de cambio climático en países de la región.