De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, se estima que más de 2,7 millones de productores/as de la Agricultura, Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) podrían beneficiarse de la Ley de Compras Públicas de Alimentos, –Ley 2046 de 2020– la cual ordena que todos los programas e instituciones del gobierno nacional que compren alimentos con recursos públicos de forma directa o indirecta deben incluir la participación de pequeños/as productores/as locales, productores de la ACFC y de sus organizaciones legalmente constituidas dentro de una zona geográfica local.

Y eso lo hace realidad cada institución con la destinación de al menos el 30% de los recursos para comprarles a campesinos/as de su territorio. Es decir, en lugar de acudir a las grandes cadenas de abastecimiento, un secretario de educación de cualquier municipio puede decidir comprar 30 por ciento de los alimentos de los restaurantes escolares a pequeños agricultores/as de su territorio.

El proceso es liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) con la cooperación técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El primer paso fue la creación de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos integrada por quince entidades y cuatro organizaciones sociales.

Las entidades que hacen parte de la Mesa son:

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
• Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Ejerce la Secretaría Técnica
• Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura (CONSA)
• Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
• Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Colombia Compra Eficiente
• Federación Colombiana de Municipios
• Federación Nacional de Departamentos (FND)
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
• Ministerio de Defensa Nacional
• Ministerio de Educación Nacional - Alimentos para Aprender
• Ministerio del Interior
• Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS)
• Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)

El segundo paso clave para la implementación de esta iniciativa es diseñar la ruta técnico-operativa que permitirá avanzar en el registro de pequeños/as productores/as locales y sus organizaciones en la plataforma "Mi Registro Rural" del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El registro es fundamental para identificar y ubicar a campesinos, así como para caracterizar la oferta de alimentos, lo que facilitará la inclusión de estos actores en el mercado de Compras Públicas Locales.

Es evidente que una vez comiencen a hacerse realidad estas medidas, ganan todos. Las instituciones por contribuir al crecimiento del agro, los consumidores al tener acceso a productos frescos, variados y nutritivos y los productores porque aumentan sus posibilidades de mejorar sus ingresos, su calidad de vida y el desarrollo de sus parcelas y de su comunidad. 

Un compromiso integral

La primera tarea es cómo hacer que la ruta para acercar a pequeños/as productores/as con la demanda local no sea una barrera infranqueable que solo puede ser superada por aquellos mejor capacitados.

La ley contempla varias herramientas como por ejemplo, que las instituciones elaboren minutas acordes con la  producción y cultura alimentaria local; que el Gobierno Nacional establezca, a través del INVIMA, y de la mano de las organizaciones sociales, caracterizaciones de los productos  de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria; que a pequeños/as productores/as se les pague contra entrega, (una de las grandes dificultades que tienen es no poder ajustarse a los sistemas de pago tradicionales porque los recursos se requieren casi que inmediatamente para afianzar la economía del hogar).

Por su parte, el Gobierno Nacional tiene a su cargo la dinamización de la Mesa Técnica desde la cual se desarrollarán todas las acciones necesarias para materializar la ley. Es en este punto donde el MADR y la secretaría técnica de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con el acompañamiento de la FAO están ideando las estrategias idóneas que faciliten tomar las decisiones adecuadas que fomenten la participación activa de la ACFC y de pequeños productores/as en las Compras Públicas Locales de Alimentos.

Esta estrategia hará que la conexión entre la demanda y la oferta local sí sea una realidad y contribuya a la mejora de las condiciones de vida de quienes integran la ACFC, favorezca su reconocimiento y el de las mujeres, jóvenes y comunidades étnicas y también aporte a la realización del Derecho Humano a la Alimentación de estas comunidades y de los participantes finales de los programas y entidades públicas que entregan alimentos.

Contacto de prensa:
Nancy Villescas
Oficina de Comunicaciones
Representación FAO Colombia