Foto: FAO / Maximiliano Valencia

En Uruguay nuestros hábitos alimenticios están desactualizados y nos hacen mal.

¿Por qué lo escribo? Porque las cifras de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud presentadas en mayo 2018 lo demuestran; establecen que el 36% de los niños tiene sobrepeso y el 12% sufre obesidad.

Esto es resultado de la malnutrición por exceso: exceso de grasas, sal, azúcares y cantidad de alimentos. Además, el 56% de los niños no incluye suficiente variedad de nutrientes en su dieta.

Si nos referimos a la información sobre enfermedades crónicas no trasmisibles, generada en 2013, el 39% de la población adulta de Uruguay sufre hipertensión arterial, el 37% tiene sobrepeso y el 28%, obesidad.

Además, nueve de cada diez uruguayos consume menos de cinco porciones de frutas y verduras por día, el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la FAO.

Lo único que sí estamos logrando es superar nuestro sedentarismo, que aun así se mantenía en un 30% en 2013, mientras que afectaba al 35% de los uruguayos en 2006.

Algunos de estos datos son del año 2013 y nos interesaría mucho conocer indicadores nacionales para este año 2018 y, sin duda, también poder disponer a futuro de mediciones periódicas actualizadas que nos permitan monitorear este importante asunto.

De todas maneras, los números ya demuestran que nuestros hábitos alimenticios no son acordes al estilo de vida que tenemos. Evidentemente, nos están provocando trastornos de salud que no nos permiten disfrutar de una buena calidad de vida.

De lo privado a lo público

Ante esta realidad, parece justo plantear la urgencia de desarrollar una política alimentaria voluntaria. ¿Por qué aún no se ha hecho?

Quizá aún no se ha hecho porque en nuestra cultura la alimentación se entiende como una responsabilidad privada, del hogar y que lo que le compete al país y al Gobierno es asegurarse de que no falten alimentos. La calidad de la alimentación estaría entonces a cargo de los adultos, en el ámbito doméstico.

Es en parte cierto, todos tenemos la responsabilidad individual de alimentarnos bien y de alimentar bien a nuestros hijos.

Pero al convertirse en un problema que afecta la calidad de vida de gran parte de la población, la responsabilidad individual debe ir acompañada de políticas públicas fuertes y coordinadas, que vayan en el mismo sentido.

Los malos hábitos alimenticios pasaron a ser –también- un asunto de Estado. Hay demasiados adultos con sobre peso, con problemas de rodillas, con bastón, problemas de circulación y de hipertensión. Y además tenemos niños con sobrepeso, obesidad y alta presión.

Por eso no cabe duda de que nuestros hábitos alimentarios no son los adecuados para la vida del siglo XXI.

Entonces, hablemos de políticas alimentarias.

¿Políticas para qué?

Políticas para poner fin a los ambientes obesogénicos. A través de la propaganda –canal natural por el cual las empresas promueven el consumo de sus productos- estamos favoreciendo una alimentación que nos enferma.

Políticas para educar e informar sobre cómo alimentarse. La información al momento de comprar es clave. Por eso, Uruguay avanza, al igual que otros países de la región, en mejorar el etiquetado de alimentos. 

Es probable que en el correr de las próximas semanas se establezca una mejor regulación del etiquetado de alimentos para que todos podamos decidir, en conocimiento de causa, lo que queramos comprar y consumir.

Son políticas alimentarias nacionales similares a las que se desarrollan en otros países del mundo.

De hoy para el futuro

Corregir nuestros hábitos alimentarios sin duda llevará varios años, es un cambio de paradigma, un cambio permanente respecto a qué es lo deseable para alimentarse.

Se trata de pasar a pensar en lo saludable, de aprender a apreciar en su justo valor lo que nos hace bien.

Resumiendo, una política alimentaria fortalecida supondría trabajar en eliminar los ambientes obesogénicos y educar en alimentación para alcanzar una mejora de los indicadores de salud alimentaria en Uruguay.

Para lograr este objetivo, hacen falta medidas legislativas tanto nacionales como departamentales.

Ya se están aplicando algunas iniciativas y otras aún están en algún tintero, todas con el fin de regular la forma en que se producen, comercializan y promueven los alimentos, para mejorar los hábitos de consumo en Uruguay.

Este conjunto de normas, decretos e iniciativas públicas necesitan una coordinación que podría brindar la Ley Marco sobre el Derecho a la Alimentación, que está en consideración en el Parlamento, y que ordenaría, como sugiere su nombre, las diversas iniciativas de política pública.

Lograr que se ponga en marcha una verdadera política alimentaria en Uruguay está en manos de quienes quieran asumir su responsabilidad ante una sociedad que, a todas luces, se está enfermando por la forma en que se alimenta.

 Autor: Vicente Plata, oficial a Cargo de la Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Uruguay.