Por Rodrigo Castañeda, Representante de la FAO en la República Dominicana

Por primera vez, en el mundo se conmemora el 29 de septiembre como el “Día Internacional de concientización sobre las Pérdidas y los Desperdicios de Alimentos”. Se trata de una conmemoración con mucho sentido y valor, por las implicaciones económicas, ambientales, y, sobre todo, de alimentación y nutrición que tiene este problema. Según datos de FAO, alrededor del 14% de los alimentos producidos y cosechados en el mundo se pierden. En América Latina y el Caribe la cifra ronda el 11,6% de los alimentos.

Puede resultar increíble y contradictorio el hecho de que se pierdan tantos alimentos, cuando cerca de 47 millones de personas en América Latina y el Caribe padecían hambre en 2019. La situación corre el riesgo de recrudecerse aún más frente a los efectos de la crisis del COVID-19, que amenaza con generar inseguridad alimentaria en poblaciones que eran vulnerables antes de la pandemia.

¿Por qué es importante prestar atención a las pérdidas y desperdicios de alimentos? Porque es un tema relativamente nuevo, y no existe mucha discusión ni tampoco suficientes datos que nos ayuden a comprender a cabalidad la magnitud del problema. Por ejemplo, por un lado, están las pérdidas de alimentos, cuyas causas pueden ser varias y están vinculadas al manejo que los productores les dan a los alimentos a lo largo de la cosecha.  

Éstas se reducen cuando los productores toman los cuidados necesarios en cada una de las etapas de producción y post-producción, evitando el maltrato y el aplastamiento de los alimentos, y garantizando un buen almacenaje y transporte. También se reducen cuando los productores tienen mercado asegurado para la venta, reduciendo la probabilidad de que terminen incinerados o abandonados por falta de comprador.

Los desperdicios, por su parte, están más relacionados al manejo que les dan a los alimentos en los puntos de venta y al comportamiento de los consumidores, por lo cual se requiere sensibilizar a las familias y a los comercios para que tengan control de lo que se adquiere, de cómo se almacenan y de cuándo se consumen. Estamos hablando de consumo responsable.

¿Cuáles son las cifras cuando hablamos de pérdidas y desperdicios de alimentos en la República Dominicana? Ese es nuestro primer problema: se hacen estimaciones, pero todavía no hay datos precisos. En América Latina y el Caribe, son un poco más de 220 millones de toneladas de alimentos los que se pierden en las diferentes etapas, cifra que seguramente aumentó con la pandemia. En la situación actual, han cobrado importancia otros actores, como bancos de alimentos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores sociales, que brindan apoyo a los sectores más vulnerables.

Para simple orientación de por dónde andamos, el Banco de Alimentos ha entregado 612 mil kilogramos de alimentos en el presente año. Estos son alimentos donados por empresas o productores por razones varias, incluida la del rechazo de alimentos por no cumplir con los parámetros estéticos o de tamaño requeridos por los mercados.

La pérdida y el desperdicio de alimentos tiene un efecto directo en el medio ambiente y significa un mal uso de los recursos. Por ejemplo, se necesitan 13 litros de agua para obtener un tomate o 50 litros para producir una naranja. Cuando botan a la basura estos alimentos, se están desperdiciando todos estos recursos naturales.  Por esta razón, resulta crucial su reducción, ya que no solo mejorará nuestro uso de los recursos naturales, sino que contribuirá directamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por unidad de alimentos consumidos.

La sensibilización y la educación para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) son posibles y necesarias. Para esto hay que trabajar en la articulación de alianzas público-privadas y bajo la dirección de una política de Estado centrada en combatir este problema.

En el país hay antecedentes valiosos: existe desde 2015 un Comité Nacional para la Reducción de la PDA, en el que participan empresas agroalimentarias, instituciones públicas y organismos no gubernamentales. Desde este núcleo se han emprendido iniciativas de transformación de alimentos desechados en productos agroalimentarios acabados; se ha promovido e impulsado la donación de alimentos, y se han discutido y analizado anteproyectos de Ley para enfrentar este problema. Sin embargo, estas iniciativas no han escalado al plano nacional.

Para esto la FAO aconseja a los gobiernos promover políticas estatales o leyes que pautan acciones concretas encaminadas a enfrentar el problema, como punto de partida para lograr el cumplimiento de la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establece al 2030 reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos a la mitad.

A la fecha, siete países de América Latina cuentan con legislación especial sobre pérdidas y desperdicios de alimentos: Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Panamá y Perú.

En el proceso de recuperación de esta crisis global del Covid-19, la PDA es un tema que debe estar presente en la agenda gubernamental de los países, y la República Dominicana no es la excepción. Las claves se pueden orientar hacia tres direcciones: 1. Avanzar en el desarrollo de información y datos que indiquen proporción del tamaño; 2. Legislar sobre PDA, con una ley que incluya incentivos a los distintos actores, incluido el sector privado, para promover la reducción de desperdicio, usando nuevas tecnologías; y 3. Un llamado al sector privado a incorporar buenas prácticas enfocadas al manejo del desperdicio alimentario, y a los consumidores para la adopción de un consumo responsable de alimentos.