La política pública para el sector rural es interpelada en razón de múltiples conflictos e intereses contrapuestos, y su sentido último, así como su sostenibilidad en el tiempo, depende en gran medida del contexto social y político. En Argentina, el período abierto luego de la crisis de 2001-2002 planteó el desafío de construir un modelo de desarrollo con inclusión que recupere el trabajo como factor socializador y el territorio como ámbito privilegiado de intervención. En este sentido, las políticas públicas dirigidas a lo rural debieron dar cuenta de los cambios ocurridos en el contexto social y político, lo que condujo no sólo a recuperar ciertos instrumentos públicos de intervención –abandonados durante el auge de las políticas neoliberales–, sino a reflexionar sobre estas herramientas, para adecuarlas a los desafíos actuales. El presente trabajo toma el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para analizar las nuevas formas de intervención en investigación y extensión rural, implementadas por el Estado argentino en los últimos años.