FAO en Honduras

Parlamentarios de América Latina y el Caribe y África compartieron sus experiencias de lucha contra el hambre con la OCDE

Los parlamentarios cuentan con atribuciones que les permiten dotar a los gobiernos de los recursos, humanos e institucionales necesarios para erradicar el hambre
13/04/2017

¿Cómo pueden contribuir los parlamentos a la erradicación del hambre en el mundo? El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y su par africano, la Alianza Panafricana por la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, respondieron esta pregunta en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Parlamentarios de ambas regiones expusieron sobre el rol fundamental que juega el poder legislativo para la erradicación del hambre en un evento lateral de la reunión de la Red de prevención de crisis alimentarias de la OCDE que se lleva a cabo en París,

Según la FAO, la experiencia de América Latina y el Caribe demuestra claramente que si las políticas y programas públicos de lucha contra el hambre son respaldados por leyes, los indicadores de nutrición mejoran de manera significativa.

“Los parlamentarios cuentan con atribuciones que les permiten dotar a los gobiernos de los recursos, humanos e institucionales necesarios para erradicar el hambre”, explicó la senadora mexicana y coordinadora de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre (FPH) de América Latina y el Caribe, Luisa María Calderón.

Calderón explicó que los frentes parlamentarios promueven nuevos marcos legales o mejoran los ya existentes, otorgando un respaldo legal e institucional fundamental para la lucha contra el hambre y la malnutrición.

Los legisladores de África y América Latina destacaron el rol que juegan los frentes parlamentarios contra el hambre para crear políticas de Estado fundadas en acuerdos multi-partidarios, que convierten el derecho a la alimentación en una prioridad de primer nivel que trasciende diferencias políticas.

Trascender las diferencias políticas

Según la FAO, uno de los roles que han jugado los frentes parlamentarios de África y América Latina y el Caribe ha sido la creación de las leyes necesarias para que la lucha contra el hambre sea asumida como una política de Estado, de largo plazo, que no depende de la voluntad política de los gobiernos de turno.

Según los legisladores reunidos en París –quienes fueron invitados por el Secretariado del Club del Sahel y África Occidental/OCDE con el apoyo de la Cooperación Española– una clave del éxito de los frentes parlamentarios contra el hambre ha sido su pluralidad: su capacidad de reunir miembros de todo el espectro político en un proyecto común que trasciende las diferencias partidarias.

El Director General señaló a fines de 2016 que gran parte de los progresos realizados en América Latina y el Caribe – la región que ha hecho los mayores avances en la erradicación del hambre– se debió al hecho que parlamentarios de todo el continente convirtieron la erradicación del hambre en una prioridad política.

“La voluntad política sigue siendo el factor decisivo para generar progresos reales para acabar con el hambre y la desnutrición”, explicó Graziano da Silva.

Una mejora histórica en la garantía del derecho a la alimentación en ALC

América Latina y el Caribe fue la primera región del mundo en crear frentes parlamentarios contra el hambre: hoy 17 países ya han conformado versiones nacionales, los cuales complementan la labor del Frente Parlamentario contra el Hambre regional, que se ha transformado en un espacio de referencial mundial.

El FPH nació de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, el primer compromiso adoptado por todos los países de la región para no sólo disminuir sino erradicar el hambre al año 2025.

Según la FAO, bajo los auspicios del FPH, se han aprobado 21 leyes relativas a la seguridad alimentaria que, en su conjunto, representan una mejora histórica en la promoción y garantía del derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe.

Esto incluye leyes de alimentación escolar en Brasil (2009) y Bolivia (2015), de agricultura familiar en Argentina (2015) y Perú (2015) y de derecho a la alimentación y/o seguridad alimentaria en México (2011), Nicaragua (2015), Honduras (2011) y República Dominicana (2016).