Esta pandemia no tiene precedentes y genera grandes incertidumbres y privaciones en todo el mundo, afectando tanto la salud pública como el bienestar social, y económico de la población, además de su seguridad alimentaria y nutrición. Lo que hace esta situación tan desafiante es lo impredecible que es. Mientras que la crisis pierde intensidad en algunos países, en otros resurge o se mantiene. Las restricciones a la circulación, las cuarentenas, las barreras al comercio y los retrasos en los transportes han perturbado las cadenas de suministro alimentario, el comercio y la logística, generando mayores afectaciones en los países en desarrollo.
Los gobiernos y los donantes se han centrado, acertadamente, en cubrir las necesidades inmediatas de los grupos más pobres y vulnerables. Muchos han perdido sus trabajos o sufrido una disminución drástica de sus ingresos. La asistencia alimentaria de emergencia, las intervenciones en materia de nutrición, además de los programas más robustos de protección y de seguridad social pueden ayudar a sobrellevar estas épocas difíciles.
También es decisivo que las cadenas de suministro agrícolas y alimentarias sigan funcionando de forma eficaz, sobre todo durante los períodos de confinamiento, además de cumplir las medidas de seguridad derivadas de la COVID-19.
Es necesario que aquellos alimentos que cumplen con los requisitos de inocuidad alimentaria puedan cruzar las fronteras. Los agricultores deben poder acceder a insumos productivos, financiación y mercados para producir, cosechar y vender sus alimentos. Por su parte, los consumidores deben tener acceso a alimentos saludables, nutritivos y asequibles de forma segura.
Esta crisis, que afecta tanto a la oferta como a la demanda de alimentos, también presenta unas oportunidades singulares. Observamos grandes cambios en los hábitos de compra y alimenticios de la población. Se están empleando tecnologías digitales para establecer plataformas de comercio electrónico, lo que acorta las cadenas de suministro al conectar directamente a los agricultores con los minoristas y los clientes, sobre todos en las áreas urbanas y periurbanas.
Los gobiernos y el sector bancario podrían colaborar para suavizar las perturbaciones mediante financiación combinada, facilitando líneas de crédito y sistemas de garantía para las pequeñas y medianas empresas. Los pequeños productores y las cooperativas de áreas rurales pueden tener más dificultades para acceder a financiación y créditos para las siguientes temporadas de siembra y cosecha. Debido a las restricciones, puede que sea imposible acudir en persona a un banco. Los bancos pueden ayudar a sus clientes a cumplir las reglas de distanciamiento físico y a minimizar retrasos impulsando la banca móvil.
En Bangladesh, una iniciativa piloto está utilizando centros de llamadas virtuales que prestan servicios de asesoramiento a los agricultores, ayudándoles a utilizar medios digitales existentes para el comercio electrónico y los pagos sin el uso de dinero efectivo. Estas y muchas otras medidas son relativamente sencillas de aplicar y aseguran una amplia difusión y una comunicación en tiempo real con una infraestructura mínima.
Debemos actuar con rapidez tanto en materia de políticas como de inversiones, pero tenemos que procurar evitar soluciones genéricas o no específicas.
Ahora será todavía más difícil alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030, sobre todo los relativos a poner fin al hambre y a la pobreza. Debemos redoblar esfuerzos para crear sistemas agroalimentarios sostenibles que estén mejor preparados para resistir crisis y situaciones extremas.
Si antes ya no servía un enfoque tradicional de “hacer las cosas como siempre", ahora es todavía menos efectivo.
En los últimos 20 años nos hemos enfrentado a la crisis de precios de los alimentos de 2008, a la que siguió la crisis financiera de 2009, y ahora a la COVID-19. Tenemos que preguntarnos cuáles fueron nuestros aciertos y nuestros errores en 2008, y qué podemos aprender de la crisis actual.
Sabemos que los planes de inversiones y las políticas tienen que adaptarse a las circunstancias y las necesidades específicas del país en cuestión. Para ello se requieren datos de buena calidad y análisis rápidos que puedan señalar los problemas e identificar posibles soluciones.
Es extremadamente urgente ayudar a los países a afrontar esta nueva realidad, ya sea mediante la reestructuración de proyectos de inversión en marcha o diseñando nuevos proyectos que aborden directamente los desafíos de la COVID-19 para los sistemas agroalimentarios, entre otras medidas. Muchos de nuestros especialistas en inversiones trabajan exclusivamente en esta cuestión.
Cuando la pandemia empezó a extenderse, colaboramos con el Banco Mundial, un aliado desde hace muchos años, en el diseño de una herramienta para el diagnóstico y evaluación de inversiones que recabe y analice rápidamente información sobre la seguridad alimentaria y el sector agroalimentario. Con estos datos se podrán reformular las propuestas de proyectos para responder a los desafíos planteados por la COVID-19, así como generar información sobre nuevas inversiones que ayuden a los países a afrontar la crisis y acelerar su recuperación. En muchos países ya se están realizando dichas evaluaciones.
Los países esperan de la FAO que les oriente en materia de políticas para dar respuesta a la COVID-19. Hemos realizado aportaciones a varios informes de políticas sobre diversos temas, tales como: orientación para los pequeños Estados insulares en desarrollo; el rol de los gobiernos locales para mantener los sistemas alimentarios en funcionamiento; mercados nacionales y agricultura digital. Estamos implementando seminarios en línea sobre agricultura digital y contribuyendo a estudios temáticos. Por ejemplo, trabajamos en un estudio sobre recursos pecuarios y el enfoque "Una Salud" con el Banco Mundial y nuestra Oficina Regional en África, y en otro en Asia oriental y el Pacífico sobre el mismo enfoque y la reducción de los riesgos de enfermedades infecciosas emergentes con origen en la fauna silvestre.
Estamos colaborando con el Banco Mundial y otros socios financieros con los que trabajamos desde hace años, como el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y el BERD (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo) para reestructurar operaciones de inversión a fin de incluir financiamiento a respuestas urgentes y de medio-plazo de la COVID-19.
Con el BERD, por ejemplo, estamos preparando un paquete conjunto sobre la COVID-19 para financiar asistencia técnica en Europa central y oriental, Asia central, Turquía y el Mediterráneo sur y oriental. La idea es limitar las perturbaciones a corto plazo en las cadenas de valor agroalimentarias promoviendo, a la vez, una transición a sistemas agroalimentarios más resilientes y sostenibles.
También hemos integrado actividades de respuesta a la COVID-19 en los proyectos del Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria (PMASA), incluidos los que se desarrollarán en Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Liberia y la República Centroafricana. Además, trabajamos con otros departamentos de la FAO, en concreto con el de Agricultura y el de Pesca, en estudios sobre la respuesta a la COVID-19 en varios países.
Estamos contribuyendo a los instrumentos en línea de políticas de la FAO, como el uso de big data para disponer de información en tiempo real sobre el impacto de la COVID-19 en la alimentación y la agricultura, las cadenas de valor, los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria mundial. También promovemos reuniones ministeriales de alto nivel sobre la crisis, incluida una reunión sobre seguridad alimentaria en África convocada conjuntamente por nuestro Director General y la Unión Africana.
El mandato de la Organización nos obliga a centrarnos primero en las personas más vulnerables y en sus necesidades. Seguiremos confiando en nuestras alianzas históricas con instituciones financieras internacionales y bancos regionales de desarrollo, y en nuestra colaboración con divisiones técnicas, oficinas regionales y nacionales de la FAO, para ayudar a los países a minimizar las perturbaciones causadas por la COVID-19 en la alimentación y la agricultura.
Tenemos mucha experiencia en acercar a las partes, tanto del sector público como del privado, incluidos los agricultores y sus organizaciones, para debatir políticas y eliminar bloqueos.
Además, estamos asesorando a estos socios sobre puntos de entrada para la financiación combinada, con el fin de solucionar problemas de liquidez y financiación, para establecer cadenas de valor agroalimentarias más resilientes. A través de la iniciativa AgrIntel, financiada por la Unión Europea, la FAO ha asesorado de forma periódica a fondos y entidades que invierten en el sector agroalimentario.
A medida que la crisis avance, seguiremos defendiendo el diálogo en materia de políticas, prestando asistencia técnica donde se precise, compartiendo conocimientos e innovaciones y sensibilizando sobre la situación en los medios de comunicación.
Realizar inversiones acertadas hoy, ya sea en infraestructuras, capital humano, capacidades o tecnología, ayudará a crear sistemas alimentarios más resilientes e inclusivos para el futuro.