Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques

Los bosques de los territorios indígenas y tribales de América Latina juegan un rol decisivo para la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Los pueblos indígenas ocupan físicamente 404 millones de hectáreas en América Latina, lo que supone aproximadamente una quinta parte de la superficie total de la región (Garnett et al., 2018). Esto incluye todos los lugares en los que los habitantes se autoidentifican como indígenas, no solo aquellos en los que gestionan los bosques o los territorios de forma colectiva; y los 404 millones de hectáreas no son todos forestales. De estos 404 millones de hectáreas, 237 millones (casi el 60 %) se encuentran en la cuenca del Amazonas y están cubiertos por bosques: se trata de una superficie mayor que la de Alemania, España Francia, Italia, Noruega y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte juntos (Garnett et al., 2018).

Tradicionalmente, debido a una combinación de factores, estos bosques han estado mucho mejor protegidos que otros bosques de la región. (Porter-Bolland et al., 2012). En 2019, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) citó resultados que demuestran que la existencia de derechos territoriales sólidos influye en las menores tasas de deforestación y degradación de los bosques que se observan en territorios indígenas.

En casi todos los países de América Latina los territorios indígenas y tribales tienen tasas de deforestación más bajas que otras zonas forestales. Un estudio sobre bosques intactos publicado el año pasado mostró que, entre 2000 y 2016, los bosques intactos habían disminuido en todo el mundo. Pero los bosques gestionados por los pueblos indígenas se habían reducido mucho menos que los bosques fuera de esas zonas: un 4,9% frente a un 11,2%, respectivamente. (Fa et al.,l 2020). Entre 2006 y 2011, los territorios indígenas de la Amazonía peruana fueron dos veces más eficaces en la reducción de la deforestación que otras áreas protegidas con condiciones ecológicas y accesibilidad similares (Schleicher et al., 2017). La situación en la Amazonía brasileña fue similar entre 2001 y 2009 (Nolte et al., 2013; Jusys 2018). Las áreas de manejo forestal comunitario indígena en la Selva Maya en la Península de Yucatán, México, han tenido menores tasas de deforestación que las entonces Áreas Nacionales Protegidas (ANP) (Bray et al., 2008).

Las amenazas a estos bosques van en aumento y ya no se puede asumir que seguirán bien protegidos sin un mayor apoyo. Casi la mitad (45%) de los bosques intactos que quedan (grandes áreas forestales no degradadas) en la cuenca del Amazonas se encuentran en territorios indígenas (Fernández-Llamazares et al., 2020). Si los territorios indígenas y tribales de la cuenca del Amazonas perdieran una parte importante de sus bosques, la evidencia sugiere que esto podría llevar a un punto de inflexión, provocando una reacción en cadena, reduciendo las precipitaciones y aumentando las temperaturas locales, lo que, a su vez, conduce a una mayor pérdida de bosques debido a las sequías y los incendios forestales. Las comunidades indígenas y tribales siguen superando a los gestores de otros bosques tropicales, pero los incendios, la minería y la tala insostenible han afectado cada vez más los bosques en casi todos los países de la cuenca amazónica desde 2012 (Walker et al., 2020).

Esta tendencia se refleja en las investigaciones realizadas en toda América Latina, que sugieren que los bosques de los territorios indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay se han fragmentado cada vez más. Entre 2000 y 2016, por ejemplo, la superficie de bosques intactos en los territorios indígenas y tribales se redujo un 20% en el Estado Plurinacional de Bolivia, un 30% en Honduras, un 42% en Nicaragua y un 59% en Paraguay (Fa et al., 2020).

La investigación y la experiencia demuestran que para proteger eficazmente estos bosques en el futuro, así como los medios de vida y las culturas de los pueblos indígenas que dependen de ellos, será necesario invertir más y obtener mayor apoyo político para: Los derechos territoriales colectivos, el manejo forestal comunitario indígena; el pago por servicios ambientales; la revitalización cultural y los conocimientos tradicionales; así como el fortalecimiento de las organizaciones indígenas y tribales, incluida la participación equitativa de las mujeres y los jóvenes.

Los territorios de los pueblos indígenas y tribales de América Latina almacenan más carbono que todos los bosques de Indonesia o del Congo -los dos países con más bosques tropicales después de Brasil. (Walker et al., 2014). Los territorios de los pueblos indígenas y tribales de América Latina almacenan unos 34 000 millones de toneladas métricas de carbono (MtC) (Saatchi et al., 2011; Walker et al., 2014; Frechette et al., 2018), es decir, el 14% de todo el carbono almacenado en los bosques tropicales del mundo. A pesar de que los territorios indígenas cubren el 28% de la cuenca del Amazonas, solo generaron el 2,6% de las emisiones (brutas) de carbono de la región (Walker et al., 2020).

Si las emisiones de carbono de los bosques de estos territorios se elevaran a los niveles de otros bosques similares de la región, podría suponer un gran retroceso en los esfuerzos por mitigar el cambio climático. En muchos países latinoamericanos estos bosques son igual o más importantes para la conservación de la biodiversidad que las áreas protegidas. Solo en Brasil, los territorios indígenas tienen más especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que en todas las áreas protegidas del país fuera de estos territorios (Schuster et al., 2019).

Se ha demostrado que los derechos territoriales indígenas, los pagos por servicios ambientales y el manejo forestal comunitario reducen eficazmente la deforestación y la degradación de los bosques en los territorios indígenas. Al precio actual pagado por el Fondo Verde del Clima de 5 USD por tonelada de CO2 equivalente de emisiones reducidas, la inversión en los territorios de las comunidades indígenas y tribales podría ahorrar 570 millones de USD al año en emisiones de carbono, además de tener muchos otros beneficios sociales y medioambientales. Los fondos invertidos podrían utilizarse para mejorar la seguridad de la tenencia indígena y tribal, pagar por servicios ambientales, apoyar el manejo forestal comunitario y revitalizar las culturas indígenas y los conocimientos tradicionales.

Los programas de Pago por Servicios Ambientales en Ecuador, México, Costa Rica y Perú han financiado a cientos de comunidades indígenas y tribales para conservar más de cuatro millones de hectáreas de bosque. Brasil destaca como un país en el que se reconocieron grandes áreas de territorios indígenas antes de 2015 y que contribuyó notablemente a la disminución de la deforestación. México ha sido el país que más ha avanzado en el manejo forestal comunitario indígena, pero también se observan notables casos de éxito en el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala y Perú, entre otros países. En la mayoría de estos casos, la disminución de la financiación y el apoyo del gobierno a estos esfuerzos ha puesto en peligro estos éxitos.

Hay una combinación de políticas que son necesarias para lograr este objetivo, incluyendo el reconocimiento formal de los derechos de los territorios ancestrales indígenas y tribales que aún no han recibido dicho reconocimiento; abordar la ocupación ilegal de los territorios indígenas y tribales; respetar el derecho de los pueblos indígenas y tribales al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en relación con cualquier intervención de desarrollo, pero especialmente con respecto a la minería, la tala y los proyectos de energía en sus territorios.

Otras soluciones incluyen compensar a los pueblos indígenas y tribales por sus esfuerzos para proteger y gestionar sus bosques, llegar a acuerdos con las autoridades y los líderes indígenas y tribales sobre planes relacionados con la gestión territorial (uso de la tierra, uso del agua, manejo de los bosques, preservación de la biodiversidad, lugares patrimoniales y sagrados, etc.), y coordinar acciones para garantizar que éstos se respeten. También incluyen financiar los esfuerzos para apoyar la revitalización cultural y el conocimiento tradicional, así como reconocer y apoyar las estructuras organizativas y autoridades tradicionales indígenas y tribales y fomentar la participación equitativa de las mujeres y los jóvenes indígenas.

La inseguridad en la tenencia de la tierra y del territorio constituye un desafío considerable debido a la invasión ilegal por parte de ganaderos, leñadores, agricultores, pequeños mineros, narcotraficantes, especuladores agrarios y otros, a los proyectos mineros y energéticos establecidos sin su consentimiento, la disminución de la financiación gubernamental para la conservación y gestión de los bosques, el exceso de regulación del manejo forestal comunitario -que limita la rentabilidad de estas actividades. La pandemia ha agravado estos problemas, ya que los gobiernos han reducido su presencia en las zonas rurales o se han visto obligados a imponer restricciones a la movilidad debido a las medidas sanitarias.

El costo por hectárea de reconocer formalmente los derechos territoriales indígenas y garantizar su respeto permanente es bajo. Se ha demostrado que estas medidas reducen significativamente la pérdida de bosques y las emisiones de carbono. Hay cientos de millones de hectáreas de bosque en América Latina -un área del tamaño de México o dos veces el tamaño del Estado Plurinacional de Bolivia- donde probablemente costaría menos de 10 USD por tonelada de CO2 equivalente reducir las emisiones de carbono. Un costo bajo comparado con otras opciones de mitigación del cambio climático.

Muchos pueblos indígenas y tribales tienen mejor manejo de los bosques porque sus pautas tradicionales de producción y consumo son menos perjudiciales para los bosques y porque tienen más experiencia práctica y conocimientos tradicionales en su gestión. La gran mayoría de los bosques gestionados por pueblos indígenas y tribales no practican la ganadería extensiva ni la agricultura mecanizada, dos de las mayores amenazas para los bosques latinoamericanos.

Las comunidades indígenas y tribales suelen tener más conocimientos sobre plantas medicinales, frutos del bosque y gestión de los incendios, conocimientos de los que carecen las comunidades con menos experiencia de vida y trabajo en los bosques. Por ejemplo, entre 2006 y 2011, los territorios indígenas de la Amazonia peruana redujeron la deforestación dos veces más que otras áreas protegidas con condiciones ecológicas y accesibilidad similares. Las zonas indígenas de América Latina tienen menos incendios forestales que otras zonas (Nelson y Chomitz, 2011). Se pueden encontrar excepciones, donde los pueblos indígenas y tribales no han manejado bien sus bosques. Sin embargo, estas excepciones no invalidan la conclusión general.

Con el reconocimiento formal de sus derechos territoriales y el apoyo a sus medios de vida, pueden demarcar sus bosques para que los extraños sepan que no pueden utilizar esa tierra, controlar las invasiones ilegales de sus bosques, coordinarse con las autoridades para que expulsen a los intrusos y realizar diversos tipos de actividades de gestión forestal para mantener sus bosques en buen estado.

Sí. Hay datos sólidos de la cuenca del Amazonas y de la mayoría de las demás zonas forestales de América Latina que demuestran que las emisiones de CO2 de los territorios indígenas y tribales son mucho más bajas que las de otras zonas con condiciones ecológicas y de aislamiento similares. Muchos territorios indígenas evitan la deforestación tan bien o mejor que las áreas protegidas no indígenas. Por ejemplo, entre 2006 y 2011, los territorios indígenas de la Amazonia peruana redujeron la deforestación dos veces más que las áreas protegidas con condiciones ecológicas y accesibilidad similares. Las zonas indígenas de América Latina tienen menos incendios forestales que otras zonas (Nelson y Chomitz, 2011). Con el reconocimiento formal de sus derechos territoriales y el apoyo a sus medios de vida, pueden demarcar sus bosques para que los forasteros sepan que no pueden utilizar esa tierra, vigilar las invasiones ilegales de sus bosques, coordinarse con las autoridades para que los intrusos sean desalojados y realizar diversos tipos de actividades de gestión forestal para mantener sus bosques en buen estado.

Son importantes porque permiten a estas comunidades mantener alejados a los grupos extraños que quieran realizar actividades que amenazan los bosques. Son mucho más importantes ahora que en el pasado porque las amenazas de estos grupos externos están aumentando rápidamente. También son importantes porque proporcionan un marco para que estas comunidades elijan a sus autoridades y gestionen sus asuntos, y para que esas autoridades e instituciones locales puedan ayudar a garantizar una buena gestión de los bosques.

Hasta hace unas décadas, en general los bosques de los territorios indígenas y tribales estaban bastante bien protegidos. Esto se debía en parte a las características culturales y los conocimientos tradicionales de estos grupos, pero también a las políticas gubernamentales y al aislamiento de muchas de estas comunidades, entre otros factores. Con la creciente demanda de productos agrícolas, forestales, minerales y de energía, los cultivos ilícitos, las inversiones en infraestructuras que han hecho más accesibles los territorios indígenas y los cambios en las políticas gubernamentales, las amenazas a estos bosques han aumentado, especialmente en la última década.

Entre 2016 y 2018, la deforestación aumentó un 150% en los territorios indígenas de Brasil (Walker et al., 2020). Como resultado de la deforestación y de la fragmentación de los bosques, la superficie de grandes bosques no perturbados en los territorios indígenas se redujo un 20% en el Estado Plurinacional de Bolivia, un 30% en Honduras, un 42% en Nicaragua y un 59% en Paraguay entre 2000 y 2016 (Fa et al., 2020). Cientos de líderes comunitarios indígenas y afrodescendientes han sido asesinados desde 2017, especialmente en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú, donde los gobiernos aún no han implementado medidas efectivas para detener la violencia (Global Witness, 2018, 2019, 2020). Casi una cuarta parte de las tierras de los territorios indígenas de la cuenca amazónica tiene concesiones mineras y petroleras que se superponen (Walker et al., 2020).

Las principales soluciones son aumentar los esfuerzos de los gobiernos para reconocer y garantizar el respeto de los derechos territoriales indígenas y tribales; aumentar las inversiones en manejo forestal comunitario, pago por servicios ambientales, revitalización cultural, conocimientos tradicionales y organizaciones indígenas y tribales. Una mayor financiación internacional climática y de la biodiversidad para estos esfuerzos es clave porque estas actividades proporcionan beneficios globales y la pandemia ha limitado la capacidad de los gobiernos latinoamericanos de pagar por ellas.

Establecer y mantener los derechos territoriales indígenas en las regiones de la cuenca del Amazonas de Brasil, Colombia y del Estado Plurinacional de Bolivia cuesta menos de 6 USD por hectárea al año. Eso significa que se podrían garantizar los derechos territoriales de 100 millones de hectáreas de bosques indígenas -una superficie que casi duplica el tamaño de toda Centroamérica- por menos de 600 millones de USD al año. Los investigadores también concluyeron que los beneficios climáticos y medioambientales de tales esfuerzos superan ampliamente su costo. Así pues, los pueblos indígenas y tribales ganan porque obtienen derechos territoriales seguros y la comunidad internacional gana porque obtiene beneficios climáticos y de biodiversidad muy superiores a lo que invierten.