Como parte integral de territorios más amplios, los bosques y los árboles contribuyen a la estabilidad y la vitalidad de los ecosistemas y a satisfacer las necesidades sociales.  El uso de enfoques integrados en la gestión forestal puede aumentar las sinergias entre los múltiples objetivos de ordenación territorial. Al tener en cuenta los puntos de vista, las necesidades y los intereses de todas las partes interesadas, entre ellas las comunidades locales y los usuarios de tierras, los enfoques territoriales pueden ser decisivos en la formulación de estrategias de medios de vida y de ordenación territorial sostenible. El diálogo entre las partes interesadas es especialmente importante, ya que se realizan adaptaciones con respecto a los usos y la gestión de la tierra.

El género es otro elemento importante que hay que tomar en cuenta, ya que los efectos del cambio climático afectan de manera diferente tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres dependen más de los recursos naturales que los hombres para su sustentamiento cotidiano y cuentan con menos medios para afrontar riesgos climáticos, por ejemplo, contra los desastres naturales. Es menos probable que las mujeres tengan acceso a recursos como crédito y efectivo, lo que vuelve más difícil su adaptación al cambio climático.

Algunos impactos del cambio climático exigen que los gestores forestales tengan una perspectiva amplia que vaya más allá de sus unidades de gestión. Por tanto, la adopción de un enfoque territorial puede contribuir a identificar las medidas de mitigación y adaptación forestales que proporcionen los mejores resultados económicos, sociales y ambientales.

Las alianzas y los enfoques participativos reconocen la importancia de integrar a todas las partes interesadas que actúan en el sector forestal en la gestión o cogestión de los recursos forestales. Las partes interesadas del sector forestal son todas aquellas personas que dependen de los bosques o se benefician de ellos y las que adoptan decisiones, controlan o reglamentan el acceso a los bosques. Las alianzas y los enfoques participativos pueden operar en varios niveles, desde el nacional hasta el local, y pueden incluir a las autoridades estatales y locales, los organismos de extensión forestal, las comunidades dependientes de los recursos forestales, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las entidades del sector privado, las organizaciones académicas y de investigación y a los gestores forestales,  incluidas las mujeres, la juventud y los pueblos indígenas. Las alianzas y los enfoques participativos serán esenciales para las respuestas eficaces de la gestión ante el cambio climático.

Las respuestas eficaces a algunos de los impactos del cambio climático requerirán iniciativas a nivel nacional, regional o territorial. Los impactos del cambio climático son intersectoriales, lo que significa que, para prepararse a ellos, es necesaria la coordinación entre los organismos gubernamentales, las ONG y otras partes interesadas en múltiples sectores, como recursos naturales, salud y seguridad pública, emergencia y gestión de riesgo de catástrofes, recreación y desarrollo económico.

Pueden ser necesarios nuevos conocimientos teóricos y prácticos y competencias para permitir la adopción de decisiones y medidas oportunas y bien fundamentadas. Los gestores forestales y otras partes interesadas deben tener suficientes conocimientos y competencias para llevar a cabo las evaluaciones de vulnerabilidad y de riesgos, formular y revisar los planes de gestión, poner en práctica las medidas para adaptarse al cambio climático, y mitigarlo, así como realizar un monitoreo de los impactos del cambio climático y los resultados de las medidas relativas al cambio climático.

El alcance y la escala de las evaluaciones de vulnerabilidad, riesgo y las opciones de adaptación y mitigación llevadas a cabo por el gestor forestal dependerán de los siguientes factores:

• la esfera prioritaria de las evaluaciones;
• el tiempo disponible para las evaluaciones;
• las preguntas que se abordarán en las evaluaciones y las decisiones que las evaluaciones deben apoyar;
• los fondos disponibles para las evaluaciones;
• el nivel de apoyo de las principales partes interesadas, y
• el valor de los recursos que pueden estar en riesgo.

El objetivo de las evaluaciones de la vulnerabilidad y los riesgos es identificar a quiénes (es decir, qué grupos en una población) y qué (es decir, qué sistemas ecológicos e infraestructuras creadas por el hombre) son vulnerables a los impactos del cambio climático y a los riesgos de los efectos negativos. Las evaluaciones de la vulnerabilidad del cambio climático de los bosques y las comunidades dependientes de los recursos forestales pueden implicar una serie de enfoques y fuentes de información, tales como el conocimiento local, la opinión de expertos y la recopilación de datos exhaustivos y análisis técnicos. El primer paso de cualquier evaluación es identificar los posibles  impactos en los ecosistemas y sus consecuencias para el bienestar humano. Una vez identificados los probables impactos, se puede evaluar la vulnerabilidad de los bosques y las comunidades dependientes de los recursos forestales ante ellos y adoptar las medidas apropiadas.

A nivel nacional, los organismos gubernamentales e instituciones de investigación que recopilan y analizan la información relacionada con el clima son propensos a intervenir en la reducción de escala de los modelos climáticos mundiales y regionales a nivel nacional y subnacional. Asimismo, es probable que lleven a cabo evaluaciones de vulnerabilidad para diferentes sectores (por ejemplo, agricultura y forestería) y grupos de población. Los gestores forestales deberían obtener la información disponible de los organismos gubernamentales competentes y las instituciones de investigación o de otras fuentes, incluyendo los datos meteorológicos locales. Además, deben recoger información acerca de los impactos del cambio climático sobre los bosques de sus propias observaciones de campo y de los inventarios forestales, de otros sistemas de monitoreo y de los residentes locales. La información recopilada puede utilizarse para hacer predicciones sobre los impactos en el rendimiento de los productos y la prestación de los servicios medioambientales.

Por lo general, una evaluación de vulnerabilidad implica un análisis de sensibilidad del clima y una evaluación de la capacidad de los ecosistemas y las comunidades para adaptarse al cambio climático. Con el fin de analizar la sensibilidad de los bosques y las comunidades dependientes a los recursos forestales a las condiciones climáticas cambiantes, el gestor forestal, en colaboración con otras partes interesadas, deberá determinar:

• las tensiones actuales y previstas en el área forestal;
• las condiciones climáticas conocidas y la manera en que éstas afectan al área forestal;
• el cambio previsto de las condiciones climáticas y el probable impacto (o impactos) de estos cambios en los bosques, y
• los cambios esperados en las tensiones sobre los bosques como consecuencia de los posibles impactos del cambio climático.

Para evaluar la capacidad de un área forestal y de las comunidades dependientes de los recursos forestales a adaptarse al cambio climático, el gestor forestal, en asociación con otras partes interesadas, deberá tener en cuenta:

• la capacidad actual de un bosque o de una comunidad dependiente de los recursos forestales para adaptarse al cambio climático;
• los factores que limitan la capacidad de un bosque o de una comunidad dependiente de los recursos forestales para dar cabida a los cambios de las condiciones climáticas;
• si la tasa prevista del cambio climático puede ser más rápida que la capacidad de un bosque o de una comunidad dependiente de los recursos forestales a adaptarse, y
• los esfuerzos en curso en el lugar para abordar los impactos del cambio climático en los bosques y las comunidades dependientes de los recursos forestales.

El último paso en la evaluación de la vulnerabilidad y los riesgos consiste en combinar los resultados del análisis de sensibilidad del clima y la evaluación de la capacidad de adaptación a fin de determinar el grado en que los bosques y las comunidades dependientes de los recursos forestales son vulnerables al cambio climático. La evaluación de vulnerabilidad puede ser cualitativa (por ejemplo, alta, media o baja) o cuantitativa, en función de la información y los recursos disponibles.

La evaluación de la vulnerabilidad no debe considerarse estática, ya que las vulnerabilidades existentes cambiarán y surgirán otras nuevas como consecuencia de:

• los impactos del cambio climático sobre la frecuencia, la intensidad, la duración y el alcance de eventos climáticos específicos;
• la aparición de amenazas, como nuevas especies invasivas o enfermedades;
• nueva información sobre el modo en que el cambio climático puede afectar a los bosques;
• la aplicación de medidas de adaptación y mitigación, y
• cambios en el tamaño de la comunidad dependiente de los recursos forestales, la economía, las preferencias u otros factores que podrían influir en su vulnerabilidad frente al cambio climático.

Después de completar las evaluaciones para determinar de qué manera las condiciones del cambio climático afectarán a los ecosistemas forestales y las comunidades dependientes de los recursos forestales, el siguiente paso es examinar las opciones de gestión que podrían reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y permitir la adaptación al cambio climático y a la variabilidad del clima.

Muchas de las medidas que un gestor forestal podría adoptar para ayudar a que los bosques y las comunidades dependientes de los recursos forestales se adapten al cambio climático entrañan un alto grado de incertidumbre. Hay varios criterios para evaluar las opciones de adaptación entre los que figuran los siguientes:

• calendario/urgencia de adoptar medidas – aquellas medidas sobre las que ulteriores retrasos podrían incrementar la vulnerabilidad o dar lugar a un aumento de los costos en una etapa posterior;
• costo – el costo general de las medidas propuestas, incluidos los recursos humanos y de otro tipo, así como los costos económicos y beneficios, cuando proceda;
• beneficios conjuntos – en caso de que las medidas tuvieran efectos negativos o positivos sobre otros aspectos de la gestión, los sectores o los sistemas forestales o sobre las poblaciones vulnerables;
• eficiencia y eficacia – el grado en que la medida puede efectivamente reducir el riesgo;
• “utilidad a ultranza” – aquellos enfoques que tendrán un efecto positivo, incluso si no se producen los impactos del cambio climático. Esas medidas son especialmente útiles cuando sigue habiendo un elevado nivel de incertidumbre sobre el tipo o el grado de impactos del cambio climático;
• flexibilidad o robusteza – medidas que permiten realizar ajustes o cambios en el futuro si los impactos del cambio climático son distintos a los previstos;
• viabilidad – la viabilidad económica, social, tecnológica y ambiental de la aplicación de una medida (incluidas condiciones favorables como leyes y políticas para el éxito de la aplicación de la medida );
• participación – las partes interesadas que deberían participar para garantizar los buenos resultados de la ejecución de la opción, y
• monitoreo – los indicadores de éxito de la opción y el modo de realizar su seguimiento.

Los gestores forestales deben comparar los costos de la mitigación del cambio climático con los beneficios e identificar los efectos negativos y positivos en el logro de otros objetivos de gestión forestal deseados. Los gestores forestales deberían tratar de incrementar en la mayor medida posible los beneficios económicos y sociales y reducir al mínimo los costos sociales y ambientales del ajuste de los planes de gestión forestal para la mitigación del cambio climático.

En 2010, la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adoptó una decisión sobre la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques y sobre la conservación forestal, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono, normalmente conocida como REDD+. La REDD+ está diseñada como un mecanismo nacional (o en algunos casos subnacional) que proporcionaría incentivos a los países en el logro de las reducciones verificadas de emisiones o absorciones de carbono en los bosques a nivel nacional. La accesibilidad de los beneficios derivados de las actividades de la REDD+ a los gestores forestales dependería de los acuerdos existentes en el país relativos a la participación en los beneficios de la REDD+.

Las opciones de mitigación disponibles para los gestores forestales pueden agruparse en cuatro categorías generales:

• mantenimiento de la superficie cubierta de bosques y fomento de la conservación y la protección de los bosques para reducir las emisiones debidas a la deforestación;
• mantenimiento o aumento de la densidad de carbono en el rodal y el territorio, manejo de los bosques de producción de madera y restablecimiento de los bosques degradados a fin de reducir las emisiones derivadas de la degradación forestal;
• aumento de la superficie cubierta de bosques mediante la forestación y la reforestación para fortalecer los sumideros forestales de carbono, y
• sustitución de productos (por ejemplo, sustitución de combustibles fósiles por combustible de madera).

La designación de los bosques para la conservación (especialmente los parques y otros espacios protegidos) o para la protección (sobre todo protección de los recursos del suelo y agua), donde se prohíbe o se limita la extracción de madera, no puede ser considerada una medida de mitigación a menos que estos bosques hubieran sido sido desbrozados o degradados.

Para evaluar las opciones de mitigación, los gestores forestales necesitan información al menos sobre lo siguiente:

• políticas y reglamentos nacionales relacionados con los incentivos para llevar a cabo las medidas de mitigación (y posibles desincentivos para no hacerlo);
• opciones de mitigación que sean factibles, habida cuenta de la cubierta forestal existente y de los actuales obejtivos de gestión forestal;
• el potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (es decir, la posibilidad de mantener o aumentar las reservas forestales de carbono) en el tiempo como consecuencia de la adecuación de los planes o las prácticas de gestión;
• los requisitos para la medición del carbono forestal y la verificación de la mitigación;
• los requisitos para garantizar que no se produzcan “fugas de emisiones” (esto es, cambios en el manejo de una unidad forestal de gestión que se traducen en emisiones de gases de efecto invernadero en otros lugares);
• la capacidad para demostrar que el gestor forestal no llevaría a cabo las actividades de mitigación de todas formas (es decir, que se trata de algo “adicional” a las prácticas habituales en la gestión del bosque);
• los costos reales y de oportunidad, así como los beneficios, de la aplicación y el monitoreo de las medidas de mitigación, y
• los posibles efectos secundarios económicos, sociales y ambientales positivos y negativos derivados de la aplicación de las medidas de mitigación.