Colombia, un país donde la geografía, el conflicto y la desigualdad se manifiestan en la distribución de la tierra, se encuentra ante el desafío de saldar deudas históricas para lograr la equidad y reducir la pobreza rural.  Según el informe de pobreza multidimensional del DANE en 2022,  la pobreza rural alcanzó el 27,3 %, en comparación con el 8,7 % en áreas urbanas; mientras que la pobreza monetaria se sitúo en un  45,9 %. 

A pesar de los avances dados en los últimos tiempos, es necesario dar continuidad a los procesos de formalización y regularización de la tenencia de tierras, así como la instauración de prácticas efectivas de gobernanza, fundamentales para fortalecer la economía rural y la seguridad alimentaria. 

En este contexto, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, en el marco de la Reforma Agraria, con la que se busca garantizar el acceso a la justicia en zonas rurales, así como la protección del campesinado, las víctimas del conflicto armado y grupos étnicos, es uno de los avances más recientes y significativos para el país. 

Resolver la problemática de la informalidad en la tenencia de la tierra, que supera el 50% según datos de la UPRA en 2019, y abordar los cerca de 37 mil procesos agrarios pendientes que buscan clarificar la propiedad de la tierra, así como una variedad de conflictos por uso y tenencia, son algunas de las tareas que el país asume con la creación de esta instancia. 

A lo anterior se suma la alta desigualdad en la distribución de la tierra, sobre lo que el IGAC y el DANE reportan que las grandes fincas de más de 200 hectáreas, que suman el 43,9 % de la tierra en el país, está en manos solo de un 1,6 % de los propietarios. 

En respuesta a los actuales desafíos en materia de tenencia y gobernanza de la tierra, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha venido trabajando en la construcción de diferentes metodologías y herramientas.  Estos esfuerzos se han consolidado en una publicación denominada: Variables Sociales como Medio Probatorio a considerar en la Jurisdicción Agraria. 

Esta publicación representa el trabajo de más de 5 años acompañando procesos agrarios y diferentes problemáticas en las regiones, apoyando informes especializados de la Corte Constitucional, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras; explica Alejandra Vega, especialista senior del área de tenencia y gobernanza de la tierra de la FAO en Colombia. 

Por su parte, Johana Delgado, viceministra de promoción de la justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho, destaca la importancia de este tipo de herramientas que facilitan el proceso de reconocimiento en la tenencia de la tierra de cara a la Jurisdicción Agraria y Rural; así como el diseño de un modelo de formación de jueces agrarios, aspecto clave para el proceso. 

Y es que la investigación cualitativa y técnica, así como la participación y la posibilidad de incluir un universo probatorio más allá del tradicional, en el que se encuentran elementos ligados a la cultura y la vida en la ruralidad, muestra otras formas de prueba. Esta es una oportunidad que trae la Jurisdicción Agraria y Rural, y que se refleja en la publicación presentada.
 

El caso de Arroyo Grande, del conflicto a la resolución en la tenencia de tierras 

Arroyo Grande, un corregimiento de Cartagena donde sus habitantes viven de la agricultura de subsistencia, la ganadería, la pesca artesanal y actividades informales relacionadas con el turismo, ha sido testigo de una historia rica y compleja. 

El origen de Arroyo Grande se remonta al siglo XIX, cuando los pobladores, que habían sido esclavizados, adquirieron un predio como compensación por 40 años de trabajo. En 1897 estas 113 familias se convirtieron en copropietarios y desde entonces han habitado de generación en generación. Sin embargo, con el paso del tiempo, el aumento de la población y la venta de algunos predios a otras personas ajenas a la comunidad, desencadenaron conflictos por la tenencia de tierras. 

En el año 2000 las comunidades denunciaron amenazas y perturbaciones, lo que, sumado al crecimiento de proyectos turísticos, hizo que los nativos comenzaran a perder el acceso a la franja costera, reduciendo así el desarrollo de sus medios de vida y con ello decayendo en su economía. 

Esta situación ocasionó la vulneración de sus derechos, su identidad étnica como afro, raizales y palenqueros, como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia T-601 de 2016, con la que dictó un conjunto de órdenes: realizar un proceso de clarificación de la propiedad, tramitar las solicitudes de titulación colectiva, y realizar un censo poblacional en Arroyo Grande para identificar a los miembros descendientes de los copropietarios en virtud de las líneas sucesorales, así como los miembros de los Consejos Comunitarios y el porcentaje de la población afrodescendiente. 

El cumplimiento de estas órdenes fue llevado a cabo por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con el acompañamiento técnico de la FAO, a través del uso de diferentes herramientas y metodologías sociales, con las que fue posible la identificación de descendientes de los terrenos de Arroyo Grande y la elaboración del contexto sociohistórico en el marco de la reconstrucción de las líneas sucesorales. 

Casos como este, detallado en la publicación Variables Sociales como Medio Probatorio a considerar en la Jurisdicción Agraria, destacan la efectividad en la aplicación de herramientas novedosas, como el análisis de redes, que, desde su concepción, involucra la puesta en marcha de técnicas con un enfoque sistemático y riguroso, y la interdisciplinariedad en todos los pasos de la ruta metodológica; optimizando el tiempo y recursos económicos, desde la validación y participación activa de las comunidades involucradas en la resolución de sus propios conflictos. 

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Tierra, elemento indispensable para el desarrollo rural sostenible 

En Colombia el 75,5 % de los municipios son rurales y en estos habita el 32% de la población. Sin embargo, el 64 % de los hogares no tiene acceso a tierras, lo que limita sus posibilidades para acceder a créditos, aumentar la innovación o dedicarse a la producción agropecuaria. 

Un panorama con el que se determina la apremiante necesidad de resolver los conflictos de tenencia y uso de la tierra, como punto de partida para hacer que el campo y sus habitantes logren acceder a bienes y servicios agropecuarios, proporcionando de esta manera un aumento en su economía y goce efectivo de la seguridad jurídica y social. 

En este sentido son varias las contribuciones que la cooperación internacional ha venido realizando, desde el acompañamiento en el diseño de políticas públicas, así como la implementación de programas que vinculan el desarrollo rural sostenible como eje principal de los sistemas agroalimentarios, haciendo de estos modelos de producción sostenible. 

Estos avances han sido dados con la visión de contribuir a que Colombia avance en diferentes propósitos del ámbito rural, destacando la apuesta por superar la pobreza, mejorar los medios de vida de los productores agropecuarios de pequeña escala y mejorar también su seguridad alimentaria, tal como fue propuesto en el punto uno del Acuerdo de Paz (2016). 

Para Furio Massolino, director del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (DRET II) y experto en desarrollo rural de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), la relación entre tierra, agricultura y paz es indivisible. 

Esta relación es el centro del trabajo del DRET II, un programa de la Unión Europea, AICS y la FAO, con el que se ha adelantado el acompañamiento en el diseño e implementación de más de 10 políticas públicas, en alianza con los Ministerios de Agricultura y Ambiente y sus entidades adscritas. 

Esta labor la ha realizado con un aterrizaje local a través de las Rutas Territoriales para el Desarrollo Rural Sostenible en Colombia, que buscan mejorar la eficiencia de la implementación de las políticas públicas de desarrollo rural y medio ambiente a través de la sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas y el intercambio de experiencias que aporten argumentos para un mejor diálogo Nación - Territorios. 

En 2022 se realizaron seis Rutas con resultados importantes, y este año entraron en desarrollo otras 12, las cuales serán implementadas por organizaciones de la sociedad civil e instituciones descentralizadas, con el objetivo de incentivar el trabajo en red y consolidar capacidades locales en 8 departamentos del país (Cesar, Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, Putumayo y Amazonas), fortaleciendo iniciativas productivas desde un enfoque de inclusión, desarrollo social y participación comunitaria. 

“Desde la UE, AICS y la FAO vemos la tenencia de la tierra como uno de los primeros aspectos importantes de un mecanismo de intervención integral del Estado, en el que la extensión agropecuaria, el financiamiento, el crédito y el acompañamiento llegan a través de la territorialización de la política pública”, afirmó Carlos Martínez, coordinador del DRET en FAO Colombia. 

Paz y desarrollo se construyen con enfoque de territorio, para que sean social y económicamente incluyentes, así como ambientalmente sostenibles. Para ello se requiere de la convergencia de actores estratégicos diversos que representen al Estado, la sociedad civil, la empresa y la comunidad internacional, que contribuyan a la estabilidad y continuidad de los procesos en la agenda de transformación rural del país. 

La cooperación internacional, y la participación de todos los actores, es primordial para abordar este desafío de implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural. El camino está abierto para que, con la integración de todos los sectores, el campo vuelva a tener esperanza, y con ello la nación en conjunto.
 

Sobre la tenencia y gobernanza de la tierra en el Plan Nacional de Desarrollo

Y es que la tenencia y gobernanza de la tierra no es un tema menor. Es tan fuerte la relación entre esta y el desarrollo económico, social y ambiental del país, que cada una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, así la contemplan:

• Ordenamiento del territorio alrededor del agua: planificación y ordenamiento del territorio, considerando la reserva, uso y gestión sostenible del agua, que en zonas rurales se relaciona directamente con la tierra y el agua como recursos primarios para la producción de alimentos y la estabilidad en los medios de vida de sus comunidades.
• Seguridad humana y justicia social: busca la adaptación y mitigación del riesgo, integrando la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional. Una meta en la que la tierra es el punto de partida para la paz territorial, brindando garantía para el desarrollo de acceso a la seguridad económica y social.
• Derecho humano a la alimentación: disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos, son los pilares de esta meta en la que la alimentación se contempla como un eje central para la salud y el desarrollo, considerando la apropiación cultural de cada territorio, por lo que la correlación con la tenencia y gobernanza de la tierra se encuentra en cada pilar y con ello en el cuidado de la cultura y biodiversidad alimentarias.
• Transformación productiva, internacionalización y acción climática: parte de la tenencia de tierras para la producción, integrando en esta planificación la adaptación y mitigación del cambio climático, que de acuerdo con la FAO a nivel mundial representa al menos pérdidas de al menos el 23 % de la producción agropecuaria, lo que suma 3,8 billones de USD en los últimos 30 años.
• Convergencia regional: para lo que se propone fortalecer los vínculos intra e interregionales, y aumentar la productividad, competitividad e innovación en los territorios; aspectos que vuelven al mismo punto de origen: la distribución, tenencia y gobernanza de la tierra.

Publicación Variables sociales como medio probatorio a considerar en la Jurisdicción Agraria y Rural

Otras publicaciones de interés:
https://areatenencia.fao.org.co/index.php/documentos/

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Tejiendo Saberes, Forjando Alianzas

Exposición fotográfica de realidad aumentada:
Miradas sobre la gobernanza de la tierra

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